¿Una guerra civil?

Crímenes sin castigo | 19 de noviembre de 2017

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La pregunta sobre si están dadas las condiciones para una conflagración interna en lo inmediato sigue gravitando en la opinión pública, a pesar de que la confrontación política de calle se ha desinflado

@javiermayorca

En la primera semana de agosto, el conocido diario The Telegraph de Londres se preguntaba si Venezuela estaba al borde de una guerra civil.

No había sido el primer medio internacional en plantear esa cuestión, ni sería el último. Uno piensa en guerras civiles y de inmediato vienen a la memoria las imágenes de matanzas terribles en Kosovo y países africanos como Ruanda y Somalia. Previamente, en Centroamérica, El Salvador y Nicaragua.

Si hacemos un ejercicio de abstracción, encontraremos que en todos estos países hubo por lo menos dos bandos en disputa armada por el control, parcial o total, de porciones de territorio, que a veces se extendían a toda la nación y otras a parcelas subnacionales que, como en el caso de los Balcanes, obedecían a esquemas fronterizos previos.

En el pasado reciente, por lo tanto, hemos visto el desarrollo de guerras civiles por razones étnicas, religiosas, políticas y por disputas nacionalistas, por citar algunas. Son tantas que resulta complicado establecer una definición sobre este tipo de conflicto. Gersovitz y Kriger, en un ensayo para la revista del Banco Mundial, aclararon que “no todos los países (con conflictos armados) van a compartir todas las dimensiones de la definición de la guerra civil”.

Más adelante, los investigadores establecieron que las guerras civiles son “conflictos violentos que ocurren adentro de un país, principalmente entre grupos grandes o numéricamente importantes de sus habitantes o ciudadanos por lograr el monopolio de la fuerza”.

Estos conflictos, además, tienen varias características:

-Tienen organización política;

-Son de larga escala, y

-Son sostenidos en el tiempo.

La confrontación que se manifestó con una fuerza inusitada entre los meses de abril y julio, a lo largo de más de seis mil manifestaciones de distinta magnitud que dejaron un saldo de más de 135 muertos, fue lo suficientemente notoria como para que mucha gente pensara que el país estaba al borde de un conflicto armado interno.

Sin embargo, tal y como refirió Moisés Naim, para que se pueda pensar siquiera en una guerra civil es necesaria la existencia de por lo menos dos bandos convenientemente armados. Pero la asimetría entre las molotov, los escudos de cartón y los morteros improvisados, con respecto a los sistemas de última generación adquiridos en China por el Gobierno desde 2012, son una evidencia clara de que la posibilidad de una guerra civil era remota.

Otros datos son reveladores del desbalance:

-Más del 90% de los muertos fueron manifestantes o personas que adversaban al Gobierno, víctimas de fuerzas policiales, militares o de colectivos armados;

-La llamada “resistencia” no tenía un mando político. Es más, en algunos momentos parecía antipolítica, al punto que llegó a rechazar casi con la misma vehemencia tanto a los representantes del chavismo/madurismo como a ciertos voceros de la oposición;

-Por último, todas las encuestas a las que se tuvo acceso en ese período revelaban que la mayoría de los manifestantes creía en una salida pacífica y electoral al conflicto político. Y esto eventualmente los llevó a deslindarse de los “guerreros de franela”. El Gobierno se dio cuenta rápidamente de esta división, y la explotó a conveniencia atacando los sectores blandos de la oposición, integrados por independientes que en algún momento simpatizaron con las manifestaciones, pero que luego dieron un paso atrás, al ser confrontados ante la posibilidad de sufrir altos costos por el hecho de expresar su descontento. Esto lo padecieron con especial crudeza los residentes de conjuntos en El Paraíso y La Candelaria.

En Venezuela, la progresión de los conflictos políticos fue estudiada en su momento por el general de división (retirado) Rafael Damiani, quien contribuyó a la elaboración de un manual de estudio para las escuelas de tropas de la Guardia Nacional.

