A merced del hampa

Crímenes sin castigo | 26 de octubre de 2014

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Las destituciones del general Miguel Rodríguez Torres y de casi toda la directiva de CICPC indican hasta qué punto los colectivos también infunden temor en el Ejecutivo

Twitter @javiermayorca

El viernes 24 de octubre el presidente Nicolás Maduro mandó de vacaciones al mayor general (Ejército) Miguel Rodríguez Torres.

El oficial fue hasta ese momento titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y supuestamente uno de los personajes más poderosos del régimen. En algún momento dijeron que si Maduro renunciaba él podría sustituirlo.

Este es el cambio en el Gabinete más importante desde la salida de Jorge Giordani de la cartera de Planificación. En el caso de Rodríguez Torres, está claro que la decisión presidencial obedeció a razones políticas y no a una sesuda evaluación del desempeño del oficial para controlar la criminalidad, una de las dos preocupaciones más importantes de los venezolanos.

La destitución del general fue un fuerte rumor en septiembre, es decir semanas antes del asesinato del diputado Robert Serra. Pero se transformó en un hecho en los días posteriores a la operación policial en el edificio Manfredir, ocurrida el 7 de octubre. El diputado Freddy Bernal asumía que podía ser el reemplazo. Filtró datos en ese sentido a columnistas afines, y a mitad de semana grabó una entrevista con José Vicente Rangel, divulgada por Televén el domingo 26, en la que intentaba abordar temas de seguridad ciudadana. Como para que el Primer Mandatario lo tuviera en su firmamento ministerial.

Maduro, sin embargo, optó por una solución que según fuentes ligadas al oficialismo no será sustentable por mucho tiempo. Sacó a la almirante Carmen Meléndez del ministerio de la Defensa y la envió al MRI. Simultáneamente, transfirió al mayor general del Ejército Vladimir Padrino desde el Ceofanb hasta el cargo que dejaba la oficial de la Armada. Con esta decisión, además, quedan momentáneamente fusionados en un mismo oficial los mandos de las áreas administrativa y operativa del mundo castrense venezolano.

La remoción de Rodríguez Torres lució precipitada, apurada, urgente. El enfrentamiento entre CICPC y los referidos colectivos envió inicialmente un fuerte mensaje al resto de estas agrupaciones. Pero luego, al ver que habían cometido un error, Rodríguez Torres y el ahora destituido comisario Sierralta intentaron matizarlo, tal y como lo explicamos en la entrega anterior.

Sería una equivocación atribuir la decisión de Maduro única y exclusivamente al caso Odreman. Ya desde el Secretariado Revolucionario de Venezuela se aclaró que el sargento jubilado de la PM había sido expulsado de sus filas. El viernes el portavoz de esta plataforma Hermenegildo Barrera (señalado por la muerte de Juan Montoya) divulgó en el semanario Quinto Día del 24 de octubre un comunicado que nuevamente marca distancia con respecto al Frente 5 de Marzo.

Sin embargo, la decisión de atacar al grupo de Odreman y a Escudo de la Revolución podía representar el inicio de un proceso para despojar a todos los colectivos de su poder de fuego. De allí que se hubiese anunciado una manifestación en Caracas por parte de estas agrupaciones para el viernes 24. Algunos de sus promotores desistieron el jueves, supuestamente al conocer que ya Rodríguez Torres iba a ser destituido. Este era el fin básico de la protesta.

Nuevamente, queda al descubierto la inconsistencia de las afirmaciones sobre los colectivos como agrupaciones de acción social que solo pretenderían mejorar la calidad de vida en sus comunidades. De ser así, no se comprende tanta precipitación para sacar a Rodríguez Torres de su cargo. El miedo también invadió Miraflores.

El ahora ex ministro tardó mucho en incorporarse a la retórica incendiaria que atribuía la muerte del diputado Serra y de su asistente a una conspiración urdida desde Miami y Bogotá, y ejecutada por macabros paramilitares con el auxilio de algún diputado de la oposición. Luego cedió. Más tarde, demostró que no se había aprendido bien el libreto, cuando disminuyó en 50% el monto que supuestamente habían cancelado a la banda del PoliCaracas Eduwin Torres para que matara al parlamentario. ¿Fueron $250.000 como dijo él, o los $500.000 dichos por Maduro?

En junta con Alexis Vive, poco y tarde

Rodríguez Torres intentó disminuir las presiones que los colectivos ejercían sobre el Ejecutivo reuniéndose con alguno de ellos. Alexis Vive le dio esa tribuna el 15 de octubre. Pero la jugada no rindió resultados, aunque este encuentro fue convenientemente divulgado por el aparato de propaganda del ministerio.

