Venezuela: el rédito de la droga

Con frecuencia se escucha a expertos en seguridad y opinadores que la merma en los ingresos de la renta petrolera ha obligado al régimen de Maduro a enfocarse en la obtención de recursos procedentes de distintos mercados ilegales.

Esta sospechada dependencia de la llamada economía negra ha servido como justificación para que se endilgue a este gobierno el remoquete de “narcorégimen”. Los señalamientos, además, se verían sustentados en acusaciones como las recientemente formuladas por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que involucran al gobernante venezolano y a otros trece importantes operadores del oficialismo en el denominado Cartel de los Soles, cuya principal actividad sería precisamente el tráfico de drogas.

No es la primera vez que la palabra narcorégimen es usada para catalogar a gobiernos en Latinoamérica. En Bolivia, el general de división Luis García Meza accedió al poder en 1980, gracias a un golpe de Estado financiado por Roberto Suárez, alias el Rey de la cocaína, que impidió la toma de posesión de Hernán Siles Zuazo. García Meza solo pudo sostenerse en el poder durante trece meses, debido a una creciente presión internacional liderada por EEUU, que denunció la alianza entre el gobernante de facto y el traficante.

Pero, en el caso boliviano, se trataba de utilizar los recursos del comercio internacional de drogas para propiciar un movimiento militar. En el caso venezolano, se indica la permanencia en el poder gracias al reemplazo de la renta petrolera.

La pregunta que surge de inmediato es cuánto podría obtener realmente el régimen, suponiendo que cada gramo de droga ilegal que pasa por su territorio saliera hacia los distintos mercados internacionales, y que ese dinero luego sea retornado completamente a las arcas del país.

Se plantea entonces la necesidad de establecer un modelo de análisis, que parte de ciertas premisas. En primer lugar, aunque son cada vez más frecuentes las informaciones sobre la detección de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana, así como de enclaves para el procesamiento completo de la cocaína, Venezuela es catalogada todavía como un país de “tránsito” o “puente”, es decir, presta su territorio para el paso de las sustancias precursoras -en la fase de producción- así como también de las drogas ya terminadas.

Según la ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas Mildred Camero, por el país pasan unas 300 toneladas de cocaína al año. Si se toma esta cifra como cierta para 2019, estaríamos ante un incremento de 20% en el paso de esta sustancia, si se compara con lo señalado por ella misma para 2018, y de más de 100% con respecto a los años iniciales del régimen de Maduro.

Aunque los estimados de producción mundial de cocaína difieren según sea el organismo, la última cifra arrojada por la Organización de Naciones Unidas indica que salieron al mercado 1.723 toneladas de la mayor pureza. Se trata de una industria ilegal que se concentra básicamente en Perú, Bolivia y Colombia. Colombia ocupó el primer puesto entre los países productores, con aproximadamente 950 toneladas, de acuerdo con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas en inglés).

La cocaína de Perú y Bolivia tiene sus rutas de salida naturales hacia Brasil, Argentina y el Pacífico, mientras que la colombiana puede ir por este océano o por el mar Caribe. Por Venezuela pasa, entonces, el 30% de la cocaína producida en Colombia.

¿Cuál sería la relación establecida entre los operadores venezolanos y los productores de la droga? Los casos consignados en EEUU contra Hugo Carvajal y los generales Reverol y Molina pueden ser tomados como referencia, aunque hay otros. De acuerdo con las acusaciones ventiladas en cortes de Nueva York y Florida, ellos no eran los propietarios de la mercancía sino los facilitadores de su paso. Es decir, los manejadores de las rutas internas. Entonces, la ganancia solo derivaría de un servicio prestado a los verdaderos carteles.

Un aspecto que ha sido objeto de debate en foros cerrados tiene que ver con el mayor involucramiento de efectivos policiales y militares venezolanos en el manejo de la ruta interna, en especial luego de la muerte de Hugo Chávez. Pareciera que durante los primeros años de este siglo no hubo un control férreo, pero en todo caso concentrado en el grupo reducido de oficiales que mencionó Walid Makled en entrevistas a distintos medios, antes de su extradición a Venezuela, y también el coronel Eladio Aponte, mientras era llevado a EEUU para convertirlo en informante. Eran los funcionarios que manejaban los puertos, aeropuertos y cuerpos de seguridad de alcance nacional.

