¿Una FAN en el exilio?

Crímenes sin castigo | 10 de marzo de 2019

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-Comienza a cobrar forma la idea de constituir una nueva institución militar sobre la base de los profesionales de armas que han cruzado la frontera para unirse a la causa de Juan Guaidó. Las implicaciones serían múltiples

@javiermayorca

¿Qué sucederá con los militares activos que han cruzado las fronteras hacia Colombia y Brasil?

Cuando se inició el conflicto por el traslado de la ayuda humanitaria, el 23 de febrero, era previsible que se incrementaría la cifra de miembros de la Fuerza Armada Nacional que se uniría a las filas de Juan Guaidó.

El llamado “goteo” comenzó bien temprano ese sábado, con los dos sargentos de la Guardia Nacional que abandonaron sus blindados VN-4, luego de arremeter contra las barreras instaladas por el régimen de Maduro para impedir el paso de personas, alimentos y medicinas.

Desde entonces hasta el momento de redactar estas líneas Migración Colombia ha informado que las autoridades de ese país están en custodia de 567 uniformados. Algunos hablan de más de 700. El de mayor graduación en ese grupo es el general de división Francisco Yánez, ex director de Planificación Estratégica de la Aviación.

Otros doce militares activos han cruzado la frontera entre Bolívar y el estado de Roraima. Según fuentes diplomáticas, los uniformados pertenecen todos a la Guardia Nacional, y son esencialmente efectivos de tropa profesional y alistada. El grupo es encabezado por un sargento mayor. Todos llegaron a pie y desarmados, pero en distintos momentos. Los primeros días permanecieron en un centro llamado Acolhida, donde les hicieron una primera entrevista para luego entregarles un documento que les da el estatus de refugiados en territorio brasileño. Posteriormente fueron llevados a Boa Vista. Estos militares en su mayoría han expresado su interés por unirse al contingente que está en Cúcuta, pero las autoridades del país que los aloja actualmente les advirtieron que perderían la protección estatal, e igualmente que no hay recursos previstos para un traslado a otro territorio. Al igual que en Colombia, los uniformados son sometidos a entrevistas en profundidad, para despejar el riesgo de que alguno sea un espía al servicio del gobierno venezolano.

Entonces, esta nueva fase de la crisis política ha ocasionado la salida a otros países de por lo menos 579 profesionales de armas. El único referente con el que se cuenta para comparar lo que sucede es el de la disidencia castrense que tomó la Plaza Altamira en 2003. En su mejor momento, participaron en esta actividad unas 130 personas, en su mayoría oficiales dados de baja por el Gobierno. Y todos plantearon el conflicto en el propio territorio del país.

En el caso de Cúcuta, en cambio, el grupo se formó con oficiales, tropas profesionales y alistadas en situación de actividad. El Gobierno ya se percató de esto. Y mediante una resolución publicada en Gaceta Oficial dio de baja a 116, luego de suspenderles los pagos de salarios y bonos. Además, en los considerandos de esta decisión, se advierte que podrían enjuiciarlos por traición a la patria.

Firmes ante Guaidó

Por cierto que, según se ha conocido extraoficialmente, otros oficiales de alta graduación han cruzado las fronteras pero no se han unido a los contingentes que están en Roraima y Norte de Santander. Estos hombres supuestamente han tenido un trato especial por los gobiernos anfitriones, consecuencia de la información que poseen. Sobre eso probablemente habrá algunas noticias en el futuro inmediato.

Para estos militares venezolanos que se han ido recientemente, la posibilidad de cualquier negociación con el régimen de Maduro está cerrada. Esto abre un conjunto de alternativas o escenarios difíciles de predecir. Todos de carácter internacional.

Una primera propuesta fue lanzada al ruedo por el capitán retirado de la Guardia Nacional Javier Nieto Quintero, quien planteó la necesidad de constituir una “Fuerza Armada en el exilio”. De ser así, para el régimen de Caracas este grupo sería nada más y nada menos que una especie de guerrilla forjada en los propios cuarteles venezolanos, por ahora, al servicio de la causa de Guaidó.

Si algo tiene un altísimo costo es la formación y el mantenimiento de agrupaciones armadas. El solo hecho de dar vestimenta, alimentación y cuidados médicos a 567 militares (algo así como un batallón) supone una empresa de alta envergadura, muy difícil de cumplir a cabalidad contando únicamente con donaciones ocasionales, sin poseer líneas logísticas debidamente consolidadas.

Toca entonces a los principales aliados de Guaidó (Colombia, Estados Unidos y Brasil) asumir los costos. Esta será una vara para medir hasta qué punto están dispuestos a participar en un cambio político. Una regla clara en esto es que, mientras más se prolongue la crisis en Venezuela, mayor será el número de militares que salga del país, y crecerá la carga para estos aliados. Si la situación se estanca, habría que pensar en cuáles serían las alternativas para estos oficiales y tropas. Algunos han expresado su disposición de ayudar para que Guaidó asuma el poder ejecutivo en Caracas. Pero si los aliados y el propio líder opositor no dan un paso al frente, esta iniciativa podría desinflarse.

