De inspector a comisionado

Crímenes sin castigo | 9 de noviembre de 2014

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Las reformas policiales intentadas en los últimos quince años fueron decididas en reacción a escándalos públicos, con magros resultados. Ahora, el comisionado para esta tarea es el inspector Bernal

@javiermayorca

El presidente Nicolás Maduro designó al diputado e inspector jubilado de la extinta Policía Metropolitana Freddy Bernal para encabezar la Comisión para la Transformación del Sistema Policial, una instancia que según el propio mandatario tendrá la finalidad de “revolucionar” a los cuerpos de seguridad ciudadana.

Esta decisión es una consecuencia directa de la operación ejecutada por la policía judicial en el edificio Manfredir de la avenida Sur 4 el 7 de octubre, que arrojó un saldo de cinco muertos, entre ellos los líderes del Frente 5 de Marzo (una plataforma de colectivos que opera desde la antigua sede de la PM) y del colectivo Escudo de la Revolución.

En medio de una fuerte presión por parte de los grupos armados, Maduro removió al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Los rumores sobre la destitución de la directiva de CICPC no han cesado, aunque han amainado. Mientras tanto, seis agentes de ese organismo son solicitados por los homicidios, tras imponerse la tesis de que ese día no hubo un enfrentamiento sino ejecuciones extrajudiciales.

En la Venezuela actual, lo escandaloso de esto no es precisamente el número de muertos a manos de policías, sino que las supuestas víctimas formaban parte de las agrupaciones que desde el mandato de Hugo Chávez han sido fomentadas por el propio Ejecutivo para defender el proceso político. En la semana previa al tiroteo en Manfredir 18 personas habían fallecido como consecuencia de supuestos enfrentamientos con efectivos de CICPC, y en ningún caso la Fiscalía se movió con la misma diligencia.

El nombramiento de Bernal marcó entonces el inicio del tercer proceso de transformación de los cuerpos policiales del país a partir de 1999. En todos los casos, el Ejecutivo ha actuado en reacción a situaciones escandalosas, que de alguna manera le ocasionaban desprestigio.

En abril de 2006, Chávez designó a la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) como una consecuencia directa de la matanza de tres estudiantes de la Universidad Santa María en el sector Kennedy de Macarao, ocurrida en junio de 2005, y el posterior secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul Diab en marzo de 2006. En ambos casos los autores materiales eran funcionaros policiales activos, respectivamente de CICPC y de la PM.

Un año después, la Conarepol presentó un documento de 19 páginas con recomendaciones que aún no han sido transformadas en hechos según el criterio de uno de los miembros fundadores de ese grupo, el criminólogo y profesor universitario Andrés Antillano.

En mayo de 2011 otro escándalo involucró a la policía judicial. Tres hombres murieron en los calabozos del Departamento de Aprehensión (antigua División de Capturas) ubicado en El Rosal. Las muertes pusieron sobre el tapete la terrible situación de hacinamiento que vivían entonces los detenidos en esa instalación, lo que además abonaba el terreno para todo tipo de corruptelas.

Al mes siguiente, el Gobierno decretó la reestructuración de la policía judicial. Para ello nombraron una comisión que estudiaría la situación de ese cuerpo y haría las recomendaciones del caso. A propósito de este proceso, CICPC ha tenido algunos cambios cosméticos, pero la situación de fondo se mantiene. La “refundación” de la institución tomó nuevo impulso en agosto de 2013, con un decreto presidencial. A partir de ese momento, el liderazgo del proceso fue encomendado a los directivos del cuerpo. Pero ha sido inútil. Incluso, el hacinamiento de detenidos se ha extendido desde el inmueble de El Rosal hasta todas las oficinas de la policía de investigación.

El aprovechamiento de los escándalos para generar procesos de cambio en las instituciones policiales no es nuevo ni exclusivamente venezolano. Lawrence Sherman (1978) lo observó en un estudio sobre la influencia de estas situaciones en la policía de Nueva York. Una de las conclusiones de su investigación fue que los escándalos suelen ocasionar realineaciones en las estructuras de poder de los cuerpos policiales, y que esas nuevas estructuras son más inestables que las precedentes. Esto no necesariamente es malo o contraproducente. Lo importante, indicó, es que las decisiones que dan origen a esas modificaciones estén basadas en información precisa, algo que a veces es muy difícil de obtener en tales instituciones.

