Un informe para el Presidente

La Comisión Presidencial para el Control de las Armas, Municiones y Desarme presentó en noviembre de 2011 un informe titulado «Armas de fuego y victimización delictiva en Venezuela». El documento, elaborado por los criminólogos Luis Gerardo Gabaldón, David Benavides y Mafalda da Rocha (ala civilista del Ministerio de Relaciones Interiores) intenta una evaluación de los distintos factores que caracterizan la utilización de tales armas en los delitos más violentos, a la luz de la data recabada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana, hecha en 2009. A estas alturas, no debería extrañarnos que el trabajo de 34 páginas permaneciera en el mayor secreto y desconocido incluso en los círculos académicos interesados en la materia. Debemos recordar que lo mismo sucedió con el sondeo de victimización, y que entonces como ahora sea conocido gracias a que algunos miembros del Ejecutivo lo filtran a los periodistas independientes. ¿Es posible decir algo nuevo sobre el uso de armas de fuego en los delitos violentos? Ya sabemos por estudios previos y declaraciones de funcionarios ministeriales que en 9 de cada 10 homicidios intervienen pistolas, revólveres, escopetas y artefactos similares. El Instituto de Investigación de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana (Incosec) ha dicho incluso que la tendencia prevalenciente en el país es el uso de varios disparos en cada crimen. Pero el cruce de las variables tales como sexo, edad y clase social aporta datos interesantes sobre esa relación tan particular entre víctimas y victimarios. En primer lugar, los hombres tienen 11,7% más probabilidades de ser victimizados con armas de fuego que las mujeres. Pero las mujeres aparecen cada vez más en el bando de los delincuentes, utilizando esos instrumentos para amedrentar a los demás. En segundo lugar, y contrario a la creencia común, el uso de armas de fuego es menos frecuente en los delitos cometidos en los estratos más bajos de la sociedad que en los altos. Igualmente, las armas son utilizadas con mayor frecuencia en la medida en que aumenta la edad de las víctimas. Los autores del informe interpretan que los delincuentes tratan con esto de generar el mayor impacto posible para así facilitar su objetivo, que generalmente es apoderarse del dinero y las pertenencias de las víctimas. El informe también enfatiza en que para las víctimas el uso de armas de fuego es determinante cuando el victimario es un funcionario púbico, especialmente cuando se trata de un efectivo de los cuerpos policiales. Existe además lo que los autores denominan como «alto nivel de congruencia» en las convicción del colectivo sobre la necesidad de controlar el tráfico de armas, que es visto como uno de los factores más importantes en el incremento de la violencia en el país. La comisión parte de la base de que la data oficial es insuficiente para efectuar estudios que conduzcan al trazado de políticas públicas sobre el desarme. Esto es atribuido principalmente al hecho de que la población rara vez admite poseer un arma, por el temor de que ese dato sea usado para persecuciones penales. Sin embargo, el informe indica que el 3% de la población entrevistada contestó afirmativamente en este tema. Si asumimos que este dato es veraz, podemos concluir que en el país hay entre 840.000 y 1.400.000 armas de fuego. Esta cifra contrasta con los estimados de instituciones como Amnistía Internacional y Small Arms Survey, para las cuales el número de armas de fuego en el país es por lo menos 2,5 millones. Como quiera que sea, el margen de ilegalidad en cuanto a la tenencia de armas en el país es muy alto, tomando en cuenta que de acuerdo con uno de los miembros de la propia comisión, el criminólogo Reynaldo Hidalgo, en Venezuela solamente están registradas 20.000 piezas. El grupo está aplicando otros métodos como investigaciones de campo en sectores de Caracas (La Vega y Antímano) para validar esta hipótesis. No obstante, hay el temor de que la iniciativa sea desvirtuada en medio del intenso debate propio de la campaña electoral.

Breves

*La Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) celebró en Caracas su última cumbre sobre seguridad, entre el 7 y el 8 de febrero. La escogencia de la capital venezolana para esta reunión no fue casual, a la luz de las informaciones sobre el deplorable estado de los aeropuertos y en general del servicio que prestan las líneas, tanto gubernamentales como privadas. Uno de los puntos de discusión a puertas cerradas fue el robo de equipajes. Hubo un repunte de las denuncias desde noviembre de 2011. El 25 de diciembre fueron abiertas en Maiquetía todas las maletas de los pasajeros que llegaron en un vuelo desde Aruba. A diario se presentan quejas por este problema.
*La contundente escogencia de Henrique Capriles en las primarias del 12 de febrero plantea la necesidad de establecer rigurosos parámetros de seguridad física para el abanderado opositor. Los «anillos de protección» eventualmente entrarán en conflicto con la necesidad de que Capiles tenga un contacto directo, cuerpo a cuerpo, con los electores. La matanza de candidatos presidenciales no ha ocurrido en Venezuela, pero sí en Colombia (Gaitán, Jaramillo, Galán) y en México (Colosio). Es posible esperar cualquier cosa de un Gobierno que ha llegado a montajes como el del caso Anderson.