Por lo tanto, la constitución de una “fuerza armada en el exilio”, como lo ha propuesto Nieto Quintero, conferiría a estos oficiales una personería institucional, pero incrementaría el compromiso de los países que la respalden. No está claro si esto sucederá. Por ahora, los militares que permanecen en Colombia y Brasil andan en un pequeño limbo. En Siria, por ejemplo, las deserciones del ejército regular son tan frecuentes que el régimen de Al Assad ha tenido que recurrir a grupos como Hezbollah para complementar su pie de fuerza en plena guerra. Pero los desertores en su mayoría no han contado con apoyo de los países alrededor, donde ni siquiera les dan permiso para trabajar.

El riesgo de que se reproduzca en Colombia esta situación está latente. Guaidó y sus aliados tendrán que tomar decisiones al respecto, y con la premura que impone esta particular circunstancia. Aquí, nuevamente, el tiempo juega a favor de Maduro.

Breves

*Una polémica se ha desatado por la información oficiosa según la cual Servicio Penitenciario sacaría a grupos de presos con la finalidad de hacer frente a los intentos de introducir al país los cargamentos de ayuda humanitaria. La pretensión ulterior sería unirlos a las filas que defenderían al régimen ante una hipotética intervención foránea. Una consulta sobre este tema a los voceros de las principales organizaciones no gubernamentales que trabajan la materia penitenciaria arrojó resultados contradictorios. Por una parte, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, aseguró que los detenidos sí fueron extraídos de varios internados judiciales, entre ellos el denominado Centro de Formación del Hombre Nuevo el Precursor, en El Dorado, y en Santa Ana II. El primero está en Bolívar y el otro en Táchira. Prado indicó que también llamaron a población penitencia de otras cárceles para formar estos grupos. Todo esto a cambio de los beneficios que les serían otorgados a través del llamado “régimen de confianza”, como el que disfrutó en su momento Wilmer Brizuela, alias Wilmito. De otra parte, el director de Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, dijo no poseer evidencias concretas sobre esta iniciativa. Aclaró que el video en el que un grupo de procesados vestidos de amarillo aparece en la frontera mientras uno de ellos afirmaba su lealtad al régimen (“Decidimos ser libres y vamos a ser libres, aquí nadie se arrodilla ante ningún imperio yanqui. Por los momentos, estamos privados de libertad. Pero mañana estaremos en la calle para ayudar al ciudadano presidente Nicolás Maduro y a usted, ministra, a defender esta patria sagrada”), fue tomado el 12 de febrero. Según Nieto, durante los hechos reportados en San Antonio y Ureña once días después, los hombres armados con fusiles que aparecen en fotos junto a Varela son un escolta (Tommy Torres) y el director de Seguridad del despacho (Emilio Bastidas). A pesar de esto, tanto Prado como Nieto no dudaron en que la ministra más antigua del gabinete es capaz de formar su pequeño ejército de presos.

*Para el momento de la redacción de esta columna, ha transcurrido una semana desde que un incendio consumió los alimentos y otros insumos utilizados para la confección de las cajas Clap, en los almacenes de la empresa Salva Foods 2015 CA, ubicados en el puerto de La Guaira. La Fiscalía designada por la Asamblea Constituyente, sin embargo, ha guardado silencio al respecto. Ni siquiera reaccionó ante lo declarado el mismo día por el ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, mayor general retirado (GN) Luis Motta, en el sentido de que tal siniestro fue provocado. Esta posibilidad no puede ser descartada, en especial si se toma en cuenta que las instalaciones donde se originaron las llamas estaban equipadas con sistemas de aspersión contra incendios, que aparentemente no funcionaron o no fueron activados. Así se desprende de unas imágenes tomadas en 2018 con un dron que recorrió el interior de las instalaciones, como parte de una campaña que pretendía descalificar las denuncias sobre la compañía que ha sido la principal beneficiaria de los contratos de importación de alimentos para los Clap. El 27 de febrero, las llamas solo pudieron ser apagadas mediante la utilización de un buque de los bomberos marinos, que arrojó agua de mar desde el muelle. Según cálculos de la Guardia Nacional, debido a este siniestro fueron consumidas unas 4.000 toneladas de alimentos y otros insumos. Si tomamos en cuenta que cada caja Clap consta de unos 15 kilos de diversos productos, las llamas habrían devorado el contenido de unas 266.670 cajas, equivalentes a unos 8 millardos de bolívares si te toma en cuenta el precio al detal.

