Defensa de Saab exige informes del Departamento de Estado

-Los abogados sostienen que el gobierno estadounidense sabía del rol de empresario colombiano, incluso antes de que Maduro fuese desconocido

Crímenes sin castigo | 16 de octubre de 2022

Cuello blanco

El equipo de abogados de Alex Nain Saab envió a la corte del Distrito Sur de Florida una nueva solicitud, insistiendo en que sean entregados los documentos emitidos por la Cancillería estadounidense en cuanto al caso de este empresario. El 13 de octubre, el litigante Kendal Wangsgard, del bufete Baker & Hostetler, insistió en el argumento de que el Departamento de Estado formaba parte del “equipo de investigación”. Un primer indicio al respecto tiene que ver con el propósito de los fiscales acusadores de que los funcionarios de la Cancillería de EEUU testifiquen durante el juicio contra Saab. El otro indicio viene de correos electrónicos recibidos por el Departamento de Justicia, que revelan comunicaciones intercambiadas con el Representante Especial del gobierno de Donald Trump para el caso venezolano, Elliot Abrams. En una de ellas, fechada 14 de junio de 2020, Abrams preguntaba en nombre del Canciller Pompeo qué hacer con los pasaportes encontrados en poder de Saab, emitidos por Colombia, Antigua, República Dominicana y Venezuela. Y en el caso específico del venezolano, si se podía descartar su validez pues “fue emitido por criminales, no por el Presidente Guaidó”. Abrams, además, manifestó inquietud por el impacto que tendría la posibilidad de que Saab hubiese sido investido por el gobierno de Maduro antes de febrero de 2019, cuando EEUU lo desconoció. Según los defensores de Saab, Washington había sido informado sobre la investidura diplomática del colombiano desde 2018. Eso es lo que intentan probar. Para ello, el juez Scola debe autorizar la petición de documentos al Departamento de Estado. “Si la inmunidad fue reconocida, la acusación no podría y no debería proceder”, argumentó la defensa. Sobre Saab pesan ocho cargos por conspiración para lavar dinero y lavado de dinero, procedente de contrataciones con el gobierno de Maduro.

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