Antes de la guerra, una escalada

Para Damiani, las guerras civiles son esencialmente el producto de una escalada de conflicto callejero que no es atajada a tiempo por las autoridades. Por lo tanto, hay indicadores sobre la aproximación de una guerra civil, entre ellos la repetición de actos terroristas y la extensión de actos vandálicos sobre largas porciones del territorio.

Por el contrario, el país ha presenciado desde agosto un conflicto político en descenso, por lo menos en su expresión callejera. Simultáneamente, la “paz” tan publicitada por la propaganda oficial es torpedeada por factores sociales y económicos de distinta índole: la parálisis del transporte público en Distrito Capital, Vargas y Zulia; los apagones en Zulia, Falcón, Bolívar y Miranda; la escasez de gasolina en todo el país; la carencia de efectivo y el colapso del sistema de pagos electrónicos; la destrucción de los servicios públicos, incluido el de telefonía; el hambre, la criminalidad en ascenso, la hiperinflación y las epidemias.

El Gobierno ha intentado manejar todos estos factores para cimentar su estrategia de dominación, para hacer de cada ciudadano un rehén. Esto pasa por romper cualquier nexo de solidaridad entre ellos, y por hacer que las lógicas de sobrevivencia sean para el venezolano más importantes que cualquier convencimiento en torno a la necesidad de un cambio político.

Una herramienta para la dominación

En esta línea de lograr un venezolano apaciguado, la implantación del Carnet de la Patria es de vital utilidad para el régimen. En la práctica, los disidentes verán restringidos sus derechos a la alimentación y a una vida saludable, así como sus hijos, quienes ni siquiera podrían vacunarse, si tomamos por cierto lo declarado recientemente por el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami.

Al mismo tiempo, se ha producido una concentración del poder armado en el Gobierno y sus aliados, léase colectivos y ciertas bandas criminales que han llegado a ejercer control territorial en estados como Aragua, Apure, Sucre y Zulia, desde luego con la anuencia de factores locales y nacionales. Las que planteaban algún tipo de insurgencia criminal fueron diezmadas o domeñadas, por ahora.

La iniciativa de desarme gubernamental ha sido clave en la generación de asimetrías. Este plan ha sido totalmente inútil en lo que respecta a la disminución del uso de armas de fuego en los homicidios (86% en Zulia, 88% en Carabobo y 85% en todo el país), pero ha tenido un efecto devastador en cuanto al logro de transferencias de fusiles, pistolas, granadas y munición, hacia las estructuras criminales. No en balde, el fenómeno de las megabandas surgió durante la puesta en marcha del referido plan.

Venezuela está más cerca de La Habana y Pyongyang que de Pristina.

Breves

*La Fuerza Armada instruyó a las unidades emplazadas en las regiones llanera y andina para que retomen el patrullaje en torno a las unidades productoras de carne, así como la vigilancia a los traslados de ganado, ya sea en pie o beneficiado. Las quejas de los productores han sido consistentes en cuanto a que la acción de bandas cada vez más organizadas les impide trabajar, lo que ocasiona escasez de productos cárnicos en los centros de distribución y de consumo. De igual forma, los militares han diagnosticado que en la frontera entre Apure y el departamento de Arauca colombiano hay líneas de distribución de ganado que aprovechan las diferencias de precios de carne entre uno y otro país. En Colombia, la cotización es tres y hasta cuatro veces superior que la establecida por el Gobierno desde Caracas. Una consecuencia inmediata de este contrabando ha sido un supuesto brote de fiebre aftosa más allá de la frontera.

