El feudo de Koki nunca fue una zona de paz

Criminalidad

La Cota 905 nunca fue una zona de paz. Los policías decían que no entraban al feudo de Carlos Luis Revette, alias Koki, pues “la superioridad” no lo permitía. Esan instancias eran (y son) incluso superiores a la del director de la policía judicial, Douglas Rico, y de la Policía Nacional, el general de división Elio Estrada Paredes. De allí, los agentes inferían que el referido territorio formaba parte del programa ministerial que alguna vez encabezó José Vicente Rangel Avalos, cuando era viceministro de Política Interior, y que finalizó en 2015. Revette siempre contó con información privilegiada que le permitiera estar un paso delante de los cuerpos de seguridad. La primera OLP, en julio de 2015, tuvo el propósito de “neutralizarlo”. Y desde entonces hasta ahora, siempre ha logado escapar. Esta vez lo hizo con sus principales lugartenientes, Garbis Ochoa y Carlos Alfredo Calderón (Vampi). De allí que no se pueda cantar victoria plena en la última operación. Ciertamente, las comisiones de la PNB y de Cicpc lograron desplazar a toda la organización criminal. El “efecto cucaracha” con el grupo de la Cota 905 se ha evidenciado durante todo el fin de semana con las muertes por supuestos enfrentamientos en Jardín Botánico, Tanaguarena (Vargas) y Los Teques, es decir, en la periferia de la capital. Pero estos son individuos de segundo y tercer nivel en la organización. Por lo tanto, el riesgo de que Revette reconstruya su banda estará presente hasta el momento en que el régimen comprenda que estos son los resultados de sus propias acciones y omisiones. Lo mismo ocurre en Bolívar, Aragua, Zulia y Sucre, por citar otros lugares del país profundamente impactados por la acción de las megabandas, que han logrado suplantar la presencia de las autoridades gubernamentales. Es decir, estas agrupaciones son el gobierno en sus pequeños territorios. Uno quisiera afirmar que la normalidad volverá a la Cota 905 y La Vega. Pero en realidad lo sucedido el viernes es apenas un primer paso. Lo más difícil viene ahora. El saldo hasta el momento, según lo declarado por la titular de Relaciones Interiores, ha sido 26 muertes (muchos de ellos debido a proyectiles perdidos) y 28 heridos. Además, hay un impacto intangible que se define en términos de dolor, sufrimiento y pérdida de calidad de vida (Mark Cohen). Esto se evidencia en las oleadas de familias que abandonaron sus viviendas con lo poco que pudieron cargar, para escapar del conflicto armado (Crónica Uno). También se aprecia en la parálisis que afectó a por lo menos cinco parroquias de la capital del país, el trauma sicológico por el que atraviesan las capas de población residente más vulnerables, y la disminución del valor de las viviendas en zonas aledañas, como Montalbán y La Paz. No será posible recuperarse de toda esta destrucción tan solo declarando la “liberación” de las zonas. Tal y como lo señaló la Conferencia Episcopal en su comunicado del viernes 9 de julio, el Estado debe retomar su función de garante de la seguridad y la convivencia pacífica. Esta es una labor mucho más profunda que la de estallar trincheras.