Violencia 2.0

Crímenes sin castigo | 6 de marzo de 2016

Blogger

Las bandas aprendieron el ejemplo de los traficantes de drogas mexicanos y de los terroristas de ISIS. De las fotos estáticas colgadas en Facebook pasaron a los videos transmitidos en redes de mensajería telefónica. Ahora, el horror llega en gerundio a las manos de todos, gracias a la tecnología

@javiermayorca

Escena 1: un hombre flaco, muy flaco, era arrastrado por unas calles polvorientas. Cuando la cámara del teléfono se activó, ya le quedaban pocas fuerzas y menos voluntad, quizá debido a los golpes que le habían dado, quizá por el miedo. Ya no tenía franela. Además de quienes lo arrastraban y hacían la toma, había por lo menos otras tres personas a su alrededor. El hombre como que intuía lo que iba a sucederle, y apenas atinó a decir que no lo mataran. Juró que no les iba a “echar paja” (delatar). Pero fue inútil. De repente, el camarógrafo se convirtió en asesino. En su esfuerzo por acuchillar al hombre perdió el foco. Pero el sonido del filo cortando la carne fue inconfundible.

Las informaciones de prensa divulgadas poco después, en noviembre de 2015, indicaron que la víctima fue un oficial de la Policía Nacional en los Valles del Tuy.

Linchamiento en progreso

Escena 2: en la calle terrosa de un barrio, presumiblemente del estado Zulia, una turba sometió a dos jóvenes. Cuando empezó la toma de 40 segundos aún estaban vivos. Uno de ellos boca abajo. En dos oportunidades un sujeto brincó sobre él, con el ánimo de separarle la cabeza del cuerpo. En la segunda ocasión aparentemente logró su cometido. Al fondo se escuchaba el grito de una mujer. Luego, otro hombre se acercó con una pistola en su mano izquierda para disparar en el pecho del que aún estaba vivo. El arma se encasquilló. Con serenidad, resolvió el problema y le dio un tiro a quemarropa.

Escena 3: cuando pulsaron el botón de grabar ya buena parte del cadáver había sido descuartizado. El hombre encargado de la tarea, descalzo y sin franela, utilizaba una sierra de motor. Apilaba las partes del cuerpo, lanzándolas una sobre otra, como si fuese una presa de ganado. Alrededor alguien llamó su atención con un silbido: “¡Mano, córtale los dedos!” El hombre parecía no escuchar la orden, debido al ruido generado por la herramienta. La acción era presenciada por otras seis personas, a diez metros de distancia.

Estas y otras escenas llegan con cierta frecuencia a través de distintas “salas de conferencia” (chats) o mediante la transmisión de enlaces de archivos colocados en Youtube. Esta práctica se generalizó a partir de 2015, cuando se hizo viral en las redes la ejecución de un hombre con tiros de escopeta en la cabeza, presumiblemente en los Valles del Tuy.

Antes, algunas bandas posteaban fotos en las que posaban armados, ya fuese individualmente, en grupos o con sus novias. Al respecto tuvo fama la página de Facebook de la banda liderada por José Tovar Colina, alias Picure. El sitio web lo denominaron Tren del Llano. Los de la organización que encabezó en Margarita Teófilo Rodríguez Cazorla, alias Conejo, también tenían su página en la misma red social, llamada Tren del Pacífico.

Pero una cosa son las imágenes estáticas de sujetos armados o de cadáveres y otra son los videos que estas mismas bandas ahora graban y que ponen a correr como pólvora por las redes de mensajería. No es la violencia como amenaza o posibilidad. Es violencia en gerundio, haciéndose.

El más reciente video muestra la muerte y posterior incineración de un supuesto azote de barrio en El Valle. El cadáver ardió en el medio de una calle, luego de que un sujeto lo rociara con combustible ante la vista de la comunidad y de los perpetradores, algunos de ellos armados con fusiles.

