Tres días de anomia

Crímenes sin castigo | 24 de marzo de 2019

Criminalidad

-Es ahora cuando el país comienza a tener una noción más clara de la magnitud del caos vivido con el apagón que comenzó el 7 de marzo. Por más de tres días, Venezuela vivió prácticamente a la deriva, con una criminalidad que se salía de control

@javiermayorca

El corte de servicio eléctrico que comenzó en todo el país desde la tarde del 7 de marzo desató un pequeño caos que tuvo consecuencias en los ámbitos económico, social, político y, desde luego, en el de la seguridad.

Es apenas ahora cuando comienza a tenerse, incluso en despachos del Gobierno, una visión clara sobre lo que sucedió en aquellos días que llenaron de profunda inseguridad a buena parte de la población del país. Se trata sin duda alguna del corte de servicio eléctrico más prolongado y con mayor alcance geográfico que se haya reportado en Venezuela.

La ausencia de información no sólo afectó a la ciudadanía, sino también a los organismos que se supone estaban encomendados a resguardar los bienes y las vidas de las personas. En esos días sin servicio eléctrico, ni de agua ni de comunicaciones, por ejemplo, quedaron en evidencia las profundas vulnerabilidades de la policía judicial. En Distrito Capital, por ejemplo, casi todos los despachos se vieron forzados a cerrar. Sus jefes, más preocupados por la protección de sus familias, abandonaron los puestos o simplemente hacían un “toque técnico” para luego volver a sus residencias. Caracas estuvo prácticamente tres días sin policía judicial, hasta que regresó la luz. Esta situación originó un nuevo reclamo de la superioridad. El 11 de marzo, durante una reunión con los jefes de unidades, el subdirector del cuerpo Johnny Salazar criticó el escaso compromiso de estos comisarios, en aquellas horas críticas.

De otro lado, tampoco se podía exigir mayor presencia, puesto que los despachos policiales generalmente carecen de servicio de agua, y sin flujo eléctrico pierden toda utilidad. Un gobierno que dispuso de miles de millones de dólares para los proyectos más inverosímiles fue incapaz de entregar plantas eléctricas a los despachos de su policía de investigación. Y ahora, se le pide a los comisarios que las provean.

El Madeirense, saqueado

El apagón sumergió al país en la penumbra, no solo por la ausencia misma de electricidad sino también por la carencia de información clara, actual, precisa. Esta circunstancia profundizó los rasgos anómicos de la conducta ciudadana. En las calles, desde entonces, se maneja como si los semáforos no existieran, y los peatones circulan sin saber por dónde saltará la amenaza.

Los saqueos se extendieron a más de la mitad del país. La ausencia de información y la autocensura ralentizaron el conocimiento cabal de esta situación que, según Fedecámaras, afectó a más de 500 locales solamente en el estado Zulia. La Guardia Nacional se vio claramente rebasada, y sus uniformados, sin medios logísticos ni pertrechos, quedaron como meros espectadores de la destrucción, tal y como se evidencia en videos transmitidos por las redes sociales. En Caracas, cinco automercados amanecieron vandalizados el domingo 10 de marzo. Ese día, una turba desesperada hizo lo propio en el centro comercial La Pirámide. Gente sin luz, agua ni comida.

En Caracas, la violencia impactó claramente las cifras de criminalidad, aunque con efecto retardado. A partir del 11 de marzo, cuando comenzaron a procesarse nuevamente las denuncias, se reportó un incremento de 85% en los robos, 163% en los robos de vehículos y 150% en las lesiones personales. En la parroquia Santa Teresa, la criminalidad general se disparó 1100% esa semana, 233% en Antímano y 188% en El Recreo. Estas cifras son apenas un pálido reflejo de una situación que ya salía de todo control, al amparo de la oscuridad.

El escenario de un apagón general como el vivido a partir del 7 de marzo era advertido por expertos en materia de servicio eléctrico. De nada sirve tratar de vivir ahora como si esto no hubiese sucedido. Cada corte de luz traerá nuevamente la inseguridad, aún si desde el Gobierno tratan de maquillarlo con el eufemismo de “administración de cargas”.

Breves

-En medio de la terrible crisis por las fallas del servicio eléctrico en el país, llegan denuncias sobre cobros en dólares por obras que, en otros tiempos, llevaban a cabo los empleados de Corpoelec o de la antigua Electricidad de Caracas como parte de sus labores habituales, sin cargos adicionales para el ciudadano. El portavoz del llamado Frente Norte, Carlos Julio Rojas, señaló que en conjuntos residenciales de San Bernardino y La Candelaria han efectuado cobros parciales en la divisa estadounidense para la reposición de cableados y transformadores que se han quemado debido a que llegaron al tope de su vida útil. Estas exigencias van desde 200 hasta 700 dólares por grupo familiar. En Colinas de Santa Inés, unos aguaceros durante el mes de octubre ocasionaron la destrucción de una caseta donde estaban tres transformadores eléctricos. Corpoelec no se hizo responsable de las reparaciones. Sus representantes argumentaron que esto sucedió debido a la caída de un muro perteneciente a un edificio privado de la zona. Las sesenta familias afectadas –residentes de distintos conjuntos- tuvieron que cancelar cada una cuatrocientos dólares, para reunir 24.000 dólares que fueron pagados a la estatal eléctrica por conceptos de reparación de los transformadores, el nuevo cableado y los postes correspondientes. El trabajo correspondiente se prolongó durante seis semanas, y fue hecho por empleados de la estatal eléctrica. Mientras tanto, este conglomerado de vecinos careció de electricidad y servicio de agua potable. Muchos de sus integrantes tuvieron que mudarse en forma provisional.

