Expreso de oriente

-Solo la pandemia ha detenido la carrera para poner en funcionamiento el primer automercado iraní Megasis en Venezuela

Texto y fotos:

@javiermayorca

Al aproximarse la inauguración del primer local de la cadena iraní de supermercados Megasis en Caracas, la actividad en sus instalaciones se hace cada vez más intensa.

El local abrirá en el este de Caracas

Desde la semana que comenzó el lunes 6 de julio, los alimentos y otras mercancías traídas en barco directamente de la república islámica están llegando en caravanas de camiones. Según el vocero y máximo representante del Consejo Comunal de la urbanización Terrazas del Ávila, José Antonio García, solo entre el miércoles 8 y el jueves 9 descargaron en los estacionamientos de ese local ocho contenedores de cuarenta pies cada uno.

Los vecinos del sector se mantienen atentos a la entrada y salida de vehículos de carga. De allí han salido máquinas registradoras, aparadores y mercancías de marcas desconocidas para el comprador nacional. 

Para el momento de la redacción de este reporte, quedaba mucho trabajo por ejecutar. El local donde operará el primer Megasis tiene 10.300 metros cuadrados, y alrededor una extensa playa de estacionamiento. Hasta el mes de enero, funcionó allí una sede de las tiendas Clap, la cadena donde comercializaban alimentos subsidiados por el Ejecutivo, traídos a Venezuela a través del consorcio Salva Foods, cuyos principales socios, los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, son el centro de un escándalo internacional por lavado de dinero. A pesar de todo el respaldo con el que contaban los empresarios colombianos de parte del régimen de Nicolás Maduro, los anaqueles de ese galpón difícilmente eran llenados. Tuvieron que arrendar algunos espacios y acudir a proveedores externos.

Ahora, las tiendas Clap han dado paso a una venta de alimentos al detal sobre la que recaen denuncias y sanciones estadounidenses por un supuesto financiamiento al terrorismo. 

Según el Wall Street Journal, Megasis es el punto de venta de alimentos marcas Delnoosh y Varamin. Ambas son subsidiarias de la corporación iraní ETKA, creada hace más de 60 años con dinero de la seguridad social de los militares retirados de Irán. ETKA, indica el rotativo, pertenece a las Fuerzas Armadas de Logística, una dependencia del ministerio de la Defensa iraní que ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense, por su participación en el desarrollo de misiles balísticos.

El reporte periodístico cita informes de inteligencia estadounidenses según los cuales la apertura de un negocio como Megasis en el extranjero requiere de autorización de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, otra entidad sancionada por el Tesoro.

Inspección comunal

En Venezuela, la gran mayoría de la población se mantiene ajena a los antecedentes reportados por el rotativo estadounidense. En los alrededores del nuevo local, prevalece la curiosidad por saber si productos tales como el aceite de oliva y las especias harán honor a la fama que poseen en otras latitudes.

El representante vecinal de Terrazas del Ávila se acercó el jueves 9 de julio para constatar el avance de los trabajos correspondientes al primer Megasis de Venezuela. Su presencia fue notada por los vigilantes del lugar. Cinco minutos después, salió a la calle un hombre de unos 35 años de edad que se presentó ante él como el encargado (manager) de turno. Dijo llamarse Rheza, natural de Teherán. 

Rheza dijo no hablar español, así que buena parte del breve diálogo se desarrolló en un inglés rudimentario, puesto que él tampoco parecía hablarlo con fluidez. Dijo que la apertura del supermercado estaba pautada para “dentro de dos semanas”. Pero ese objetivo no fue cumplido, presumiblemente por la radicalización de la cuarentena en el país. Este ha sido el segundo aplazamiento. 

Según el encargado, en la actualidad están acondicionando los espacios internos del local, y simultáneamente avanzan en la contratación del personal venezolano, que serán unos cien empleados. Precisó que el primer Megasis venezolano tendrá un horario corrido de 8 am a 9 pm.

Rheza dijo no temer a la delincuencia en una de las áreas más riesgosas de la capital más violenta del mundo, con una tasa de 74,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el último listado de la ONG Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

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“Los venezolanos son excelentes personas”, fue su respuesta. Y rápidamente se despidió.

Trámite exprés

Los registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) indican que este nuevo centro de compras fue inscrito a nombre de la compañía anónima Megasis 2020 (Registro de Información Fiscal J-500238703).