Es la violencia en la era de las comunicaciones interactivas, o 2.0. Parecería una consecuencia casi natural del proceso que vivimos los venezolanos desde hace más de tres lustros, cuando la criminalidad comenzó a preferir los métodos violentos sobre la habilidad, y simultáneamente incrementó su frecuencia y ámbitos de acción. Los perpetradores han buscado nuevas formas de representación, validos de los avances tecnológicos.

¿Qué sentido tiene esto?¿Por qué un grupo de delincuentes se incriminaría divulgando un video con las atrocidades que hacen a sus víctimas? Sobre este particular hay claros referentes en otras partes del mundo. Grupos como Hamas y Al Qaeda solían divulgar mensajes pregrabados de los protagonistas de ataques suicidas. Ya en 2002, Brigitte Nacos observaba la importancia que tenían las redes sociales para estas organizaciones:

“Los terroristas modernos, como sus predecesores, están deseosos de explotar los medios masivos tradicionales mientras que reconocen el valor de los canales de comunicación directa; (ahora) los terroristas pueden mandar sus mensajes inalterados a sus sociedades-objetivo, a sus camaradas y a sus prospectos para reclutamiento”.

Las tácticas de los grupos dedicados a la violencia con fines políticos fueron asimiladas por organizaciones criminales, primordialmente las mexicanas. Según Ioan Grillo (2011) en 2006 los Zetas comenzaron a colocar en Youtube los videos con las decapitaciones de policías y miembros de grupos rivales inspirados en el modelo de uso de las redes sociales aplicado por Al Qaeda. Le siguieron luego milicias al servicio del cartel de Sinaloa. Hosken (2015) y Cockburn (2015) advirtieron que las redes sociales son vitales para la propaganda del grupo Estado Islámico para Siria e Irak (Isis o Daesh). El primer autor, incluso, señala que los videos con las ejecuciones corren de teléfono en teléfono gracias a las redes whatsapp.

De manera que la decisión tomada por los representantes de Facebook y Twitter, en el sentido de censurar ciertos contenidos y cerrar las cuentas utilizadas como vehículo para la divulgación de mensajes por grupos considerados terroristas, además de tardía tiene efectos limitados. Ahora, la violencia no sólo llega a los dispositivos personales casi en tiempo real. También posee otros canales de transmisión distintos a los de las referidas redes. Y si cierran una cuenta pronto saldrán otras tantas dedicadas a la transmisión de los mismos contenidos.

En el caso venezolano, esta proliferación de mensajes pareciera indicar que la violencia en el país no sólo es más frecuente, sino que también es más cruda y desde luego expuesta. Pero esto tiene otras consecuencias. Tal es, por lo menos, la apreciación del criminólogo Freddy Crespo:

“En este último lustro (2010-2014) se registraron en el país casi 35.000 homicidios más que en todo el lapso 1960-1999. Además, ya superamos los homicidios registrados en toda la primera década del siglo. La acción existe más allá de la difusión. Pero esta difusión está mostrando lo cruda que es la violencia y las personas lo están conociendo. Esto se empieza a normalizar. Termina incrementándose la percepción de que la violencia está desatada y que somos más vulnerables. Al mismo tiempo, esa vulnerabilidad nos hace ser más reactivos”.

En un estado democrático, la reacción oficial es promover la discusión y el análisis de estas situaciones, para que así los individuos lleguen a una convicción debidamente fundamentada.

En Venezuela, en cambio, las decisiones han sido de distinta naturaleza, aunque todas alejadas del ánimo pedagógico y de la sana crítica. En 2015, cuando comenzó esta ola de videos, la división contra Delitos Informáticos de la policía judicial inició una averiguación para tratar de determinar el origen que tenía, y así identificar a sus protagonistas y las personas que hicieron la divulgación, para una eventual acusación por terrorismo. Esto es lógico y hasta cierto punto forma parte de las obligaciones de la institución. Pero en los primeros días de marzo hubo una nueva orden, que fue endurecer los mecanismos de censura. Desde el Ministerio de Relaciones Interiores instruyeron a todas las policías para restringir al máximo el acceso de los funcionarios a los chats, guiados por la convicción de que son los policías (y no los propios delincuentes) quienes se han encargado de difundir estos contenidos. A esto se une la vigencia de decisiones judiciales que impiden a los medios de comunicación formales divulgar contenidos que por su violencia puedan ser considerados lesivos para la integridad psicológica de los menores de edad. En fin, todo un entramado de restricciones diseñado bajo la noción de que lo mejor es mantener a los venezolanos en la ignorancia.