*A propósito del trabajo central de la entrega anterior (Resistencia a la autoridad), una fuente ministerial me puso al tanto de la siguiente situación: cuando se suman las cifras de homicidios y muertes por supuestos enfrentamientos con agentes policiales y militares, las estadísticas de este año ya sobrepasan las de 2016 en seis estados del país. El caso más dramático es Apure, donde las cifras de 2017 rebasan en 45% las del período pasado. Esto se relaciona con la situación descrita en el breve anterior. Pero aquí no se puede perder de vista que Apure era la retaguardia activa del frente 1 de las FARC, cuyos miembros siempre fueron renuentes a entregar las armas, pues perderían el control de un territorio clave para el paso de la droga procesada en los llanos orientales colombianos, e incluso en la frontera sur. Ahora, de acuerdo con un representante de los ganaderos de ese estado, los antiguos guerrilleros se han incorporado a bandas de cuatreros y extorsionadores, y otros más organizados han inscrito cooperativas de seguridad para prestar servicio de vigilancia a los hacendados.

*Las regiones militares ya comenzaron los preparativos para la Operación República correspondiente a la elección de alcaldes, el próximo 10 de diciembre. La orden es transmitir a la comunidad internacional la sensación de total “normalidad”, es decir, impedir a toda costa cualquier manifestación o protesta callejera que pueda enturbiar la “paz” que intenta construir el Gobierno. Paradójicamente, esto pasa por la utilización –nuevamente- del aparato represivo militar, en combinación con los tribunales. La orden es clara: hay que detener a todo manifestante y ponerlo a las órdenes de los juzgados correspondientes.

*Los estados donde las curvas de homicidios de este año ya se cruzaron con las de 2016, además de Apure, son Barinas, Cojedes, Mérida, Yaracuy y Zulia. Hay además otras cinco entidades donde los totales de 2016 apenas son levemente mayores que los de este año. Son Aragua, Amazonas, Delta Amacuro, Falcón y Portuguesa. Pero se debe recordar que en Amazonas el Gobierno “desapareció” de sus estadísticas los 37 muertos a manos de policías y militares durante una irrupción en el retén policial de Puerto Ayacucho. Si esta masacre fuese tomada en cuenta, Amazonas estaría en el primer lote, y probablemente tendría la tasa de homicidios más elevada del país.

*Nuevas denuncias sobre la utilización de la droga escopolamina, mejor conocida como burundanga, para perpetrar asaltos a viviendas y personas. Las denuncias hasta ahora son en los estados Nueva Esparta y Distrito Capital, y refieren encuentros casuales en vías púbicas, generalmente alrededor de centros comerciales, en los que una persona llama la atención de su víctima solicitándole ayuda para levantar alguna bolsa, pues supuestamente tiene las manos ocupadas con un bebé. De acuerdo con los relatos, es entonces cuando la droga es suministrada, aparentemente mediante una aspersión que llega a las mucosas nasales y oculares. Se debe tomar en cuenta que la burundanga solo surte efecto cuando llega a alguna mucosa o cuando es administrada por vía oral, oculta en alguna bebida. Esto ocurre generalmente en bares. Pero no surte efecto por contacto con la piel.

*El fotógrafo Jesús Medina no fue secuestrado. Por más que él mismo, en medio del estrés postraumático y la confusión, lo calificara de esa forma. Este episodio no tiene nada que ver con las características del secuestro extorsivo. La desaparición por más de cuarenta horas del trabajador del portal Dolar Today tiene muchas semejanzas con los casos de la periodista Nairobi Pinto (hoy bajo protección del gobierno canadiense) y del general de brigada retirado Ramón Lozada (hoy preso en Contrainteligencia Militar de Boleíta). Las investigaciones sobre el caso de Medina comenzaron gracias al escándalo público en la División de Personas Desaparecidas de la policía judicial. Hasta allí fue a declarar la periodista y amiga de la víctima Mildred Manrique. Pero inexplicablemente el expediente fue enviado después a la División Antiextorsión y Secuestros. Aún así, a los dos días de la reaparición de Medina, los pesquisas de Cicpc ya tenían una noción bien formada sobre lo que había sucedido. La inacción de los días posteriores también se parece demasiado a lo que sucedió con el militar retirado y la comunicadora, hace tres años. Entonces y ahora la intención fue enviar un mensaje. A Medina lo dejaron vivo ex profeso para que lo diera a conocer. No lo mataron pues la orden era dejarlo con vida.

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