Ahora, le toca a Bernal. A diferencia de las dos reformas anteriores, se trata de un operador político surgido del ambiente policial. Su primera decisión fue nombrar cinco comisiones para hacer un nuevo diagnóstico de los cuerpos de seguridad ciudadana. En esa inestabilidad, uno de los grandes ganadores será nuevamente la Guardia Nacional, que no será tocada por las decisiones del comisionado en virtud de ser un componente militar, aún cuando toda su actividad se despliega prácticamente en el ámbito policial.

Una nueva tarea para el inspector

Otro detalle es que Bernal ha asumido la vocería de los procesos de asistencia técnica e intervención de las policías municipales y estatales, algo que anteriormente hacían los viceministros de Seguridad Ciudadana y del Sistema Integrado de Policía.

¿Podrá Bernal hacer algo distinto que lo realizado por las comisiones que lo precedieron en la tarea? Los miembros de la Conarepol en su mayoría gozaban de credenciales académicas pero tenían escaso ascendente sobre las instancias políticas de decisión. Algo similar ocurrió con la comisión reestructuradora de CICPC. Ahora sucede lo contrario: un hombre surgido de las filas del Psuv intentará llegar a ese objetivo, y está en el proceso de buscar a las mentes esclarecidas que lo ayuden. Empezó mal, al plantearse que al terminar su trabajo las policías venezolanas serán “revolucionarias” y “bolivarianas”. Lo que necesitamos en realidad son cuerpos uniformados y técnicos que sepan hacer su trabajo en el marco que imponen las leyes. Con solo eso el país se dará por satisfecho.

Breves

Detenida luego de una «colita»

*Peculado de uso. El artículo 54 de la Ley contra la Corrupción, vigente desde el 7 de abril de 2003, establece penas de 6 meses hasta 4 años de prisión para el funcionario público que “en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público”. Desde la última entrega de esta columna funcionarios públicos venezolanos se han visto involucrados en escándalos internacionales que, si tuviésemos una Fiscalía diligente, hubiesen dado pie a averiguaciones por este delito. El primero involucra al actual ministro para las Comunas y ex canciller Elías Jaua. Comenzó el 24 de octubre con la detención en el aeropuerto de Sao Paulo de Jeanette Anza, quien se identificó ante los policías aduaneros de ese terminal como niñera al servicio del importante funcionario. Llevaba un maletín en el que descubrieron un revólver calibre 38 Smith & Wesson y sus municiones. Al ser interrogada, dijo que el arma pertenecía a Jaua. Posteriormente, él mismo se encargó de corroborar esta información en una carta enviada a las autoridades que investigan el caso. Uno podría reflexionar muchas cosas acerca de la doble moral oficialista con respecto al desarme. Pero aquí se pondrá el acento sobre otro aspecto de este caso, y es que la mujer había viajado para acompañar a la esposa del ministro, Natacha Castillo, su mamá y un hijo de la pareja en un jet de Petróleos de Venezuela, pues según la prensa brasileña Castillo está en tratamiento en el hospital Sirio Libanés. Es decir, fue usada por lo menos una aeronave de la estatal petrolera, combustible y personal aeronáutico para llevar a la familia del ministro a tratar un asunto totalmente doméstico. Como si eso no bastara, luego se conocieron las fotos que la propia nana había colocado en su cuenta Facebook, a propósito de sus visitas a otros lugares del mundo. ¿Fueron también producto de estas nuevas “colitas” de Pdvsa? La pregunta es totalmente legítima. Pero este no es el único caso de uso discrecional de los bienes del Estado. Gracias a otro escándalo nos enteramos que los diplomáticos venezolanos destacados en Colombia también lo harían. En la madrugada del sábado 1 de noviembre, el colombiano Aníbal Tapia, hijo de una funcionaria de la embajada de Venezuela en Bogotá, fue el supuesto responsable de un accidente que ocasionó un muerto y catorce personas lesionadas. El hombre de 26 años de edad iba al volante de un BMW con placas diplomáticas venezolanas, luego de una noche de copas. Es decir, el vehículo (o lo que queda de él) es un bien nacional. Un comunicado del Gobierno indicó que Tapia supuestamente tomó el auto de manera “arbitraria e inconsulta”. Una versión poco creíble, hecha a la medida precisamente para desligar al servicio diplomático de este bochorno. Lo peor es que nadie dentro del propio Ejecutivo alce la voz para señalar lo que ya parece una práctica reiterada.

