Coronar la impunidad

Crímenes sin castigo | 6 de julio de 2013

Criminalidad

Twitter @javiermayorca

El sábado 15 de junio, el presidente en ejercicio Nicolás Maduro puso el ejecútese a la Ley para el Desarme, el Control de Armas y Municiones. Con esto viene a reemplazar una norma vigente desde 2002, cuya aplicación en el país fue escasa o nula. Prueba evidente de ello son los crecientes índices de homicidios con armas de fuego en el país. Para 2012, 92% de los crímenes reportados en Venezuela fue cometido con una pistola, un revólver, una escopeta o un fusil.

Nada hace pensar que la nueva ley modificará esta realidad de manera sustantiva. Como tampoco han servido las leyes especiales contra el secuestro, el robo y hurto de vehículos, la violencia contra la mujer, etc. «El problema de las muertes con armas de fuego no es de leyes sino de actitud», me comentó el criminólogo de la Universidad de Los Andes Freddy Chacón, quien realiza un estudio comparativo para explicar por qué países con mayor proporción de armas en el mundo, como Estados Unidos o Israel, tienen apenas una pequeña fracción de los homicidios que hay en Venezuela.

Esto debe decirse claramente: el problema de la violencia no es mundial. Ni siquiera latinoamericano, aunque se debe reconocer que en esta parte del mundo hay naciones que figuran en el ránking de las más peligrosas como Honduras, Jamaica, El Salvador y desgraciadamente Venezuela. Pero en países del Cono Sur, donde por cierto hay sólidas industrias armamentistas, la tasa de homicidios es relativamente baja y tolerable. Perú tampoco figura en el mapa mundial de la violencia. En fin, aunque la preocupación por el tema es creciente, las estadísticas crudas y puras reflejan otra realidad.

Colectivos desnudan discurso oficial

En Venezuela, además, hay una gran disparidad entre el discurso y las acciones. El Gobierno por una parte pide el desarme y por la otra se hace de la vista gorda ante los denominados «colectivos» que se apoderaron de importantes zonas de Caracas y del interior del país, imponiendo su ley. En una visita realizada la semana pasasa se pudo constatar que el 23 de Enero es un lugar sin policías. «Aquí no viene Polinacional, y la GNsólo cuando la llamamos», indicó un exjefe civil de la parroquia, que pidió la reserva de su nombre.

Esto ocurre en la antesala del Palacio de Miraflores. Desde el sector más oriental del 23 de Enero se puede lanzar una piedra y cae en el patio de la sede del Poder Ejecutivo. No obstante, nada se hace por recuperar el imperio de la ley. Esta realidad choca con el discurso oficialista, lo descalifica y le quita todo contenido y credibilidad. El desarme, entonces, queda como consigna a aplicarse sólo a una parte de la población. Las normas, nuevamente, tendrán una ejecución diferenciada. Estamos ante una nueva constatación del principio de «selectividad represiva». 14 años ya es mucho tiempo como para no aprender.

Si estuviésemos ante un proceso real de rescate de la institucionalidad y la paz, podría pensarse que la amnistía para la entrega de armas de fuego es una oportunidad para disminuir la violencia imperante en el país. Pero en este marco sólo representa una oportunidad más para que el hamponato corone su impunidad: el arma entregada será destruida sin reseña ni experticias. Es el paraíso de los homicidas. El crimen perfecto.

Breves

*La Coordinadora Simón Bolívar divulgó una carta enviada por el llamado «cantante de las FARC» Guillermo Torres,alias Julián Conrado, al presidente Nicolás Maduro para solicitarle que lo ponga en libertad y le conceda asilo político. Torres está detenido desde 2011, debido a una solicitud cursada por Colombia a través de Interpol. Tanto la fiscal Luisa Ortega como miembros del Consejo de Estado se han pronunciado en contra de la deportación o extradición del guerrillero, quien le sugirió a Maduro enviarlo a Argentina, Uruguay, Nicaragua o Cuba, si es que el asilo se considera inconveniente por «razones diplomáticas». Venezuela participa en las conversaciones de paz entre la guerrilla más antigua de Latinoamérica y el gobierno de Santos en La Habana. Lo hace a petición de las FARC.

*Luego de la liberación en el Cabo de la Vela de dos turistas españoles fuentes policiales advierten sobre la existencia de una banda binacional conformada por miembros de etnia wayúu, que aprovecha las divisiones fronterizas para secuestrar tanto en Colombia como en Venezuela, y enviar a las víctimas al otro lado de la línea limítrofe, e igualmente escapar de la persecución de las autoridades. Esto hace que se prolonguen los lapsos de cautiverio.

*El 18 de junio, la División contra la Delincuencia Organizadade la policía judicial inició una averiguación por supuesta estafa atribuida a la empresa Vialidad y Construcciones Viaconsca, luego de recibir la correspondiente denuncia de la firma brasileña Lena Engenharia e Construccoes CA, representada por Antar Zatar Muna. El señalamiento indica que la compañía venezolana se habría apropiado de 6,22 millones de bolívares bajo «engaños,artificios y artimañas». Estos fondos pertenecen a la Gran Misión Vivienda Venezuela.