Zonas de paz y de conflicto

Crímenes sin castigo | 19 de enero de 2014

Criminalidad

Twitter @javiermayorca

El viernes 17 de enero, un alto representante de la transnacional brasilera Odebrecht, adscito a la gerencia del proyecto Metro de Caracas, envió a la Comandancia General de la Guardia Nacional una carta con el objetivo de poner al tanto al componente militar sobre la “gran preocupación” de la empresa por el auge de la criminalidad en el municipio Acevedo del estado Miranda, especialmente en los caseríos que están en el corredor hacia Araguita: La Peica, El Puente, Cotara, Marqués y Soledad.

Según el representante de la transnacional, las extorsiones o cobros de “vacuna” , las presiones a los empleados, los homicidios y otros hechos delictivos en las sedes de la empresa en la zona afectan la construcción de la Línea 5 del Metro de Caracas, el tendido de este sistema de transporte hacia los municipios Plaza y Zamora de Miranda, así como la finalización de los sistemas de Metro Cable en distintas partes del Distrito Capital. Según el texto la criminalidad está afectando el funcionamiento de las plantas que suplen de agregados para la construcción de tales obras.

“Se hace insostenible la situación, porque han ingresado a las instalaciones violentando la seguridad patrimonial, la seguridad física, el ánimo colectivo hasta el punto de que el sector transporte no quiere desplazarse a estos sectores”. Por esta razón, indica más adelante la misiva, los empleados han comenzado a renunciar.

La firma brasilera pidió a la GN que investigue y resguarde la seguridad de los empleados, pues de lo contrario se corre “el grave peligro de paralizar nuestras operaciones y en consecuencia la Misión Vivienda y proyectos del Metro”.

Lo que ocurre con esta empresa no es producto de un conflicto interno. Por el contrario, Odebrecht se ha convertido en una de las principales empleadoras de la zona, ya deprimida por la crisis económica nacional. Por lo tanto, a sus trabajadores les interesa conservar sus plazas.

Carta de la contratista brasilera

La carta arroja un detalle interesante: el deterioro de la seguridad pública en la zona ha ocurrido durante los últimos doce meses, es decir desde enero de 2013. ¿Qué hubo de nuevo en la región barloventeña durante el año que recién finaliza con la magnitud suficiente para desestabilizar las operaciones de esta contratista del Estado?

A partir del 15 de mayo comenzó en Caracas y luego en todo el país la puesta en marcha del plan Patria Segura, que implicó la saturación de importantes zonas de la capital con efectivos militares. Entre ellas el municipio Sucre, referente inmediato desde el punto de vista urbano de la región barloventeña. Por decirlo de alguna forma, Petare es el punto donde recalan los contingentes humanos que migran desde los seis municipios de la referida subregión mirandina, cuyas economías son tradicionalmente deprimidas.

Patria Segura desencadenó un efecto de desplazamiento, también conocido como “cucaracha” que hizo retroceder hacia Barlovento parte de la criminalidad que operaba en Petare. Pero esto no es todo.

El mismo día en que comenzó formalmente Patria Segura, el presidente Nicolás Maduro nombró viceministro de Política Interior al ex alcalde de Sucre José Vicente Rangel Avalos. Desde septiembre, este funcionario activó un programa que intentaba disminuir la criminalidad en 17 sectores de Barlovento. Los denominaron “zonas de paz”. Esta iniciativa es motorizada a través de un movimiento que enlaza al Ejecutivo, el partido de gobierno y las alcaldías.

Funcionarios del MRI y activistas del PSUV adelantaron negociaciones con las bandas criminales del sector para que entregaran sus armas a cambio de incentivos monetarios, así como también la consolidación de programas deportivos y culturales. A tal fin fue asignada una partida de 200 millones de bolívares.

A la vuelta de cinco meses el resultado está a la vista. Las negociaciones no sólo no rindieron el efecto deseado sino que enviaron a las bandas de Petare el mensaje de que a 20 minutos en autopista podrían delinquir con mayor impunidad.

Las bandas criminales han impuesto un régimen de terror en las poblaciones de la zona. En Cumbo, por ejemplo, han irrumpido durante la celebración de ferias y asambleas populares, a las que han disuelto con las amenazas correspondientes sobre lo que sucederá si la gente decide organizarse contra ellos. Este es un indicador anecdótico.

