Venezuela en probeta

-¿Cuál ha sido el impacto del despliegue policial y militar en un contexto de inmovilización social? Las cifras sugieren que el experimento de la cuarentena va más allá de la mera contención al Covid-19

@javiermayorca

Lo que está pasando en Venezuela desde el mes de febrero será algo digno de estudio durante los meses y años por venir. Uno podría pensar que se trata de un gran experimento, aún por finalizar.

Esto comenzó el tercer fin de semana del segundo mes del año, con la ejecución de los ejercicios cívico-militares Escudo Bolivariano. Esa actividad apenas duraría dos días. Una vez más hubo la oportunidad de apreciar las pintorescas movilizaciones de milicianos, y los posicionamientos ostensivos de francotiradores, colectivos armados, sistemas de defensa antiaérea en los alrededores de los aeropuertos y tanques de guerra en las entradas a las grandes ciudades.

El último día de los ejercicios, Maduro anunció que se llevarían a cabo de manera sorpresiva. Pero las minutas de las policías ligadas al oficialismo y los documentos de la FANB indicaban que en realidad Escudo Bolivariano se prolongaría, de manera continua y por tiempo indefinido.

Cuando Guaidó comenzó a “calentar la calle”, en la segunda semana de marzo, los policías y los militares no necesitaron orden de despliegue. Ya estaban allí.

El viernes 13 de marzo, Maduro anunció su decreto de alarma nacional. Era un estado de excepción sobre otro que ya venía arrastrándose con motivo de la “emergencia económica”. Dos de las tres modalidades de estados de excepción previstas en la Constitución. Solo falta la conmoción.

En la primera quincena de marzo no había ningún caso de Covid-19 admitido por los voceros del Ejecutivo. Esta simple evidencia es uno de los elementos que fundamenta la sospecha de reconocidos epidemiólogos como el doctor Julio Castro, en cuanto a que la declaratoria del estado de alarma fue adelantada por motivos que no tenían que ver estrictamente con la preservación de la salubridad pública.

En el desarrollo del estado de alarma, los colectivos armados han participado activamente en labores de control social y político en las parroquias 23 de Enero y Catia. En oportunidades, han bloqueado la circulación de amplias zonas del municipio Libertador. El 21 de marzo en la tarde dieron una demostración de que iban en serio, y mataron a tres personas que jugaban dominó en plena calle El Porvenir de El Observatorio. Lo hicieron previa advertencia, con la certeza además de que todo quedaría impune, como ha sido hasta ahora.

En este experimento, las cifras conocidas extraoficialmente indican que los homicidios han tenido altas y bajas, incluidos aquellos perpetrados por agentes de cuerpos uniformados. Si se hicieran cortes de diez días, se podrían ver resultados insólitos. En cinco de los nueve períodos que se obtuvieron entre el 1 de enero y el último día de marzo las muertes a manos de policías y militares han rebasado a las que fueron producto de otros actores.

En general, durante el mes de marzo se pudo apreciar una tendencia a la baja en cuanto a todas las muertes. Y es lógico. Tal y como lo explicó el criminólogo Keymer Ávila, al estar menos personas en las calles la tendencia será a la reducción de los delitos violentos que generalmente se cometen en ellas. En esta lista figuran los homicidios, cuyo escenario es la vía pública en aproximadamente el 75% de los casos.

En el período que comenzó el 11 de febrero y terminó el 10 de marzo, es decir, a partir del despliegue militar y policial, los homicidios cometidos por cuerpos uniformados fueron más numerosos que los perpetrados por criminales, civiles en riña o personas afectadas por ira pasional.

Todo esto, se reitera, en un contexto en el que la criminalidad general tiende a la baja, debido al posicionamiento de los cuerpos de seguridad, e igualmente como producto de la cuarentena misma.

El comportamiento de los homicidios también está influido por factores locales. En marzo, los casos por resistencia a la autoridad en el eje Distrito Capital/estado Miranda sumaron 21, mientras que los homicidios por otras razones fueron 53. En cambio, en ese mismo lapso, hubo 40 fallecidos a manos de policías y militares en el estado Zulia, y 29 por los demás victimarios.

