En el corazón de la zona de paz

Crímenes sin castigo | 12 de marzo de 2017

Criminalidad

Los habitantes de Cumbo son sobrevivientes de tres años de asedio de las bandas que crecieron allí a la sombra de un programa del MRI. Ahora, el Gobierno ejecuta la operación Orión para erigirse en salvador del daño que ocasionó

@javiermayorca

Para llegar a Cumbo se puede tomar dos vías. La primera es la Troncal 9. A 15 minutos de eludir huecos desde Caucagua hacia oriente encontrará a mano izquierda un cruce que solo conocen los lugareños. No hay letrero ni luces. El asfalto se lo traga la selva.

La otra posibilidad es ir hasta San José de Rio Chico por la autopista. Desde allí hay una carretera que también conecta con esa población, tras un recorrido de unos 10 minutos. Nunca lo hicimos.

“Es demasiado peligroso. Las bandas ponen alcabalas allí”, advirtió Miguel, un ingeniero que trata de rescatar lo poco que queda de Cumbo, haciendo trabajos de “promotor social”.

Gracias a su advertencia, un traslado que no debía durar más de un cuarto de hora se prolongó por tres cuartos de hora por razones de seguridad.

Uno no se adentra en una zona de paz sin guía.

Al aproximarse al pueblo se pueden ver algunas de las viviendas abandonadas debido al asedio de las bandas.

La siguiente advertencia de Miguel también se cumplió: a la izquierda del camino, agazapados, estaban cinco sargentos de la Guardia Nacional, enviados a propósito de la operación Orión, la misma que en noviembre de 2016 ocasionó la muerte de doce personas en el sector El Café.

Uno de los uniformados se colocó adelante del carro, e impidió el paso. El otro, del lado del piloto. Los AK103 listos para disparar. Preguntó hacia dónde íbamos, y al escuchar la respuesta repreguntó dónde quedaba ese lugar, para pescar cualquier mentira.

Una vez adentro, la desolación. La sensación de abandono se acrecentó debido a que el pueblo tenía más de quince horas sin energía eléctrica.

En Cumbo es poco lo que queda en pie. Incluso la iglesia cerró en diciembre. Solo abre los fines de semana, cuando los lugareños traen en sus vehículos particulares al párroco de San José. El cura que laboraba allí pidió transferencia.

En Cumbo, hasta la iglesia cerró

De las instituciones públicas solo se mantienen la Casa del Pueblo y la unidad educativa Coto Paúl, ambas a cargo de la Gobernación. El ambulatorio es un cascarón vacío. Los pacientes deben ir a San José de Río Chico para recibir atención médica.

De la iniciativa privada solo queda una chocolatera, cuyo producto por cierto es muy bueno. Este local podría confundirse con cualquier casa del poblado. No tiene avisos ni publicidad, aunque todos allí saben dónde queda. También hay una venta ambulante de lotería. El resto de los comerciantes huyó de la criminalidad: el panadero, el del cyber, el de la lunchería…

Esa es la consecuencia de tres años en el corazón de una “zona de paz”.

El jefe local de PoliMiranda, comisionado Alberto Rojas, dijo que desde 2014 hasta ahora los descuartizamientos y decapitaciones se han vuelto frecuentes.

“Hay lugares aquí en los que para meternos necesitamos apoyo de otros cuerpos. No se puede ir solo”, confesó Rojas.

En ese confín de Barlovento parecieran no haberse enterado de la declaración del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol, en el sentido de que las zonas de paz ya no existían.

El municipio Andrés Bello, donde está Cumbo, tuvo en 2016 la tasa de homicidios más alta de Miranda, 298 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos aportados por el director de la policía estatal, comisario general Elisio Guzmán. Esta cifra incluye las muertes ocasionadas por supuestos enfrentamientos con policías o militares. El municipio que le sigue, Acevedo, tuvo 208 muertes por cada 100.000 habitantes, y colinda con esta población.

Los guardias apostados en una entrada del pueblo tienen poco conocimiento del lugar, pues llegaron de oriente y rara vez hacen patrullaje. Las bandas generalmente operan en el lado opuesto del sector, donde está la vía que conecta directamente con San José.

Los uniformados, sin embargo, permiten cierto respiro a una población que ha mermado 10% debido a las muertes violentas o a las migraciones forzadas, según datos aportados por un representante de la Casa del Pueblo que pidió la reserva de su nombre.

