Plantean poner a los cuerpos de espionaje en «camisa de fuerza»

Conflictos, Estrategias, Militares

Los permanentes señalamientos sobre presuntas atrocidades cometidas por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), adentro o afuera de las instalaciones de este despacho, han ocasionado que un sector del oficialismo plantee una regulación más rigurosa a las competencias de ese cuerpo. De la noche a la mañana, la temible Dgcim es vista como un lastre, un fardo al que convendría aplicarle un maquillaje, por lo menos en la actual coyuntura. Esto, desde luego, tiene que ver con el expediente conocido como Venezuela 1, que el 3 de noviembre pasó a ser conocido formalmente por la Corte Penal Internacional. Desde antes de esa fecha, los diputados de la Asamblea Nacional que surgieron de los comicios de diciembre de 2020 evalúan opciones para poner una “camisa de fuerza” a las actividades que desarrollan desde el cuerpo con sede en Boleíta, e igualmente a las que llevan a cabo los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La idea es que ellos solo participen en la recopilación y el procesamiento de informaciones, para la toma de decisiones en instancias del Gobierno. Es decir, inteligencia, pura y simple. Nada de andar pateando puertas y obteniendo “confesiones” a golpes y baldazos. Pero en la Dgcim esta idea parece que no ha gustado. Y ahora tratan de elevar un poco el perfil, recordando que ellos son como son en buena medida por mandato del extinto Hugo Chávez. Recordemos que el mandatario en su momento compró como buenas las ideas que le vendió el entonces zar de la inteligencia venezolano, mayor general Hugo Carvajal, envueltas en un celofán que decía Plan Libertad, y que ponía énfasis en la necesidad de detectar y neutralizar las amenazas de origen interno. De allí que la Dgcim montara una valla en plena base aérea La Carlota, con una foto en la que el teniente coronel pareciera exigir “lealtad”. También han enviado videos de corte propagandístico para destacar sus ejecutorias en las averiguaciones sobre el caso de los drones que estallaron en la avenida Bolívar, en agosto de 2018, y que llamaron “magnicidio frustrado”. ¿A quién van dirigidos estos mensajes? En este caso, a lo interno del oficialismo.