Actitudes de peligro

Crímenes sin castigo | 14 de febrero de 2015

Criminalidad

*La militarización del control de las manifestaciones y reuniones públicas representa un riesgo para la población. Los uniformados actuarán basados en apreciaciones, no sobre hechos

@javiermayorca

El 23 de enero, el Ministerio de la Defensa emitió una resolución con las normas de actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. Fue publicada en Gaceta Oficial cuatro días después. La firma el general en jefe del Ejército Vladimir Padrino.

Todos los venezolanos deberían empaparse del contenido de esta resolución, identificada con el número 8610, pues pretende regular desde una perspectiva militarista el derecho de todo venezolano a manifestar públicamente su disenso hacia las decisiones del Ejecutivo. Incluso, como reza el título de la norma, también afecta el derecho de participar en reuniones públicas.

En términos generales, el texto es una expresión más de la llamada «deriva autoritaria» del régimen, un nuevo indicio de la intención de acallar la protesta, utilizando para ello exclusivamente las fuerzas militares.

En este espacio se pondrán de relieve solamente algunos aspectos que llaman poderosamente la atención:

-Se militariza el control del orden público. En Venezuela el uso de las fuerzas armadas tradicionalmente fue visto como el último recurso para la contención de las manifestaciones. Antes de 1999 ya se reivindicaba el principio de progresividad en el uso de la fuerza. Esto implicaba entre otras cosas que las protestas convertidas en desórdenes eran contenidas en primer término por unidades especializadas de los cuerpos civiles. Si no lograban su cometido salía la Guardia Nacional. Y si el desorden adquiría proporciones de revuelta popular se enviaba al Ejército. Para que eso ocurriera tenía que mediar una orden del ministro de la Defensa. Este principio estaba plasmado en el Reglamento de Servicio en Guarnición. La resolución 8610 prefigura escenarios en los que los militares de todos los componentes (incluida la Milicia) salen directamente a resguardar las manifestaciones, sin tomar en cuenta la necesidad de una coordinación con las policías civiles. Estas instituciones solo son mencionadas de manera marginal.

En esta militarización además se le resta peso específico a la GN como fuerza cuya atribución constitucional es mantener el «orden interno». Este componente posee unidades especializadas y entrenadas para tal fin. Aún asi, hay en ella elementos de tropa que constantemente incurren en excesos y que se permiten expresar a través de las redes sociales su desprecio por los que disienten del régimen,convirtiéndose asi en un factor más del conflicto. Si eso ocurre en la GNB, cabría preguntarse cómo será la situación en las otras fuerzas que carecen de tradición en esta actividad.

-La valoración subjetiva como detonante. El artículo 15 establece que antes de entrar en acción los militares evaluarán factores como el número de manifestantes y su «actitud», es decir la disposición mostrada por quienes participan en protestas y no su conducta concreta. En un esquema de alta polarización como el vivido en Venezuela es de esperarse que la actitud de las personas que protestan no sea la más amigable, y que la percepción de los militares esté condicionada por el clima de opinión existente en los cuarteles.

Así aplacó GN a manifestantes en 2014

-Uso de armas de fuego y sustancias químicas. Visto lo anterior, es aún más preocupante el hecho de que la resolución contemple abiertamente la posibilidad de utilizar armas de fuego y sustancias o agentes químicos contra los manifestantes. Los escenarios que se abren con esto son múltiples. Todos muy peligrosos. Además, esto va directamente contra la letra de la Constitución. A estas alturas, no sabemos si eso realmente importa.

-¿Cuándo será oportuno? El uso de la fuerza tradicionalmente está regido por principios de progresividad, proporcionalidad y oportunidad. Este último es importante para evaluar el accionar de las autoridades. En esencia restringe la acción de los cuerpos de seguridad a un momento específico, después del cual ya no es necesaria e incluso puede ser ilegal. En cuestiones de orden público, si la persona ha depuesto su conducta violenta no puede continuar siendo perseguida, a menos que haya un delito en flagrancia. Este aspecto de la oportunidad no está bien delimitado en la norma. Por lo tanto, se deja al criterio de los militares actuantes.

A partir de febrero de 2014 el país presenció numerosos excesos por parte de los militares que actuaron en la contención de las protestas. Desde uniformados enganchados en riñas contra manifestantes indefensos hasta el uso de mecanismos de coacción sicológica contra sectores urbanos enteros. A este respecto, la experiencia en Chacao fue aleccionadora. La norma lanzada por el general Padrino para nada contribuye a delimitar el poder de los militares, cada vez más inmiscuidos en la conculcación de los derechos de la sociedad civil.

Breves

*El estado Nueva Esparta vive una crisis de criminalidad. En el hotel Villa Maloka de Guacuco una banda de aproximadamente 10 personas sometió a los participantes de la celebración prematrimonial de un diplomático venezolano destacado en Polonia y de su prometida, una austríaca, así como a otros turistas que estaban en esa instalación, el 9 de febrero. Hubo por lo menos 30 víctimas. A algunas las golpearon y las obligaron a ingerir gasolina. Hasta ahora han sido apresadas dos personas, una de ellas de 17 años de edad. El 20 de diciembre el ex jugador de la NBA Carl Herrera fue herido por el disparo de un asaltante cuando se encontraba en un restaurant de Playa El Agua. Los atacantes tenían plena conciencia de que estaban ante el afamado deportista. En enero la Guardia Nacional elaboró un informe en el que advierten que en la isla operan 52 bandas delictivas. En el municipio Tubores fueron identificados 5 grupos. Igual número en Maneiro y Marcano. En Gómez hay otras tres, mientras que en Macanao, Villalba y Arismendi hay seis. En García hay ocho bandas, nueve en Díaz y,finalmente, en Mariño fueron detectados 23 grupos delictivos.

