Rangel Gómez patalea en Canadá

Conflictos, Cuello blanco

El ex gobernador de Bolívar, general de división retirado Francisco Rangel Gómez, adelanta un litigio para que sea “revisada” y, en última instancia, revocada la decisión del gobierno de Canadá de colocarlo en la lista de sancionados. Este proceso judicial ha tenido varias incidencias. En agosto de 2020, la canciller canadiense (Chrystia Freeland) rechazó una solicitud expresa del oficial, quien había alegado una presunta violación a su derecho al debido proceso. El país norteamericano sancionó a Rangel Gómez en noviembre de 2017 por presuntos “actos significativos de corrupción” durante su participación en la administración pública, primero como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (2001-2004) y luego como mandatario regional (2004-2017). Esta medida precedió a una similar tomada por el Departamento del Tesoro de EEUU. Una sentencia emitida en noviembre de 2021 indica que, para los canadienses, el ex gobernador “fue responsable o cómplice en la aceptación de sobornos significativos a cambio de contratos gubernamentales, por la apropiación de bienes públicos para ganancia personal, por actos de corrupción relacionados con la extracción de recursos naturales y por transferir las ganancias de esa corrupción afuera de Venezuela”. Tales irregularidades, indicó el gobierno canadiense ante una consulta del propio Rangel, pudieron servir para financiar su reelección a la gobernación en 2008. El oficial argumentó en su defensa que, durante su gestión al frente de la gobernación, no se involucró en los programas del gobierno de Nicolás Maduro. Como si Venezuela fuese una auténtica república federal. También exigió a los canadienses mayor precisión en los señalamientos de irregularidades administrativas. Al finalizar su mandato en Bolívar, Rangel se mudó a México. Dijo que la sanción canadiense “ha dañado su reputación”, al tiempo que le ha impedido abrir cuentas bancarias, financiar su plan de atención médica y la adquisición de un vehículo. Los canadienses no han comprado estos argumentos, así como otros consignados por el ex gobernador, quien asegura que ha respaldado «el retorno a la democracia en el país”. Rangel se vio obligado por orden tribunalicia a pagar 7 mil dólares canadienses en costas procesales.