Copa bajo la lupa

-El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) abrió un procedimiento administrativo por presuntas faltas cometidas por la línea aérea Copa Airlines, específicamente en el vuelo que trasladó a Juan Guaidó desde Ciudad de Panamá hasta Maiquetía, el 4 de marzo. La primera observación se refiere a un error en el registro del apellido del diputado en los listados de pasajeros. Aparecía “Guido Márquez”. Según la línea esto es debido a una limitación en el número de caracteres del sistema. Para el Inac, fue por una alteración, lo que sugiere una conducta dolosa. Luego, la autoridad aeronáutica analiza presuntas violaciones a la normativa vigente a propósito de la alocución del diputado a través del sistema de megafonía interna del jet. Y finalmente se señalan presuntas alteraciones al orden público como consecuencia del referido discurso. Una vez notificada de la averiguación, se abre un lapso para que la línea entregue sus argumentos en descargo. En vista del fondo político de este caso, las sanciones podrían ser severas.

-El instituto autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía activó un nuevo sistema de escaneo corporal no intrusivo para los pasajeros que salen por el terminal internacional. La tecnología supuestamente es capaz de detectar la presencia de “materiales peligrosos”. Fue instalada en la misma área donde revisan los equipajes de mano, justo antes de las taquillas de la policía migratoria. El problema con esto es que ya el referido instituto dispone desde 2013 de tres módulos para llevar a cabo las mismas tareas. Fueron donados por la Unión Europea, como parte de un plan de fortalecimiento de los servicios antidrogas en el principal terminal aéreo del país. Los aparatos costaron 135.000 euros, y nunca los pusieron a funcionar. Ahora, compraron otros para hacer lo mismo.

-El video que acompaña a esta breve nota muestra la llegada al aeropuerto de Maiquetía del carguero Antonov 124 siglas AH-124-100 de la Fuerza Aérea Rusa, a las 13:40 horas del sábado 23 de marzo. Según fuentes militares, este jet venía de Rusia con 35 toneladas de materiales diversos, para respaldar desde el punto de vista logístico la permanencia en Venezuela de una delegación militar que había llegado momentos antes en un Ilyushin 62M, siglas RA-86496, encabezada por el mayor general Vasilly Tonkoshkurov, quien técnicamente es jefe del comando principal de las fuerzas terrestres rusas. Con él llegaron otros 99 uniformados. Fueron recibidos por la vicealmirante Marianny Mata Quijada, directora de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales del ministerio de la Defensa, y por el general de división (Ejército) Edgar Alfonso Colina Reyes, quien desde 2018 se desempeña como director conjunto de las fuerzas de acciones especiales en el Comando Estratégico Operacional de la FAN. La presencia de Colina es indicativa del propósito que tendría la visita de este contingente foráneo. Una parte de la delegación rusa pernoctó el sábado en instalaciones diplomáticas rusas, mientras que la mayoría lo hizo en el Círculo Militar, adonde llegaron a eso de las 5 pm en tres busetas fuertemente escoltadas. Esto evidencia que los militares probablemente permanecerán en la capital, en contacto con sus pares de las fuerzas especiales de los distintos componentes de la FAN y de la Policía Nacional. En diciembre de 2018, Tonkoshkurov y el comandante del Ceofanb, almirante en jefe Remigio Ceballos, se reunieron en Caracas con la aparente intención de programar un conjunto de actividades que incrementarían el “apresto operacional” de las fuerzas militares venezolanas. En el contexto actual, sin embargo, la visita de la delegación rusa ofrece una lectura distinta: la de un respaldo extranjero a una de las partes del conflicto político que vive Venezuela.

Libros

La corrupción se ha convertido en un mal endémico en las sociedades latinoamericanas de frágil institucionalidad y con gobernantes de “baja responsabilidad”, según la caracterización hecha alguna vez por el profesor Bayardo Ramírez. Aquí y allá hemos visto casos en los que las ilegalidades compartidas entre empresas y gobiernos en la búsqueda de un beneficio económico han llegado a la prensa, y más de una vez han puesto en duda la continuidad de los gobiernos. En el siglo XXI, sin embargo, hemos visto cómo una sola empresa transnacional con sede en Brasil se transformó en el eje de escandalosas historias, que han impulsado denuncias y enjuiciamientos en Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos y Brasil. En su obra Odebrecht, la historia completa (Bogotá, 2018), el periodista Jorge González cuenta importantes detalles sobre los procesos judiciales suscitados por las prácticas de esta constructora en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Huelga decir que esta corporación, con el pasar del tiempo, se convirtió en una auténtica transnacional del delito organizado, que incluso llegó a incorporar en su organigrama un despacho para la tramitación de coimas con los distintos gobiernos. Le decían el departamento o la división de Operaciones Estructuradas. Aunque se trata de una ambiciosa investigación periodística, el propio autor llega a reconocer que a esta historia todavía le falta quizá uno de sus capítulos más importantes: Venezuela. Allí, según sus propias palabras, “no existe investigación alguna pese a que el Superintendente de la multinacional allí, Euzenando Azevedo, dijo haberle entregado 35 millones de dólares al presidente Nicolás Maduro para que Odebrecht siguiera a cargo de megaproyectos de infraestructura sin competidores a la vista”. A pesar de este vacío, vale la pena leer con atención este libro, pues allí encontraremos importantes claves para comprender, algún día, lo que pasó en tierras venezolanas.