Razones para desertar

-Las defecciones se han convertido en una práctica común en la Fuerza Armada. Cualquier motivo parece valedero. Al final, el régimen las aprovecha para quedarse con quienes considera “leales”

@javiermayorca

El 6 de mayo, una comisión de la Guardia Nacional se presentó en uno de los edificios de Fuerte Tiuna utilizados como vivienda en guarnición para los oficiales subalternos. Los uniformados buscaban al capitán Jesús Ramos, quien comandaba una de las compañías del Destacamento de Seguridad Urbana de ese componente en el estado Vargas.

Ramos debía presentarse en su unidad el 2 de mayo, luego de disfrutar un permiso autorizado por la superioridad. Ante su ausencia, ordenaron la activación del llamado “plan de localización”. Esto implica que lo buscarán en su residencia y la de sus padres y parejas.

Debido al estado de crispación en la FAN, se sospechaba que este capitán podía estar incorporado a la causa de Juan Guaidó, quien el 30 de abril había respaldado un alzamiento en los alrededores de la base aérea La Carlota junto a numerosos efectivos militares, en su mayoría de la Guardia Nacional.

De acuerdo con fuentes castrenses, al profundizar en las pesquisas se determinó que el oficial pudo haber cruzado la frontera con Colombia. Fue allí donde se detectó por última vez la utilización de su número telefónico.

Era, con toda probabilidad, el caso de otro militar cobijado por Acnur en Cúcuta.

Deserciones no cesan luego del 30-A

Ramos, hasta el momento de redactar esta columna, no ha colgado ningún video en YouTube, explicando las razones de su defección. La publicación de mensajes en las redes sociales es casi un patrón de conducta entre los oficiales y tropas que salen del país, y que según Migración Colombia ya sobrepasan el millar.

Este caso fue distinto. El 9 de mayo, Ramos se comunicó con sus superiores utilizando un número colombiano, como para despejar dudas de su paradero. Confirmó que se unió al alzamiento del 30 de abril, aunque curiosamente sin llamar a las tropas a su mando. Es decir, en términos estrictamente personales. Sostuvo que durante sus diez años largos de servicio conoció la corrupción y la ausencia de criterio y objetividad de la alta oficialidad de su componente. Algo que, según su punto de vista, contrastaría con el “sufrimiento” de la tropa.

El capitán no teme que lo llamen traidor. Prefiere ese calificativo a que lo vean como cómplice de una “pantomima”, y aseguró que al marcar distancia con respecto al régimen no será copartícipe de la “destrucción del país”.

El nombre de este capitán probablemente aparecerá en algún decreto presidencial, junto a docenas de oficiales y tropas degradados y expulsados de la Fuerza Armada. Así es como Maduro despacha en este momento la crisis cada vez más profunda en la institución castrense.

Luego del 30 de abril, el “goteo” de deserciones y pronunciamientos no ha cesado. Cualquier razón pareciera válida para huir de los cuarteles.

Mientras que Ramos argumentaba la separación anímica de lo que una vez fue su proyecto de vida, el mayor del Ejército José Gregorio Basante también hacía los preparativos para cruzar la frontera por Santa Elena de Uairén, rumbo a Brasil. Este oficial, quien hasta la semana pasada comandó el Escuadrón de Caballería Motorizada del Ejército 5102, ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la represión a los manifestantes indígenas, a partir del 23 de febrero. Pero lo que propulsó su defección no fue esto, sino la investigación sobre un presunto contrabando de diésel en un convoy que trasladaba blindados BTR-80, desde Puerto Cabello hasta la unidad comandada por él, el 30 de abril. Por este caso habían sido detenidas en flagrancia cuatro personas, entre ellas un coronel de la misma fuerza que Basante.

De un lado, entonces, están las razones morales y políticas. Del otro, motivos que parecieran netamente pragmáticos. Ramos y Basante aparecen como dos extremos opuestos, pero que convergen en el mismo resultado: romper filas.

Desde 2017, las deserciones empezaron a ser maquilladas con un eufemismo, que llaman “permanencia arbitraria fuera de la unidad militar”. La razón de fondo, según explicaron fuentes de la FAN, es que si todos los casos de deserción fuesen procesados como delitos, no se darían abasto. Son demasiados, y entonces prefieren procesarlos por vía administrativa.

