Criminalidad y campaña

Crímenes sin castigo | 24 de septiembre de 2017

Criminalidad

Cuando queda menos de un mes para la elección de gobernadores, algunos candidatos podrían caer en la tentación de abordar el tema de la delincuencia. La merma que reflejan las estadísticas en robos y homicidios tienen una explicación: cuatro meses de protestas

@javiermayorca

Falta menos de un mes para la elección de gobernadores. En el breve lapso de campaña, es probable que algún candidato quiera utilizar el tema de la criminalidad como punto de debate, ya sea para criticar al gobierno central por lo que hizo o dejó de hacer, o también para evaluar los resultados de alguna gestión regional.

El primer problema al analizar este asunto es que el Gobierno puede mostrar cifras en baja en casi todas las partes del país. La tentación propagandística está a la vuelta de la esquina. Pero no estamos ante el logro de alguna política mágica. Este es claramente uno de los resultados de las protestas que se llevaron a cabo entre abril y julio.

Las manifestaciones antigubernamentales actuaron en varios sentidos para ocasionar una merma en las estadísticas oficiales de criminalidad. Por una parte, los bloqueos de calles, trancazos e incluso las acciones de represión desmedida que se llevaron a cabo especialmente en las grandes ciudades del país restaron oportunidades para tres de los delitos que el Ejecutivo toma en cuenta en sus evaluaciones: el robo y el hurto de vehículos, y el secuestro. Con una comunidad movilizada, una policía desplegada día y noche y las calles y avenidas obstaculizadas se hacía muy complicado para los delincuentes llegar o salir de los lugares donde podría encontrar a sus víctimas.

Las protestas mermaron la delincuencia

En cuanto a los robos y hurtos genéricos, en el primer trimestre del año la tendencia apuntaba a la superación del número de casos denunciados en 2016. Pero luego sucedió algo interesante, por lo menos en la capital: los robos aumentaban en los lugares donde ocurrían las manifestaciones y disminuían levemente donde no las había. Además, uno suponía que los asaltos denunciados ante la policía eran apenas una pequeña fracción de la cifra real, puesto que las víctimas eran generalmente personas desafectas al Gobierno, y por lo tanto no querían acudir a Cicpc –una dependencia de Relaciones Interiores- para formular sus denuncias. Esta desconfianza hacia los cuerpos policiales va en crecimiento.

Con el cese de las protestas, los delitos retomaron el ritmo que se vio durante el primer trimestre del año. En varios estados, los homicidios están repuntando de manera preocupante, aunque todavía el total general no supere el de 2016. Aragua, por ejemplo, ameritaría una reflexión especial. Pero es como si destaparan repentinamente una olla de presión. Además, los policías y los militares han vuelto a matar con la misma o mayor frecuencia que la del año anterior. La semana pasada hubo 35 homicidios en Libertador (12 de ellos a manos de funcionarios), mientras que durante la precedente a esa hubo 28.

Como van las cosas, las curvas se cruzarán nuevamente en cualquier momento, y 2017 cerrará con tantos o más asaltos, homicidios y robos de vehículos que el año pasado. Y ya sabemos cuál será la respuesta gubernamental.

Breves

*Luego de la penúltima prueba misilística del régimen norcoreano de Kim Jong Un, el gobierno mexicano expulsó a toda la representación diplomática del referido país. Posteriormente, el embajador del régimen de Pyongiang en Lima, Perú, fue declarado persona no grata, y sus días en la nación suramericana están contados. Es probable que para el momento en que esta columna sea publicada ya el diplomático haya abandonado ese territorio. Quedarán entonces solo tres representaciones norcoreanas en las américas y el Caribe: Cuba, Brasil y Venezuela. Lo que el gobierno de Nicolás Maduro pueda ganar en esta circunstancia al dar cobijo a la diplomacia norcoreana es muy dudoso. Del otro lado, para los diplomáticos pauperizados del país asiático estar aquí representa por lo menos una ventaja. Desde 2015 se ha reportado en Perú y Brasil los decomisos ocasionales de cargamentos de habanos que supuestamente son trasladados por personal diplomático norcoreano para su venta posterior en los países donde trabajan. Los dólares generados por este comercio son entregados a los embajadores para luego contribuir en la financiación del régimen. Desde luego, algún incentivo se queda en el camino para las mulas de los habanos. Ahora con seguridad pasarán más seguido por Maiquetía.

