El costo del delito

Criminalidad

¿Cuánto pierde  la sociedad por la acción delictiva de una minoría?¿Es posible medir el valor monetario del tiempo que pasan las personas en poder de secuestradores, o el de las vidas perdidas a manos de homicidas?

Estas preguntas pueden parecer odiosas, especialmente cuando las víctimas involucradas son familiares queridos o están en el entorno personal. ¿Quién le pone precio a una vida? Es verdad. Pero desde un punto de vista general este tipo de análisis puede contribuir a generar conciencia en torno a lo que la sociedad pierde por actos delictivos de todo tipo.

El delito es la consecuencia de una conducta típica, antijurídica y culpable. En los que son contra la propiedad, como el robo y el secuestro, es obvio que hay un costo económico implícito para la víctima directa e incluso para sus personas más cercanas. Pero también podemos encontrar pérdidas económicas en los delitos contra las personas (homicidio, lesiones, etc) , e igualmente en aquellos que van contra la fe pública (falsificación, estafa, fraude).

En esta materia, una excelente aproximación la hizo el mexicano Andrés Roemer. Para quienes no tengan tiempo de leer su tratado doctoral Economía del Crimen recomiendo el documento elaborado para la Home Office inglesa por Sam Brand y Richard Price The Economic and Social Costs of Crime. Hay además una creciente cantidad de estudios que abordan esta materia, desde distintos enfoques.

La mayoría de los trabajos revisados hacen énfasis en los costos de oportunidad asociados al delito. Esto suscita complicados cálculos, que intentan determinar lo que se pudo hacer y no se hizo con el bien que cambió de manos por la acción hamponil. También tratan de calcular el efecto de pérdida de inversión que el delito ocasiona en un área geográfica específica.

Estos modelos de análisis pueden ser muy valiosos, especialmente cuando cobran el valor de verdades establecidas gracias a la aceptación de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, donde se muestra una creciente preocupación por el tema.

En nuestro concepto, la pérdida económica por la delincuencia es la sumatoria de las pérdidas ocasionadas por cada delito. Y aunque suene a perogrullo, este análisis debe partir de la base de que cada delito tiene una identidad específica. Por lo tanto, a la hora de calcular el costo económico en general debe ser considerado en primer lugar con los de su mismo tipo. Posteriormente, las pérdidas pueden ser añadidas a las ocasionadas por las otras actividades del hampa.

En 2004 hicimos una primera aproximación a este tema, al escribir cuatro editoriales semanales del portal segured.com. El punto central de los argumentos en aquella oportunidad es que el costo económico es consecuencia directa de la naturaleza de cada tipo delictivo. Por lo tanto, los análisis que igualaban todos los delitos y establecían cálculos en términos generales no eran válidos, o en todo caso eran tan abstractos que resultaban prácticamente inútiles. Este punto de vista se mantiene hasta la actualidad.

A continuación, vamos a revisar aquellos editoriales, haciendo la salvedad de que los datos no son actuales. Aún así, las cifras que resultan del ejercicio llaman la atención. Si fuesen actualizadas serían escandalosas.

El costo económico del homicidio en Venezuela

Vamos a tratar el tema del delito por excelencia, que es el homicidio. Según la Organización Panamericana de la Salud, a partir de 1992 este delito pasó a ser la segunda causa de muerte para la población ubicada entre los 15 y 19 años, y la primera causa para los varones de ese grupo etáreo.

Lo importante del homicidio es que la “cifra negra” es prácticamente nula. Esto quiere decir que, salvo manipulación oficial, los registros son exactos. En delitos de otro género como la violación es muy difícil calcular el costo económico precisamente debido a que buena parte de los casos no son notificados a las autoridades. Al no conocerse con certeza el número de casos, resulta muy complicado establecer un cálculo sin acudir a inferencias y extrapolaciones.

¿Cómo medir el costo económico de una muerte? Este tema para algunas personas puede resultar chocante. Por esto hay que aclarar que no se pretende establecer un precio por los seres humanos que se han ido por la acción de terceros sino expresar en números el impacto social que tienen estos hechos. De esta forma, las instancias destinadas al diseño de políticas públicas contarán con una herramienta para la toma de decisiones que, quizá, contribuirá a disminuir el dolor que significa la pérdida de un amigo o pariente en forma violenta.