PS: una vez finalizada esta columna llegó por una red whatsapp el video de un joven venezolano que, parado al borde de una fosa, intenta durante tres minutos decapitar el cadáver de otro sujeto. El esfuerzo revela que no era muy experto en el manejo del hacha. Al fin, cuando logró cortar el cuello, tomó la cabeza por los cabellos y la exhibió ante la cámara, como si fuese un trofeo.

Breves

*La crisis fiscal está afectando los planes de expansión de la Policía Nacional. Las arcas del cuerpo pionero del llamado “nuevo modelo policial” apenas dan para el pago de los salarios de los agentes que ya están en las calles. Pero la renovación de uniformes e implementos de trabajo está rezagada. En Táchira, por ejemplo, se calcula un déficit de 895 armas. Los patrulleros en Caracas usualmente sufragan con su propio dinero la adquisición de partes y repuestos para sus motos, una situación que hace recordar los viejos tiempos de la Policía Metropolitana. En la Universidad Nacional de la Seguridad se graduaron el año pasado unos 12.000 “discentes” (aspirantes a policía) y no hay fondos para dotarlos con lo mínimo exigido por los estándares que el propio Gobierno trazó desde el Consejo General de Policía. Por otra parte, todos los días se detecta el decaimiento de la moral y la disciplina entre los agentes de grados más bajos, quienes son generalmente los que dan la cara ante la ciudadanía. El ausentismo es un indicador. En la central de la avenida Sucre, por ejemplo, hubo días de febrero en los que faltaron más de 60 uniformados. Esto sin tomar en cuenta aquellos que no están allí por disfrutar de sus vacaciones, permisos académicos, reposos médicos o que están suspendidos de funciones por haber cometido delitos o faltas. A este paso, la Policía Nacional será absolutamente inviable desde el punto de vista financiero.

*Conmoción entre los propietarios del edificio Hannover de Colinas de Bello Monte ocasionó el panfleto de advertencia que les dejaron supuestos integrantes de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), para que removieran de la azotea las vallas en las que piden la inmediata libertad de líder de Voluntad Popular Leopoldo López. Hasta ahora, ningún portavoz de los llamados “boliches” ha negado la autoría del documento. Por lo que se presume su autenticidad. Este es un indicio más de que las FBL han decidido reactivarse en ámbitos urbanos. En la mayor parte del tiempo que gobernó Hugo Chávez, este grupo mantuvo una importante presencia en los estados Apure, Barinas y sur del Táchira. Pero este año han aportado indicios sobre su interés por abrirse paso con un discurso radical entre los numerosos colectivos que hacen vida en el centro del país. Primero fue la caja sonora que estalló en los alrededores de Capitolio, el 26 de enero. Luego explotaron artefactos similares frente a la sede del diario La Voz, en Guarenas, y en las mezzaninas de las torres Este y Oeste del Parque Central. Estos tres últimos en forma casi simultánea, con el interés evidente de generar escándalo. Ante esta escalada el Ministerio Público y los órganos de seguridad se mantienen inermes. Esto hace recordar una situación similar (aunque no idéntica) a la vivida en el país durante 1993 con los estallidos sucesivos que terminaron con ataques en la Corte Suprema de Justicia (hoy TSJ) y el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. La gente se preguntaba quién podía estar detrás de todo aquello. Un viejo policía me contestó: “De explosivos saben los explosivistas”. Y tenía razón.

