Acusación en cuarentena

-Los señalamientos presentados por el fiscal Barr son un capítulo más de una vieja historia que empezó antes de que Chávez llegara al poder

@javiermayorca

El estatuto RICO está vigente en Estados Unidos desde 1970. Era una ley innovadora, producto de la inspiración de un académico de Notre Dame (Nueva York), Robert Blakey, que le confirió a la Fiscalía y a los cuerpos policiales la posibilidad de atacar organizaciones criminales completas, no por algún delito en particular, sino por el hecho mismo de formar parte de tales organizaciones.

En su libro La dinastía mafia, John Davis relata las dificultades que hubo en EEUU para lograr una aplicación plena de esta ley. Contrario a lo que se pensaba al inicio, los casos según RICO requerían de prolongadas y costosas investigaciones, que a menudo exigían una combinación de infiltraciones en el medio criminal, respaldadas por los avances en la inteligencia electrónica.

Básicamente, se necesitaba llenar ciertos requisitos. Lo más importante era demostrar la existencia de una empresa criminal continuada, es decir, una o un conjunto de actividades ilegales destinadas a producir una ganancia económica, y ejercidas por estructuras con líneas jerárquicas claramente establecidas, por lo menos a lo interno de la organización. En la Cosa Nostra, versiones americana e italiana, esa estructura está encabezada por la Comisión. Para ser enjuiciable a través de RICO, esta corporación criminal debía tener una duración de por lo menos diez años.

El delito por excelencia de estas organizaciones de tipo mafioso es la extorsión. La violencia actual o la amenaza de ejercerla es un punto clave, incluso para preservar el orden interno y asegurar el cumplimiento de la ley del silencio u omertá. En esta clandestinidad, las actividades se van diversificando hacia los comercios ilícitos de todo tipo.

Luego de vencer las resistencias internas, que venían desde el propio director John Edgar Hoover, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) pudo desplegar sus capacidades para comprobar en juicios la existencia de las cinco grandes familias de la mafia ítalo-americana. Pero esto se logró solo en los años ochentas del siglo pasado, con el proceso a Paul Castellano, capo de la familia Gambino que terminó ejecutado por sus compinches en una calle de Manhattan.

Las investigaciones según el estatuto RICO generalmente se desarrollan en el propio territorio estadounidense. Solo así se garantizan ciertos estándares en cuanto a la obtención de las evidencias. Afuera no es imposible, pero se requiere de estrecha cooperación con las policías de los países donde se llevan a cabo. Algo de esto lograron los italianos y los estadounidenses con la llamada conexión Pizza, al punto que se pudo vigilar el traslado de cargamentos de heroína desde suelo europeo hasta Nueva York y otros lugares de la unión, para luego distribuirla a través de una extensa red de locales de comida italiana. Pero lo más importante para un caso RICO no era determinar cómo la droga llegaba a las esquinas, sino cómo el dinero subía hasta el tope de la jerarquía mafiosa.

El fiscal general de EEUU William Barr

La acusación contra Nicolás Maduro no llena los estándares de la ley RICO. De allí que el estatuto en cuestión nunca es mencionado. Y sin embargo se refiere la supuesta existencia de una organización criminal, denominada el Cartel de los Soles. Según el fiscal general estadounidense, William Barr, ha sido el producto de una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que se remonta a hechos tan lejanos como 1999.

Demostrar la supuesta implicación de oficiales venezolanos en el tráfico de drogas es un viejo objetivo de esta policía estadounidense. Se remonta hasta años antes de que Hugo Chávez llegara al poder. Las primeras referencias al supuesto Cartel de los Soles comenzaron a hacerse en voz baja durante los años noventa del siglo XX. Estos episodios son narrados en un libro de Manuel Malaver, titulado La DEA contra la Guardia Nacional de Venezuela. Son procesos de vieja data, pero muchos de sus protagonistas aún están en el país. Por si quedaba alguna duda, basta con asomarse al juicio de extradición planteado en la Audiencia Nacional de España contra Hugo Carvajal, uno de los supuestos integrantes de este cartel militar. En dicho proceso, las cartas de Adolfo Romero Gómez, alias Cristóbal, sirvieron como sustento a la defensa. Romero es protagonista fundamental en el libro de Malaver.

