Un pozo sin fondo de corrupción

Cuello blanco

El 2 de diciembre, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la cabeza de su presidente Maikel Moreno, emitió una sentencia que autoriza la solicitud de extradición del venezolano Francisco José Blasini de Velazco, por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. La sentencia correspondiente fue divulgada veinte días después, y contiene datos de interés para entender cómo opera la “lucha contra la corrupción” en el país. En primer lugar, las presuntas irregularidades administrativas por las que solicitan la captura y el traslado de Blasini a Venezuela fueron denunciadas en primera instancia por el Sindicato de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, en febrero de 2015. El centro de los señalamientos, de acuerdo con el relato contenido en la sentencia, era el director de la estatal petrolera Pedro León, mejor conocido como Zar de la Faja. En dos platos, se trataba de la típica contratación con sobreprecios para la adquisición de bienes y servicios, sin licitación en favor de amigos, socios y relacionados. Es decir, mediante asignación a dedo. Llama la atención que este hallazgo no fuese producto del trabajo de la gerencia de Prevención y Control de Pérdidas (PCP), la policía interna de la petrolera, sino de una organización laboral. Pero ya sabemos que PCP, bajo de jefatura de alias Nadal, también estaba en irregularidades. Luego, en junio de 2017, se decidió hacer un expediente aparte con el caso de Blasini, pues los capítulos de Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas ameritaban un esfuerzo especial. Según la averiguación, en la que sí participó por comisión específica el personal de PCP, se constataron cobros mixtos de 15,1 millones de dólares más 2,69 millardos de bolívares por la adquisición de veinte “cabezales bridados de producción”, suministrados por la compañía Mabca 2001, en la cual Blasini figura como representante, junto con Eduardo Enrique Aguirre y Luis Guillermo Solórzano. Al asomarse al mercado internacional, la estatal petrolera se percató de que cada cabezal costaba alrededor de 9.586 dólares. El sobreprecio salta a la vista. En este caso, de acuerdo con la sentencia del TSJ, se ha recibido información de que Blasini fue detenido en Italia. Aunque los señalamientos por corrupción puedan estar claros, la duda surge cuando se evalúa la capacidad de los tribunales nacionales para juzgar a una persona de manera imparcial, y con resguardo a sus derechos. En España, este argumento fue invocado para negar la extradición a Venezuela de la ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Guillén, y su esposo Adrián Velásquez, quien además fue guardaespaldas del mandatario.