Dos mitos en seguridad ciudadana

-Existen concepciones erróneas en materia de seguridad en las que parecieran coincidir oficialistas, opositores e independientes

@javiermayorca

La Real Academia de la Lengua Española nos dice que los mitos son historias ficticias que, por la fuerza de las repeticiones, son aceptadas como verdades escritas sobre piedra por amplios conglomerados.

En los mitos, igualmente, se habla de cosas o personas a las que les atribuyen cualidades que en la realidad no poseen.

En el ámbito de la seguridad los hay tan fuertes que casi constituyen puntos de encuentro entre integrantes de todos los sectores políticos y niveles socioeconómicos.

En esta entrega, se analiza dos de los mitos más difundidos en el país.

El verdadero poder de las armas

Una noción que pareciera estar imbuida en la cultura policial consiste en que los agentes deberían gozar de cierta paridad en cuanto al poder de fuego, con respecto a sus contrapartes del mundo de la delincuencia.

A pesar de esto, la impresión generalizada es que desde el propio Gobierno se ha pretendido desarmar a las policías, con propósitos inconfesables. Es cierto que durante el régimen de Maduro han ocurrido varias rondas de desarme a cuerpos de seguridad. Pero estas acciones parecieran ser selectivas, es decir, van más encaminadas a mermar los recursos de instituciones bajo el mando de alcaldes o gobernadores opositores, que por una concepción general de los medios que deben estar a la disposición de esos funcionarios, en cumplimiento del modelo trazado hace una década.

En otras palabras, los llamados “estándares” en cuanto al armamento han sido aplicados con rigor a las instancias de gobierno que no son afines al régimen. En cambio, se ha permitido que los cuerpos preventivos de estados y municipios gobernados por oficialistas se apertrechen con armamento de guerra, e incluso se hagan llamar “fuerzas armadas policiales”. Sus funcionarios, retratados con fusiles terciados en el pecho, como sucede en Lara, sugieren el acatamiento de modelos militaristas, dispuestos a aplicar “mano dura” contra los delincuentes.

Del otro lado, en sectores de la oposición también hay la convicción de que se debe incrementar el poder de fuego de los cuerpos preventivos. La reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, sancionada por el Parlamento (regido por opositores) en octubre de 2016, tiene una disposición transitoria según la cual “todas las armas y municiones que fueron retiradas de las policías estadales y municipales por alguna medida administrativa o por la aplicación de la resolución número 17.350, del 13 de febrero de 2011 (…) u  otro  instrumento  jurídico  de contenido  similar,  deberán  ser devueltas por el Ejecutivo Nacional a los organismos de los cuales fueron sustraídas”.

Esta es una lógica que el criminólogo Keymer Ávila ha descrito como de “guerra fría”: si el hampón tiene fusiles, todo policía también debe tenerlos, y de ser posible mejores.

“Si seguimos esa lógica, tarde o temprano tendremos a policías municipales con bazucas”, advirtió.

Pero esa convicción generalizada pareciera carecer de sustento científico o estadístico. En 2014, Avila llevó a cabo una investigación sobre la victimización policial. En esa época, sorprendían las cifras de agentes ultimados. Luego de revisar y sistematizar la información consignada en los expedientes penales, concluyó que el uso de armas largas en contra de los funcionarios “es excepcional”.

Los fusiles, como los exhibidos recientemente por miembros de bandas en Petare y la Cota 905, tienen según Ávila una utilidad más simbólica que instrumental. A partir del miedo que inspiran, se facilita el control en determinados territorios. Wilexis y Coqui los saben.

Lo cierto es que las policías preventivas usualmente se abstienen de intervenir cuando perciben que del otro lado hay hampones con FAL o AR-15. Desde luego, los impactos por los proyectiles de estas armas pueden ocasionar daños considerables. Pero la sola posesión en manos de antisociales no es argumento suficiente para no actuar, aun si se dispone solo de las armas reglamentarias.

Según el comisario jubilado de la policía judicial e instructor de tiro, John Tovar, tan importante como el armamento es el conocimiento táctico sobre su utilización y el permanente entrenamiento. Esto puede marcar una diferencia clave en situaciones comprometidas como las que día a día enfrentan los uniformados.

El ex funcionario indicó que la mayoría de los delincuentes no equipara el nivel de preparación que deben poseer los policías. Además, creen que el arma por sí sola es suficiente, pero “no tienen tácticas”.

Aún así, es raro ver que gendarmes con la dotación reglamentaria enfrenten a bandas que poseen armas de guerra. Para encontrar un ejemplo hay que remontarse a diciembre de 2012, cuando comisiones de las policías de Chacao y Sucre protagonizaron una larga refriega contra los integrantes de una renombrada banda de secuestradores, liderada por José Ricardo Suárez, alias Penco. Estos sujetos llevaban fusiles Colt AR-15, mientras que los uniformados tenían sus pistolas y escopetas reglamentarias. Luego de un intenso intercambio, en una calle ciega de Los Palos Grandes, murieron cuatro delincuentes, incluido el líder de los plagiarios. Ningún policía resultó herido.

