Los caminos abiertos, las bocas cerradas

Crímenes sin castigo | 21 de febrero de 2016

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La circular enviada a unidades militares venezolanas para prohibir la divulgación de los procedimientos que impliquen a profesionales de armas en delitos, principalmente los de drogas, solo intenta proteger a quienes están cercanos al poder

@javiermayorca

En lo que va de año hemos conocido cuatro informaciones que vinculan en el tráfico de drogas a militares activos de distintos grados y componentes de la Fuerza Armada Nacional.

La noticia que más sorpresa ha causado involucra al mayor del Ejército Juan José Sorja, un oficial de 40 años de edad detenido el viernes 12 de febrero en la tarde por efectivos de la Guardia Nacional cuando se detectó un alijo de más de media tonelada de cocaína, oculto en un camión militar Steyr.

Sorja iba acompañado por seis personas vestidas con uniforme de faena verde oliva, algunas de ellas en el compartimiento de carga del vehículo. Por eso se pensó que también eran militares. Luego se constató que eran los civiles Ismael Suárez, de 32 años de edad, Henry Méndez y Ramón Ostos, ambos de 30 años; Franklin Urbina, de 29 años; Michael Nieto, de 25 años y Miguel Pedroza de 23 años.

Sorja es un oficial técnico adscrito a la 93 brigada de caballería motorizada GJ José Antonio Páez, asentada en Barinas. Fue allí precisamente donde ascendió gracias a su trabajo como enfermero y asistente de la familia del finado presidente Hugo Chávez, que en esa región detentó la gobernación durante tres períodos consecutivos.

El alijo detectado: inteligencia humana o electrónica

La droga presumiblemente fue cargada en Táchira e iba a ser llevada hacia el sur del Lago de Maracaibo. Hay informes de la GN que alertan sobre el incremento de los vuelos sospechosos que parten desde fincas ubicadas en ese sector. No obstante, también es posible que Sorja intentara aprovecharse de su investidura y relaciones para llegar con la carga hasta el centro del país. Recordemos que una ruta parecida fue recorrida por otros efectivos del Ejército en noviembre de 2005, cuando fueron detenidos en Lara con 2000 panelas de cocaína. Por este caso fue detenido el entonces teniente coronel del Ejército Pedro Maggino Belicchi.

Las rutas que siguen los cargamentos de drogas son importantes, no tanto por lo que representan como trayectos geográficos sino por los nudos de complicidades que se debe tejer para asegurarse que la carga llegará a destino. Durante la averiguación sobre el caso Maggino se recogió una frase muy significativa en el teléfono celular de uno de los transportistas, sargento del Ejército: “(…) los caminos están abiertos. No se desespere”.

En el caso de Sorja, es claro además que no era la primera vez que recorría estos derroteros. Media tonelada de alcaloide no se entrega para ver qué pasa, se entrega cuando ya estás seguro de que vas a “coronar”.

Llama la atención que para constatar la presencia de las panelas fuese necesario remover el piso del compartimiento de carga del camión. Es decir, la carga no estaba a simple vista, y por las gráficas disponibles tampoco fueron usados perros detectores de drogas para ubicarla. Simplemente, los guardias levantaron con palancas la plataforma, y allí estaban. Fue, claramente, un hallazgo producto de una información previa. ¿Inteligencia electrónica o un “patriota cooperante”? Esa es la pregunta que deben hacerse actualmente los que junto a Sorja coordinaron este envío. Aún en el desorden que se vive actualmente dentro de los cuerpos armados del país, es virtualmente imposible que un oficial abandone su unidad de adscripción y disponga de un camión militar sin contar con una tapadera que le permita ausentarse sin levantar sospechas.

El segundo caso también involucra a un oficial técnico, es decir, surgido de las filas de lo que anteriormente se conocía como suboficiales profesionales de carrera. Se trata de Yorjan José Ojeda Páez, primer teniente del Ejército adscrito a la Estación Meteorológica de Inteligencia de Varilla Blanca, en la Guajira. Este despacho pertenece al Comando Estratégico Operacional de la FAN. El viernes 13 a las 4:30 am lo apresaron en el punto de control Punta de Piedras cuando manejaba una pick up Toyota Hylux con logo del Ceofanb, placas 5000521. En la batea de la camioneta llevaba 255 kilos de marihuana y otros 10 de cocaína. Mientras que Sorja había partido de Táchira, este presumiblemente lo hizo desde la Guajira.

Dos rutas distintas, recorridas por efectivos del mismo componente militar, apresados por funcionarios de otra fuerza en menos de 24 horas. Algo se está moviendo en el interior de la institución militar.