Al morir Chávez ocurrió una dispersión, y entre 2015 y 2018 empezaron a verse casos de militares de baja graduación detenidos mientras llevaban alijos en sus propios vehículos, o en los de sus unidades.

Una primera conclusión, por ende, sería que el paso de drogas por el país no es controlado por una sola organización sino por varios grupos que presumiblemente intentan obtener un beneficio particular.

Lo que queda en el camino

Para recapitular: en Venezuela no se ha instalado por completo la industria de fabricación de drogas ilegales, y tampoco existe un control férreo de las rutas que posibilitan su paso. Esto implica que las ganancias no serán enteradas por completo a las arcas del país, para cubrir las necesidades del Estado. De hecho, lo más probable es que sean distribuidas entre los distintos grupos operativos y de poder, es decir, que sirven como reguladores.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

El precio de la cocaína sube y baja en cada país de acuerdo con diversos factores. En 2019, se incrementó levemente en Colombia, debido a una merma en la producción anual del arbusto que da la materia prima de esta droga. De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (una dependencia de la ONU) fue de unos 1.200 dólares promedio por kilo. La tendencia es que el monto se eleva en la medida en que se aleja el centro de producción. Pero en la frontera con Venezuela, por el área de Tibú, hay enclaves que representan el 10% del total de cultivos ilícitos en Colombia. Allí el precio, incluso, llega a bajar a 1000 dólares por kilo.

De manera que, en números redondos, las 300 toneladas que pasaron por el país en 2019, según estimados de Mildred Camero, tendrían un valor aproximado de 300 millones de dólares en el punto de origen, que es la franja limítrofe. La cifra puede aumentar hasta 320 millones. Ese sería el tope. Pero realmente los transportistas de la droga no se quedan con todo, sino que cobran una tajada sobre este valor, que sería del 10% al 15%. Puede ser incluso una “tarifa plana” por viaje, si se trata de cantidades más o menos estables, que son llevadas por vía aérea hasta Centroamérica, República Dominicana o las costas ubicadas al norte del país. Con lo cual el rédito aminora considerablemente. Y desde luego no sirve para mantener a un Estado como el venezolano, aunque sí para pintar sonrisas en algunas de sus figuras representativas.

Esto en cuanto a la economía de la cocaína. Según estimados de la Casa Blanca, la economía de la marihuana, si bien abarca a muchos más consumidores finales, tiene precios 20 veces menores que los del alcaloide. Y los controles son más laxos.

Tanto la cocaína como la marihuana y las demás drogas ilegales tienen efectos en cascada dentro de cada país. Se generan redes de distribución para suplir los mercados en pueblos y ciudades que involucran a factores criminales, policiales y eventualmente políticos. Esa diversificación de intereses hace que sea prácticamente imposible un control de las ganancias desde el gobierno central.

Es a este nivel donde se genera la mayor actividad represiva. En el caso venezolano, según cifras de la policía judicial, en 2019 fueron iniciados 1680 expedientes relacionados con delitos de drogas, que ocasionaron la detención de 3520 personas. El 72% fue imputado por “posesión”. Otro 25% afrontó cargos por consumo, y el resto (73 personas) por tráfico en sus distintas modalidades. Es decir, los traficantes solo dieron para el 2% de las detenciones. Estos números, vistos en términos generales, sirven para dar soporte a la propaganda oficial según la cual se está “atacando al flagelo de las drogas”. Pero, como se puede apreciar al discriminar las estadísticas, lo que ocurre es que se intenta afrontar un problema por sus consecuencias más evidentes, poniendo tras las rejas a quienes consumen o tienen en sus bolsillos pequeñas porciones de alguna sustancia prohibida.

Pero no van al fondo del asunto.

En conclusión, carece de asidero la expresión “narcorégimen”, cuando se usa para indicar que las finanzas del Estado venezolano se nutren de las ganancias del tráfico de drogas. Aún si fuese posible para el régimen apoderarse de los 300 millones de dólares que vale toda la cocaína al entrar por la frontera, eso no serviría ni siquiera para pagar un mes de las importaciones correspondientes al año pasado, que totalizaron los 6,2 millardos de dólares.