En otros tiempos, la deserción de efectivos de tropa ocurría ocasionalmente. Buscar a quienes se ausentan ha sido una de las funciones de la Policía Militar, según lo indica el reglamento de Servicio en Guarnición. Ahora, como se ve, las deserciones abarcan no solo a sargentos sino también a oficiales jóvenes y a generales.

En las policías también están “desertando”. Esa es una de las razones por las que la PNB solo dispone realmente de poco más de la mitad de su nómina. En el caso de Cicpc, lo que molesta no es la ausencia del funcionario, sino que luego se distancie públicamente del régimen mediante un comunicado o un video. Por eso los jefes de algunas regiones en el centro del país pidieron a los subalternos que eviten las declaraciones públicas, y se limiten a solicitar la jubilación por los canales regulares.

Todo esto habla de un gran desencanto, que no conduce a un esfuerzo organizativo sino acciones netamente personales y aisladas. Al final, esta dinámica termina beneficiando al régimen, pues aprovecha para depurar sus filas y quedarse estrictamente con quienes considera “leales”.

-El régimen avanza en estos días de relativa calma post 30-A, y toma medidas ante el inminente incremento de la conflictividad política y social. Comenzaron a ejecutarse dos decisiones: 1) se avanza en la constitución de las llamadas “cuadrillas de paz”, entidades en las que convergen efectivos de la Milicia Bolivariana y de la Guardia Nacional con colectivos armados, miembros de las UBCHs y empleados del programa Clap. Ya convocaron para las prácticas de estos grupos en unidades de la FAN; y 2) se ordenó a la Guardia Nacional iniciar los cursos de formación para facilitadores en materia de orden público en cada región policial. En el caso de la Policía Nacional, la orden es conformar escuadras de 200 efectivos en cada estado del país, con conocimiento de las técnicas para aplacar manifestaciones.

-La súbita remoción del director de la Policía Nacional, general de división (GN) Carlos Pérez Ampueda, y de otros integrantes de la directiva de ese cuerpo está íntimamente ligada a la conducta de este oficial durante el alzamiento del 30 de abril y las manifestaciones del 1 de mayo. Fuentes de la institución indicaron que este general no transmitió debidamente la orden impartida por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en el sentido de no permitir aglomeraciones ni bloqueos en la autopista, en especial en los alrededores de Altamira. Esta omisión hizo que titular del MRI tuviese que saltar varios eslabones en la cadena de mando para mandar directamente al jefe de Orden Público, comisionado Valentín Hernández, una actuación inmediata contra los manifestantes. Los cambios que desde entonces han implantado en el principal cuerpo civil armado del país han causado estupor. Para la subdirección fue designado un teniente coronel de la Guardia Nacional, Rubén Santiago Servigna, quien venía de desempeñarse como Administrador del MRI; al jefe de Investigaciones Penales, el comisario general Cicpc Alirio Cermeño lo reemplazaron por un capitán de la Guardia Nacional; otro oficial del mismo grado estará al frente de la Dirección contra la Delincuencia Organizada. Esto se une al cambio ya anunciado en la jefatura de la Fuerza de Acciones Especiales, ahora ejercida por el comisario del Sebin José Miguel Domínguez, alias Miguelito, conocido por su estrecha relación con los colectivos armados.

-Un informe divulgado en abril por el Center for Global Affairs & Strategic Studies advierte que en 2018 el número de actos de piratería marítima reportado en las costas orientales de Venezuela, así como en las de Guyana y Surinam se incrementó 167% con respecto al período anterior. El reporte elaborado por Manuel Lamela indica que esta situación ha llevado al gobierno de Trinidad y Tobago a crear una “unidad aérea de élite” contra la piratería. Aunque la frecuencia de este delito aún no tiene las magnitudes de las registradas en otros años en costas del Cuerno de Africa, se percibe que el agravamiento continuado de la situación venezolana está alimentando las bandas dedicadas a este delito, que aprovechan las vulnerabilidades generadas por la escasa o nula presencia de fuerzas de seguridad. La decisión del gobierno trinitario fue propulsada por el secuestro de seis pescadores de ese país en enero. Las víctimas fueron interceptadas en aguas de Trinidad y llevadas a suelo venezolano, donde estuvieron cautivas mientras se negociaba el pago de un rescate de $200.000. Este no ha sido el único caso reportado este año. Poco antes, hubo un hecho similar en el que dos navegantes fueron privados de libertad, y fue necesario pagar a sus captores $40.000. Esas aguas, indica el informe, también son disputadas por dos bandas que operan en Paria, y que intentan adueñarse de la ruta para el traslado de cocaína.