*En la edición de Ultimas Noticias del 29 de febrero, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) publicó un extraño aviso de notificación dirigido al detective de ese cuerpo Eduardo José Molina Flores. El texto indica que por decisión tomada el 12 de enero el funcionario era destituido “por estar presuntamente incurso” en el secuestro del comerciante Marcos José Guillén y de su hija Niumar Franchezca Guillén Pereda, perpetrado en septiembre de 2014 en la entrada de la empresa Fuveca cuya sede está en San Francisco de Yare. La mujer de 26 años de edad es sobrina de un fiscal del Ministerio Público. Su papá fue liberado para que buscara el dinero del rescate. En la banda que se los llevó también participaba un empleado de Pdval. El líder del grupo fue identificado por la Guardia Nacional como Luis Peña Gamarra, alias Luisito. Continúa en libertad. En cambio, el (ex) detective Molina Flores, quien supuestamente fungía como “pegador” de la organización, permanece tras las rejas.

*La Asamblea Nacional evalúa la posibilidad de elaborar una legislación que regule el uso de tecnologías de comunicación en centros de detención preventiva, internados judiciales, penitenciarías y colonias agrícolas, es decir, en todas las instalaciones utilizadas por procesados o penados por algún delito. La idea es fijar normas que neutralicen el auge de la extorsión telefónica en todo el país. Informes de la Guardia Nacional y de la policía judicial coinciden en señalar que este delito tiene sus principales puntos de origen en las cárceles. Las extorsiones no sólo proveen dinero para los presos. También les pagan mediante la recarga de sus tarjetas telefónicas, y de esa forma pueden continuar sus actividades aún estando tras las rejas. Las tecnologías que bloquean o inhiben las señales de telefonía celular han sido aplicadas en México, EEUU, Colombia y Guatemala para mitigar este delito. Pero las empresas telefónicas han advertido que el uso indiscriminado de tales dispositivos también podría afectar el servicio que se presta a las personas que residen en las proximidades de los centros de detención. Igualmente, hay que fijar protocolos para las comunicaciones por parte de los empleados de Servicio Penitenciario y de la Guardia Nacional que operen en ellos. Habría que preguntarse, por ejemplo, cómo sería la actividad de comunicaciones durante una reyerta de presos. Si todas las señales de celular están bloqueadas, ¿cómo se podría contactar a los servicios de emergencias médicas? Como se ve, el asunto no es tan sencillo como parece.

*Y hablando de prisiones, el agente especial retirado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshall Service) Arthur Art Roderick recientemente tuvo una conferencia telefónica con periodistas de varios países latinoamericanos a propósito del famoso escape de la penitenciaría de Alcatraz, llevado a cabo en 1962 por los hermanos John y Clarence Anglin y Frank Morris. Algo que entonces parecía imposible y que inspiró una película protagonizada por Clint Eastwood. Roderick fue subdirector de Investigaciones de los Alguaciles, y aunque ya está jubilado continúa indagando sobre esta evasión. Como se sabe, los Anglin y Morris nunca fueron encontrados luego de salir nadando en un bote inflable por la bahía de San Francisco. Los resultados de la pesquisa serán divulgados en dos documentales del canal History, a transmitirse en Venezuela los días 5 y 12 de marzo. A continuación algunas respuestas del agente Roderick, en traducción libre:

-En todos los escapes hay factores comunes. Hay fuerzas internas y externas. Hay empleados en la prisión o familiares que proveen. Siempre ocurre alguna falla de seguridad (…) También hay que revisar cómo se clasifica a los prisioneros. Los que están por crímenes violentos nunca deberían ser colocados en una instalación de baja seguridad. Los factores en común son la falta de seguridad o algún tipo de corrupción.

-Este escape fue el producto de un proceso de mínimo dos años. ¿Se detectó alguna complicidad del personal de la cárcel?

