El intento de escape de Sierra: una irregularidad más en un caso atípico

Criminalidad

Varios datos de interés arroja el secuestro y la posterior liberación de Franyeli Carolina Guerrero Guillén en Barinas. En primer lugar, aunque el asunto era conocido en el estado llanero, no figuró en los registros oficiales. Esto obedece a una práctica que se ha ido imponiendo en la policía de investigación y otros cuerpos, según la cual los casos son reportados a Relaciones Interiores para efectos estadísticos solo cuando son resueltos, o cuando el escándalo hace imposible su ocultamiento. Esta es la percepción del comisario jubilado Sergio González, ex jefe de Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial. En segundo lugar, de acuerdo con el ex funcionario, el verdadero objetivo del plagio no era la mujer de 37 años de edad, sino su papá, un productor agropecuario de cierta solvencia en el estado. Este plagio, además, tuvo un notable grado de planificación, que permitió al grupo tener a la víctima cautiva durante 140 días en una habitación construida especialmente para tal finalidad. “Estaba a buen resguardo”, dijo González. Esto hace suponer, además, que la estructura criminal de la que supuestamente hace parte el abogado Ernesto Javier Sierra es mucho más grande, y que ha participado en otros golpes. Sierra, reveló González, formó parte de la base Antisecuestros de Cicpc en Táchira. Pero solo llegó al grado de detective. Se casó con una mujer en cuyo rescate él mismo participó. En Barinas, la gente observaba con cierta sorpresa cómo, a sus cuarenta años de edad, Sierra acumulaba riquezas con rapidez. Vistos en conjunto, estos factores hacen pensar a González que el delito de secuestro tiene unas dimensiones mucho más preocupantes que las que el Gobierno está dispuesto a admitir, en especial en los estados occidentales del país.

PS: en víspera de la publicación de esta nota, se filtró la información sobre las circunstancias en las que Sierra fue ultimado, mientras era trasladado a Caracas por una comisión de la policía judicial. Los hechos que dieron pie al procedimiento de “intervención legal” signado con la nomenclatura K-22-369-00240 son difíciles de creer. Pero este no ha sido el único caso en que se intenta la liberación de individuos en custodia policial. En octubre de 2019, dos funcionarios de la Policía Nacional murieron mientras llevaban a igual número de detenidos desde los tribunales de Guarenas a La Yaguara. En ese caso, los agentes fueron desarmados por el papá de uno de los procesados. En otras palabras, los individuos contaron con ayuda de terceros. En lo que respecta a Sierra, si se da cierta credibilidad a la minuta preliminar, cabría preguntarse por qué escogió ese momento para someter mediante estrangulamiento al funcionario que conducía la patrulla. ¿Contaría con algún respaldo en los alrededores de San Mateo? Por la forma como se ha tratado el asunto desde la Fiscalía y la policía judicial, diera la impresión de que más bien el propósito es sumergirlo en el olvido.