Cuando una persona mata a otra no sólo genera posibles huérfanos y ausencias para los seres queridos de la víctima. La sociedad también pierde una fuente de producción. Un ser en el cual la familia, el Estado o ambos han invertido con la finalidad de formarlo, robustecer su salud y evitar que muera de enfermedades e incorporarlo en algún área de producción como un ser útil.

Este puede ser un punto de partida. En Venezuela hubo, según cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 11 mil 300 homicidios en 2003. No vamos a valorar si estas personas eran antisociales, policías, ciudadanos de bien, etc. Son, en principio, personas que dejaron de producir. Pero, ¿por cuánto tiempo?

Aquí podemos continuar la construcción del modelo tomando la cifra sobre expectativa de vida señalada por la Organización Panamericana de la Salud para el país, que es de 73 años.

A las víctimas de estos homicidios hay que asignarles una edad promedio. Las estadísticas de la policía judicial indican que el 90 % de estos muertos tienen edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. La media es, salvo mejor propuesta 35-15 / 2=10 + 15=25 años. De manera que el país, por así decirlo, perdió 11 mil 300 veces 48 años de producción (73-25=48). Esto nos da 542.400 años.

El producto per cápita del venezolano, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal) para el año en cuestión fue de 2491,5 dólares anuales. Entonces, la pérdida para el país por homicidios cometidos durante el 2003 fue de 1,35 millardos de dólares. Este resultado surge de la multiplicación de los años perdidos de producción como consecuencia de las muertes por el producto per cápita para el año sobre el que se está haciendo el cálculo.

Aunque parezca elevado, este es un resultado conservador. Esto hay que subrayarlo pues resulta frecuente que el homicidio se concreta luego de cierto tiempo de agonía, en el que las instituciones públicas y privadas, los familiares, amigos, etc., hacen esfuerzos y gastan mucho dinero para impedir que la víctima muera.

Hay además un costo asociado a cada homicidio que tampoco estamos tomando en cuenta. Tiene que ver con los gastos por psicólogos, abogados y otros profesionales destinados a atender a los deudos.

Es necesario señalar que el costo de los homicidios, visto en términos individuales, varía según sean los vaivenes del producto per cápita. Este modelo que proponemos, por lo tanto, es imperfecto o en todo caso cambiante pues está sujeto a las variaciones económicas, y debe ser actualizado con la data precisa para el momento en que se desee hacer el cálculo.

Un aspecto interesante es que en países rentistas como Venezuela, el costo social de los homicidios se ha incrementado en momentos en que precisamente son más altos los ingresos para el país, derivados del comercio petrolero. Esta paradoja pone de manifiesto la existencia de un Estado que a pesar de la bonanza o efecto riqueza no ha sido capaz de trazar una política eficar para la reducción de la violencia.

El costo económico del secuestro

El secuestro fue tipificado inicialmente en el Código Penal Venezolano como un delito contra la propiedad. Esta noción fue ampliada en una ley especial, aprobada en junio de 2009. En todos los casos, una persona es privada de su libertad hasta que cancele una suma de dinero o entregue una prenda. Este es el secuestro clásico. Pero el delito ha ido modificándose con el tiempo para incluir como valor de cambio decisiones de orden político o religioso. Como quiera que sea, es posible hacer alguna abstracción con la finalidad de evaluar el costo económico.

La primera dificultad que se nos presenta en este ejercicio tiene que ver con la llamada «cifra negra» de secuestros: hay casos que no son denunciados ni conocidos por las autoridades. La familia designa a negociadores privados y resuelve su situación sin acudir a la policía. En otras ocasiones se conoce del delito pero no se reporta si hubo o no un pago.

Para este aproximación vamos a tomar las cifras disponibles correspondientes al año 2001.
El primer factor a considerar para calcular el costo del secuestro (CS) en un país viene dado por la suma de las cantidades canceladas por la liberación de los cautivos (R, de rescate) más algo que los abogados llaman «lucro cesante» (LC), es decir, lo que la persona hubiera ganado si hubiese continuado en sus labores cotidianas.