*El general de brigada retirado de la Guardia Nacional Orlando Hernández Villegas solicitó una réplica a propósito de la publicación del trabajo Mitos y realidades del cartel de los soles, inicialmente divulgado a en la revista Simón Bolívar Analytic y recientemente reproducido en el portal www.runrun.es. El documento recuerda que el oficial fue enjuiciado en el expediente sobre la denominada Operación Norte, que también involucró a su predecesor en el Comando Antidrogas de la GN, general de brigada Ramón Guillén Dávila, ya fallecido. Hernández sostuvo que él nunca fue señalado por tráfico de drogas sino por simulación de hecho punible. Recordó que debido a varias operaciones llevadas a cabo con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) a principios de la década de los noventas quedó almacenado en el despacho militar, ubicado entonces en Colinas de Las Acacias, un alijo de aproximadamente 600 kilos de cocaína. Hernández llegó a la conclusión de que esa droga no podía ser enviada al exterior en nuevas “entregas controladas”, debido a la crisis desatada con la pesquisa contra Guillén Dávila. Decidió por lo tanto simular una incautación. El alijo, efectivamente, fue colocado sobre un camión estaca junto a una carga de tomates, y abandonado en Anare.

*La defección y posible incorporación como testigo del Departamento de Justicia de EEUU del capitán de corbeta Leamsy Salazar debe ser tomada con cautela. Hasta ahora, solo se conoce un reporte del diario español ABC que refiere este hecho, en el que hay señalamientos de mucha gravedad que involucran al actual presidente del Parlamento, capitán Diosdado Cabello y a uno de los hijos del difundo expresidente Hugo Chávez en tráfico de drogas. Pero no se aportan mayores indicios que permitan corroborar estas informaciones. La secuencia de hechos indica que Salazar planificó su salida del país a propósito de su luna de miel en segundas nupcias. De manera que no sería sino hasta mediados de enero cuando él pudo iniciar sus conversaciones formales con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Esto implica que Salazar debió ser sometido a extensos interrogatorios, e incluso pruebas de polígrafo, para determinar la veracidad de sus afirmaciones. El proceso, entonces, apenas comienza. Aún así, será cuesta arriba corroborar la existencia del llamado Cartel de los Soles. Como teoría conspirativa, desde luego, suena muy bien.

*CICPC está padeciendo las consecuencias de años de deterioro, propiciado desde los más altos

Los supervisores de CICPC exigen supervisión

niveles. La policía que hace tiempo era ejemplo de eficiencia fue mermando sus capacidades hasta convertirse en lo que hoy es. Los resultados están a la vista, en los índices de impunidad (92% en homicidios) y en la enorme desconfianza que suscitan sus funcionarios. Todos los días nos enteramos de un caso, más vergonzoso que el anterior: los agentes que tenían a un comerciante secuestrado en la subdelegación de El Valle, la extorsión de investigadores de homicidios en Yaracuy, los funcionarios detenidos por contrabando de carne en Apure, y pare de contar. Por supuesto, mucho de tal situación se debe a la pérdida de los mecanismos de supervisión requeridos por un despacho tan importante. Por eso llama la atención la circular divulgada en la primera semana de febrero a todos los jefes de delegaciones. El documento de once páginas contiene directrices “de obligatorio cumplimiento para incrementar los niveles de supervisión y control” en todo el personal de ese cuerpo. Las líneas rectoras de este nuevo esquema consisten en tener alerta temprana y corrección oportuna de las fallas. En la tercera página se habla de la necesidad de aplicar el régimen disciplinario: “Hay delitos y faltas que cometen subalternos con el aval o conocimiento de sus jefes. Se debe reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos. El “dejar pasar”, el “no hacer nada”, el “apoyar esas acciones”, o ser “permisivo”, constituye una de las principales causas del deterioro de la base moral y ética de la institución, que en algunos casos origina desmotivación o desmoralización en el resto del personal “.

*El Ministerio de la Defensa adelanta la conformación del llamado Sistema Popular de Protección para la Paz. Se trata de una estructura que aglutina bajo un manto militar a todos los elementos de que alguna forma están llamados a participar en la defensa del proceso político, actualmente liderado por el presidente Nicolás Maduro. En el nivel más bajo, es decir, en las parroquias, establece una coordinación entre sargentos activos, delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela y “patriotas cooperantes”, hombres y mujeres que suministran información sobre posibles movimientos antigubernamentales en sus comunidades. El despacho de Fuerte Tiuna tiene una base de datos con todos los participantes en este esquema, descrito simplemente con las siglas SP³.

*El Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado de CICPC elaboró un informe con las fichas de los diez delincuentes más buscados de todo el Distrito Capital. Cinco de ellos pertenecen a dos grupos que se disputan el control del Guarataro. El 22 de diciembre, estos sujetos y sus compinches protagonizaron un enfrentamiento que mantuvo aterrorizados a los demás residentes del sector. Efectivos policiales fueron enviados a aplacar las cosas, pero no pudieron entrar hasta que se acabó la munición en poder de las bandas. Otros tres antisociales operan en El Cementerio. En esta lista también figura un sujeto de apellido Espinoza, alias Bolulo, señalado de comandar una organización dedicada al secuestro y la extorsión en San José de Barlovento.