Señalan a agente de la Dgcim por la muerte de una niña
-Según testigos, otros seis funcionarios de ese despacho respaldaron la acción del homicida
El suceso del día
Rosibel González
@RosibelCGV
Un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar es señalado por la muerte de una niña de once años de edad en un sector de La Dolorita.
Según testigos de este hecho, el agente Alexander Hurtado sería el responsable de la muerte de Yarimar Sierra, en un suceso que todavía no ha sido esclarecido. El perpetrador, sin embargo, es conocido por la comunidad del sector.
A las 10:30 pm del domingo, Hurtado estaba con su esposa y algunos familiares en una celebración, a pocos metros de la residencia donde vivía la víctima.
Según testigos, dos jóvenes que pasaban por allí fueron abordados por Hurtado, quien luego les pidió que se levantaran sus franelas, para ver si llevaban armas de fuego.
Los individuos se negaron, y esto ocasionó una discusión. Entonces, el funcionario -franco de servicio- pidió apoyo a otros agentes del organismo, mientras los presentes se refugiaban en sus hogares.
Minutos después, seis hombres llegaron en una camioneta blanca y un compacto rojo.
«Entraron al barrio disparando y arremetiendo contra los vecinos. Alexander Hurtado sacó su pistola y disparó dos veces a ventana de la cocina. En ese momento la niña estaba cerrando la ventana y fue alcanzada por un proyectil en la cabeza. El otro tiro pegó en la pared», sostuvo este martes Reina Arreaza, tía materna de la víctima.
Sierra fue llevada a un centro asistencial de la localidad. Por falta de insumos, fue trasladada luego al Hospital Domingo Luciani de El Llanito, donde murió a las 6:00 am del lunes.
María Eugenia Segovia, abuela de la niña, agregó que funcionarios huyeron del barrio sin auxiliar a la herida.
Manifestación
Este martes, residentes de La Dolorita protagonizaron una manifestación para llamar la atención de las autoridades en torno a este suceso.
La niña, estudiaba sexto grado en el colegio Carmen Valverde de la zona. Su mamá se encuentra en Perú.
En un informe presentado en septiembre, la misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas señaló que, a pesar de las numerosas denuncias, la Dgcim persiste como uno de los brazos represivos del gobierno de Nicolás Maduro. Según esa instancia, la gran mayoría de estos casos ha quedado impune.