Más allá de todas estas truculencias, nuevamente queda la sensación de que los ciudadanos seguiremos desprotegidos, a merced de los delincuentes. Hasta el momento, nadie ha podido informar cuál conocimiento o aptitud especial califica a la almirante Meléndez para ejecutar las políticas en materia de seguridad ciudadana, si es que existen. Esto hace presumir la continuidad de las fórmulas militaristas vistas hasta el momento, cuyos resultados quizá no conozcamos en todas sus dimensiones, pero que sin duda continuaremos padeciendo.

Breves

*La trama paramilitar llegó a los cuarteles. A partir del 22 de octubre comenzaron nuevamente los alertas y advertencias. Ese día, las unidades castrenses fueron notificadas sobre una novedad que supuestamente se presentó el 18 de octubre en el fuerte Cayaurima del estado Bolívar con un sujeto vestido de primer teniente, equipado con chaleco de combate. El relato indica que este hombre traspuso la cerca perimétrica de la instalación e inmediatamente ofreció a un centinela una pastilla de diazepam (droga sintética usada como ansiolítico y con efecto narcótico), diciéndole que era para contrarrestar los efectos del dengue. Luego supuestamente se acercó a los polvorines, pero fue detenido. Entonces, indica el reporte, confesó que es un colombiano al que le pagaron para que detectara las vulnerabilidades de los depósitos de armas. La identidad del sujeto no fue revelada. No obstante, en la FANB le dieron plena credibilidad a esta información y se ordenó “extremar las medidas de seguridad” en todas las instalaciones. Esta decisión fue ratificada en un nuevo radiograma, el 23 de octubre. En ese documento incluso se advierte que grupos irregulares podrían atacar tanto las instalaciones como las unidades en comisión.

*El 21 de octubre, el diputado Ricardo Sánchez declaró que durante este año fueron reportados hurtos o robos en cinco parques de armas. Según sus cuentas serían 138 las armas de fuego que habrían pasado a manos de los delincuentes por esta vía. A ello habría que sumar los constantes robos y hurtos de pistolas, revólveres y fusiles a funcionarios, tanto policiales como militares. Sólo en Distrito Capital han matado desde enero hasta la tercera semana de octubre a 107 efectivos de cuerpos de seguridad ciudadana, en la mayoría de los casos para quitarles sus armas de reglamento. Sánchez ha sido el único parlamentario que ha mostrado interés público sobre este tema. Pero se quedó corto. En la relación que suministró no figuraron el hurto de diez fusiles AK 103 del parque de armas del fuerte Paramacay, durante la última semana de septiembre, ni el robo de 30 pistolas al personal de custodia del internado judicial de Tocorón, en Aragua. El total entonces sube de 138 a 178 armas. Casi todos los casos tienen un factor en común, que es la complicidad de funcionarios adscritos a las instalaciones en las que se producen los robos o sustracciones. En el robo de 42 pistolas Beretta en la sede de Polinacional-Guarenas, el 20 de octubre, hubo por lo menos un oficial de ese cuerpo involucrado. Al cierre de esta columna se divulgó una orden general en CICPC según la cual los agentes no podrán salir con sus armas de reglamento mientras estén en sus horas libres.

*Desde la sede del grupo BAE en Caracas, el alemán Bernhard Heidbreder anunció mediante un comunicado que se opondrá con todos los medios posibles a la extradición solicitada por su país natal, donde se le acusa de pertenecer al grupo terrorista Das Komitee. Heidbreder fue detenido en Mérida por agentes de CICPC Interpol el 11 de julio. En su declaración admitió que permanecía en esa ciudad con documentos falsos a nombre de John Londoño. Pero rechazó el mote de terrorista. Aseguró que jamás ha cometido homicidio, aunque sí participó en un complot para destruir una cárcel para inmigrantes ilegales que, según su relato, estaba vacía. Las imputaciones, indicó, vienen de su lucha “política, altruista y solidaria con los inmigrantes indocumentados, contra la violación a sus derechos humanos fundamentales, enmarcado en el accionar de la izquierda alemana indignada”. Expresó que sigue fiel a sus ideales, pero que su deseo en este momento es seguir con su esposa en la ciudad andina. Corresponderá a la Sala Penal del TSJ decidir si acoge los argumentos del detenido o del país que lo requiere.

*El 7 de julio de este año, el diario Ultimas Noticias publicó un remitido suscrito por el venezolano José Angel Cruz Romero, en el que señala directamente al empresario falconiano Simón Alvarez Antúñez de poseer una flota de 56 embarcaciones supuestamente dedicadas al tráfico de gasolina. Cruz Romero, de 44 años de edad, es solicitado internacionalmente mediante una notificación roja de Interpol debido a su aparente vinculación con los homicidios del comerciante Luis Felipe Toledo Thompson y del albañil César Navarro, en una finca de Carirubana en septiembre de 2013. Por este caso fueron capturados en Colombia y esperan extradición a Venezuela los hermanos Angel y Juan Ramón Cruz Brace. Durante las averiguaciones un informante relató a CICPC que el verdadero objetivo de los matones no eran Toledo y Navarro, sino el propio Alvarez. El 21 de octubre, el concejal Humberto Berroterán, secretario general del partido Unidad Popular Venezolana, intervino en esta pugna para denunciar que Cruz Romero supuestamente dirige una organización de 40 personas a las que calificó de paramilitares, quienes recientemente habrían ingresado a Falcón. Según el expediente instruido por CICPC, Cruz se mueve actualmente entre Colombia y Panamá.