Ahora bien, una cosa es recopilar información sobre la implicación de este u otro individuo, civil o militar, en el tráfico de drogas, y otra muy distinta es sostener según los estándares de prueba estadounidenses, que tales sujetos actuaban como un cartel, léase como un grupo confabulado para operar como empresa criminal continuada. Y, para mayor rigor, con capacidad para determinar los precios del producto objeto de comercio ilegal. ¿Por qué a la OPEP la llamaron alguna vez el cartel petrolero? Porque sus decisiones podían ocasionar alzas o bajas en el precio mundial del crudo. ¿Este Cartel de los Soles llegó a determinar alguna vez el precio de la cocaína, en Europa o Estados Unidos?

Según la acusación presentada por la fiscalía estadounidense, el mayor general retirado Clíver Alcalá es otra figura del Cartel de los Soles. De hecho, su cabeza tenía un precio de diez millones de dólares. Una cotización similar a la colocada para el ex jefe de la Dgcim Hugo Carvajal, el actual presidente de la ANC Diosdado Cabello y el vicepresidente de Economía Tarek el Aissami. Ese es un indicador sobre la importancia que le asignan los estadounidenses al ex comandante de la 41 brigada blindada del Ejército y ex jefe de la guarnición zuliana.

Con su entrega y posterior traslado a EEUU, las autoridades judiciales de ese país deberán poner en manos del general todas las pruebas que obran en su contra. A este proceso se le llama “descubrimiento”. Alcalá, se debe recordar, fue uno de los promotores de las primeras acciones contra Walid Makled, en 2011. Para ese momento, alias Turco era señalado por la propia DEA como el principal bróker de drogas del país, conectado con las FARC a través de figuras como el Boyaco José María Corredor y con los militares que le facilitaban la salida de los alijos por Maiquetía o Puerto Cabello. Es decir, un elemento clave en esta estructura ¿Era entonces Alcalá una especie de niño travieso del cartel de los soles, o realmente estaba alineado con otros intereses?

El enfrentamiento entre Alcalá y Makled se ha prolongado por años. Desde su confinamiento en el Sebin, este último se ha permitido proferir amenazas contra el general: “Narcotraficante, te dije que voy a ser tu sombra. ¡Voy por ti!”, dijo, en un breve video divulgado en marzo de 2018.

La acusación contra Maduro surge en un momento de profunda crisis política, social e institucional en el país. Muchos ven en esta imputación el “inicio del fin”, puesto que definitivamente ha sido acompañada por manifestaciones claras de voluntad por parte del poder estadounidense. La última de ellas ha sido el anuncio sobre el reforzamiento de la flota de la Marina en el Caribe, con el propósito declarado de llevar a cabo operaciones contra el tráfico de drogas. Si había dudas en cuanto a que una cosa complementa a la otra, bastaba con ver al fiscal Barr acompañado por el presidente Trump, el secretario de Defensa y los jefes militares.

Según esta lógica, en el desenlace de la historia solo interesará el resultado.

La proa del Resolute, poco daño

-El hundimiento de la lancha patrullera GC-23 Naiguatá, en un incidente con el crucero de bandera portuguesa Resolute, pone de manifiesto una vez más la incapacidad para comunicar efectivamente por parte de las fuerzas militares venezolanas con datos que contribuyan al esclarecimiento de un episodio revestido de gravedad. La información sobre este hecho se ha manejado con una vaguedad exasperante, que no ayuda a contestar las interrogantes más elementales. Por ejemplo: ¿cómo permitió el comandante de la nave, capitán de navío Yemince Granadillo, que se produjera una colisión con una embarcación de un tonelaje seis veces mayor? ¿Se ajustaba este procedimiento a los principios de lo que se conoce como “visita y revisión”? ¿Por qué el Ejecutivo, tan preciso en ciertas circunstancias, en este caso no suministró las coordenadas donde ocurrió el incidente? ¿Qué pasó con las bombas de achique de la patrullera construida por los españoles? Desde luego, estas son apenas algunas de las cuestiones por aclarar. Lo cierto es que con este caso ya son dos las naves construidas por Navantia que han quedado inoperativas. La primera fue la patrullera Warao, que encalló en costas brasileñas en agosto de 2012, en vísperas de los ejercicios VenBras. Luego de grandes esfuerzos y gasto, la trajeron hasta Puerto Cabello, y ahí permanece, junto con otra patrullera de guardacostas (la Hugo Chávez) cuya construcción nunca terminaron.

