Desapariciones

-En los cuatro meses de 2020, las cifras de personas desaparecidas en Venezuela se han disparado de forma inexplicable ¿Gente que se va sin decir adiós o policías fuera de control?

@javiermayorca

El 18 de marzo, el escolta John Jairo Gasparini salió a hacer unas compras en el Farmatodo ubicado en la entrada de la urbanización La Lagunita. No regresó a su casa.

Los familiares de este hombre, de 42 años de edad, acudieron a la policía municipal, a la judicial y a otros organismos en la búsqueda de información que contribuyera a determinar su paradero. Solo supieron que lo vieron salir del referido local comercial en una motocicleta negra, que tampoco fue encontrada.

Luego dedujeron que la ausencia de Gasparini guardaba alguna relación con el posterior intento de allanamiento a un apartamento de las residencias Pacarima, en Los Naranjos, cuya ocupante pertenece a su círculo familiar.

Pero pasaban los días, y nadie precisaba dónde se encontraba Gasparini.

El 20 de marzo, los familiares del guardaespaldas acudieron a la policía judicial, para formalizar la denuncia sobre lo que parecía ser una desaparición.

El caso de este hombre forma parte de una creciente lista de personas a las que les perdieron el rastro, que está siendo procesada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Solo en los primeros cuatro meses de 2020, las distintas oficinas de este organismo han recibido 124 denuncias sobre la desaparición de personas. Lo que más llama la atención es que la curva ha ido en ascenso con el pasar de los meses. En enero fueron recibidas 16 denuncias; 28 en febrero; 39 en marzo y 41 en abril. Entre el primero y el cuarto mes, las cifras reflejan un incremento de 156%

Todo esto, además, en un contexto en el que se supone que la gente no debería desaparecer, pues la mayoría debe permanecer en sus casas como consecuencia del decreto de alarma nacional, dictado el 13 de marzo.

Según el comisario Sergio González, ex jefe de la división Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, los cuerpos de seguridad pueden recibir y procesar denuncias sobre desapariciones luego de 72 horas contadas a partir del momento en que la víctima fue vista por última vez.

El funcionario (actual director de la policía de El Hatillo), explicó que cuando la persona no aparece luego de un tiempo prudencial, y no existe evidencia de que pueda haber sido secuestrada, la lógica policial indica que pudiera estar muerta o que pudo haber sido víctima de una privación ilegítima de libertad.

Los familiares del escolta Gasparini pudieron determinar su paradero dos semanas después, cuando les confirmaron que estaba en custodia de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, para el momento de la redacción de esta nota todavía se preguntan con qué expediente lo están vinculando.

González se mostró sorprendido ante el crecimiento de las cifras de desapariciones, e indicó que la mayor probabilidad apunta hacia el accionar de la fuerza pública.

“La norma indica que no se puede retener a una persona por más de doce horas sin dar parte al Ministerio Público. Pero hemos visto casos de personas de las que no se sabe nada hace más de un mes, y luego se supo que estaban en poder de algún organismo”, indicó.

Sin rastro en pandemia

El problema de las desapariciones, y en especial las del tipo forzado, fue advertido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en los dos informes sobre Venezuela presentados durante 2019.

Según Marino Alvarado (Provea) las desapariciones de personas se hicieron más frecuentes a partir de las operaciones de Liberación del Pueblo. Recordó el caso de la masacre en el sector El Café de Barlovento, en octubre de 2016, que comenzó con el traslado de 15 personas a un lugar desconocido en el curso de una razzia por efectivos del Ejército. Los cadáveres fueron hallados un mes después.

“En el caso de la operación Gedeón, hay familias que todavía no saben el paradero de las personas que supuestamente están detenidas”, afirmó.

Según las estadísticas conocidas extraoficialmente, el 49% de las desapariciones ha ocurrido a partir del 13 de marzo, cuando Nicolás Maduro emitió el decreto de alarma nacional. Algo que luce paradójico, pues en este lapso se ha puesto énfasis en que las personas permanezcan en sus casas.