Según Ávila, incluso aquellas muertes que no han sido catalogadas como “resistencia a la autoridad” pudieron ser producto de la acción de cuerpos del Estado, a través de las llamadas “ejecuciones extrajudiciales”, o también responsabilidad de grupos que cuentan con el favor oficial, como sucedió en el 23 de Enero.

“Es como si no estuviesen en cuarentena. La violencia institucional letal no obedece a la lógica de los enfrentamientos”, advirtió.

¿Qué sucederá durante la extensión de la cuarentena? El Gobierno se ha percatado de que la inmovilización social le conviene. Por una parte, ralentiza la evolución de la pandemia por el Covid-19, al tiempo que mitiga el impacto por la creciente escasez de combustibles. Por la otra, impide que los factores políticos que lo adversan ganen terreno. Toda esta situación, incluso, ha dejado en un segundo plano el debate sobre los preparativos para las elecciones parlamentarias.

En las últimas dos semanas, sin embargo, se ha comenzado a evaluar la posibilidad de una revuelta popular al estilo caracazo. Algunos indicios parecieran sugerir que la situación social se ha deteriorado hasta niveles extremos. Desde que comenzó este experimento, han ocurrido saqueos en varias partes del país. El Gobierno ha tomado nota de siete casos, en Zulia, Monagas, Anzoátegui y Bolívar. Pero estos son solo algunos con “pérdida total” de mercancías. Otros en Aragua y Sucre han sido conatos, en los que solo se produjeron pérdidas parciales debido a la llegada de algún cuerpo de seguridad, y no fueron incluidos en las estadísticas.  Este es un factor de riesgo adicional que deben afrontar hoy día las distribuidoras de alimentos.

Hay en la actualidad diferencias fundamentales con respecto a lo ocurrido en febrero de 1989. Entonces, la respuesta policial fue tardía, en parte debido a un conflicto que mantenía en huelga a la Policía Metropolitana. Además, había medios de comunicación independientes, con amplias audiencias, y combustible para moverse. Hoy en día, policías y militares están en las calles casi en forma permanente, la disponibilidad del combustible es casi nula para los demás sectores de la sociedad (la FAN sí tiene) y los medios independientes fueron arrimados a rincones de la web.

Visto así, el panorama actual es distinto al de aquella época. Uno de los propósitos específicos de este experimento inacabado, entonces, sería impedir todo cambio aún si -como indican las encuestas- el descontento hacia los gobernantes actuales es igual o mayor que el que originó la movilización social hace 31 años.

Diversas reacciones ha suscitado el hundimiento de la patrullera de la Armada GC23 Naiguatá, como consecuencia de una colisión contra el crucero de bandera portuguesa Resolute, en la madrugada del 30 de marzo al norte de La Tortuga. El ex comandante general de la Armada, vicealmirante retirado Jesús Briceño García, exhortó a la Inspectoría de ese componente a emitir cuanto antes un veredicto sobre los factores que se conjugaron a para que la nave quedara en el fondo del mar. Rechazó a los que han emitido afirmaciones sin conocer el medio naval, pero admitió la posibilidad de que se cometieran errores en el procedimiento de “visita y registro”, un “cruce de proa indebido”, y fallas en los sistemas para el control de averías. Otro que ha emitido criterio en foros grupales ha sido el contralmirante retirado Daniel Comisso Urdaneta, para quien este siniestro es motivo de gran dolor, y el producto de “imperdonables faltas de cumplimiento en las previsiones, precauciones y normas de seguridad a la navegación”, cuyo primer responsable sería el comandante de la embarcación. El Ejecutivo, a través del INEA, designó una junta de investigación encabezada por el capitán de navío Máximo Bernardo González Álvarez, e integrada por otras nueve personas. Sin embargo, es claro que en el contexto actual este grupo carecerá de la independencia debida. Según el experto en cuestiones de búsqueda y salvamento, Enrique Martín, lo más sano sería que las partes involucradas en este suceso (Venezuela y Portugal) soliciten a la Organización Marítima Internacional (OMI) que actúe como intermediaria e incluso presida una junta ad hoc, en la que también participen delegados de las Antillas Neerlandesas. Sería una decisión análoga a la aplicada con motivo del derribamiento de los aviones de Hermanos al Rescate (febrero 1996), por la Fuerza Aérea de Cuba. En ese caso, la junta de investigación fue presidida por representantes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), e integrada por delegados de las partes involucradas (Cuba y EEUU).

