Penas ínfimas para red que explotaba a venezolanas en Países Bajos

Criminalidad

Luego de un prolongado juicio, el tribunal del Distrito Central de los Países Bajos condenó a tres rumanos por participar en una red de trata de personas, que se centraba en la explotación sexual de mujeres de Europa Central y países suramericanos, entre ellos Venezuela. Las sentencias fueron de dieciséis meses de prisión para uno de los acusados, y año y medio para los otros dos. El proceso judicial comenzó en junio de 2021 y finalizó en la primera semana de septiembre de este año, por lo que los acusados ya quedaron en libertad. Una de las víctimas que compareció en el juicio es una venezolana de 25 años de edad, captada por la organización mientras se dedicaba al trabajo sexual en París. Junto a una colombiana, fue trasladada por varias ciudades de los Países Bajos. La red se publicitaba en avisos de redes sociales. En este reino, la prostitución es legal. De allí que las pesquisas se centraron en la relación coercitiva entablada entre los miembros de la red y las mujeres. El testimonio de la venezolana fue clave en la condena. “¿Eras libre de rechazar a un cliente?”, le preguntó el juez de instrucción, a lo que ella contestó: “No. No tuve esa libertad. Tenía que trabajar”. Luego, indicó que en muchas oportunidades quiso evitar las relaciones sexuales con individuos que habían pagado a la organización. “Había muchos, pero yo tenía que trabajar porque necesitaba el dinero”, afirmó. Las mujeres cobraban en promedio 45 euros por cada hora. Pero el proxeneta se quedaba con la mitad de ese dinero. Aunque los gastos de transporte eran cubiertos, tenían que pagar 1600 euros al mes por el alojamiento. El tribunal dictaminó que los rumanos incurrieron en “abuso de la posición vulnerable” de estas mujeres. Cuando los sujetos ya estaban en custodia, los policías les preguntaron a ellas por qué no habían denunciado la explotación a la que eran sometidas. Contestaron que por temor a ser deportadas, pues habían excedido el lapso de permanencia legal de noventa días en los Países Bajos.