Por otra parte, el 35% de las desapariciones correspondientes al lapso enero-abril han sido denunciadas en Distrito Capital y Miranda. El segundo estado con mayor cantidad es Bolívar, con 14; Monagas y Falcón tienen nueve casos cada uno, y en Zulia han iniciado ocho averiguaciones. Como aspecto curioso, en Táchira solo han consignado una denuncia.

En el actual contexto nacional, con una cifra de secuestros que está en baja con respecto a otros años, la mayoría de las desapariciones obedece a cuestiones políticas o son consecuencia del ocultamiento de las víctimas de homicidios.

De allí que, según González, en Caracas las denuncias sobre desapariciones son procesadas por la división contra Homicidios. No obstante, si se produce un contacto entre secuestradores y sus familiares, intervienen los agentes especializados en secuestros.

“Sin embargo, no podemos hablar de homicidio hasta que no aparece el cadáver de la víctima. Mientras tanto, la persona quedará en calidad de desaparecida”, indicó.

PS.: luego de la publicación de esta nota en Runrunes y Tal Cual, se pudo corroborar una nueva desaparición. Esta vez se trata del teniente de fragata José Antonio Zamora. El oficial de 31 años de edad está adscrito al Servicio de Mantenimiento y Plataforma Occidental de la base naval de Punto Fijo.

Según su hermano, el abogado Sucre Zamora, el 7 de mayo una comisión de policías militares se lo llevó detenido de la referida unidad, y desde entonces no han tenido información sobre su paradero. Los familiares del oficial enviaron una carta al fiscal general militar, general de división Jesús Vásquez Quintero, solicitando alguna pista sobre el estatus del teniente de fragata.

Hasta el momento no han obtenido respuesta. En la Dgcim Boleíta negaron tener a un detenido con ese nombre. En el Sebin dijeron lo mismo.

“Si lo señalan por algo, lo más lógico es que lo presenten ante un tribunal”, razonó el hermano del oficial.

-Hay un tratamiento selectivo del régimen hacia los 67 detenidos por la Operación Gedeón. La discriminación comenzó cuando algunos fueron enviados a celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mientras que otros quedaron en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Tal y como lo señala un reciente informe de la organización Una ventana para la libertad, en Boleíta las condiciones de reclusión son mucho más onerosas y degradantes que las existentes en el Helicoide. En Dgcim el hacinamiento superaba el 80% antes del 3 de mayo, cuando comenzaron las detenciones de militares y policías que llegaron desde Colombia en lanchas, con el propósito declarado de capturar a Maduro y a elementos de su entorno. Allí han ido a parar aproximadamente 30 implicados. En lo que respecta al Sebin, hay detenidos por este caso que permanecen en celdas compartidas con varias personas, y soportan el confinamiento y las limitaciones en cuanto a la alimentación y la atención médica. Allí, sin embargo, padecen menos incomodidades que las de los reclusos en Boleíta. Pero hay tres individuos por los que tienen especial deferencia. Se trata de los ex marines estadounidenses y miembros de la corporación Silvercorp Airam Berry y Luke Denman, a quienes hasta ahora han tratado con guantes de seda, atendiendo incluso sus requerimientos de alimentación especial (Denman es vegano). Y está también el ex directivo de Venoco, Franklin Durán, recluido en una celda especial que anteriormente era ocupada por el abogado José Rafael Parra Saluzzo. Hasta ahora, todas las audiencias se han celebrado en una sala ad hoc del Helicoide, a la que se trasladan las partes del caso. Los jueces que atienden el expediente Gedeón son los abogados Hilda Villanueva (Segundo de Terrorismo) y José Maximino Márquez (Cuarto de Terrorismo).