-En los primeros tres meses de 2020 la violencia en todos los centros de detención del país ha ido en crecimiento sostenido. En el primer trimestre de 2019 hubo 29 homicidios en estas instalaciones, mientras que en el mismo lapso del año en curso hubo 39, es decir, un 34% de incremento. De los casos reportados este año, 22 han ocurrido en instalaciones del estado Aragua (Tocorón y Alayón). A esto se debe sumar unas 51 muertes por la aplicación oficiosa de la llamada “ley de fuga”, por la que ultimaron a 35 individuos que escaparon del retén San Carlos del estado Zulia, y por lo menos otros 16 en casos aislados en varios estados del país. Igualmente, las condiciones de insalubridad en las cárceles y los retenes son inocultables. Según Una ventana para la libertad, en el primer trimestre de 2020 han fallecido 11 reclusos en los centros monitoreados por esa organización en quince estados del país. Por lo que la cifra puede ser aún más elevada. La enfermedad más letal para los reos sería la tuberculosis, que ha ocasionado seis decesos hasta finales de marzo. Esta situación ha continuado. El viernes 17 de abril fue reportada la muerte de Orlando José Quintero, de 31 años de edad, quien permanecía en el retén de la Costa Oriental del Lago Norte (Zulia), a pesar de que ya purgaba una condena de siete años de prisión por robo, y por cierto ya tenía más de la mitad de la pena cumplida. En este contexto, llama la atención que todavía no sea admitido el primer contagio por Covid-19 entre la población privada de libertad.

-El mayor general retirado Hugo Carvajal, ex director de Contrainteligencia Militar, avanza en un proceso de entendimiento con las autoridades estadounidenses, a propósito de las acusaciones en su contra por presunto tráfico de drogas. La traba, indican fuentes policiales españolas, tiene que ver con el destino de ciertos activos que el oficial tendría en Europa y Estados Unidos, a través de terceras personas. Quiere un trato similar de cero-tiempo-en-prisión o en todo caso muy poco, y además disponer de parte del dinero acumulado en todos estos años a cambio de datos valiosos que permitan sustentar la acusación contra Nicolás Maduro. Algo parecido a lo que hicieron con elementos del Norte del Valle. Una historia relatada en la saga El cartel de los sapos, de Andrés López López. Alias el Pollo estaría aún en suelo europeo, luego de su inexplicable evasión de la vivienda donde permanecía arrestado, mientras la Audiencia Nacional de España decidía su extradición a EEUU. Pero Carvajal tampoco goza de mucho margen de movimiento, tomando en cuenta que ese país está gobernado por una alianza política cercana a Maduro. Hasta ahora, el único puesto a derecho en este caso es el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones, ex comandante de la Cuarta División Blindada del Ejército y de la guarnición del Zulia. Este oficial es representado ante la corte del Distrito Sur de Nueva York por el abogado y ex fiscal Adam Kaufmann.