Imagen de un auto «vacunado»

*Más sobre las extorsiones por robo y hurto de vehículos. El 20 de octubre, el grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN en Guárico apresó en una finca de Valle de la Pascua a dos hombres que estaban en posesión de una camioneta Toyota burbuja 2006 gris, placas NAU46N, robada a su legítimo dueño en la avenida Rómulo Gallegos de esa misma ciudad, el 8 de octubre. A la víctima la llamaron posteriormente usando los teléfonos que dejó en la cabina para exigirle 400.000 bolívares, pues de lo contrario no vería más su camioneta. Los investigadores pudieron rastrear toda la organización delictiva, hasta que llegaron a Jorge Daniel Guerra Valiente y Francisco Javier Muñoz, este último acreditado como agente de la red de “inteligencia comunal” del municipio Infante de Guárico. En Mérida, mientras tanto, los militares detectaron a una estructura que pide “vacuna” para proteger automóviles, camionetas y camiones. El interesado debe hacer un primer pago de veinte mil bolívares, y luego cancelar cinco mil bolívares cada mes. A los vehículos amparados por este grupo les colocan una peculiar calcomanía que reza: “Refresh your car”. En el caso de los camiones, también pegan en la parte trasera adhesivos con flechas negras y amarillas que apuntan hacia los extremos. Esta forma de extorsión comenzó en el estado Zulia, y al parecer se está extendiendo por los estados occidentales del país, alentada por la escasez de vehículos y sus repuestos.

*El 16 de Octubre, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU acogió los alegatos que sobre la ilegalidad de la detención del capitán retirado de la GN Juan Carlos Nieto Quintero por parte de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, el 2 de abril. Esta instancia acordó además enviar los recaudos del caso a la relatoría sobre torturas. Como ocurrió anteriormente con los pronunciamientos de ese mismo grupo en los expedientes de Leopoldo López y Daniel Ceballos, en esta oportunidad el Ejecutivo tampoco acatará el dictamen. Por el contrario lo considera lesivo al principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Nieto es uno de los diez oficiales que permanecen privados de libertad por un supuesto complot para derrocar al presidente Maduro. La jueza tercera de control militar, teniente coronel (GN) Lariza Theis Ferrer decidió el pasarlos a juicio por un consejo de guerra, aunque Nieto y otro tres implicados ya están en retiro. Como aspecto curioso, las investigaciones solo han tocado a un oficial del Ejército, que es la fuerza de ocupación terrestre. De manera que el supuesto plan para derrocar a Maduro aún no está bien delineado. De hecho, las investigaciones de Contrainteligencia Militar comenzaron después de la fecha mencionada en el expediente para el estallido de la supuesta conspiración.

De Cuernavaca a Guárico

*El 19 de octubre, el nuevo Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López (entonces jefe del Ceofanb) informó por twitter sobre la inutilización de un jet Gulfstream que aterrizó en una pista clandestina de Calabozo, Guárico. La aeronave fue registrada en México con las siglas XB-NKS, un dato importante que no fue informado en su momento por el portavoz militar. Tampoco se dijo que ya había sido decomisada en México por tráfico de drogas, y que inexplicablemente llegó al país en vuelo desde Cuernavaca. En la última semana de septiembre otro jet de siglas estadounidenses se desvió cuando cubría el trayecto entre Acapulco y Aruba para aterrizar en una pista ilegal cercana a Sinaruco. En la maniobra sufrió un desperfecto y los propios ocupantes optaron por quemarlo. Es el tercer caso de un avión que termina incinerado en territorio nacional este año luego de salir de territorio azteca. En junio, los militares hallaron un Citation en otra localidad apureña. La envergadura de los aparatos usados en la actualidad para los vuelos ilícitos hace suponer la existencia de una importante ruta de para el traslado de drogas desde los llanos venezolanos hasta Centroamérica. Solo en un caso (el último) han reportado detenciones. Los presos fueron el venezolano Edilson Braca de 49 años de edad, y los mexicanos Milton Torres Hernández y Víctor Manuel Cardosa, respectivamente de 49 y 50 años de edad. El primero estaba solicitado por las autoridades de su país debido a que desertó de la Aviación militar. De esta fuerza castrense surgió el temido cartel de los Zetas.