Como presidente de la entidad aparecen registrados Seyed Alí Hannani, venezolano de origen iraní de 55 años de edad, y su esposa Carmela Aidée Arciniegas de Hannani, colombiana nacionalizada venezolana, de 46 años. Los dos pusieron a la sede del local como su dirección fiscal.

En ambos casos, la inscripción en el registro tributario se llevó a cabo el miércoles 10 de junio de 2020, apenas diez días antes de que la embajada de la República Islámica de Irán en Caracas informara sobre la llegada a Venezuela del buque Golsan, que traía “alimentos para inaugurar el primer supermercado iraní en Venezuela”. 

Esta embarcación es propiedad de una empresa que también ha sido sancionada por el Tesoro, pues supuestamente es utilizada por la Guardia Revolucionaria para la ejecución de sus programas misilísticos.

El portavoz del consejo comunal observó que, quizá por la urgencia, los ejecutivos de Megasis han olvidado un trámite indispensable: el permiso de funcionamiento emitido por la alcaldía, en este caso la del municipio Sucre del estado Miranda. Para que esa autorización sea emitida, deben contar con el aval previo de los representantes vecinales, según lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal

En el caso de Terrazas del Ávila, recordó García, hay un precedente muy cercano de ejercicio del poder comunal, cuando se impidió momentáneamente la puesta en funcionamiento de un autocine en el estacionamiento de la Universidad Metropolitana. El argumento, explicó, es que las funciones emitirían ruidos molestos.

“El trámite ante el consejo comunal es gratuito, pero siempre se le pide al comercio que haga alguna bienhechuría a la comunidad. La empresa, además, debe comprometerse a colocar sus señales y vigilar los alrededores”, indicó.

Relaciones ampliadas

La apertura de este primer Megasis no es una simple operación comercial. Según la propia embajada iraní, es la expresión de las “relaciones amistosas y fraternales” existentes entre Irán y Venezuela. Sucede en un contexto de escalada conflictiva entre estos dos países y Estados Unidos.

Según la internacionalista Elsa Cardoso, la puesta en funcionamiento de Megasis es una “costosa operación”, que tiene “un fuerte contenido geopolítico”.

“Se trata de un desafío al régimen de sanciones implantado por EEUU, al tiempo que es una señal explícita de los crecientes nexos económicos de Irán con el gobierno venezolano”, afirmó.

Observó que la entrada de los iraníes en la rama de distribución de alimentos ocurre luego de la puesta en marcha de acuerdos en el plano energético, que implicaron la traída al país de técnicos e insumos para la reactivación de refinerías en centro y occidente, así como la importación de gasolina para paliar una aguda escasez.

“Todo esto sucede mientras EEUU toma la bandera de romper el acuerdo nuclear que había con el régimen de Teherán”, observó.

El profesor de relaciones internacionales Carlos Romero recordó que los iraníes intentaron sin éxito entrar en el sector industrial venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, quien firmó acuerdos con el gobernante iraní del momento, Mahmud Ahmadineyad, para la construcción y la puesta en funcionamiento de fábricas de automóviles (Venirauto) y de bicicletas (Fanabi).

“Estos proyectos no dieron resultados. Ahora, entramos en un plan que va hacia los consumidores finales”, dijo.

Romero advirtió que este es un paso más, dentro del desarrollo de las relaciones bilaterales entre Venezuela y la república islámica, que en un plazo cercano podría abarcar “campos más sensibles”.

“La ventana de la cooperación militar está abierta”, sentenció.