Salvo mejor propuesta, aplicaremos una fórmula similar a la de los homicidios. Esto es LC=ingreso per cápita (IPC) x tiempo duración (D).

Nuestro modelo, entonces, se traduce en CS= R + (IPC x D).

Por lo tanto, el costo general del secuestro para un año variará con respecto a los otros en función del ingreso per cápita establecido por los organismos oficiales para ese lapso específico, en este caso, el Banco Central de Venezuela.

Si un negociador privado (NP) interviene, el costo del secuestro variará según sean sus honorarios. La fórmula quedará CS = R + (IPC x D) + NP. En este ejercicio no tomaremos en cuenta este
último factor, pues generalmente el monto de los honorarios no es reportado.

Debemos tomar en cuenta otros elementos. Desde el punto de vista de los secuestradores, el rehén es como un preso, que debe ser custodiado y alimentado aunque en condiciones mínimas de sobrevivencia. Los testimonios divulgados indican que a menudo los cautivos ingieren los mismos alimentos que sus custodios, y salvo problemas de salud es poco lo que les entregan en ropa y otros enseres.

Sabemos que el costo por día de la alimentación para los presos en Venezuela es de 1.350 bolívares actualmente, según datos aportados por el Observatorio Venezolano de Prisiones. Podemos tomar esto como una constante de alimentación (A) para nuestra fórmula, que finalizará así:

CS= R + (IPC x D) + NP + (D x A)

Durante el año 2001 fueron reportados 227 plagios en Venezuela. El pago de rescates (R) admitido fue de 17 millardos 683 millones de bolívares (17,68 millones de bolívares para 2010) ,equivalente a 23,57 millones de dólares al cambio de 750 bolívares por dólar, vigente para ese año. Advertimos de nuevo que este es un cálculo conservador, pues generalmente el pago de rescates queda en secreto.

El número de días (D) en cautividad para las víctimas durante ese lapso fue de 2648, mientras que el ingreso per cápita fue de 4822 dólares anuales. Entonces:

CS (2001) $= 23.570.000 + (4822 x 7,25) + (2648 x 1,8)

= 23.570.000 + 34959,5 + 4766,4 = $ 23.609.725,9

Aquí es necesario aclarar que no estamos tomando en cuenta a los aspectos intangibles aunque muy importantes ligados a casos de secuestro, como por ejemplo el costo del tratamiento psicológico para las víctimas y sus familiares. Hay quienes señalan que en este delito la víctima no es solamente quien permanece cautiva, sino todo su entorno.

Si el secuestro finaliza con la muerte del cautivo, entonces hay que sumar el costo del secuestro y calcular el del homicidio a partir del momento en que fue cometido.

En el año tomado en cuenta para este ejercicio (2001) la víctima típica era generalmente un empresario o industrial, ganadero o persona adinerada. Posteriormente, hubo una popularización del delito. Las víctimas dejaron de pertenecer a las clases pudientes. La Encuesta Nacional de Victimización realizada por el Gobierno en 2009 reveló que el 70% de los cautivos pertenece a las clases media y media-baja, y que ocho de cada diez plagios son express, es decir, duran horas o como máximo un día.

Esto podría sugerir una disminución del costo unitario por secuestro. Pero el crecimiento del número de casos ha sido tan explosivo que el costo por este delito con seguridad se incrementaría en líneas generales.

En este delito un individuo se apodera en forma violenta de la totalidad de un automóvil, camión o motocicleta perteneciente a otra persona. Es importante destacar que si el hecho no está revestido de violencia, los jueces lo toman como hurto. Las denuncias sobre apoderamiento de aviones y los helicópteros son registrados aparte por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Inicialmente, parecería que el costo económico del robo de vehículos (CRV) se reduce a la suma de las pérdidas de los dueños legítimos de cada unidad, equivalentes al precio del vehículo (P).

Pero hay una serie de costos asociados a la adquisición del bien, cuyo cálculo tiene cierta dificultad. Esto se refiere no sólo a la póliza de seguro (S) sino también a todos los sistemas de seguridad (SS) destinados a impedir el robo.