“Aquí, a las 6 pm, no podíamos salir de las casas”, recordó.

El dominio de las bandas sobre este lugar era tal que a finales de 2015 el personal de la unidad educativa tuvo que permanecer en esa instalación una semana, indicó el director de Educación de Miranda Juan Maragall.

La sospecha es que, apenas ordenen la reubicación de los militares desde Caracas, las bandas saldrán de nuevo a ajustar las cuentas pendientes.

Breves

Las máscaras solo protegen el nombre

*Profundo impacto en la opinión pública ocasionó el uso de “máscaras tácticas” por parte de los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional que participaron en la Operación de Liberación Humanista del Pueblo llevada a cabo el viernes en la calle 17 de El Valle y alrededores. Fue tal la impresión que la mayoría de los comentarios se centró en el aspecto cadavérico de los implementos, y no en el hecho de que durante la acción policial/militar hubo 9 muertos y más de 50 detenciones. También pasó desapercibido que el objetivo de esta redada masiva o “saturación” era la captura o “neutralización” de Carlos Luis Revette, alias Coqui. Este fue el propósito de la primera OLP, en julio de 2015 en la Cota 905, y de otras cuatro movilizaciones posteriores. En todas, los cuerpos policiales han fracasado, aunque luego exhiban partes de muertes y detenciones. En cuanto a las máscaras se han pronunciado tanto la organización de derechos humanos Provea como el diputado Ricardo Sánchez. La primera para cuestionar su utilización y el parlamentario para defenderla. Sánchez aseguró en una declaración distribuida por redes de mensajería el sábado 11 de marzo que este uso obedece a “estándares internacionales”. En realidad, el estándar internacional de las acciones policiales y de las militares en funciones de seguridad ciudadana apunta hacia la dirección contraria. Sánchez debería saber esto, pues ha participado activamente en las comisiones que intentan una reforma de la Policía Nacional. Las “máscaras tácticas”, tal y como fueron apreciadas en las fotos, no proporcionan protección balística. Los modelos exhibidos (skull tactical mask) son utilizados primordialmente en prácticas de Paintball. Los fabrican en China y los venden por e-bay con precios que van desde los 9 dólares hasta los 20 dólares, dependiendo de si llevan bufanda u otros aditivos. Por lo tanto, solo sirven en estas operaciones policiales para encubrir o impedir la correcta identificación de los funcionarios. Por otra parte, podrían ser consideradas como ilegales, desde luego, por tribunales independientes que analicen los enmascaramientos a la luz del artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que establece un principio fundamental de identificación permanente de los funcionarios, que solo tiene excepción en operaciones encubiertas y de inteligencia policial. Y las OLHP son todo lo contrario. Son redadas masivas. La participación de “policías sin rostro” o militares en la misma condición (supuestos integrantes de la unidad Delta de la DGCIM) es en realidad una forma más de ocultar las identidades de los participantes y dificultar por ende cualquier investigación posterior sobre violación a derechos fundamentales. En 2009 hubo en Inglaterra un fuerte debate ante el caso de un agente policial que se negó a identificarse plenamente durante un procedimiento. Ante esto el criterio del jefe de la Policía Metropolitana de Londres fue claro: “Los policías (…) deben llevar sus placas en todo momento”. Ese es el estándar internacional.

Arduo trabajo falta en la PGV

*Luego de un prolongado silencio, el Ministerio Público precisó que han encontrado catorce osamentas enterradas en fosas en la caballeriza de la antigua Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros. Cinco de los cadáveres carecían de cabeza, es decir, estaban decapitados. Los rumores divulgados a través de redes sociales y sistemas de mensajería hablaban de cientos de personas presuntamente ultimadas y enterradas allí. Pero el trabajo forense hasta el momento indica una cifra mucho menor, aunque no por eso carente de gravedad. La versión inicial aportada por la ministra de Servicio Penitenciario Maria Iris Varela indica que las osamentas fueron encontradas cuando removían la antigua instalación. Como se sabe, la PGV fue desalojada en octubre de 2016, luego de una cadena de hechos en la que incluso se determinó que el pram de los internos, Franklin Hernández, había adquirido un lote de 86 granadas vendido por militares del Ejército. Uno de tales explosivos fue lanzado contra individuos que supuestamente querían desafiar la autoridad de alias Masacre. Las experticias determinarán si los cadáveres hallados en los escombros de la antigua prisión fueron de este hecho u otros. Este trabajo no es sencillo. Involucra a muchas personas, y por lo tanto es difícil de ocultar. Al momento de escribir esta nota, la Fiscalía recaba datos sobre personas desaparecidas en Guárico, así como registros dentales, radiografías o informes sobre otras características que permitan la correcta identificación de los restos. Esta historia seguramente tendrá continuación.