Un indicador estadístico tiene que ver con el alza de los secuestros en toda la región. Si creemos en las cifras divulgadas oficiosamente desde Relaciones Interiores, este delito disminuyó en el país durante 2013 aproximadamente 45% con respecto al año anterior. Pero Barlovento tuvo un comportamiento “atípico”. Allí los secuestros se incrementaron 23% en el mismo lapso. Hubo 74 víctimas conocidas. Además en otros cuatro casos las personas fueron plagiadas en Caracas y ocultadas en lugares boscosos, generalmente del municipio Acevedo.

Otro detalle: fue entre los municipios Acevedo y Pedro Gual donde desapareció el comisario del Sebin y jefe de Seguridad del Banco de Venezuela Luis Hernández Sanguino, de 42 años. Su cadáver fue encontrado el 4 de diciembre en parque Caiza en estado de descomposición. El motivo de la muerte de este funcionario aún es un misterio. Inicialmente fue atribuido a las bandas de robacarros que operan precisamente en Barlovento.

Lo de las “zonas de paz” es, como otros asuntos del ámbito de la seguridad ciudadana del país, un proyecto de enunciado atractivo. Suena bien a los oídos de los incautos. ¿Quién en su sano juicio se opondría a la instauración de lugares donde no ocurran delitos, donde el “hombre nuevo” despliegue toda su bondad?

Pero las buenas intenciones chocan nuevamente contra la realidad. Uno no sabe realmente, (porque no lo han explicado con sinceridad a la población) qué idea manejaron en el MRI para iniciar este proyecto. Uno ve estas “zonas de paz” e indefectiblemente llega el recuerdo de la experiencia colombiana en San Vicente del Caguán. Allá, el gobierno de Andrés Pastrana cedió en 1998 42000 kilómetros cuadrados a las FARC, para llevar a cabo en ese territorio negociaciones de paz que a la postre no llegaron a nada. En el lapso de 4 años que duró la “distensión”, Caguán se convirtió en el epicentro del secuestro y el tráfico de drogas por parte del grupo guerrillero. Allá, como en las “zonas de paz” de Barlovento, se garantiza que no entran policías ni militares. El paraíso de la impunidad.

Este es, entonces, un paso más en el quiebre de la institucionalidad del país. Otra costosa equivocación.

Breves

*Un informe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional revela que el Distrito Capital operan siete bandas dedicadas al plagio y al “boleteo”. Los grupos fueron identificados como “del Wilmer”, liderada por Wilmer Hernández; Los Kelvin, comandada por Kelvis Castellano; el Jairo, formada por Jairo Grinzones y sus cómplices; El Penko, tal y como se conoce a José Suárez González; Mamaña, apodo que dan a Johan Ramón Márquez , su líder; El Arbolito, grupo encabezado por Wilder Chirinos, y finalmente la banda de Héctor Tovar, alias Chauna. Los dos últimos operan en los Valles del Tuy pero proyectan su actividad en el Distrito Capital. Cinco de los sietes líderes de estas organizaciones están detenidos. Eso no impide que sus compinches continúen operando en la calle, convenientemente coordinados a través de las comunicaciones y órdenes que se imparten tras las rejas.

*Está en curso una investigación penal por supuesta sobreventa de cementos en la estatizada fábrica Vencemos. Los lugares donde se han detectado mayores irregularidades son Miranda y Lara. Hay 27 nombres en una lista preliminar de gerentes, intermediarios y vendedores finales. Pronto vendrán los allanamientos. Esta corrupción, desde luego, es inducida desde el propio Estado con las regulaciones impuestas en un mercado que hasta hace poco se caracterizaba por la abundancia de productos.

*Un mes de mora tiene ya el Ejecutivo en la emisión del reglamento a la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones. Este instrumento legal, publicado con bombos y platillos en junio de 2013 necesita de la reglamentación para su aplicación efectiva. De resto se corre el riesgo de que se constituya en letra muerta. Las declaraciones del mandatario indican que el Ejecutivo maneja la extensión del lapso para la entrega voluntaria de armas. Criminólogos que en otras oportunidades han elaborado planes y leyes para el Gobierno, como Luis Gerardo Gabaldón, Andrés Antillano y Keymer Avila, ahora expresan su preocupación por la ausencia de una política consistente en esta materia. Lo que hay es una colección de declaraciones, usadas con fines propagandísticos. De eso ya tenemos tres lustros de experiencia.