El costo promedio de cada vehículo fue estimado por la policía judicial en 30 millones de bolívares durante la primera mitad del año 2004. Por razones de rigor mantendremos tal estimado, a pesar de que el precio de los vehículos está en permanente aumento debido a la presión inflacionaria y a las restricciones en el mercado cambiario.

Debemos aclarar que los cálculos serán hecho en dólar controlado u oficial, que es el aplicado por el Gobierno a las ensambladoras, aunque éstas vendan los carros y sus partes a los clientes finales como si fueran adquiridos a dólar libre.

En la actualidad (2004), con un ingreso per cápita calculado por el Banco Central de Venezuela en aproximadamente 2400 dólares anuales, muy pocas personas pueden disponer de 30 millones de bolívares en efectivo para comprar un carro. Podemos inferir entonces que cada vehículo es comprado gracias a operaciones de crédito con la banca.

Esta situación implica gastos en aseguradoras y en dispositivos de seguridad. En Venezuela y en otros países latinoamericanos un crédito bancario para la adquisición de automóviles no es otorgado si antes el cliente no cancela un seguro y adquiere por lo menos 3 dispositivos de protección. El primero implica un gasto anual cercano al 10% del monto del vehículo (póliza), mientras que el otro es un sólo gasto, que oscila entre 1 millón y 1,5 millones de bolívares, dependiendo de la calidad de los sistemas comprados. La media, 1,25 millones de bolívares equivale a 641 dólares al cambio oficial.

Por razones de comodidad y simplificación del modelo, asumiremos que los autos son robados en el primer año transcurrido desde su compra.

En 2003, indican las estadísticas, fueron robados 33.864 vehículos (VR). Nuestra fórmula va de la siguiente manera:

CRV (2003) $= (PxVR)$+ (PxVRx10/100)$ + (641xVR)$

= (15.384,6 x 33.864)$+ (15.384,6 x 33.864 x
10 / 100) + (641×33.864)$

=520.984.094,4 + 52.098.409,4 + 21.706.824

=594.789.327,4

Ahora bien, la cifra de vehículos robados implica además que las víctimas: 1) quedaron a pie, en cuyo caso tendrán que gastar por tiempo indeterminado en su transporte una cantidad que no habían previsto y que probablemente se solapa con el pago de las mensualidades del seguro; o 2) tendrán que comprar un nuevo vehículo.

El gasto promedio en transporte público (TP) dentro de una ciudad como Caracas es de 1500 bolívares diarios (70 centavos de dólar al cambio oficial para 2004). Esto implica que durante un año la persona gastaría
(TP=0,7 x 365) 255,5 dólares.

Probablemente esta persona tendria que gastar esta cantidad o una mayor en la gasolina y el mantenimiento del vehículo, pero lo cierto es que como se lo robaron ya no lo tiene y debe gastar eso en algo distinto. Por lo tanto, esto debe ser añadido como parte del costo económico del robo de vehículos en Venezuela para el año pasado.

O sea: CRV (2003) $=594.789.327,4 + (255,5 x 33864)

=603.441.579,4

Esta cifra, aunque parezca elevada debe ser tomada como un punto de partida. Como en el caso de los homicidios, este cálculo no toma en cuenta factores imponderables como las consecuencias físicas y psicológicas que tiene para la víctima el robo de un medio de transporte. Aún así, el modelo propuesto nos permite aproximarnos a una realidad que hasta el momento no habíamos cuantificado.


El costo económico de los robos al transporte público


Este cálculo afronta diversos escollos. El primero y más importante se refiere a la ausencia de un modelo específico para establecer esta cifra. No existe un mecanismo formalmente aceptado para hacer este análisis, y por lo tanto todos los resultados eventualmente pueden ser debatidos o rebatidos.

Los robos a los conductores y usuarios de transportes públicos tienen importancia económica en virtud de su volumen y frecuencia, así como también por la cantidad de personas afectadas. Esto hace de la materia un problema de interés público que debe ser abordado por las instancias decisorias del Estado.