*El ministerio de la Defensa intenta poner orden en la utilización de las unidades élite o fuerzas especiales de la FAN. Un radiograma distribuido en una zona operativa de defensa integral de la región andina establece que tales grupos no podrán ser incorporados a ninguna actividad si no se cuenta con la aprobación directa del Comando Estratégico Operacional de la FAN, en la actualidad bajo el mando del general en jefe Vladimir Padrino, o en su defecto del jefe de Estado Mayor de esa misma instancia. El documento indica que se trata de unidades de carácter “estratégico militar”, que sólo pueden aparecer para “neutralizar objetivos sensibles y neurálgicos, que atenten contra la seguridad y la soberanía de la nación”. Por lo tanto, el empleo de las fuerzas especiales para participar en desfiles, festines o paradas no podrá hacerse sin contar con la aprobación expresa del Ceofanb. De esta forma se evitará mostrar a posibles fuerzas enemigas cuáles son las verdaderas capacidades de los grupos élite de la institución militar.

*Interpol emitió una orden de búsqueda y captura internacional contra un colombiano nacionalizado venezolano, que supuestamente huyó de Curazao cuando se determinó su participación en el traslado al aeropuerto internacional de esa isla de 429 kilos de cocaína, que serían embarcados en la bodega de un jet de matrícula estadounidense. El alijo fue detectado el 22 de octubre por las autoridades curazoleñas, cuando circulaba en el vehículo de carga por la plataforma del Jet Center. El hombre de 53 años de edad también habría participado en la adquisición del vehículo. Se cree que huyó por vía marítima hasta las costas de Falcón.

*La Fuerza Armada Nacional adelanta una operación para la vigilancia del proceso de renovación de los partidos políticos. Luego de recibir una solicitud del Poder Electoral, el Ceofanb ordenó la utilización de unidades de la GN y de otros componentes para evitar posibles saboteos a este proceso, que se desarrollará por diez fines de semana consecutivos, entre los meses de febrero y abril. En concreto, de acuerdo con fuentes militares, se trata de “prestar apoyo de seguridad, vigilancia y custodia al CNE” y a las personas que deseen manifestar su adhesión a alguna tolda política. También el “orden, custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos electorales”. En esta ocasión, las jornadas de renovación comienzarán a las 8 am y finalizarán a las 4 pm, sin prórroga posible. Una vez terminada la actividad “se procederá a la desinstalación de la máquina de registro y su repliegue hasta el comando de la unidad militar responsable de cada punto de registro, donde permanecerá en custodia (…) hasta la semana siguiente”.

*La división contra Delitos Financieros de la policía judicial continúa una investigación relativa a un supuesto desfalco contra la empresa Oceánica de Seguros. La pesquisa, iniciada hace más de cinco meses, ha permitido la detención de tres personas (una de ellas mujer) y la identificación de otras doce, que supuestamente pertenecen a una red con ramificaciones en Nueva Esparta, Anzoátegui, Amazonas, Monagas, Carabobo, Aragua y Distrito Capital. La última detención se produjo el lunes 6 de marzo en el distribuidor Montesano de la autopista a La Guaira. Los sujetos captan a sus víctimas a través de mensajes de phishing que conducen a un portal web falso de un banco, o también a través de invitaciones por redes sociales. En ambas modalidades, la intención es apoderarse de la información sobre las cuentas bancarias de la víctima. Posteriormente, contratan a personas para que compren en locales pequeños productos tales como teléfonos celulares o tabletas, que luego pueden revender en portales web. Los pagos por estos aparatos son hechos mediante transferencias contra las cuentas de las víctimas. Según la pesquisa, las transacciones se concretan entre las 4 pm y las 6 pm, y los pagos no van directamente a las cuentas de los comercios sino a las de los propietarios, con lo que también existiría una posible evasión fiscal. El procedimiento en Montesano fue contra un mensajero motorizado que regresaba de una tienda en La Guaira con varios aparatos celulares recién adquiridos.