En enero supimos que se ordenó el pase a juicio de cinco oficiales de la Aviación, entre ellos el coronel Rafael Ponce y el mayor Fernando Silva. En el grupo hay efectivos adscritos a la torre de control del aeropuerto Las Flecheras de Apure y a la bases aéreas Sucre y Libertador de Maracay. En este caso, según el Ministerio Público, también está implicado un general. Todos ellos supuestamente recibían sumas periódicas de dinero en dólares para permitir el paso de vuelos ilícitos por el país. Como se sabe, los trabajos de detección e intercepción de estos vuelos fueron asignados en su totalidad al comando de Defensa Aérea, por lo que la corrupción en este caso afecta directamente a sus efectivos. El expediente fue instruido por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Llama la atención la simultaneidad de este proceso con los llevados a cabo en Colombia y EEUU contra pilotos neogranadinos que usaban pistas clandestinas de Apure para trasladar drogas. Los más notables son Gersaín Viáfara y Jorge Enrique Pérez, este último propietario de la línea West Caribbean, de triste recuerdo en el país por la tragedia de Machiques.

Todo esto configura un panorama preocupante de incorporación de militares de diversos rangos al tráfico de drogas. Pero no como una estructura orgánica sino más bien como grupos en pugna por el control de los distintos espacios del país.

Por si fuera poco, esta semana se detectó en Machiques un complejo de laboratorios para la conversión de pasta base de cocaína en clorhidrato de cocaína, muy cercano al sembradío de ocho hectáreas de arbustos de coca, lo que sugiere la integración completa de la industria de todo el proceso de producción del alcaloide en el país. Había además 8,3 toneladas de pasta base, listas para su transformación. Este dato no puede pasar inadvertido, tomando en consideración las consecuencias políticas, sociales, económicas y ecológicas que tiene esta actividad.

La zona donde esto sucede está calificada como Area Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae). Por lo tanto, su control compete estrictamente a la FAN. Mucho más en un esquema de garantías constitucionales suspendidas, como ocurre en la actualidad.

Ante el involucramiento cada vez más profundo de los militares en las drogas, la reacción no ha sido facilitar la supervisión externa (no sólo jurisdiccional) e incrementar la transparencia. Ya las actividades antidrogas en el país tienen por lo menos cinco años de creciente opacidad, además de once años de aislamiento internacional. Cuando se creía que los casos de Zulia y Mérida podrían servir como revulsivos, la reacción ha sido ordenar mayor secretismo. El mandato para los militares transmitido el 17 de febrero es “manejar con sigilo y cautela los procedimientos donde se vean involucrados funcionarios de la Fuerza Armada Nacional”. Nada de propiciar el conocimiento público de los expedientes. Ahora, estas informaciones serán tratadas “directamente por la Inspectoría y la dirección de Inteligencia de cada componente”, así como por el comando de las regiones de defensa integral. “Se deberá evitar la difusión o publicación en redes sociales y cualquier otro medio de imágenes y datos personales de los involucrados”, reza el texto divulgado en unidades castrenses.

Todo con el pretexto del “correcto desarrollo del debido proceso”. Sabemos sin embargo que la verdadera razón es otra: ocultar y en última instancia exculpar a los que estén a la sombra del poder.

Breves

Penn y el Chapo,versión Rolling Stone

*La información publicada por el rotativo español ABC, según la cual la entrevista entre el actor Sean Penn y el líder del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, tuvo una reunión preparatoria en la isla de Margarita, no pasó inadvertida para las autoridades. En Venezuela se hicieron indagatorias para determinar la veracidad de la nota, publicada el 11 de enero, cuando Guzmán Loera ya había sido recapturado. La pesquisa se orientó a determinar la posible presencia en el país del artista, ante la nula probabilidad de que un hijo de traficante de drogas más buscado del mundo haya viajado usando los mecanismos habituales para cualquier turista. Pero en los registros del Saime no se encontraron evidencias sobre la entrada de Penn en fechas inmediatamente previas a octubre de 2015, cuando supuestamente se llevó a cabo el encuentro entre él, Guzmán y la actriz Kate del Castillo en rol de traductora. Lo curioso es que tampoco se encontró registro de la entrada del protagonista de Rio Místico en marzo de 2013, con motivo del funeral de Hugo Chávez. En esa oportunidad, su presencia en el país fue pública y notoria. Así las cosas, aunque luce poco probable que la referida reunión con un hijo del Chapo se haya efectuado en Margarita, aún queda un margen de duda.