Como punto de partida para el desarrollo de este modelo debe tomarse en cuenta que el delito de robo es descrito en la legislación penal como una acción contra la propiedad. De allí se sobreentiende que existe una pérdida económica (PE), traducible o expresable en términos de la moneda de curso legal en el país, en este caso bolívares (Bs.).

Por regla general, durante los robos a los transportes públicos los ladrones se llevan bienes y dinero. La ganancia de estos delincuentes (GD) equivale exactamente a la pérdida de sus víctimas (PV), expresada como se dijo en moneda de curso legal. Las víctimas, sin embargo, se dividen en dos grandes grupos de acuerdo con el rol que desempeñan en el momento del robo: los conductores (C) y los pasajeros (P). Entonces, la ganancia de los ladrones es igual a la sumatoria de la pérdida de los conductores (PC) y la de los pasajeros (PP).

De donde se puede señalar, en primer lugar: GD= (PC+PP) Bs.

Pero la pérdida económica (PE) es un concepto mucho más amplio debido a que incluye aspectos intangibles desde el punto de vista del individuo, aunque de suma importancia para los que analizan en problema en su dimensión social. Está, por ejemplo, la pérdida de horas-hombre de trabajo productivo (PH). Esto puede ser traducido como el número de horas que la víctima dejó de laborar como consecuencia directa del robo. Puede suceder que este costo no sea cubierto totalmente por la víctima sino por sus empleadores. Pero también puede ocurrir que la persona robada sea un trabajador independiente. Como quiera que sea el caso, alguien sufre una disminución indeseada de su patrimonio y por ende este costo también podría ser traducido en moneda de curso legal.

Si el salario mínimo urbano vigente para 2004 es de 405 mil bolívares, la hora de trabajo tiene un precio mínimo de 2 mil 531 bolívares. Si una persona es robada en la mañana, lo más probable es que pierda toda la jornada de trabajo, es decir, 2.531 Bs x 8 horas. Esto equivale a 20 mil 248 bolívares. Pero si está de regreso a su casa, al final del día, no perderá horas de trabajo. No obstante, los testimonios aportados por los conductores indican que actualmente los robos a transporte público son ejecutados en diversos momentos del día. Para los efectos de este cálculo, podemos escoger la medida media. Así, la pérdida de horas-hombre (PHH) por robo será igual al número de pasajeros victimizados multiplicado por 10 mil 124 bolívares.

Cabe destacar que este es un estimado conservador, pues se parte del principio según el cual todos los pasajeros despojados de sus bienes solamente devengan el salario mínimo, cuando en realidad los transportes públicos son utilizados por personas provenientes de todos los estratos sociales.

Ahora bien, hay que preguntarse entonces de cuántas personas hablamos. Para esto es necesario acercarse a la denominada “cifra negra” de este delito. En otros términos, hacer una aproximación al número de individuos afectados que no denuncian los robos de los que son víctima.

Para esto hay que tomar en cuenta los testimonios de los conductores de transportes públicos, única información abierta disponible. Durante las manifestaciones que han protagonizado últimamente, los transportistas han indicado que en el municipio Sucre asaltan en promedio 10 unidades por día, mientras que en los municipios Plaza y Zamora suman 23 unidades. Esto daría un total de 33 vehículos de transporte públicos robados todos los días. Se debe suponer que por efecto de la exageración, producto del fragor de las protestas, este número ha sido “inflado” y en realidad es 30 por ciento menor. Esto daría en total 23 unidades asaltadas todos los días.

En promedio, los vehículos que transitan por estas zonas tienen de 24 a 36 plazas. La media de ambas sería 30 plazas. Entonces el número de personas afectadas por año se puede calcular de esta forma.

PA(año)=23x30x365
=251.850

Esto no quiere decir que se trate de personas distintas, pues es probable que algunas hayan han sido asaltadas en transportes públicos varias veces.

El costo en horas-hombre, siguiendo este modelo, sería la multiplicación del número de personas por el costo por jornada. Esto es, para el caso de los municipios Sucre, Plaza y Zamora:

HH(año)=(PHHxPA) Bs.=(251.850×10.124) Bs.=2.549.729.400 Bs.