Sería necesario, entonces, analizar el impacto de cada una de las actividades ilegales en el país, lo cual es una tarea altamente difícil, pues la delincuencia organizada opera en las sombras.

COVID EN EL SEBIN

El 4 de agosto, el comisionado de Juan Guaidó para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria, diputado José Manuel Olivares, reveló que un detenido en el Sebin-Helicoide fue llevado de emergencia al hospital clínico de la Ciudad Universitaria, al tenerse fuertes sospechas de que había sido contagiado por Covid-19. De manera extraoficial, fuentes de la policía política indicaron que se trata de Erick Echegaray, quien permanecía en ese centro de reclusión cumpliendo pena por el mismo caso de Walid Makled. Este contagio sería apenas la punta del iceberg. En Helicoide permanecen actualmente 160 reclusos, entre ellos once mujeres. Sesenta están siendo procesados por la Operación Gedeón desde el mes de mayo. Sin embargo, el contagio de Echegaray comenzó a manifestarse hace dos semanas, con fiebre sostenida, dolores y una merma en la capacidad olfativa. Luego, otros cuatro detenidos han caído enfermos con los mismos síntomas. Oficialmente, en la policía política no admiten la existencia de contagiados por Covid, pues eso pondría en evidencia que la transmisión se dio a través de funcionarios que cumplen labores de custodia en esa instalación. Desde la emisión del primer decreto de alarma nacional, el 13 de marzo, se ha impedido la visita de abogados y familiares. Los militares estadounidenses detenidos por el caso Gedeón, Luke Alexander Denman y Airan Seth Berry, están totalmente aislados.

PS: luego de la publicación de esta nota, el jueves 6 de agosto, fue reportada la muerte de Echegaray. Como ha ocurrido ya en otros casos, la causa del fallecimiento no ha sido establecida con claridad. Desde el Sebin, sin embargo, se insiste en que otros detenidos también han sido contagiados, sin que hasta el momento se hayan tomado acciones para mitigar la situación.

EL CONTRATO DE RAMÍREZ

El 29 de julio, la sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la solicitud de extradición contra el exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Las noticias emitidas en ese momento se basaron en un escueto boletín del TSJ, que no hacen referencia al detalle de los hechos que originaron las imputaciones contra Ramírez por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir. El caso contra el exministro se sustenta en las presuntas irregularidades en la contratación por “adjudicación directa” de la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) LTD, representada por Xabier Justo, para continuar con los trabajos de perforación de dieciséis pozos submarinos en los sectores llamados Patao y Dragón, una tarea que se vio afectada por el hundimiento de la plataforma Aban Pearl, el 13 de mayo de 2010 a 150 kilómetros al noreste de Paria. Para ese momento, apenas tenía una semana en funcionamiento. Según la solicitud de extradición, Petrosaudi se comprometió a suministrar una unidad semisumergible llamada Saturn. El contrato con Pdvsa Servicios no fue solo para paliar una contingencia, pues la estatal comprometió los servicios de esta empresa por siete años, a una tarifa de 460.888 dólares diarios, independientemente de si el buque cumplía o no con el propósito de su contratación. La denuncia sobre los hechos que motivaron la solicitud de extradición fue formulada por el diputado Luis Parra (actual presidente de la AN paralela) en febrero de 2017, es decir, casi siete años después de la firma del contrato con Petrosaudi, y cuando ya era claro que Ramírez se deslindaba de Maduro. Parra señaló entonces que el pago por la operación de la Saturn era 274% superior a la media del mercado para ese tipo de trabajos. La sentencia del TSJ, cuyo ponente fue el magistrado Juan Luis Ibarra, establece que este sobreprecio “fue consentido de forma evidente por la junta directiva de Pdvsa Servicios”. Por otra parte, el Saturn presentó fallas que le impidieron la plena operatividad, y solo funcionó a plenitud durante el 42% del lapso contratado, de acuerdo con declaraciones tomadas a un grupo de empleados durante la investigación del Ministerio Público. En agosto de 2018 se tuvo conocimiento oficial sobre la permanencia de Ramírez en España, pero en noviembre del año pasado supieron que el exministro y ex embajador ante la ONU había pasado a Italia.