-Al cierre de esta entrega, se recibe un correo electrónico en respuesta a un listado de preguntas formuladas a los representantes públicos del buque Resolute. Aunque Columbia Cruise Services se reservó por ahora el nombre del capitán de la embarcación de bandera portuguesa, así como del resto de la tripulación, sí se extendió en la explicación de las acciones emprendidas apenas se percataron del hundimiento de la nave militar venezolana: “El RCGS Resolute comenzó inmediatamente los preparativos para la respuesta de emergencia, justo luego de que ocurrió el incidente. De acuerdo con la declaración de nuestro capitán, se ordenó que toda la tripulación estuviese en cubierta lista para asistir y preparar los botes de rescate para su lanzamiento. Los camarotes fueron preparados junto con el hospital para proveer alivio ante las lesiones potenciales. También dirigimos nuestras luces de búsqueda hacia la embarcación de la Marina, para ayudarlos en la visibilidad. Todos los intentos por contactar al comandante de la nave de la Marina no tuvieron respuesta. El RCGS Resolute permaneció durante más de una hora en las proximidades de la escena. La nave continuó navegando luego de recibir la orden del Centro de Coordinación Marítima de Rescate (Curazao)”. Indicaron además que durante las comunicaciones previas al incidente la patrullera de la Armada no reveló el propósito que tenía la orden de ir hacia Puerto Moreno, en Margarita.  Estos portavoces también declinaron cualquier precisión en torno al lugar donde ocurrió la colisión. Se limitaron a reiterar que fue en “aguas internacionales”.

-El 1 de abril, el Colegio de Guerra de la Marina de Estados Unidos emitió un informe producto de los hallazgos de los ejercicios de simulación sobre respuesta cívico militar a escenarios de crisis por enfermedades virales. Las conclusiones del reporte Respuesta al surgimiento de una pandemia urbana 2019 fueron divididas en dieciséis puntos. Para esta entrega, solamente serán destacados dos. En primer lugar, indica el documento, las cuarentenas masivas forzadas, así como cualquier otra línea de acción basada en órdenes que fluyen de arriba abajo, pueden ser contraproducentes puesto que tienden a “securitizar” los programas, y por ende depositan toda la responsabilidad en instituciones con una sobredemanda de servicios en esas coyunturas, como son las militares y policiales. Las cuarentenas masivas tienden a aislar e incomunicar a importantes sectores de población, incluidos los contagiados, y esto reduce la capacidad de una respuesta oportuna. “Uno no puede reducir la extensión de la enfermedad si las personas esconden sus infecciones debido al miedo y el estigma”, concluye el informe. Por otra parte, se recomienda descentralizar al máximo los mensajes sobre la evolución de la enfermedad, acudiendo a portavoces confiables en cada localidad. “La autenticidad, la verdad y la información utilizable son la principal moneda para una comunicación exitosa sobre riesgos”.

 

1.-En el desarrollo del estado de alarma, decretado el 13 de marzo, hemos visto restricciones de todo tipo a los derechos individuales de circulación, reunión, información y expresión, por citar algunos. ¿Qué se puede esperar, tomando en cuenta estos antecedentes?

El estado de alarma, que decretó el Gobierno, es una extensión del estado de excepción, que teníamos desde hace dos años y que se ha ido prolongando de manera inconstitucional, puesto que no ha sido confirmado por la Asamblea Nacional y no debió haber durado más de 120 días. En el caso del estado de alarma, en cierta medida es justificado por la gravedad de la expansión del coronavirus. Había que tomar medidas de emergencia. Antes del estado de alarma, teníamos un gobierno autoritario, que usa a los cuerpos militares y policiales para la represión, con detenciones arbitrarias y ejecuciones. No podíamos esperar algo distinto en el estado de alarma. Se ha fortalecido la presencia de militares y policías en la calle. En la práctica, el estado de alarma ha servido para fortalecer la militarización de la sociedad venezolana. Y en ese proceso se han desarrollado abusos, con violaciones a los DDHH. En primer lugar, las amenazas y detenciones a personal de salud que ha denunciado las graves condiciones de los hospitales y que ha exigido el cumplimiento de la Lopcymat, que establece que todos los trabajadores deben tener condiciones adecuadas para sus labores. El personal médico, enfermeros y obreros deben tener suficiente material para atender la emergencia del coronavirus, para que no vayan a contagiarse atendiendo a personas. Por hacer esos reclamos, han sido detenidos enfermeros, hay un médico en Monagas encarcelado, y otros han sido amenazados. Denunciar la grave situación de los hospitales no constituye delito. Por lo tanto, estas detenciones son arbitrarias, y la amenaza ha buscado intimidar al personal de salud, que afortunadamente sigue levantando su voz.