-Todavía quedan muchos cabos sueltos en torno a la llamada operación Gedeón. Informaciones que deben ser recabadas y ponderadas para lograr un cuadro completo sobre un hecho histórico. Una de las cuestiones más ilógicas se refiere al empecinamiento en embarcar a este grupo de militares y policías, desde algún punto en la Guajira colombiana, cuando todo indicaba ya en ese momento que el proyecto fracasaría. No solo se había producido la entrega del líder de la operación, el mayor general Clíver Alcalá, luego del decomiso de 26 fusiles AR15 en la carretera Barranquilla-Santa Marta. También se había producido la defección del coronel (GN) Félix Mata, experto en operaciones de comando, quien lideró uno de los campamentos de entrenamiento. Y, por si fuera poco, el 25 de marzo el vicepresidente para Comunicación Jorge Rodríguez revelaba que habían capturado a un primer teniente de la Guardia Nacional, directamente involucrado en este movimiento. Era Rubén Darío Fernández Figuera, alias Búho, calificado por el Gobierno como un desertor, quien con seis días de antelación reveló a los órganos de inteligencia parte de los objetivos del grupo que aún estaba en Colombia. Fuentes de la disidencia militar en Cúcuta indicaron que Fernández pidió un permiso a los líderes de Gedeón para ver a su familia, en una etapa crítica del proceso. Todas estas señales de alerta fueron desatendidas.

-¿Quién es Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich? Este hombre es, junto a Luciano Marín Arango (Iván Márquez), uno de los integrantes del nuevo Comando Central de las FARC. Su presencia en Caracas fue revelada hace pocos días por el comisario general Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad designado por el presidente del Parlamento Juan Guaidó. En las imágenes aportadas por el policía se puede apreciar al colombiano mientras es llevado de la mano por los pasillos de lo que aparentemente es la planta baja de uno de los bloques del sector 23 de Enero del municipio Libertador. Hernández Solarte padece una enfermedad degenerativa que le quitó la vista por completo en el ojo derecho, y que amenaza con tener el mismo efecto en el restante. Eso explica por qué casi siempre porta lentes oscuros. Alias Jesús Santrich fue uno de los causantes de la ruptura de los acuerdos de paz (La Habana, 2016) por una parte del referido grupo guerrillero. La tormenta se inició cuando EEUU lo acusó a él, junto a otros tres miembros de esa organización (Marlon Marín, Armando Gómez y Fabio Simón Younes Arboleda, alias Doctor) por tráfico de drogas, alegando que ellos habían cometido estos delitos entre junio de 2017 y abril de 2018, es decir con posterioridad a la firma de la paz en la capital cubana. Por ende, se trata de acciones que no gozan de amnistía. Según esta acusación, ventilada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el grupo había intentado producir y distribuir unas diez toneladas de cocaína. Para llevar los alijos a EEUU, utilizarían aviones con matrícula norteamericana.  Desde entonces, comenzó un intenso debate en Colombia, pues se presumía que si las autoridades neogranadinas detenían a Santrich los acuerdos de La Habana se vendrían abajo. En julio de 2019, Maduro afirmó en una alocución pública que tanto Hernández como Marín eran bienvenidos en Venezuela. Un mes después, los jefes guerrilleros divulgaron un video anunciando la creación de las nuevas FARC. Estas imágenes fueron grabadas en territorio venezolano, de acuerdo con el diario El Tiempo de Bogotá, que citaba fuentes de inteligencia del vecino país. En una nueva acusación, presentada el pasado 26 de marzo, el gobierno y la fiscalía estadounidenses involucraron a Hernández en el tráfico de drogas en supuesta complicidad con el alto gobierno venezolano, en hechos que habrían comenzado en 1999 y que supuestamente se han extendido hasta el año en curso. Las fotografías y el video de este integrante del Comando Central de las nuevas FARC llaman la atención. El hombre aparece rodeado de individuos armados, quienes según Simonovis pertenecerían a un colectivo de esa parroquia. Es muy probable, por lo tanto, que tales imágenes fuesen tomadas por un integrante del propio anillo de seguridad, que servía al líder guerrillero.