Fuente: FANB

MENOS SOLES

El 5 de julio, Maduro ascendió a 130 oficiales a los grados del denominado generalato, que abarcan desde general de brigada y contralmirante a general en jefe y almirante en jefe. No hubo ascendidos a estas dos últimas jerarquías, que según la tradición establecida por el gobernante están reservadas hasta ahora al ministro de la Defensa (Vladimir Padrino), el jefe del Ceofanb (Remigio Ceballos) y el jefe de Estado Mayor de la Comandancia en Jefe (Jesús Suárez). Aun así, la cifra de beneficiados podría parecer exagerada para algún lector desprevenido. Lo cierto es que, durante los últimos seis años, Maduro viene aplicando una estrategia de disminución progresiva en cuanto a los ascensos a las máximas jerarquías de la FAN. El tope de ascendidos a estos grados lo alcanzó en 2014, con 229. Desde entonces los totales han disminuido, con la excepción de 2019, cuando ocurrió un leve incremento. Este punto ha sido escasamente analizado. Sin embargo, es claro que, si los ascensos a general están signados por la percepción de lealtad y obsecuencia, esta merma del 43% puede ser la consecuencia de un estado de desconfianza en Miraflores. De igual forma, con una FAN cada vez más reducida en cuanto a sus cuadros regulares, cabría preguntarse si realmente se justifica el acceso de 130 oficiales a la cúpula castrense.

PANDEMIA EN CUARTELES

El 11 de julio, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino declaró que más de 160 efectivos castrenses estaban contagiados por coronavirus. El oficial puso sobre el tapete algo que ya se venía comentando, y que circulaba en minutas, cuya difusión solo había sido mitigada por la censura. Desde que comenzó la pandemia, se ha conocido sobre contagios entre efectivos de unidades militares y policiales ubicadas en Distrito Capital y Miranda, Vargas, Táchira, Aragua, Nueva Esparta, Zulia, Lara y Apure. Desde luego, lo más probable es que haya funcionarios enfermos en otros estados. La situación ha sido crítica en instalaciones de la Guardia Nacional en Zulia y de la Armada en Nueva Esparta, donde se ha ordenado pruebas rápidas a todos los efectivos de guardia. Esto es lógico, pues en ambos estados los militares de esos componentes desempeñan labores que implican permanente contacto con la ciudadanía. Según el infectólogo Julio Castro (referencia para la sociedad civil en esta materia) el país apenas está entrando en la “fase exponencial” de la pandemia, lo que implica una multiplicación del número de casos en lapsos cada vez más cortos. Esto sucede luego de cuatro meses de permanente despliegue de los funcionarios en calles, avenidas, autopistas, carreteras y estaciones de servicio. Muchos de ellos ni siquiera reciben su ración diaria de alimentos. En consecuencia, a estas alturas ya se encuentran extenuados y cada vez menos dispuestos para atender las crecientes demandas de la ciudadanía.

GASOLINA DE SANGRE

Un civil murió y otro resultó herido por disparos, mientras que un sargento de la Guardia Nacional también fue lesionado en la cabeza durante una situación confusa, reportada el sábado en la tarde en los alrededores de la estación de servicio Buenos Aires de Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui. Las minutas conocidas de forma extraoficial divulgan datos contradictorios, que intentan justificar el uso de fusiles AK-103 contra la población, con el argumento de que los militares eran atacados por lo que llaman “grupo estructurado de delincuencia organizada” (GEDO), liderado por un hombre al que identificaron solo por el alias (el Badó), y que supuestamente cobraba extorsión para permitir a la población surtirse de gasolina. Y se supone que las bombas son vigiladas por efectivos militares las 24 horas del día, por orden del ministerio de la Defensa. Este incidente ocurre apenas nueve días después de otra situación similar, en la que resultó muerto un pescador de Isla de Toas (Zulia), donde igualmente ocurrió un reclamo por la ausencia de acceso al hidrocarburo. En una comunidad de pescadores, disponer de gasolina para las lanchas marca la diferencia entre poder trabajar o languidecer en casa. En ambos casos, los militares intentan justificar el uso de sus fusiles con el supuesto de que respondían a ataques previos con armas de fuego, cuestión que hasta el momento no ha sido verificada.

POPULARIDAD MERMADA

En este contexto, el Observatorio Venezolano de la Violencia presentó los resultados de un estudio sobre la letalidad policial en el país. Las cifras son preocupantes, pues revelan un crecimiento exponencial en los homicidios a manos de uniformados durante los últimos cuatro años, que como se sabe aparecen registrados como muertes por “resistencia a la autoridad”. Según el reporte, en 2016 la proporción fue de 289 por cada 1000 homicidios, mientras que en 2019 fue de 802 por cada 1000 homicidios. Según la legislación penal vigente, la resistencia a la autoridad es un delito con una pena máxima de cinco años de prisión, por lo que puede ser catalogado como “menos grave”. Aún así, es usado como pretexto para el ejercicio de la acción letal de los policías y los militares. Las estadísticas del propio Gobierno indican que en 2015 hubo 4882 procedimientos por “resistencia a la autoridad”, que ocasionaron 2576 fallecidos. El promedio de muertes por expediente fue de 0,52. En 2019 hubo 4023 casos de este delito, que dejaron el saldo de 5201 cadáveres. El promedio de muertes por cada caso se elevó entonces de 0,52 a 1,29. Paradójicamente, el incremento de la letalidad policial en el país no ha ido acompañado de una mayor confianza en los cuerpos de seguridad. Por el contrario, según el informe presentado por el Observatorio de la Violencia, el 70% de los entrevistados en una encuesta especial calificó como malo o muy malo el desempeño de los agentes y militares.