-El único atractivo es que el Pollo puede tener toda la información sobre ETA, así como ciertas informaciones sobre la droga que llega a España, las vías y los grupos que la pueden estar transportando. Pero en realidad no tienen una acusación fuerte contra él. Si bien es cierto que él entró a España con un pasaporte falso, ese es un delito menor, y siempre cuando hay acumulación de delitos para la extradición se toma en cuenta el que sea mucho más grave. Pienso que para los americanos es más importante tener a Carvajal que para la propia España. Sin embargo, España tiene interés en ETA, pues está ocupando ciertos cargos y que está vinculada con el gobierno de Maduro.

-Una fuente me aseguró que EEUU tenía todas las pruebas en sus manos. La DEA viajó a España y se entrevistó con Carvajal. El Pollo quiere que le den la condición de testigo protegido, pero en libertad. Y eso no se lo van a conceder, a menos que la información sea tan privilegiada que haga un caso muy especial. Para la DEA es un punto de honor que el Pollo esté detenido y cumpliendo pena en EEUU. Pero una cosa son los cuerpos policiales y otra la Fiscalía y el manejo de los procesos en EEUU. Es un sistema totalmente distinto del nuestro. Probablemente, Carvajal actuó como un operador del gobierno durante las primeras etapas de Chávez. El era el vínculo entre Chávez y las FARC. Al inicio fue Rodríguez Chacín, y luego él. Porque él manejaba toda la logística cuando Iván Márquez iba a Venezuela. El daba las credenciales a los grandes jerarcas de las FARC, como un salvoconducto para que entraran y salieran de Venezuela. Pero luego él se consagró, y operaba solo. Porque él manejaba muchísima información y podía controlar absolutamente todo. No solo controlaba los operativos que podía hacer el Gobierno, sino también los civiles. El último gran operador civil de la droga fue Walid Makled. Pero él (Carvajal) no solo sabía dónde estaba la droga sino quiénes estaban involucrados. A los militares los tenía grabados. Al final, él llegó a ser el gran jerarca, conocedor y movilizador de la droga. La gran pelea que él tuvo con el grupo de tarea en la Conacuid era que no le pasábamos información. Sin embargo, él lo infiltró con Morgado y Maneiro, y llegó a tener la información.

-España no tiene cómo mantener a Carvajal allí. A lo mejor, le sacan alguna información. En privado, él ha reconocido su involucramiento. El infiltró a casi todos los funcionarios del Estado. Incluso, diría que a mí también me infiltró, pues lo controlaba todo.

En la entrega anterior, se indicaba que los estudios sobre criminalidad en Venezuela son escasos y con data generalmente atrasada. Para ese momento -y como para llevar la contraria-, apenas salía de la imprenta el último trabajo del doctor Roberto Briceño León, junto a Alberto Camardiel y Gloria Perdomo: Los nuevos rostros de la violencia. Empobrecimiento y letalidad policial (Caracas, 2018). El libro explora con detalle los cambios que han sucedido en el ejercicio de la violencia, de manera casi imperceptible para los que vivimos en el país. Una de las tesis que sostiene el grupo investigador es que en Venezuela coexisten distintas formas de violencia, que son influenciadas por factores locales y nacionales, como pueden ser las pugnas por el control de mercados nacidos como consecuencia de decisiones gubernamentales, así como también por distintos actores, entre los que han cobrado especial fuerza los miembros de los cuerpos policiales y militares, aupados por gobiernos que en determinados momentos han privilegiado las tácticas de mano dura. En los barrios, todavía no se olvidan los estragos de las operaciones de Liberación del Pueblo. Aún así, tal y como lo demuestra el estudio, en el caso venezolano estas decisiones no han contribuido a generar confianza entre la ciudadanía y sus policías. Esta obra resulta de lectura y consulta obligada para los interesados en el tema.