¿Qué dice el convenio policial firmado con Chile?

Estrategias

A propósito de la desaparición y el posterior asesinato del primer teniente (Ejército) Ronald Leandro Ojeda, el 21 de febrero en Santiago de Chile, se hicieron menciones a un acuerdo firmado entre las autoridades del país austral y Venezuela, para sugerir que el crimen pudo haber contado con la complicidad de autoridades de aquel país. En realidad, este convenio fue suscrito en Caracas el 18 de enero, con la finalidad de agilizar el intercambio de informaciones, estrictamente, en el plano técnico policial. Aunque no se dice en forma explícita, la iniciativa fue impulsada por la expansión internacional del Tren de Aragua, y ciertas dificultades con las que han tropezado los chilenos al momento de obtener datos en forma oportuna, a través del canal establecido por Interpol. En concreto, el objeto del convenio es “facilitar información (…) necesaria para la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones de la criminalidad organizada (…)
así como promover el intercambio de conocimiento especializado, resultados de análisis estratégicos y participación en actividades de capacitación”. Los órganos actuantes en este pacto son la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la judicial venezolana (Cicpc). Mediante un canal directo, ambos órganos podrán remitirse “alertas tempranas” relacionadas con estructuras de delito organizado, intercambiar antecedentes, listados de prófugos, “información biométrica y decadactilar” y las resultas de procesos judiciales. El convenio no prevé el traslado de grupos tácticos para la ejecución de capturas, ni la agilización de procesos de extradición.