NUEVA ESCLAVITUD

El 30 de julio se conmemoró nuevamente el día mundial contra la trata de personas, un delito que figura en la convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Según la Organización Internacional del Trabajo, se trata de una actividad que moviliza aproximadamente 150 millardos de dólares al año. La trata de personas es vista en la actualidad por la ONU como una nueva forma de esclavitud, que a menudo incorpora formas de explotación sexual. Cuando participan redes internacionales, este delito se entremezcla también con el de tráfico de migrantes. Ambas actividades representan enormes ganancias para las redes delictivas. Con el deterioro de la institucionalidad en el país, y la consecuente diáspora que ya supera los 5 millones de personas, Venezuela ha pasado a ocupar un lugar prominente como territorio de origen para estos delitos. El 25 de junio, el Departamento de Estado presentó su informe anual relacionado con el tema. Este documento contiene datos preocupantes sobre la realidad del país. Por ejemplo, se indica que sectores de jóvenes son incorporados en Bolívar a las filas de los grupos irregulares que operan en el Arco Minero, como el Ejército de Liberación Nacional, en condiciones de esclavitud. Además, el éxodo masivo de nacionales también ha puesto en entredicho la capacidad de otros países del área para tratar con el asunto, como Aruba, que fue degradado en este último lapso a una “lista de observación”. Las estructuras captan a jóvenes de ambos sexos para colocarlos en lugares tan lejanos como Macao, en el sur de China. Según este informe, Venezuela cuenta con un organismo que podría pesquisar tales delitos, como es la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. Pero este despacho no proyectó una labor de importancia, más allá de la ejecución de cineforos. De acuerdo con cifras conocidas de manera extraoficial, durante los primeros seis meses de 2020 las autoridades nacionales han abierto seis expedientes relacionados con estos delitos: cinco por trata de personas y el restante por tráfico de emigrantes. Solo se han producido cinco detenciones. Las averiguaciones fueron iniciadas en Falcón (1), Sucre (2) y Distrito Capital/Miranda (3). Nada se dice de áreas álgidas como Bolívar, Táchira, Zulia o Delta Amacuro.

DESLINDE MERCENARIO

Surgen nuevas informaciones que ponen en duda la solidez de Silvercorp, la empresa contratada para el entrenamiento en Colombia y el aporte de parte del pie de fuerza que participó en la Operación Gedeón. El 22 de mayo, fue consignado en los registros de esta corporación en Florida un documento firmado por el sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, Francis X. Reilly, con una “declaración de hecho”. En el texto, escrito en inglés, el militar dice haberse percatado de que su nombre y dirección de residencia anterior fueron utilizados para el registro de Silvercorp en el departamento de corporaciones del estado de Florida. Según Reilly, el inmueble referido le perteneció hasta el 30 de septiembre de 2019, cuando lo vendió a un tercero. Se trata de una casa en el 3658 Hollistein Circle de la ciudad de Melbourne, Florida. Acto seguido, el militar denunció que el documento de registro (que consigna su nombre mal escrito) “fue archivado en forma fraudulenta” y sin su “conocimiento o consentimiento”. Solicitó al despacho de corporaciones su total desvinculación con los registros de Silvercorp. Este sargento mayor retirado hizo la petición justo cuando estallaba el escándalo internacional por la participación de mercenarios en una fallida intentona contra Maduro. Rilley no contestó a una solicitud de información adicional para la redacción de esta nota.

