Venezolanos implicados en una red de trata en Dominicana

Criminalidad, Cuello blanco

Dos venezolanos (uno de ellos mujer) fueron detenidos en República Dominicana señalados de participar en “una red transnacional de crimen organizado que se dedica, mediante engaño, a captar, transportar, trasladar y acoger, bajo amenaza y coacción, a múltiples víctimas de diferentes nacionalidades, con fines de explotación sexual”. Las procuradoras especializadas contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas Yohanna Bejarán Álvarez y Aleika Almonte Santana solicitaron la privación de libertad de los venezolanos Alejandro Arturo Batista Bustamante, alias Gato, y Cristina Virginia González Hernández porque supuestamente eran parte de esta organización que, según relación pormenorizada, victimizó a por lo menos ochenta colombianas. No obstante, la acusación entregada el 5 de agosto indica que entre las mujeres prostituidas también hay venezolanas, que se encontraban “en estado de necesidad y pobreza”, lo que facilitaba el proceso de captación por la estructura de unas quince personas, liderada por los dominicanos José Miguel Michel y Daniel Inirio Abreu. La investigación policial, bautizada Cattleya, comenzó en 2021 y se extendió por más de ocho meses. Los funcionarios se hicieron pasar por clientes, y así pudieron precisar cómo las mujeres eran explotadas. A ellas les ofrecían trabajo en sectores turísticos de Dominicana. Pero cuando llegaban les indicaban que debían pagar deudas que iban desde los tres mil a los cuatro mil dólares, y que se iban incrementando en la medida en que ellas necesitaban ropa, alojamiento, alimentación y, en ocasiones, drogas. Quedaban casi como esclavas. Los proxenetas podían cobrar entre 150 y 200 dólares por una hora de sexo, hasta 600 dólares por una noche completa. Pero no entregaban nada a las prostitutas, pues alegaban que todo era para cubrir la deuda contraída. Como sucede tradicionalmente en estos casos, la red cuenta con la complicidad de policías turísticos, que se hacían de la vista gorda ante las quejas de las propias mujeres explotadas. Igualmente, en los países de origen de las mujeres, donde se han dado a la tarea de amenazar a los familiares. En cuando a los venezolanos implicados, también se intenta identificar plenamente a un tercer operador de la red, conocido con el alias de Timoti.