Tiros al mar

-El fracaso inicial de la operación Gedeón ocurrió en una madrugada de terror para los residentes de Macuto

@javiermayorca

El primer aviso de lo que vendría ocurrió a eso de las 2 am del domingo 3 de mayo. Ese día, los pescadores de Macuto no podrían faenar. Los agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional comenzaban a tomar control de toda la zona, justo en la pequeña bahía donde algunos de ellos solían pernoctar.

Vestidos totalmente de negro, los comandos se confundían con la noche. Poco a poco, bloquearon con sus camionetas el paso de vehículos por la avenida La Playa, desde el desvío en la Intercomunal de Macuto. La restricción al tránsito por allí se prolongaría durante todo ese día.

Luego de tomar posiciones en la bahía de pescadores y en las instalaciones del Instituto de la Vivienda de Vargas (Invivar), los uniformados forzaron la entrada de la planta baja del edificio Cantaura. Los residentes creían que se trataba de un robo colectivo. Los hombres, armados y con pasamontañas, tronaban las puertas en cada piso, exigiendo que les abrieran. Una mujer que habita sola uno de estos inmuebles echó un vistazo por el ojo mágico, y al ver a quienes estaban al otro lado se atrincheró aterrada en el baño de su apartamento, hasta que el sol salió.

En otras moradas del edificio sí pudieron entrar. Nadie les pidió orden judicial. Tampoco la mostraron. Según el testimonio de una residente, tomaron posiciones en por lo menos cinco apartamentos ubicados en los pisos 1, 2, 6 y dos de la planta superior.

C.H. recordó que, inmediatamente después de irrumpir, los agentes despojaron a los ocupantes de sus teléfonos celulares, y simultáneamente hicieron cateos. Luego, confinaron a las personas en habitaciones o baños. Estos apartamentos fueron usados minutos después como atalayas de tiro, para objetivos que navegarían, en el mejor de los casos, a 200 metros de distancia, amparados en la penumbra. La forma compulsiva de esta actuación, así como el estruendo posterior, ocasionó crisis de nervios en los residentes.

Todo en un sentido

El edificio Cantaura, visto desde el punto al que llegaban los tiros

Cuando empezaron los disparos, antes de las 4 am, todas las personas que residen en los alrededores de La Guzmania buscaron refugio. No eran las detonaciones dispersas que ocasionalmente se escuchan sino ráfagas intensas.

Los tiros iban acompañados por el sobrevuelo de dos aeronaves, una de ellas helicóptero. La gente las distinguía debido al sonido de sus motores, pero era difícil obtener mayores detalles pues todo ocurría en la oscuridad.

N.G. pernoctaba con su mujer a un kilómetro del lugar del teatro de operaciones. Ella padecía insomnio, e inmediatamente se dio cuenta de que ocurría algo irregular. Lo despertó, apenas empezaron las detonaciones. A él le llamó la atención que los disparos iban de sur a norte, acompañados por los fogonazos correspondientes, y no tenían respuesta de norte a sur. Todo en un solo sentido.

Los que estaban más cerca del lugar creen que el tableteo de las armas se prolongó casi 40 minutos. Los que viven un poco más lejos, dijeron que duró menos tiempo.

Antes del amanecer, los militares emprendieron lo que llaman un “escudriñamiento” en los inmuebles que quedaron abandonados gracias al deslave permanente. Los militares hacían recorridos en pequeñas columnas, apuntando a todas partes. Entre Macuto y Caraballeda, indica documentación recabada para esta nota, registraron las instalaciones de dos clubes recreativos, 26 locales comerciales, ocho edificios completos y doce casas. Esta acción fue expandiéndose hacia el resto del estado.

Un taller, segundo sitio de suceso

Con la luz del día, el ir y venir de uniformados no cesó. Las fotos filtradas a las redes sociales por los propios funcionarios indican que la acción no fue solamente en la orilla de la pequeña bahía. Dos cuadras al sur, frente al Ateneo de Macuto, habían intervenido también una vivienda donde antaño funcionó un taller de reparación de aires acondicionados. Allí supuestamente fueron detenidos varios individuos armados con fusiles. Había además una pick up en cuya batea estaba instalada una ametralladora, y en la base numerosas cintas de munición, sin utilizar. El vehículo apenas cabía en una de las puertas inferiores de la casa.

“Los dueños de ese lugar se fueron hace tiempo, y allí solo estaba un vigilante”, dijo un hombre que vive a media cuadra.

Cerca del mediodía, el gobernador del estado Jorge García Carneiro recorrió todo el sitio del suceso, acompañado por cámaras de un medio local pro oficialista. Aún no finalizaba el levantamiento de los cadáveres. La lancha de unos 18 pies de eslora, en la que supuestamente iba lo que llamó “fuerza incursora” rebotaba en forma incesante contra los peñascos frente al Invivar, al ritmo de la marea.

