Rodríguez Torres protagonizó una fractura en el oficialismo

-El militar había señalado a Iris Varela y a Tareck el Aissami por las denuncias sobre su relación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA)

Crímenes sin castigo | 29 de enero de 2023

Conflictos, Militares

“La salida a todo esto es política y electoral, pero no militar”. En estos términos se expresó el mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres cuando fue presentado ante un juzgado militar, en marzo de 2018. En aquel entonces, el oficial del Ejército fue imputado por supuestos delitos de espionaje, instigación al motín e instigación a la rebelión. Los cargos fueron formulados por los primeros tenientes Elber Montero, Keyla Ríos y Maria Marcelina Martínez, en un juzgado castrense de Caracas a cargo de la mayor Claudia Carolina Pérez de Mogollón. La pesquisa contra Rodríguez Torres fue dirigida por el coronel Rafael Franco Quintero, a la sazón jefe de investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Vale la pena recordar lo declarado en esa oportunidad por el ex director de la policía política y ex ministro de Relaciones Interiores. Con respecto a las imputaciones por un supuesto espionaje y relación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA), responsabilizó directamente a María Iris Varela y al actual ministro de Petróleo Tareck el Aissami. “Eso fue un plagio de internet”, sentenció. Esta era una señal más de las disputas por el control interno del oficialismo. Dijo, además, que como conocía a jerarcas como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, “cuando he salido al exterior les notifico”. Rodríguez Torres afirmó en su defensa que, debido a su condición de oficial retirado, y al saberse vigilado permanentemente, “he evitado hasta hablar y saludar a oficiales activos, para no causar problemas a nadie”. Los mensajes atribuidos al movimiento de Rodríguez Torres, según las actas del juicio, igual llegaron a los teléfonos de la oficialidad a través de un teniente adscrito a la unidad de Policía Militar con sede en Fuerte Tiuna, desde finales de 2017. Cinco años después, quien fuera uno de los personajes más relevantes del régimen de Maduro (en sus primeros años) fue excarcelado y desterrado a España en un procedimiento exprés. Se trata, además, del primer oficial al que aplican esta receta.

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