*No cabe duda que la institución castrense en este momento es un hervidero. Las noticias que llegan son preocupantes. Las medidas económicas anunciadas por Maduro el miércoles 17 de febrero no tranquilizaron la situación. Todo lo contrario. El presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos habla públicamente sobre la existencia de tres grupos en la FAN. Antes se sabía sobre los institucionales, los chavistas y los ni-ni. A partir de las elecciones del 6 de diciembre, los de la primera facción (que antes pasaban agachados debido a la persecución contra todo lo que no fuera revolucionario) ahora se expresan con más soltura. El mensaje del diputado Diosdado Cabello en el sentido de que Maduro no renunciará fue dirigido a dos grandes sectores: los opositores como Maria Corina Machado que vienen sosteniendo que esa sería la salida menos traumática para el país, y un creciente conglomerado de militares, activos y con comando de tropas, preocupados por la posibilidad de un estallido social de consecuencias impredecibles. En la semana en que Maduro anunció sus medidas no sólo hubo saqueos en Ciudad Piar. Hubo por lo menos otros tres episodios de apoderamiento de mercancías en tránsito o conatos de arremetida contra locales en el interior del país. Las medidas tomadas por el régimen, como por ejemplo homologar los sueldos de los oficiales técnicos con los del resto de la oficialidad, ya no surten el mismo efecto tranquilizador en las filas militares. En Fuerte Tiuna y La Carlota riegan panfletos exhortando a los profesionales de armas a no oponerse al cambio de régimen. Todo indica que con el pasar de los días las presiones sobre el Ejecutivo desde este sector se incrementarán.

*El diputado Carlos Berrizbeitia, quien preside la comisión parlamentaria designada para investigar la última designación de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, se inclina por una reforma a la ley que regula el funcionamiento del máximo juzgado del país para alterar favorablemente la correlación de fuerzas en esa instancia. Al intervenir en un evento organizado por la fundación Juan Germán Roscio, el parlamentario sugirió que la vía más expedita para afrontar este problema sería incrementar el número de magistrados al menos en la Sala Constitucional, de manera que el oficialismo pierda la mayoría que actualmente detenta. Esta alternativa aparentemente tiene mayor consenso entre los diputados de la subcomisión que la de declarar nulos los nombramientos y convocar a un nuevo proceso de postulaciones. En este escenario, el máximo tribunal del país quedaría momentáneamente en poder de los anteriores jueces, también afectos al oficialismo. El problema es político, pero tiene profundas implicaciones legales y morales. La mayoría opositora podría ceder a la tentación de incurrir en los mismos vicios que la han llevado a denunciar las designaciones express de magistrados. Una vez reformada la Ley Orgánica del TSJ, cosa relativamente sencilla, se iniciaría un proceso para la designación de los nuevos jueces. Esto podría tardar aproximadamente dos meses, si se desea guardar las formas. Pero ese tiempo podría ser aprovechado por el oficialismo para declarar la nulidad de la reforma legal. El juego parece trancado.

*Más de 50000 presos permanecen actualmente en los internados judiciales, penitenciarías y colonias agrícolas del país, según el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado. El abogado indica que en el territorio nacional hay 34 instituciones de este tipo más los anexos femeninos, y que en ningún momento la cuenta llega a las 66 señaladas por la ministra para Servicio Penitenciario, Maria Iris Varela. El 64% de la población de esas instalaciones aún no ha sido sentenciado. Prado recordó haber participado en el grupo que elaboró el artículo 272 de la Constitución, según el cual los establecimientos penitenciarios “se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”. Indicó que el Código Orgánico Penitenciario, redactado bajo la tutela del gobierno central, hizo que esta disposición imperativa de la Carta Magna se transformara en una mera posibilidad. Exhortó a la nueva mayoría del Parlamento a revisar esta situación.

*Un interesante conversatorio se llevó a cabo el sábado 13 de febrero en la sede de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. El título no podía ser más sugerente: “Marihuana: ¿Legal o ilegal? ¿Adicción o recreación? Los panelistas fueron el abogado Fernando Fernández (vía telefónica) y los psiquiatras María Daniela Abreu y Sabas Castillo. La primera tratante de farmacodependientes y su colega especializado en psiquiatría infantil. Fernández hizo un repaso sobre las distintas posiciones que hay respecto al tema, pero desde una perspectiva conservadora. Expresó que la despenalización total del consumo del cannnabis en Venezuela “sería una cuestión caótica”, e indicó que prefiere esperar los resultados de las experiencias de Uruguay, Holanda y Colorado (EEUU) para emitir una opinión. Abreu y Castillo, en cambio, reconocieron la existencia de una situación de hecho en el país, en la que el consumo de ciertas drogas (actualmente ilegales) está normalizado en determinados ámbitos y grupos de edad. Además indicaron la necesidad de investigar a fondo el tema. Castillo refutó la creencia de que toda persona es “adictible”, es decir, que todos pueden caer en dependencia de una determinada droga. “Hay fallas que hacen que una persona se quede pegada (a las drogas)”, afirmó. Esos factores se relacionan con problemas de personalidad, deterioro cognitivo y susceptibilidad genética, entre otros. Abreu reconoció que algunos pacientes han tenido episodios sicóticos luego del consumo de marihuana, pero sostuvo que lo más probable es que esas personas tuviesen una condición previa que los hacía especialmente susceptibles a los componentes de esta droga. Dijo además que no se ha constatado la existencia de un vínculo directo entre el uso de esta droga y conductas agresivas o criminalidad. Ambos psiquiatras enfatizaron en la necesidad de trazar políticas públicas que refuercen los controles al consumo de drogas desde la familia.