El general afirmó que los cuerpos policiales y militares se enfrentaron a “mercenarios terroristas”. En la tarde, una pick up del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses de Vargas se acercó hasta el rompeolas ubicado a cien metros de la desvencijada Plaza de las Palomas. Los cadáveres, aún sangrantes, fueron colocados en la batea y sacados del lugar, cubiertos con plásticos blancos. Luego, serían trasladados a la morgue de Bello Monte.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, solo se contaba con la identificación plena de uno de los fallecidos: el capitán (GN) Robert Colina, alias Pantera, cuyo nombre fue consignado en un parte preliminar de la Guardia Nacional. Según este documento, murieron otras siete personas, cuyas identidades no han sido divulgadas.

Según la Policía Nacional de Colombia, Pantera iba a recibir un lote de 26 fusiles que a la postre fueron decomisados en marzo por agentes de ese cuerpo, en una camioneta de circulaba cerca de la ciudad de Santa Marta. Luego de este hecho, el mayor general Clíver Alcalá reconoció que las armas fueron adquiridas por iniciativa suya. Acto seguido, se entregó a las autoridades colombianas.

Lancha en tierra

Luego de cuatro horas del tiroteo, Fermín no aguantaba la curiosidad. Se enfundó en un viejo uniforme, muy parecido al de los milicianos, y caminó hasta el sitio donde ultimaron al grupo. Llegó justo en el momento en que hacían los preparativos para llevarse los cuerpos. Caminó luego hasta la bahía donde están los pescadores. Algunos de ellos tenían un mejor talante, pues les habían entregado algunas pimpinas para gasolina, que flotaban sin dueño.

Para finalizar, hizo lo mismo que los residentes del Cantaura y otros tantos habitantes de la zona: verificar daños a las fachadas, buscar casquillos, cristales rotos, algún indicio que hablara de un enfrentamiento. Un recuerdo de algo que parecía importante.

“Nada. Todo lo habían limpiado”, sentenció.

Ni siquiera los tubos de concreto que sirven como muro entre el Invivar y el rompeolas tenían algún impacto de proyectil.

En la tarde de ese domingo, finalizó el retiro del último vestigio de la incursión. Desde el Invivar, alzaron la embarcación utilizando una grúa “jumbo”. La dejaron a la intemperie en los patios de ese despacho regional. La parte inferior del casco está destruida por el choque contra las piedras. Pero no hay evidencia del paso de balas en los laterales de babor o estribor.

La operación Gedeón empezó con un fracaso.

¿Cuántos cadáveres arrojó el inicio de Gedeón?

*¿Cuántas personas murieron en Macuto? ¿Cuáles son sus nombres y nacionalidades? Hasta el momento, este ha sido un secreto bien guardado por el régimen. La primera pista al respecto está en un parte emitido el propio domingo 3 de mayo, cuando la Guardia Nacional en Vargas dio a conocer que durante ese día habían fallecido ocho personas. Pero solo dio el nombre de una de ellas, el capitán de ese mismo componente Robert Levid Colina Ibarra, alias Pantera. Sin embargo, hay dudas en cuanto a que realmente ese fuese el número real de fallecidos. La camioneta del Senamecf no parecía llevar ocho cadáveres. El viernes 15, la colega Sebastiana Barráez informó que la Región Estratégica de Defensa Integral del Distrito Capital (Redi Capital) había filtrado otros dos nombres: el oficial agregado de la Policía Nacional José Roberto Abreu Fagúndez, y el de Jean Carlos José Castro Gutiérrez. El dato proviene de un documento mucho más amplio, presumiblemente elaborado el jueves 14, que contiene un corte de las acciones para contrarrestar la operación Gedeón. La información está agrupada en tres categorías: neutralizado (muerto), capturado y fuga. En el primer grupo, solo hay seis nombres: Colina, Abreu, Castro y Anderson Smith Araque Portilla (oficial), Fabián Rodríguez Salazar (lanchero) y César Andrés Perales Sequea (agente 1). Este parece ser un documento de trabajo en poder de cuerpos militares y de inteligencia. Para el momento en que fue emitido, el sargento mayor de segunda de la GN José Alexander Sanguino Escalante figuraba entre los que estaban en fuga. Este efectivo de tropa huyó a Brasil en febrero de 2019, y fue capturado el sábado 16 entre las poblaciones de Petaquirito y la Colonia Tovar, según lo informado por el Ceofanb en su cuenta Twitter. Según este informe, todavía quedarían en libertad siete personas del grupo que salió en lanchas desde Maicao. Serían un civil, un ex agente policial y cinco militares.