¿Cómo se traslada el hampa?

Aquí va el segundo mito.

Sobre las motos – y sus conductores- pareciera caer un estigma. Los usuarios de estos vehículos son permanentemente detenidos y verificados por los agentes de todas las policías, simplemente porque circulan sobre dos ruedas.

Esta opinión negativa hacia los llamados “motorizados” no se forjó exclusivamente durante los mandatos de Chávez y Maduro. En los ochentas del siglo pasado, por ejemplo, se llegó a prohibir mediante decreto presidencial que estos vehículos transitaran por las autopistas de Caracas.

Recientemente, sin embargo, gobernadores y alcaldes han implantado restricciones en sus territorios exclusivamente para los usuarios de motocicletas, también guiados por la noción de que son los medios de transporte predilectos de los delincuentes. El último de ellos ha sido el mandatario regional de Zulia, quien prohibió la circulación de estos vehículos durante las noches. Esta medida ha posibilitado la confiscación de facto de numerosas motos, sin mayor basamento que un decreto de alcance regional.

En el libro Revolución de la muerte (Caracas, 2020) los autores Fermín Mármol y Luis Izquiel -que participaron en la elaboración del capítulo sobre seguridad del Plan País de Juan Guaidó- también se muestran proclives a la imposición de restricciones al uso de motos, bajo la noción de que son los medios mayoritariamente utilizados por los asaltantes en las vías públicas.

Como se ve, tanto oficialistas como opositores parecieran coincidir en que los cuerpos de seguridad deben tener una actitud más rigurosa hacia quienes utilizan este medio de transporte. Pero, ¿qué dicen al respecto las estadísticas manejadas por las propias policías?

Según cifras conocidas extraoficialmente, en 2019 fueron reportados 15097 robos genéricos y robos de vehículos. Estos son delitos contra la propiedad caracterizados por un accionar violento, en los que las víctimas pueden tener una idea de cuáles fueron los medios utilizados por sus contrapartes. En los hurtos es más complicado determinarlo, puesto que por definición prevalecen la agilidad y la destreza para llevar a cabo los despojos de los bienes y del dinero.

De todos estos robos denunciados ante las policías, y presumiblemente investigados, se constató el uso de motocicletas por los victimarios solamente en 1006 casos. Esto equivale al 6,6%. En otros 898 (5,9%) casos las víctimas afirmaron que los asaltantes usaron autos, camionetas o camiones.

Como se ve, la diferencia entre el uso de motos y de otros vehículos en los robos de todo tipo fue muy pequeña. Pero las decisiones han sido contra los motorizados. Pareciera que el criterio estadístico no fue tomado en cuenta por gobernadores y alcaldes a la hora de aplicar medidas que ponen cortapisas a un derecho constitucional, como el de la libre circulación.

Lo cierto es que, en la Venezuela actual, con parques automotores extremadamente reducidos y poco acceso a los repuestos, la gran mayoría de los ladrones se traslada a pie, o con medios de transporte que no han sido determinados por los cuerpos policiales. Estas dos alternativas abarcan el 87% de los robos conocidos durante el año pasado. Son razones suficientes para abstenerse de tomar decisiones de gobierno que van directamente en contra de un grueso sector de la población.

Otra cosa distinta es obligar a los conductores de motos, y de todo tipo de vehículos, a acatar las normas del tránsito terrestre, y aplicar los correctivos previstos en ellas cuando se detectan infracciones. De esa forma se podría contrarrestar el ambiente de profunda anomia que se percibe en las calles y avenidas del país.

En próximas entregas, serán analizados otros mitos de la seguridad ciudadana en Venezuela.