En segundo lugar, el Gobierno ha buscado imponer una verdad oficial sobre el coronavirus, amenazando y en algunos casos deteniendo a quienes informen algo que consideren distinto a lo oficial, como en el caso del periodista Darvinson Rojas. Este empeño por imponer la verdad oficial está limitando la libertad de expresión. No solo los ciudadanos corren riesgo de ser detenidos, si algún vecino dice que tiene coronavirus, o si algún periodista da cifras que no son las del gobierno. El estado de alarma se ha convertido en un mecanismo para restringir la libertad de expresión. Por cierto, es uno de los derechos que plantea la Constitución no se puede limitar ni violar en estados de excepción. También se ha detenido a personas por redifundir información que ha circulado por las redes, como en el caso de Guayana. Ya no es solo por difundir por Twitter, sino por hacerlo en redes más privadas como WhatsApp.

Se está reactivando en la práctica la famosa Ley de Vagos y Maleantes, para detener a personas que no han cometido ningún delito, sino por no tener tapabocas o estar en una fiesta o en grupos, cuando se ha orientado que no se deben hacer concentraciones. Esto podría calificarse como faltas, de acuerdo con el Código Penal venezolano, y se resuelve por vía administrativa, con multas o la imposición de un deber social. Pero en ningún momento se puede privar de libertad a una persona porque cometa una falta, y además totalmente contrario a las recomendaciones de la OMS. Se detiene a personas sin tapabocas, se les congrega en sitios cerrados, y más bien se les pone en riesgo de contraer coronavirus. Es un abuso de poder. Lo mismo que hacen algunos alcaldes, incluidos de la oposición, como imponer unos toques de queda que no están planteados en el decreto de alarma. Esa es una medida extrema en estados de excepción, que han venido imponiendo por ejemplo el alcalde de Chacao y otros en el resto del país. Es una extralimitación de funciones, una interpretación errada del decreto de alarma, y es un abuso de poder.

El estado de alarma se justifica, pero está siendo usado con fines irregulares. No solo para evitar que se expanda el Covid-19 sino también para fortalecer la militarización de la sociedad venezolana, hacer detenciones arbitrarias, coartar la libertad de expresión y el derecho de los trabajadores de todos los sectores a reclamar sus derechos. En el estado de alarma no está suspendido el derecho de exigir derechos, ni la obligación del Estado venezolano a garantizar los derechos humanos.

Llegan nuevamente los días para recordar la crisis política de abril de 2002. Sobre este interesante proceso se han escrito varias obras desde una perspectiva independiente, que se salen del evidente interés oficialista por imponer una visión de las cosas. Entre ellos vale mencionar El acertijo de abril, lanzado en 2003 por los periodistas Sandra la Fuente y Alfredo Meza, así como la investigación de Brian Nelson The Silence and the Scorpion, que vio luz en 2009. Entre estas dos se había escapado -hasta ahora- la obra del ex vicepresidente colombiano Humberto de la Calle, El día que Chávez renunció, presentada por primera vez en 2008, y reimpresa en 2018 con información ampliada. De la Calle -quien fuera también jefe del grupo negociador del gobierno colombiano con las FARC- puso la mirada en el impacto internacional del proceso desarrollado entre el 11 y el 13 de abril en Caracas, que como recordaremos condujo a una breve separación del poder del entonces presidente Hugo Chávez. El título del libro, sin embargo, genera cierto equívoco, pues durante la lectura de estas páginas el autor llega a asegurar que en Venezuela hubo esos días un golpe de Estado, pero no está tan seguro en cuanto al hecho mismo de la renuncia.  Esta incertidumbre resulta interesante, pues marcó incluso la conducta de los principales actores en el escenario donde se movía entonces el autor, la Organización de Estados Americanos (OEA). Esa actitud errática, marcada por la ausencia de información, es reflejada en la virtual separación del cargo del entonces canciller venezolano, coronel retirado Luis Alfonso Dávila, por una parte, y por la otra la decidida defensa del régimen que según este relato hizo el embajador ante el referido foro, Jorge Valero. La crisis de abril de 2002, sin duda alguna, ha extendido su influencia en Venezuela hasta el presente, con lo cual De la Calle podría hacer actualizaciones continuas. Pero en la obra la descripción del proceso llega hasta el referéndum de 2007, que como sabemos fue la primera elección en la que Chávez salió derrotado oficialmente. Al leer estas páginas, uno queda con la impresión de que, si bien la disputa por las opiniones ha tenido un curso que no siempre favorece al oficialismo en Venezuela, en el plano exterior este ha llevado la ventaja, apalancado sobre los recursos del Estado. Una situación que solo vino a cambiar en el último lustro, posiblemente gracias al nivel de organización política adquirido por la llamada diáspora.