*Silvercorp USA fue registrada en la División de Corporaciones del estado de Florida el 26 de febrero de 2018. Para el momento en que comenzó la operación Gedeón, esta empresa tenía apenas 26 meses en funcionamiento. Otras entidades del mismo ramo, como Dyncorp (famosa por su participación en el Plan Colombia) tienen más de 40 años en este mercado. De hecho, según el último reporte del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, que lleva la permisología de este ramo, existen en el referido estado 2819 agencias de investigación privada, y 1815 agencias de seguridad. Por esta razón, más de 2.294.073 personas están autorizadas para llevar “armas ocultas” en esa región estadounidense. En este ámbito altamente competitivo, Silvercorp es más bien una advenediza. Según el documento de registro, la sede física está en el 1450 Dow Road de la ciudad de Melbourne, a unos 20 kilómetros al suroeste de Cabo Cañaveral. Como se puede apreciar en la foto, lograda a través del sistema Street View de Google, nada dice que allí está la compañía cuyo máximo representante, Jordan Goudreau, quería cambiar el curso político del país mediante la organización de un movimiento armado. Allí no hay logos ni marquesinas, nada de publicidad. Parece una sede compartida, una oficina alquilada. En la calle, se anuncia que allí está una empresa de transporte. Por otra parte, existe una evidente discrepancia entre las firmas que aparecen estampadas en el expediente legal de Silvercorp USA (tal y como está en la División de Corporaciones) y en el contrato que, según las palabras de Goudreau, fue suscrito con el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, los comisionados Juan José Rendón y Sergio Vergara, así como el testigo Manuel Retureta. 

*Estados Unidos es el asiento de numerosas empresas de seguridad que dan servicios como “ejércitos privados”, pero está lejos de poseer el monopolio en la materia. El 10 de marzo, el Instituto Nacional de Estudios sobre Seguridad de Israel (INSS, por sus siglas en inglés) publicó un interesante ensayo titulado The Use of Mercenaries: A New Recourse to an Old Practice for Waging War in the Middle East, que podría traducirse como El uso de mercenarios: un nuevo recurso en una vieja práctica para librar la guerra en el Medio Oriente. El documento fue elaborado por los investigadores de la organización Yoel Guzansky, Daniel Rakov y Gallia Lindenstrauss. Tiene información reveladora sobre el mercenarismo en dos países que actualmente son importantes aliados internacionales del régimen venezolano: Rusia y Turquía, e igualmente se hacen menciones al caso iraní. En términos generales, según los autores, los “ejércitos privados” son utilizados para “limitar los costos militares y políticos, reducir el número de bajas para el país interviniente, y reducir el potencial de una escalada”. En el caso ruso, destaca la empresa Wagner Private Military Company, cuyos contingentes han participado en forma abierta en el conflicto sirio a partir de 2015, y el año anterior en Ucrania. La presencia de estos mercenarios fue señalada en Venezuela en abril de 2019, de acuerdo con reportes de la prensa internacional. Según los investigadores del INSS, estos mercenarios suelen operar en alianza con un empresario llamado Prigozhin, quien sería el precursor de la “fábrica de Trolls”, un proyecto que por cierto también ha abrazado la actual administración venezolana. Los turcos también poseen una robusta industria de “ejércitos privados”, que sumarían unos 35.000 efectivos. En este caso, la mayoría actúa en el conflicto sirio, contra el régimen de Al Assad. Pero, como sus colegas rusos, lo que los mueve es principalmente el deseo de ganar dinero.

*Con la prolongación de la escasez de la gasolina, era casi inevitable la consolidación de los distintos mercados negros del combustible. Para esta edición, se hizo una encuesta informal entre periodistas y residentes de los cuatro puntos cardinales de la geografía venezolana. Esta consulta se desarrolló entre los días lunes 11 y martes 12 de mayo, y permitió obtener datos reveladores. En primer lugar, el hidrocarburo más “barato” en los mercados negros del país se ofrece todavía en Distrito Capital y Aragua. Los precios oscilan entre $ 1 y $ 1,5 por litro. La venden por pimpinas de 20 litros. En Carabobo ha subido de precio, y ya pagan hasta $2 por litro. En Lara ya se cotiza en $3 por litro. Los residentes indican que durante la cuarentena se hizo más cara. En Zulia, la pimpina de 20 litros del hidrocarburo la llaman “punto”, y por ella han pagado hasta $50, lo que da un promedio de 2,5 $ por litro. Aquí la gasolina venezolana compite en el mercado negro con la traída de Colombia, que cuesta menos, entre 35$ y 40$ el bidón. En Mérida también elevó el precio. “Estuvo en $1 hasta hace dos semanas, ahora 2 y hasta 3”, indicó un reportero de la localidad. Allí, las redes más organizadas entregan un ticket a cambio del dinero, y esa constancia la muestra el conductor en la bomba. En Táchira, donde el mercado irregular se consolidó hace mucho tiempo, la gasolina se paga en pesos colombianos al equivalente de 1,1 dólares el litro. En Nueva Esparta y Anzoátegui, los precios van de 1,5 $ a 2$, mientras que en Amazonas se paga hasta 2,5 $. Aun así, solo venderán 20 litros. Por último, en Falcón los precios parecen variar en función de la proximidad con las refinerías. El mínimo, 1$ por litro. Pero aquí también especulan. En todas partes, los compradores van a ciegas: desconocen el octanaje y la calidad del hidrocarburo. El riesgo de fallas mecánicas por el uso de gasolina impura está a la vuelta de la esquina.