DRONES/ONU

El 18 de junio, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas dictaminó que el gobierno venezolano  debería poner en libertad “sin dilación” al general de brigada (GN) Héctor Hernández da Costa, uno de los oficiales detenidos como consecuencia del estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante la celebración de un acto aniversario de la Guardia Nacional. El dictamen, identificado con el número 20/2020, indicó además que este oficial debería “obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”. Hernández fue apresado el 13 de agosto de 2018 durante una incursión de Contrainteligencia Militar en su vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, llevada a cabo sin orden judicial ni presencia de representantes de la Fiscalía. “En días posteriores, se realizaron tres allanamientos más, durante los cuales se sembraron pruebas en su contra”, indica el documento. El oficial fue desaparecido durante cinco días, hasta su presentación en un tribunal, el 18 de agosto. Igualmente, “fue torturado por los miembros de la Dgcim para obligarlo a prestar una falsa declaración que inculpara a los dirigentes políticos de la oposición, implicándolos en el supuesto intento de magnicidio”. En esos días, le ofrecieron que si declaraba contra los políticos pasaría de ser imputado a testigo. En este caso, el Gobierno respondió ante la ONU a los señalamientos formulados por los representantes del general. Informó que Hernández da Costa fue aprehendido debido a una orden judicial expedida el 16 de agosto, es decir, tres días después de la incursión policial en su vivienda. Además de implicarlo en el caso de los drones, el régimen cree que él participó en los asaltos a la 41 brigada blindada del Ejército, y al puesto de la GN en Laguneta de la Montaña. Estas acciones fueron encabezadas, respectivamente, por grupos en los que participaban el capitán Juan Carlos Caguaripano y el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez. El alegato gubernamental no especifica cómo habría sido la participación de este general en ambos casos. Indicó, además, que los defensores de Hernández no denunciaron ante la juez de control “los supuestos actos de tortura, amenazas contra sus familiares y la colocación de evidencias falsas en su domicilio”. En su dictamen, el grupo de la ONU concluyó que las alegaciones del régimen en su descargo fueron “aisladas y no sustentadas”, y que por ende no desvirtúan las denuncias.

ORO DE SANGRE

En una resolución aprobada el 9 de julio, el Parlamento Europeo hizo un llamado a los estados miembros para aplicar una “prohibición inmediata en el comercio interno y la circulación del oro de sangre ilegal desde Venezuela”. Es la primera vez que este cuerpo deliberante coloca al metal precioso procedente del país en la categoría de los llamados minerales de conflicto. Se trata de un nuevo paso en el proceso de estrechar el margen de maniobra del régimen de Maduro para obtener recursos procedentes de la venta internacional de materias primas. Este pronunciamiento, indica el consultor en minerales estratégicos Daniel Valero, fue tomado apenas días después de que un tribunal en Londres negara la entrega al régimen del oro depositado en las arcas del Banco de Inglaterra. Adelantó que el precedente del Reino Unido va a orientar las decisiones de las demás instancias internacionales. Recordó que la Unión Europea aprobó un reglamento para el tratamiento de casos como el del oro venezolano, que entrará en vigencia en enero de 2021. De la misma forma, EEUU tiene una ley sobre la materia, llamada Dodd-Frank. El punto clave de todo esto, según Valero, es que buena parte del valor del metal precioso viene dado por la “trazabilidad”, es decir la posibilidad de que un ente reconocido internacionalmente, como es London Metal, certifique el origen del oro. Las grandes transnacionales de informática, como Apple o Intel, han asumido esta norma. “No se va a poder trazar ningún mineral venezolano que esté incluido en la lista de los minerales de conflicto transables en el mundo”, advirtió. En consecuencia, el régimen venezolano entraría en una pequeña porción del mercado mundial (20%), que opera sobre la base del contrabando.

VUELOS DE LA DROGA

El 5 de julio, mientras en el país celebraban los ascensos militares, aterrizaba en una carretera del municipio mexicano Chunhuhub (Quintana Roo) un jet Gulfstream siglas XB-RCM cargado con aproximadamente 700 kilos de cocaína. Aunque las trazas de vuelo indicaban un punto de despegue desde Maracaibo, lo más probable es que el jet haya salido desde alguna pista del sur del lago o del Catatumbo. Según fuentes policiales, estos son los lugares donde se está produciendo con más frecuencia el embarque de drogas ilegales con destino en países centroamericanos como Honduras o Guatemala, y también México, como sucedió el domingo. El jet despegó poco después de las 6 am, y luego de aterrizar fue quemado por sus ocupantes. Una de las dos camionetas en las que fue colocado el alijo fue incautada por las autoridades mexicanas, mientras que la otra fue hallada después, ya sin carga. Este envío presumiblemente pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación. La ONU ha advertido que debido a la pandemia los traslados de drogas ilegales desde Suramérica han perdido frecuencia. En el caso venezolano, estarían saliendo desde marzo un promedio de tres vuelos semanales, sospechosos de llevar sustancias ilícitas. En cuanto a la ruta marítima, preferida para el transporte de alijos a Europa y países de África Occidental, los participantes en la operación aeronaval encabezada por EEUU frente a las costas venezolanas, llamada Orión V, han reportado el decomiso de 50,3 toneladas de cocaína y otras 7,3 toneladas de marihuana hasta junio.