*Las denuncias sobre extorsiones y concusiones en el aeropuerto internacional Simón Bolívar sugieren que el problema se le escapó de las manos al Gobierno. Funcionarios de todas las instituciones de alguna forma buscan sacar provecho de su posición en el principal terminal aéreo del país. Empezaron con pequeñas cosas. Hace dos años tuve la oportunidad de presenciar a un empleado de Migración que le pidió a un pasajero el “favor” de que le comprara una botella de licor en las tiendas libres de impuesto ubicadas en el área donde se retiran las maletas. Los hurtos de equipajes, que según la propaganda gubernamental habían sido controlados gracias a una pesquisa llevada a cabo por Cicpc en el terminal nacional, ahora son moneda común tanto en esa parte como en el área de llegada de los vuelos foráneos. Pero hay otros detalles que quizá no sean suficientemente conocidos. Una de las razones por las que Avianca decidió cesar sus operaciones en Venezuela –además de los asaltos al personal- tenía que ver con la calidad del combustible que se estaba suministrando a los jets. Así lo indica la minuta de una reunión en la que participaron representantes de la empresa y del Inac. Esto también fue tomado en cuenta por los ejecutivos de Aerolíneas Argentinas.

*Hay preocupación en la Fuerza Armada por el alto índice de tropas que no desean permanecer en las filas militares. Este problema había sido identificado en la Guía de Planeamiento para 2017 emitida en enero por el titular de Defensa Vladimir Padrino. Pero los jefes castrenses no han sido capaces de impedir este deslave. Un informe elaborado por la Dirección de Personal de la Guardia Nacional revela que durante la primera mitad de este año casi la mitad (49%) de la tropa alistada ha solicitado la baja de forma extemporánea, lo que merma notablemente la capacidad de la institución para cumplir con sus tareas. Este déficit se une al desorden en el manejo del personal a ese nivel. Los efectivos son transferidos, por ejemplo, para desempeñar trabajos de escolta sin que se haga una notificación escrita a la superioridad de la zona. En virtud de esta situación fueron suspendidos todos los licenciamientos, pues de lo contrario será muy complicado cumplir con las actividades de la Operación República correspondientes a la elección de gobernadores.

*Una de las tantas órdenes impartidas por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino, y que no han sido acatadas del todo, tiene que ver con la supervisión y el control de los parques de armas en las unidades militares. Esta semana, nuevamente, el titular de Fuerte Tiuna remitió a las distintas dependencias castrenses un recordatorio sobre las medidas que deben ser aplicadas para el mejor control de estas instalaciones. En julio, apenas días antes de la elección para la Asamblea Constituyente, un oficial y dos sargentos de la Guardia Nacional fueron aprehendidos cuando se detectó un supuesto desvío de las armas de la unidad donde estaban emplazados, en el estado Apure. En agosto ocurrió el asalto a la 41 brigada blindada en Carabobo. En ambos casos, hubo participación activa de los efectivos asignados al cuido de las armas.

*En sus informes internos, el Gobierno admite lo que niega o invisibiliza ante la ciudadanía. En julio, por ejemplo, el ministerio de Relaciones Interiores comenzó a evaluar un protocolo de actuación para situaciones de secuestros. La justificación dada para elaborar ese documento fue “el desmedido crecimiento de la delincuencia”. En el caso específico de los secuestros, se reconoce que “afecta a diversos sectores de la sociedad venezolana, incidiendo negativamente en la seguridad ciudadana, la economía, el turismo y la construcción”. El diagnóstico preliminar establece que Miranda ha sido el estado más impactado por esta actividad de delito organizado.