Trincheras para el delito

El delito se expande de las cárceles a las calles

El Observatorio Metropolitano de la Seguridad Ciudadana (una dependencia del Cabildo Metropolitano) emitió en agosto su informe con la evaluación de la violencia criminal durante el primer semestre del año en Caracas. En sus recomendaciones, el grupo encabezado por el concejal Freddy Guevara sugirió la necesidad investigar la relación entre la delincuencia callejera y el mundo penitenciario.
De acuerdo con el diagnóstico, hay evidencias de una coordinación cada vez más estrecha entre los líderes de los distintos conglomerados carcelarios y el hampa que actúa más allá de las rejas.
Esto se ha notado, por ejemplo, en las redes de extorsión telefónica que actúan entre los Altos Mirandinos y el estado Aragua. El jefe de la División Antiextorsión y Secuestros de Polimiranda, comisario Juan Ricardo Prieto, comentó sobre la existencia de una ola de amenazas a través de llamadas a los comerciantes y ciudadanos comunes de esas regiones del país. Los interlocutores aseguran a las víctimas que el peligro cesará si cancelan determinadas sumas o si entregan el equivalente en tarjetas telefónicas. En todos estos casos, hay cómplices en la calle dispuestos a recoger los pagos.
En un expediente trabajado por la policía judicial en agosto, los negociadores del plagio de un comerciante de Maracay eran reclusos del penal de Tocorón que pedían 1,5 millones de bolívares en efectivo. Las pesquisas basadas en una combinación de trabajo de campo y análisis de telefonía permitieron liberar a la víctima del grupo Los Maleteros, aunque poco se pudo hacer para llegar a su líder, aún cuando se sabía que era un recluso de Tocorón, pues al conocer sobre la acción de las autoridades desechó cualquier evidencia.
En los penales del occidente y del sur del país los internos han ido un paso más allá. Todo comenzó cuando el supuesto líder máximo de la población penitenciaria nacional, Wilmer Brizuela, alias Wilmito, ordenó en junio de 2010 la muerte de Maria Gabriela Casado, hermana de la entonces jueza rectora del estado Bolívar, Mariela Casado.
Brizuela fue condenado en agosto a 16 años de prisión por este crimen. Pero eso no ha impedido que desde otros penales siguieran su ejemplo. El 24 de mayo, dos motorizados ultimaron a la jefa de Recursos Humanos del Centro Penitenciario de la Región Andina (estado Mérida), Paola Rosana Molina. Y el 6 de julio ocurrió lo mismo con la directora del Anexo Femenino de la cárcel de Santa Ana (estado Táchira) Nelly Isabel Ramón Torres, así como de su esposo Jesús Antonio Ruiz.
En los dos últimos episodios los sicarios actuaron a instancias de hampones molestos pues las funcionarias habían ordenado el traslado de mujeres reclusas que tenían contacto íntimo con ellos.
Todo esto ocurre en silencio tras las rejas. La ciudadanía se percata de estas situaciones cuando los los presos, cada vez más envalentonados, tratan de imponer su voluntad a tiros.

*Breves

La comisión enviada a Kenia para investigar el asesinato de la embajadora Olga Fonseca estuvo integrada por tres agentes de la policía judicial y dos miembros de la Cancillería. El grupo no hizo buena química interna. Los agentes y los diplomáticos no cruzaron informaciones y trabajaron cada quien por su lado. Mientras que los primeros no sabían inglés lo otros no tenían la más mínima idea de cómo orientar una pesquisa sobre un crimen como este. El caso aparentemente sencillo en cuanto a la investigación técnica tiende a complicarse luego de la filtración por parte de las autoridades locales sobre la existencia de una supuesta red de traficantes de drogas que actuaba dentro de la legación diplomática venezolana. ¿Fue ese el móvil de la muerte de Fonseca? De esto no hay mayores pruebas. Sin embargo, llama a sospecha -una vez más– la solidaridad automática con la que actuaron los ministros de Relaciones Interiores y Exteriores, Tareck El Aissami y Nicolás Maduro, respectivamente, al descartar de plano una aseveración tan grave, hecha en forma simultánea por dos importantes diarios del país africano.

La semana pasada fue atacado a mansalva un puesto de la Policía del Municipio Sucre del estado Miranda, ubicado frente al centro comercial Millenium, en el este de Caracas. El único precedente de esta acción fue el asalto a un puesto de Polichacao hace cinco años, por un grupo comando que sin embargo no arremetió a tiros contra los agentes, como ocurrió en esta oportunidad. Hasta ahora no está claro qué motivó este hecho. ¿Era el interés por apoderarse de las armas de los agentes o concretar algún deseo de venganza? Los funcionarios se defendieron, y aún cuando resultaron heridos no perdieron sus pistolas de reglamento. Este ataque, así como la tibia reacción gubernamental, ha tenido un efecto desmoralizador sobre las policías preventivas, cada vez menos dispuestas a tomar riesgos en pro de la ciudadanía.

Los planes de control de armas y municiones están teniendo un efecto en el mercado ilegal. Esa al menos es la impresión que tiene el secretario técnico de la comisión presidencial designada para tratar este asunto, Pablo Fernández, quien ha comentado que el precio de la caja de municiones calibre 9 mm «a pie de cerro» se ha quintuplicado, para pasar de 300 bolívares a 1500 bolívares. Esto explicaría la agresividad con la que los antisociales están tratando de apoderarse de las pistolas y de sus proyectiles.