CONDENA A PUERTA CERRADA

El viernes 7 de agosto, el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab informó a través de su cuenta Twitter sobre la condena a veinte años de prisión para los sargentos retirados y ex miembros de cuerpo de Boinas Verdes del Ejército de EEUU, Luke Denman y Airan Seth Berry, detenidos el 5 de mayo luego de desembarcar en la playa aragüeña de Chuao, como parte de la fallida operación Gedeón. Esta decisión se produjo en un juzgado expresamente instalado en el Sebin-Helicoide. Según William Saab, ambos admitieron culpa por los delitos de conspiración, asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo. Con esto, obtuvieron una rebaja de un tercio de la pena esperada. El acto judicial, sin embargo, se llevó a cabo sin el concurso del abogado que había obtenido un poder de los familiares de ambos militares, Alonso Medina Roa. “Se hizo la audiencia con defensa pública. Prohibieron la entrada a los defensores privados (..) El tribunal tenía la orden expresa de no aceptar nada de ningún defensor privado. A las 3 pm del viernes informaron que no habría audiencia. Sin embargo, en la noche la hicieron en el Sebin-Helicoide”, relató. Según Medina, este acto es violatorio del derecho constitucional a la defensa. “Al limitar este derecho, todo el proceso debe ser considerado nulo”, dijo. Sorprende la rapidez con la que impusieron estas condenas, en un sistema judicial cuya crónica lentitud se ha visto acentuada por la pandemia. La decisión del tribunal cuarto con competencia en terrorismo fue emitida luego de tres semanas de la visita al país del ex representante y ex gobernador estadounidense Bill Richardson.

La literatura sobre el tema de los mercenarios no es muy abundante. Debe uno acudir a libros e informes en inglés para encontrar algunas referencias de interés. Entre las obras más reconocidas tenemos Corporate Warriors, The Rise of the Privatized Military Industry (Washington, 2007), escrita por el politólogo Peter Warren Singer. La primera edición salió a las librerías en 2002. Pero el autor hizo una actualización en 2007, a propósito de la actuación de los denominados “ejércitos privados” en el conflicto de Irak. Esta obra, cuyo título se podría traducir como Guerreros corporativos. El surgimiento de la industria militar privatizada, aborda el tema del mercenarismo en forma balanceada y profusamente documentada, que denota cómo esta industria ha ganado terreno en forma constante tras la caída del muro de Berlín, por un sinfín de razones que van desde la mayor disponibilidad de sofisticados armamentos (la empresa rusa Sukhoi ha alquilado sus cazas y pilotos a Etiopía), junto a la entrada en el mercado laboral de cientos de militares que han quedado sin trabajo. Al mismo tiempo, tal y como en algún momento lo observó Mary Kaldor, desde la última década del siglo pasado los conflictos armados en todo el mundo cuentan con la participación de nuevos actores, que van desde grupos subnacionales hasta organizaciones transnacionales que no atienden a límites fronterizos y cuyos propósitos no necesariamente están alineados con los del Estado del que surgieron. En este contexto, los ejércitos privados confieren a las grandes corporaciones y a los gobiernos una nueva herramienta para la consecución de sus objetivos. Singer, sin embargo, advierte que la actuación de los “guerreros corporativos” en determinados contextos puede más bien atizar las disputas, no solo con el entorno sobre el cual pretenden incidir (caso de Papúa-Nueva Guinea) sino también con las fuerzas que se supone son sus aliadas (caso Irak). El problema de fondo, indica el autor, es que estas corporaciones están orientadas a la obtención de ganancias económicas. Todos los demás objetivos están en segundo plano. No importa si operan en las áreas de inteligencia, soporte logístico o si están en el teatro de guerra. Y esto marca una diferencia clave con respecto a los ejércitos regulares. Otra diferencia -que no es menor- se refiere a la ausencia de controles de los “guerreros corporativos”. Ellos y sus empresas permanecen en un área gris, de la que es muy difícil extraer información que permita conocer a ciencia cierta si han cumplido con sus objetivos, y ejercer así algún tipo de supervisión. Ante esta situación, Singer plantea la constitución de una instancia especial en la Organización de Naciones Unidas, que elabore un registro de estas empresas, reciba y procese las denuncias sobre la ejecución de excesos y establezca en fin de cuentas algún tipo de certificación. Nada sencillo, si se toma en cuenta que, en el siglo XXI, el ejercicio de la guerra es cada vez algo más “privatizado”. Los guerreros corporativos no son solo cuestión de lugares lejanos como los Balcanes, Liberia o el Congo. Singer analiza también las actuaciones de los mercenarios en Perú y Colombia. El caso venezolano, con el incidente Gedeón, solo nos confirma que estos nuevos actores llegaron para quedarse.