-Hay historias de que tuvieron asistencia de los guardias. Pero hubo una investigación sobre ellos apenas ocurrió el escape. Algunos guardias eran muy disciplinados, lo que era inusual en ese tiempo. Les suspendieron la paga, pero no se halló nada que los involucrara directamente.

-¿Por qué esta historia es tan popular luego de 50 años?

-Es por el hecho de que lo señalado como imposible fue derrotado por unos seres humanos. Alcatraz supuestamente era a prueba de escape, y aquí tiene Ud a tres individuos que se fueron de La Roca. La pregunta es si pudieron llegar a la bahía (de San Francisco).

-¿Es posible que los hermanos Anglin estén vivos hoy día en Brasil?

-Un reporte del FBI señala una pista de que estarían en Brasil. Los alguaciles trataron de llegar al origen de esa pista, pero fue descartada.

-¿Por qué luego de todos estos años la familia Anglin estaría dispuesta a probar que ellos están vivos?

-Tuve muchas discusiones con la familia Anglin. Son una familia grande, muchos de ellos murieron. Hemos podido obtener muestras de ADN. Si hay tumbas o algún cementerio donde se ubiquen (los hermanos) podremos obtener permiso para una comparación de ADN entre esos restos y lo que pudimos obtener de la familia.

-¿Es posible escapar de Alcatraz cavando un túnel sólo con cuchillos?

-Alcatraz fue la prisión de máxima seguridad en EEUU para su momento. Pero costaba mucho mantenerla. Había otra instalación en construcción en Marion (Ill.) que sería la de máxima seguridad una vez que cerrara Alcatraz. Su población máxima fue de 200 prisioneros. El costo de mantenerla no se justificaba. Las paredes se deterioraron. La fuerza de guardias disminuyó 25%. Tres de las cuatro torres no estaban ocupadas. Muchas cosas se juntaron para que el escape ocurriera.

Para escuchar el audio completo de la entrevista pulsar aquí.

*Mientras esta columna estaba en proceso de redacción fue anunciada la reanudación de las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana. Algo que en principio todos debemos saludar como positivo. El proceso fue postergado debido a la crisis ocasionada por la sorpresiva presencia de los líderes del grupo guerrillero en el corregimiento Conejo, municipio Fonseca de la Guajira, en un evento llamado Encuentro Popular Caribe, el 18 de febrero. Alias Iván Márquez, Rodrigo Granda y Jesús Santrich llegaron al lugar en camionetas con placas venezolanas, acompañados por 200 miembros de la organización dotados con fusiles de asalto y uniformes, tal y como lo revelaron las imágenes divulgadas por RCN. El uso de un centro educativo para actos proselitistas y la presencia de guerrilleros armados activaron las alarmas en Bogotá. Las negociaciones de paz fueron suspendidas mientras se aclaraba la situación. Una vez reanudadas, se anunció que se harían todos los esfuerzos para firmar el acuerdo de paz en 2016. El mensaje implícito es que esto ya no se logrará en marzo, como había sido pautado.

*Al cierre, agradezco a Carlos Tablante y a Marcos Tarre Briceño por la entrega del libro El gran saqueo. Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos (Caracas, 2015). Desde que uno lo abre cuesta abandonar la lectura, tal y como sucedió con la obra anterior de ambos autores Estado delincuente (Caracas, 2013). Hay aquí un trabajo de recopilación y sistematización de datos a lo largo de años, que se traduce en importantes revelaciones, como por ejemplo la relación entre el actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González con las supuestas irregularidades en el otorgamiento de contratos para la expansión del Metro de Caracas, y el papel que jugaría en este proceso el ex director de la Disip (actual Sebin) capitán retirado Carlos Aguilera. Y así se va trenzando una historia que contribuye a explicar por qué la calidad de vida de los venezolanos se ha deteriorado hasta niveles insólitos, paradójicamente, luego de haber pasado por el mayor “efecto riqueza” de toda la historia del país. Debido a esto, no sería de extrañar que, como ocurrió con el anterior trabajo, éste de Tablante y Tarre lo “desaparezcan” de las librerías.