-El 28 de mayo, fue puesto en libertad Luis Pérez Luna, un hombre de 26 años de edad detenido en el estado Lara por manifestar a propósito de los reiterados apagones. La policía regional no mostró consideración por el hecho de que Pérez está afectado por lo que Alfredo Romero, director del Foro Penal, denominó “discapacidad cognitiva”. La liberación era lo apropiado. El artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal establece que un “trastorno mental grave (…) provocará la suspensión del proceso”. No es la primera vez que se pretende juzgar en el país a alguien en estas condiciones. En Punto Fijo, se desarrolla un juicio por homicidio contra un hombre de 24 años de edad al que le han practicado cuatro pruebas en el curso de la investigación, que dictaminan su incapacidad para afrontar un proceso penal. El caso de Anthony Michell Molina Ron ha sido planteado ante al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Está detenido en la sede de la policía judicial de la referida ciudad falconiana desde febrero de 2017. Un fiscal lo acusó por homicidio calificado por motivos fútiles, en conexión con la muerte de Jhonny Rafael Esteile, de 23 años de edad. Una nota publicada por la prensa local indica que la víctima murió como consecuencia de haber recibido un tiro en el pecho, luego de haberle bajado el volumen a la música con la que amenizaban una reunión, en el sector Bella Vista de esa ciudad. Además de la condición especial de Molina, la pesquisa policial se vio perturbada desde el inicio, por una alteración del sitio del suceso, que consta en las actas del expediente. Además, el arma homicida no fue recuperada y nunca se pudo determinar desde el punto de vista pericial si Molina efectuó el disparo, pues la policía judicial carecía de los implementos para llevar a cabo la prueba de ATD. La situación de Molina fue descrita como “discapacidad mental psicosocial con un grado leve y discapacidad mental intelectual grave”, y ha sido certificada por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis). Básicamente, se comporta como un niño. Esto trae como consecuencia que el hombre reaccione de forma inesperada ante circunstancias apremiantes, como sucedió antes de una de las audiencias, en la que Molina convulsionó y defecó mientras permanecía en el calabozo del juzgado. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha solicitado las medidas de seguridad correspondientes.

Por un momento, imagine que Ud es una joven periodista tratando de desarrollar una carrera en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un país totalitario que, junto a Estados Unidos, era el polo de poder geopolítico más importante en los años de la guerra fría. Imagine, además, que está dedicada por años a la espinosa fuente de los servicios de inteligencia, representada entonces por la todopoderosa KGB. De repente, como por arte de magia, ese Estado colapsa, y en medio de la confusión se produce una súbita apertura de los archivos de ese organismo. Y que Ud, la esforzada periodista, es llamada para formar parte de una comisión parlamentaria que investigará los excesos de esos espías y torturadores. Los más recónditos secretos de repente quedan al alcance de su mano. Pues bien, la realidad supera a la imaginación. Esa periodista se llama Yevgenia Albats. Su libro, The State within a State. The KGB and it’s Hold on Russia, Past, Present and Future (New York, 1994) no es precisamente una novedad, pero si es un texto extraordinario, que arroja importantes luces sobre el rol jugado por esa policía política en la turbulenta transformación de la Unión Soviética, hasta llegar a la actual Federación Rusa. Albats describe con detalle cuáles eran las prácticas de la KGB, desde los tiempos de Stalin hasta el momento en que cayó el muro de Berlín, las torturas de sus funcionarios y agentes, y cómo fue creada una estructura que penetró todas las instancias de la vida en todo el bloque comunista, de una forma tan sólida y profunda que la autora, en unas líneas premonitorias, llegó a afirmar que de sus filas saldría el futuro liderazgo político del país. Aunque Albats no menciona a Vladimir Putin, sí relata cómo la policía secreta para la que él trabajó desde que se graduó de abogado intentó por todos los medios cooptar la llamada perestroika, el proceso de apertura que conducía Mijail Gorbachov (otro hombre de la inteligencia), y cómo luego de la fragmentación del estado soviético se mantuvo indispensable para Boris Yeltsin. Albats sostenía que un cuerpo como la KGB, cuyos agentes y directivos se consideraban a sí mismos “por encima de la Ley”, no podía formar parte de un estado democrático, y por ende debía ser eliminada. El acceso a los archivos y agentes de esta policía secreta por parte de la periodista apenas duró unos meses. Ya para 1992 las puertas de la KGB se habían cerrado de nuevo. El cuerpo cambiaría de nombre (hoy se llama FSB, aunque con algunas diferencias con respecto al cuerpo que le dio origen), pero las viejas prácticas se mantendrían, para beneficio del poder en Moscú. Este libro puede ser adquirido por Amazon. Para obtener una perspectiva actualizada sobre la influencia de la policía política en Rusia, pueden ver la entrevista que concedió la autora a la cadena norteamericana PBS en 2017.