*La “guerra al contrabando y la especulación” se ha prestado para extorsiones de todo tipo. Un ejemplo reciente: el 29 de octubre a las 9 am, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se presentó a fiscalizar a un distribuidor de alimentos en San Fernando de Apure. Algo de por sí extraño para la policía política. Los tres agentes no tenían uniforme. Solo una chapa ilegible. El empresario tenía sus documentos en regla, así como la mercancía en existencia. Antes de irse, los funcionarios advirtieron que iban a llevarse preso a un familiar del comerciante en virtud de un procedimiento previo. Esto dejó entrever las verdaderas intenciones de los policías. La primera suma mencionada para “dejar eso así” fue Bs 200.000. Luego de minutos de negociación la bajaron a Bs 100.000. Pero luego uno de los funcionarios volvió a subirla hasta Bs 150.000. La negociación no se concretó en ese momento, pues nada garantizaba que el pago de semejante suma daría tranquilidad a los propietarios de la empresa.

*Ha transcurrido más de un mes desde la operación policial en el edificio Manfredir de la avenida Sur 4. A pesar de los incesantes rumores, la directiva de la policía judicial sigue intacta. Los cambios tan rumorados no se concretan mediante resolución en Gaceta Oficial. Los colectivos han cesado su exigencia pública de nuevas destituciones. Aparentemente, estarían satisfechos con la salida del general Miguel Rodríguez Torres del gabinete, y la designación del diputado Freddy Bernal para encabezar la “revolución policial”. Quizá incluso les convenga más tener un cuerpo de investigación cooptado por el miedo. El mensaje para los comisarios Sierralta, Rico y el resto de la directiva sería en la actualidad: “No te resbales otra vez”. CICPC claramente ha disminuido su despliegue operativo, con respecto al ritmo que tenía antes del 7 de octubre, cuando sus agentes ultimaron al líder del Frente 5 de Marzo, el sargento jubilado de la PM José Miguel Odreman. Y la almirante Meléndez todavía no se ve asentada en su nueva función.

*El 6 de noviembre, el abogado penalista Alonso Medina Roa solicitó ante el tribunal que sigue la causa contra Lorent Saleh que se identifique plenamente al pirata informático que, actuando supuestamente por encargo del anterior titular del MRI, Miguel Rodríguez Torres, grabó una conversación vía Skype con el estudiante, mientras se encontraba clandestino en Colombia. El hacker, basado en una relación previa con Saleh, lo convenció de que podía aportarle una importante suma en dólares para la adquisición de armamento. Los diálogos fueron grabados y presentados como prueba por la Fiscalía. Medina Roa aparentemente conoce el nombre de este “patriota cooperante”, cuya identidad está siendo protegida por la jueza de control y el Ministerio Público. Una investigación privada sobre este caso concluyó que el verdadero interés de Saleh era quedarse con el dinero que le enviaran, y no la compra de armas para fomentar una revuelta en el país. El tiro le salió por la culata.

De una suite a una celda

*Agentes de la División contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial detuvieron al ingeniero industrial venezolano Marcial Antonio García Montiel junto a Hebert Rivera Berbesí, ambos respectivamente de 48 años y 29 años de edad. El procedimiento se llevó a cabo en una lujosa habitación del hotel Chacao Suites, donde el primero de ellos se alojaba. Los policías lo seguían pues él supuestamente se hacía pasar por representante de una Gran Misión A Toda Rueda Venezuela. Entre la documentación incautada hay un nombramiento supuestamente firmado por el presidente Nicolás Maduro, que lo acreditaba para esa representación; una credencial de la Unidad de Defensa Nacional e Internacional de los Derechos Humanos; comisario de la Policía Municipal de Macanao; comisario del Ceofanb, y una tarjeta de presentación de la empresa Kasutai. Este caso se las trae. García Montiel fue señalado en Panamá por ser el supuesto orquestador de un esquema de estafa ponzi, hecho a través de la referida firma, que ofrecía intereses exorbitantes por inversiones en “cupos de petróleo”. En 2012 había sentado base en Perú, tras erigirse en presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Mercosur. Con este prestigio, supuestamente engatusó a numerosos inversionistas en el país suramericano. Después volvió a Venezuela. Su acompañante, por cierto, tenía tarjeta de presentación como presidente de Kasutai.