Sin tomar en cuenta los efectos psicológicos que este tipo de asaltos puede ocasionar en los pasajeros y en los pilotos de transportes colectivos, se puede señalar que la pérdida económica (PE) por este delito cada año en los municipios señalados es igual a la ganancia de los ladrones (GL) sumada al costo de horas-hombre anual. Esto sería:

PE(año)=(GL+ HH)(año),
=(PC+PP+HH)(año)

Los conductores de vehículos de transporte por regla general comienzan la jornada sin dinero o con montos muy escasos para dar el cambio a los primeros pasajeros que recogen. Luego, se puede asumir que la pérdida es equivalente al dinero que han acumulado por el cobro de los pasajes durante esa jornada.

En un recorrido de ruta completa entran y salen pasajeros. De forma tal que el autobús con la capacidad señalada (30 puestos) puede fácilmente renovar la mitad de sus pasajeros durante toda la ruta, para totalizar 45 pasajeros. Si el precio de los pasajes es en promedio de 600 bolívares, podemos establecer la siguiente fórmula para calcular la ganancia del conductor (GC) por cada viaje.

GC(Bs.)=(P+P/2)(T)(Bs.)

P= número de pasajeros
T=tarifa

GCviaje(Bs.)=(45+45/2)(600)=40.500 Bs.

Los conductores de transportes públicos suelen iniciar la jornada muy temprano, para aprovechar el flujo de pasajeros rumbo a sus lugares de trabajo. Finalizan cuando han llevado a las personas de vuelta a sus casas. A veces trabajan por turnos, pero a los efectos de este cálculo ese dato no tiene importancia. Lo relevante es que por cada vehículo hay un conductor.

La jornada de operación de cada vehículo de transporte, por lo tanto, puede prolongarse hasta por 14 horas. Si se asume que el recorrido de cada ruta lleva una hora, entonces el transporte efectúa 14 viajes por jornada. De donde la ganancia del conductor por día será:

GCdía(Bs.)=(GCviaje x #viajes)Bs.
=(40.500 x 14)Bs.
=567.000 Bs.

La pérdida del conductor (PC), según el esquema propuesto, será entonces la mitad del dinero acumulado por el cobro de pasajes. Esto pues se ha asumido para facilitar el cálculo que la hora escogida por los antisociales corresponde a la mitad de la jornada.

PC=(GCdía/2)Bs.
=(567.000/2)Bs.
=283.500 Bs.

Si asumimos que todos los días asaltan 23 unidades (estimado conservador) en los tres municipios señalados, entonces la pérdida para los conductores en todo un año puede cuantificarse así:

PCaño (Bs.)=PCx23x365 (Bs.)
=283.500x23x365 (Bs.)
=2.379.982.500 Bs.

El cálculo de las pérdidas de los pasajeros (PP) está sujeto a factores aleatorios tales como disponibilidad de dinero, posesión de bienes visibles, colocación en la unidad de transporte asaltada, etc. Se puede asumir, sin embargo, que como todos los pasajeros han cancelado una suma para utilizar el servicio de transporte, poseen una igual o mayor para poder utilizar el servicio de vuelta y efectuar otros gastos durante la jornada, como por ejemplo una comida. De ser así, entonces:

PP(Bs.)=(T + 7.500)Bs.
=(600 + 7.500)Bs.
=8.100 Bs.

Si el número de personas afectadas por este delito cada año es 251.850, el costo en bolívares por este lapso será:

PPaño(Bs.)=(PP x PA)(Bs.)
=(8.100 x 251.850) (Bs.)
=2.039.985.000 Bs.

Entonces, la pérdida económica por cada año en los municipios Sucre, Plaza y Zamora por los asaltos a transportes públicos puede cuantificarse así:

PEaño (Bs)=(PPaño + PCaño + HHaño)Bs.
=(2.039.985.000 + 2.379.982.500 + 2.549.729.400) (Bs.)
=6.969.696.900 Bs.
=$ 3.241.719,4

Una vez más, se señala que estos trabajos fueron publicados inicialmente como editoriales en segured.com. En este caso, han sido corregidos y editados. No obstante, la esencia del trabajo se mantiene.