La jugada continúa

*La investigación sobre las presuntas irregularidades en los sorteos de la llamada “lotería de los animalitos” está paralizada en el Ministerio Público. Tal y como fue informado en este espacio, las pesquisas se iniciaron en agosto de 2018 mediante una denuncia de la Asociación Nacional de Operadores de Lotería (Asolot), según la cual estos sorteos, así como los de triples y terminales, eran ejecutados mediante un programa informático sin licencia o pirata, y en el caso de los “animalitos” además se estaría violentando una disposición del Seniat que obliga a emitir los recibos con un formato específico, utilizando la llamada impresora fiscal de apuestas. Esto abre la posibilidad de que los organizadores de estas loterías, así como los propios vendedores, incurran en delitos tales como defraudación fiscal, estafa y legitimación de capitales. En esta averiguación, agentes de Delitos Informáticos de Cicpc allanaron tres locales donde se llevaban a cabo los sorteos. Fueron detenidas ocho personas, de las cuales dos quedaron con prohibiciones de salida y medidas de presentación ante el juzgado 37 de control del Area Metropolitana, donde se ventila el caso. A pesar de todo esto, los sorteos continúan llevándose a cabo en las mismas condiciones que originaron la denuncia inicial, lo que arroja serias dudas sobre la limpieza de los resultados.

*Varios detalles han pasado desapercibidos con respecto a la acusación ventilada ante un Gran Jurado constituido en la corte del Distrito Sur de Nueva York contra el ex vicepresidente ejecutivo y actual ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, y los empresarios Samark López Bello, Víctor Mones Coro y Alejandro Miguel León Maal. En primer lugar, se trata de una acusación complementaria, es decir, supone la existencia de un expediente previo, cuyo contenido es hasta ahora desconocido. Pero se puede inferir que guarda relación con la sanción impuesta a El Aissami y López por el Departamento del Tesoro, y que incorpora al funcionario y a su señalado testaferro en la lista de los jefes de carteles foráneos de la droga (foreign narcotics kingpin). En segundo término, la acusación refiere hechos de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, en los que supuestamente Alejandro León ayudó a contratar vuelos privados de una empresa dominicana entre Turquía, Rusia y Venezuela, con la finalidad de posteriormente contrabandear bultos de dinero en efectivo a Estados Unidos, con un propósito desconocido. En tercer lugar, tanto Mones Coro como León Maal son ciudadanos estadounidenses nacidos en Venezuela, que viven en Florida. El primero supuestamente contrató al otro a través de la firma American Charter Services LLC, que como lo indica su nombre organiza vuelos privados. Mientras que León Maal habría ofrecido servicios en Venezuela para estos vuelos, a través de la firma SVMI Solutions. Finalmente, se constató que estos hechos involucraron por lo menos dos transferencias que suman 138.407 dólares, lo cual es tomado como una evidencia más de la violación a las sanciones del Tesoro contra El Aissami y López. Este caso comienza a conocerse debido a las detenciones de Mones y León. Según el fiscal del caso Geoffrey Berman y el agente del Departamento de Seguridad Interior de EEUU, Angel Meléndez, por este caso también son juzgados Alejandro Antonio Quintavalle y Michols Orsini Quintero.

Libros

Uno de los bastiones para la preservación de la institucionalidad es sin duda alguna el periodismo. En especial en países donde el ejercicio del poder pareciera carecer de los controles tradicionales, como pueden ser los tribunales o los parlamentos. Ricardo Ravelo figura entre los reporteros que con mayor profusión ha documentado el avance del delito organizado en México, y su relación con los distintos estratos del Estado. En manos del narco (México DF, 2017) es la última obra de lo que podría describirse como una línea de investigación que comenzó para él en 2005, con un estudio sobre las caras que dominaban las principales rutas del tráfico de drogas en su país (Los capos). El más reciente reportaje analiza las consecuencias de la guerra contra algunos carteles planteada durante el gobierno de Felipe Calderón, a un costo elevadísimo de vidas humanas, algunas totalmente ajenas al conflicto, como los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa. Por cierto que en estas páginas se relata un interesante episodio en el que uno de los socios del Chapo Guzmán en sus primeras etapas, Héctor el güero Palma Salazar, fue víctima de una particular vendetta, luego de que fuese señalado por el tumbe de un cargamento de Miguel Félix Gallardo, jefe de jefes del momento. Gallardo supuestamente ordenó a un venezolano, Rafael Clavel Moreno, para que sedujera a la esposa de Palma. La mujer fue asesinada a cuchillo y desmembrada por Moreno durante una visita a Venezuela. El güero recibió su cabeza en México. Los dos hijos del matrimonio, relata Ravelo, también murieron arrojados desde un puente en Mérida. El mensaje era muy claro. Este fue el inicio de una guerra entre personajes que luego serían claves en el tráfico de drogas desde Suramérica.

PS: esta entrega de Crímenes sin Castigo carece de la sección Tres preguntas a… debido a los numerosos contratiempos ocasionados por los prolongados apagones en el país.