El conflicto armado en el País Vasco hace ya varios años que abandonó las primeras planas de los diarios. Pero, desde los ochentas del siglo pasado hasta 2017, este proceso fue objeto de permanente atención a ambos lados del Atlántico, en buena medida por las acciones del grupo separatista Euskadi ta Askatasuna (ETA). Sobre los etarras y su organización hay numerosas obras. Quizá la más conocida hasta ahora sea la de José María Irujo y Ricardo Arques, ETA, la derrota de las armas, que ya en 1993 emitía una sentencia prematura al proyecto de los vascos. Recientemente, fue lanzada en España la primera reimpresión de Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA (Barcelona, 2019). Sus autores son el agente de la Benemérita Manuel Sánchez, junto al periodista Gonzalo Araluce y el escritor Lorenzo Silva, quien ha sido incorporado al referido cuerpo en forma honoraria. Contrario al libro de Irujo y Arques, que intenta lograr cierto balance periodístico, esta obra alerta de antemano que no pretende ser neutral. En sus páginas los hechos son narrados desde la perspectiva de la institución española que aportó las mayores dosis de sangre en la lucha contra los separatistas vascos. De los 860 muertos a manos de ETA, 214 fueron agentes de la Guardia Civil, algunos ya en situación de retiro. Aún así, este libro tiene enorme interés para quienes gustan analizar los procesos de violencia política. ETA, cabe recordar, no empezó siendo un grupo separatista sino una expresión de resistencia armada al régimen de Francisco Franco. Contó en sus primeros años con importante aceptación dentro del País Vasco. Pero progresivamente fue perdiendo sintonía con su propio entorno. Este distanciamiento se transformaría posteriormente en un abierto rechazo de la población a las tácticas terroristas, que iban desde el cobro compulsivo de un “impuesto revolucionario” a los empresarios de su región y Navarra, hasta el permanente estallido de bombas y asesinatos selectivos a todo el que se interpusiera en su camino. Sangre, sudor y paz está profusamente documentado con extractos de actas policiales relativas a los procedimientos contra ETA, llevados a cabo por la Guardia Civil. Sin embargo, las referencias al caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) son apenas tangenciales, lo que constituye una gruesa omisión. Para el lector venezolano, este libro es de especial interés, aún sin proponérselo. Es claro que, en la medida en que ETA perdía fuerza en territorio español, iba produciéndose un éxodo de sus militantes hacia el exterior. El primer territorio para la recalada era, desde luego, Francia, luego Bélgica y otros países europeos. Pero, a finales del siglo pasado, los galos comenzaron a abandonar la neutralidad hacia los etarras. Esta actitud se vería reforzada luego de los ataques al Centro Mundial del Comercio de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, que llevaron a las principales potencias de Occidente a declarar la “guerra mundial contra el terrorismo”. ETA, entonces, echó mano a sus aliados en Latinoamérica, con Hugo Chávez a la cabeza, para dar refugio a sus “taldes de reserva”. Según los autores, Venezuela era denominada con el nombre código Urano, y era territorio ideal para que los etarras continuaran la formación en su particular oficio de plantar bombas, e igualmente para que transmitieran sus conocimientos a elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Todo esto sucedía mientras se desarrollaban los incesantes procesos de negociación con el gobierno de España, con la mediación de Suiza y Noruega. Al final de sus años, los etarras encontraron en el país suramericano un “escenario en el que (…) operaban con impunidad”. Sin embargo, la distancia entre Venezuela y España limitaba la posibilidad real de ejecutar acciones efectivas. Según los autores, ETA dejó las armas no por convicción propia sino porque no le quedaba otro remedio. Sus principales cuadros estaban en prisión o afuera del teatro de operaciones. Queda pendiente la duda sobre un probable resurgimiento.