Sobre el caso Odebrecht se ha querido tender un manto de silencio en Venezuela. Pareciera que el esquema de sobornos descubierto inicialmente por un reducido grupo de policías federales y fiscales radicados en Curitiba, al sur de Brasil, en el marco de un expediente conocido como Lava Jato, o autolavado, ocasiona incomodidad en sectores políticos nacionales que van más allá del oficialismo, tal y como sucedió en el lugar de origen. Pero pocos atinan a establecer una secuencia de hechos. Según el extenso reportaje del periodista Vladimir Netto, The Mecanism (Londres, 2019), lo de Odebrecht, en realidad, no fue el origen sino una consecuencia muy importante de la pesquisa sobre las actividades de un cambista (Alberto Youssef) que servía como conducto para la distribución de las coimas derivadas de la asignación de contratos de la estatal petrolera Petrobras. Youssef tenía una larga trayectoria en el mundo del delito organizado, por lo que no sorprendió verlo nuevamente en el centro de una investigación, iniciada formalmente en 2013. Los que los agentes no podían avizorar entonces es que, a la vuelta de tres años, este caso con sus 29 capítulos policiales, ocasionaría el enjuiciamiento de dos expresidentes (Fernando Collor y Luis Inacio da Silva), la destitución de una mandataria en ejercicio (Dilma Roussef), el ascenso al poder de Jair Bolsonaro y una ola de averiguaciones en por lo menos siete países latinoamericanos, donde las empresas cariocas, con Odebrecht a la cabeza, expandieron sus capitales, así como los esquemas de sobornos. Entre estos territorios, desde luego, figura la Venezuela del chavismo-madurismo. No se olvide cuál fue el caso que motivó el enjuiciamiento intentado contra el gobernante Maduro por la fiscal en el exilio Luisa Ortega. Aunque el libro de Netto no hace énfasis en la proyección internacional de las averiguaciones, sí se puede colegir que este es un subproducto más bien tardío del proceso Lava Jato. De allí que todavía queda mucho por hurgar. Lo cierto es que la investigación relatada en The Mecanism pone en tela de juicio a todo un sistema político, que había establecido una simbiosis con un cartel de dieciséis empresas, conocidas como el Club, que se repartía los contratos a dedo, y luego retornaba jugosas tajadas a los funcionarios de turno y jefes de las principales toldas políticas, no solo el gobernante Partido de los Trabajadores. En este sistema, donde todos cobraban, el silencio era la norma. Para quebrarlo, fueron necesarias negociaciones y acuerdos judiciales con más de cincuenta personas. Y esta es quizá una de las primeras lecciones que recibe un lector desprevenido. No es posible desmadejar las marañas de la corrupción sin los datos de quienes participaron en ella. Claro está, en procesos conducidos por un sistema judicial independiente y debidamente supervisado. Otro dato de interés, en especial para quienes piensan en alguna transición, es que tales acuerdos con los procesados deben comportar la devolución de los activos generados por los sobornos. Esto no ocasiona sentencias de absolución. Pero, de cierta manera, en el caso brasileño los corruptos también “compraron” un tratamiento menos duro que el que tendrían si se produce una confiscación compulsiva de sus haberes. Esta es una forma de justicia más expeditiva. Economía procesal, la llamarían. El libro de Netto es una prueba fehaciente de la transparencia que prevalece en el particular sistema judicial carioca. Los hechos fueron plasmados casi en estricta secuencia cronológica, sin aderezos ni sensacionalismos. Y aun así fueron suficientes para una serie de Netflix. Esta obra está disponible en versión electrónica.