-El general Clíver Alcalá se entregó a las autoridades colombianas luego de admitir públicamente su implicación en la adquisición y el traslado de un cargamento de 26 fusiles, munición y accesorios, decomisado el 24 de marzo por agentes de la Policía Nacional, en la carretera entre Santa Marta y Barranquilla. En un polémico video, divulgado dos días después, el oficial retirado aseguró que se trataba de una operación orquestada en combinación con el presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Dijo que existe un contrato para la obtención de los fusiles Colt AR-15, supuestamente firmado por los “asesores norteamericanos”, el consultor político Juan José Rendón, el diputado Sergio Vergara y él. En una entrevista con el periodista Napoleón Bravo, el ex director de Inteligencia Militar, general de brigada retirado Herminio Fuenmayor, puso en duda que tal documento cuente con la rúbrica del líder opositor. “No podemos menospreciar a la cantidad de asesores y amigos que están alrededor de Guaidó. En una operación de esas, no se va a involucrar directamente”, afirmó. Observó además que Alcalá había sido un militar cercano al Hugo Chávez. “Era fácil pensar que fue introducido (en filas opositoras) con la finalidad de crear problemas y desprestigiar”, añadió.  Otro que reaccionó ante estas declaraciones fue Carlos Vecchio, reconocido como embajador de Venezuela en EEUU. Dijo que nunca ha tratado con el médico y empresario César Omaña, señalado por Alcalá como financista tanto de la oposición como del Gobierno. Omaña reside en Florida.

Llegó en medio de esta cuarentena la última obra del afamado periodista estadounidense Bob Woodward: Miedo, Trump en la Casa Blanca (Nueva York, 2018). No es el primer libro que surge en torno al ascenso y la gestión del famoso empresario, ahora jefe de Estado del país más poderoso del planeta. Pero Woodward logró un nivel de detalle que solo es posible gracias a la conjunción de dos factores. En primer lugar, su dilatada carrera periodística, signada por el ejercicio de la investigación en las páginas del Washington Post. ¿Debemos recordar que este es mismo reportero que destapó la olla del Watergate durante la era de Nixon? Por otro lado, está la circunstancia de que la Casa Blanca fue ocupada a partir de 2016 por un auténtico outsider de la política. Una condición que tiene el beneficio de la duda, pero que con el pasar del tiempo va dejando decepciones, renuncias y enfrentamientos con gente que después contará lo ocurrido. Este es el centro de la historia: un hombre que hasta último momento albergó dudas sobre la posibilidad real de ganar la contienda contra la demócrata Hillary Clinton y que gestiona su presidencia según aquel principio de “un día a la vez”. Uno lee Miedo y da la impresión de que Woodward se paseó sin problemas por todos los pasillos de la Casa Blanca, como el famoso hombre invisible de la serie de TV, pero esta vez tomando notas y grabando las conversaciones de los más altos funcionarios estadounidenses, incluido el Presidente, para luego referirlas hasta en sus giros más coloquiales. Este libro divierte, asombra y preocupa a la vez. Woodward no opina abiertamente sobre un hombre que con seguridad no es de su agrado. Pero no ahorra espacio para reflejar al pie de la letra lo que decían sobre él sus más cercanos colaboradores, y cómo ellos mismos se dieron a la tarea de torpedear la ejecución de sus decisiones, a sabiendas de que pronto se le olvidarían o porque consideraban que la puesta en práctica traería consecuencias nocivas para el país. Por ejemplo, la de retirar todo el contingente de tropas estacionadas en Corea del Sur, en momentos en que era evidente el avance del programa nuclear del régimen de Pionyang, puesto que para Trump era muy “costoso” mantenerlas allí, y el gobierno de Seúl no pagaba un centavo por este emplazamiento. Woodward también aporta evidencias sobre el poder ejercido por la hija y el yerno del Presidente, Ivanka y Yared Kushner. No solo en cuestiones de política interna sino especialmente en materia de relaciones internacionales. Según este relato, por ejemplo, la decisión de bombardear con misiles Tomahawk varios puntos de Siria, en abril de 2018, tuvo importante impulso cuando Ivanka le mostró a su papá las fotos con los “horrores” ocasionados por el ataque con armas químicas, orquestado por Al Assad contra su propia población. Fue después de este episodio “doméstico” cuando Trump ordenó que le plantearan las opciones militares. Para un lector venezolano, este libro dice mucho sobre qué se puede esperar de la actual administración de Washington. Woodward pinta a Trump como un hombre altamente sensible a los costos, reales o percibidos, que pudiera tener cualquier acción externa. No quiere “enganche” sino procesos breves, con éxito garantizado. Por eso la decisión de abandonar Afganistán. Miedo es, definitivamente, una lectura reveladora. Está disponible en formato electrónico.

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