Corrupción y control político

Crímenes sin castigo | 26 de agosto de 2013

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Bandes: primer paso anticorrupción

El presidente Nicolás Maduro solicitó que la Asamblea Nacional le confiera poderes especiales para legislar, como él mismo lo dijo, sobre «todos los delitos de lavado de dinero». La iniciativa tiene un claro sesgo político, que el presidente del Parlamento Diosdado Cabello no se preocupó en ocultar, al sugerir en el mismo acto que las leyes surgidas de esa Habilitante serían usadas para perseguir la corrupción opositora.

La supuesta lucha contra la legitimación de capitales (como se llama al lavado de dinero en las leyes venezolanas) ha sido utilizada tradicionalmente como mecanismo de control social y político en el país. Basta recordar que en marzo de 2003 Hugo Chávez instauró ese mecanismo perverso y costosísimo como ha sido Cadivi, precisamente con el argumento de que iba a controlar el lavado de dinero. Un modelo que desde el punto de vista de su justificación por cierto también ha seguido la presidenta argentina Cristina Fernández al instaurar el control cambiario.

El show montado en el Parlamento con el allanamiento a la inmunidad de Richard Mardo y la filtración al diputado Pedro Carreño de la información contenida en los teléfonos incautados en el allanamiento al apartamento del jefe de despacho del gobernador Henrique Capriles, Oscar López, indican el sentido perverso que trae la «cruzada anticorrupción» adelantada por Maduro, con la comparsa momentánea del bando de Cabello.

¿Qué sentido tiene en este contexto un cambio vía decreto ejecutivo de las normas sobre legitimación de capitales? Además de incrementar las penas administrativas y de prisión (ya bastante duras) es poco lo que se puede hacer. La primera reforma a la ley correspondiente hecha en 2011 incorporó una lista interminable de «sujetos obligados» así como disposiciones que controlan las finanzas de las fundaciones y, lo que es más importante, una definición amplísima de las «personas políticamente expuestas», que perfectamente pudiera ser aplicada en este momento, sin necesidad de una Habilitante, para impedir el desague de las finanzas públicas hacia la cuentas personales de los principales jerarcas del país, tal y como ha pasado con los fraudes detectados en el Bandes. Sólo en dos casos conocidos en esa entidad estatal el robo supera los 150 millones de dólares.

Esta sí es corrupción. Pero el desinterés en atacarla y rescatar los fondos públicos es tal que todavía el Ejecutivo no ha designado a un representante para recuperar los fondos decomisados a los 5 detenidos desde mayo en EEUU por una pesquisa de tres años a los manejos irregulares con los recursos de ese banco.

Sobre este caso, por cierto, haremos una entrega muy pronto.

Breves

*El crimen organizado chino está operando en el país de manera cada vez más abierta. Primero fue el traslado ilegal de emigrantes vía Venezuela hacia EEUU. Luego, la diversificación de los negocios en el país y la solidificación de nexos políticos han traído nuevos campos. En Caracas y Lara se han reportado extorsiones a los comerciantes «paisanos», pero no en español sino en el dialecto de la región específica de la que salieron las víctimas. Más recientemente, el secuestro. Los chinos son desde 2008 una de las nacionalidades extranjeras preferidas por los plagiarios. Hay aspectos idiomáticos que estimulan esta situación, además de una tradición que evita en lo posible la intervención de las autoridades en estos asuntos. Primero fueron atacados por bandas venezolanas. Pero esto se diversificó. En julio, la policía judicial rescató en Lara a un comerciante chino secuestrado por una organización de su país. Esto ha obligado a la embajada de Pekín en Caracas a hacer campañas que promuevan la denuncia de hechos irregulares y a designar enlaces policiales que cooperen en las pesquisas iniciadas por CICPC o la GN.

*La decisión del gobierno federal estadounidense de iniciar una revisión de su propia legislación en materia de drogas apunta, sin señalarlo directamente, hacia la despenalización de ciertas conductas, como podrían ser la posesión de determinadas dosis. Este anuncio ya fue saludado con beneplácito por voceros de la Organización de Estados Americanos, y en los días venideros seguramente tendrá la misma acogida por parte de académicos, presidentes y expresidentes como Otto Pérez (Guatemala) y Fernando Cardoso (Brasil) que vienen haciendo lobby en esa dirección. En cuestiones de política de control de drogas, la despenalización generalmente se asocia a los regímenes de izquierda liberal. Paradójicamente, el «socialismo de siglo XXI» promovido por Chávez y ahora por Maduro es absolutamente derechista en esta materia. La tendencia de las cinco reformas a la legislación de drogas ha sido hacia el endurecimiento de las penas. El resultado, tal y como sucede en EEUU, es que las cárceles y retenes del país están llenos de personas que deberían ser tratadas como enfermas o en todo caso obligadas a desarrollar trabajos comunitarios.

*Un callado enfrentamiento se desarrolla entre la Fiscalía y la ministra para Servicio Penitenciario, Iris Varela. El problema surge cuando la última intentó usurpar funciones de los juzgados y de la vindicta pública con su denominado Plan Cayapa. La eliminación del retardo procesal es una buena intención, pero simplemente no es función del despacho de cárceles. En cambio, lo es velar por la buena alimentación y el aseo de los reclusos, impedir las riñas,»coliseos» y fugas, y asegurar que las audiencias en los juzgados no sean pospuestas por falta de medios de transporte. Desde luego, siempre es más fácil culpar a los demás de la crisis agudizada por la propia ineptitud.