Caso de joven venezolana suscita cuestionamiento judicial en Trinidad

Conflictos, Criminalidad

La división de Familia de la Corte Suprema de Justicia de Trinidad y Tobago emitió un veredicto que pone en evidencia las fallas recurrentes del gobierno trinitario a la hora de afrontar casos que involucran a menores de edad, víctimas de tráfico de personas y explotación sexual. El fallo fue emitido por la juez Nirala Bansee-Sookhai a propósito del caso de una adolescente venezolana, rescatada el 15 de abril de 2022 junto a otros once menores por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Arima, una localidad a 30 kilómetros al este de Puerto España. El 19 de abril, la venezolana adquirió el estatus de menor con necesidades de cuidado y protección. Como no tenía familiares directos en la isla, el Estado asumió su custodia. Pero en la realidad esto se tradujo en que ella permanecería en un albergue, sin cuidados psicológicos y en un ocio permanente. Eventualmente, observó la juez, esta joven llegó a estar recluida en un mismo espacio con mayores de edad. Al ser entrevistada en mayo, ella contó que fue convencida de viajar a Trinidad por una antigua vecina, quien le indicó que en esa isla podría ganar dinero con facilidad, y que se trataba de “un lugar hermoso y prometedor”. Un buen día, abandonó su casa en Venezuela, sin avisar a su mamá. Tomó un bote que zarpó de La Barra (Delta Amacuro) a Moruga Beach, una localidad al sur de la isla. “Apenas llegó a Trinidad -indica el reporte- a la niña le dijeron que debía catorce mil dólares trinitarios, para cubrir el costo del viaje”. Esta cantidad equivale a 2100 dólares estadounidenses. Entonces, esta adolescente fue obligada a trabajar como “acompañante”. Así pudo cancelar lo adeudado. E inmediatamente, se mudó a la vivienda donde residía un primo. Después de la operación policial, esta venezolana manifestó su deseo de regresar a su país. Pero luego cambió de opinión, y actualmente la propia justicia trinitaria supervisa las acciones del Ejecutivo en este caso.