ALEX SAAB

Son innumerables las presiones ejercidas desde diversos gobiernos en torno al pedido de extradición del magnate colombiano Alex Naín Saab, detenido en el archipiélago Cabo Verde a instancias de Estados Unidos, bajo cargos de lavado de dinero en negociados con el régimen venezolano. Además de los pronunciamientos públicos del canciller Jorge Arreaza y del embajador con jurisdicción en ese país africano, Alejandro Correa, exigiendo la liberación de este hombre, con el argumento de que cumplía una “misión” de Estado, también se cuentan las gestiones que, de acuerdo con el investigador Joseph Humire, habría llevado a cabo el gobierno ruso en favor del empresario de 48 años de edad. El 5 de julio, además, el canciller estadounidense Mike Pompeo envió este mensaje al archipiélago, con motivo del 45 aniversario de su independencia: “EEUU está orgulloso de su cercana alianza con Cabo Verde; nuestra relación tiene sus raíces en más de 200 años de historia, y propósitos compartidos hacia la democracia, la seguridad regional y la prosperidad económica”.  El año pasado, Pompeo no se tomó esa molestia. De allí que el presidente de ese pequeño país, en las costas frente a Senegal, José Carlos Fonseca, calificara de “caso delicado” este proceso de extradición, e indicara además que nunca había recibido “tantas llamadas de jefes de estado extranjeros”. Luego de la última entrega de Crímenes sin Castigo (Los profesionales), dedicada a este tema, se produjo la remisión de los documentos que soportan la solicitud de extradición a territorio estadounidense. En este espacio reiteramos que el proceso podría extenderse hasta el último trimestre de 2020, a menos que Saab desista del juicio, lo que implicaría una negociación previa con EEUU. En todo caso, al colombiano le conviene llevar este litigio hasta el final, puesto que así se garantizaría ciertos beneficios, como por ejemplo que los norteamericanos se comprometan evitar las dobles imputaciones, penas de prisión por encima del límite establecido en la legislación caboverdiana y la reextradición a terceros países. Debe recordarse que los tribunales colombianos también han abierto expedientes penales en contra del famoso detenido.

Primero fue Bob Woodward, con Miedo. Ahora, el ex asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, con The Room Where It Happened (New York, 2020), todavía sin traducción oficial. Difícilmente, una gestión presidencial en Estados Unidos ha tenido tantas filtraciones, tan documentadas y en tan poco tiempo. Luego de sobreponerse a los intentos judiciales de su antiguo boss, para impedir que saliera a las librerías, la obra del ex consejero amenaza con transformarse en un auténtico éxito de ventas. No es para menos. Durante veinte meses, Bolton tuvo acceso irrestricto a todos los secretos de la administración liderada por Donald Trump. Aunque no es posible saber desde afuera si todos fueron plasmados en estas 588 páginas, lo cierto es que cada capítulo contiene información reveladora, especialmente en lo referido a los temas de la agenda internacional estadounidense, que abarcaron la mayor parte de su gestión. Desde la relación amor-odio hacia el gobernante ruso Vladimir Putin hasta la admiración velada por líderes autoritarios como el de Corea del Norte, Kim Jong Un, acaso por el poder que poseen para ejecutar sus decisiones sin las cortapisas derivadas de los contrapesos democráticos. Bolton -al igual que Woodward- pinta a un presidente errático, efervescente y en ocasiones chabacano, poco dado al estudio en profundidad sobre los temas clave de la agenda mundial. Trump, además, ha sido presa de la improvisación a la hora de conformar su equipo de gobierno, con lo que a menudo sus propias decisiones no han sido ejecutadas convenientemente. Todos los venezolanos que quieran entender por qué las cosas están como están, deberían pasearse por las páginas de Bolton, y en especial por el capítulo dedicado completamente al caso nacional (Venezuela libre). Algunas perlas: según el autor, Trump también abriga cierta admiración a la capacidad de Maduro para sostenerse. Por otro lado, las burocracias de los departamentos de Estado y Tesoro habrían retardado en forma clave la aceleración de las sanciones a los operadores del oficialismo, en momentos en que de acuerdo con Bolton esto era necesario para agudizar la crisis en el gobierno venezolano. En el caso de la cancillería, temían ataques contra el personal diplomático emplazado en Caracas. En lo referido al despacho de Steven Mnuchin (Tesoro), Bolton refirió una actitud de excesiva protección a los intereses de las petroleras estadounidenses que todavía operaban en el país. En esto, como en otros asuntos, el autor no se descargó completamente de responsabilidad por los magros resultados, pero tampoco asumió su cuota, más allá de algunos episodios en los que actuó con el deliberado interés de hacer un «control de daños». El libro es definitivamente un “baño de realidad”, dirigido a quienes albergan optimismos ilusorios en cuanto a la incidencia de factores externos en la realidad política del país. La obra puede ser adquirida en formato electrónico.

Cualquier información sobre los contenidos de esta columna, o en general sus preguntas o inquietudes sobre temas de seguridad, las puede enviar al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, y tendrán oportuna respuesta.