Amenazas y muerte

En profundidad

@javiermayorca

El 5 de julio de 2023, cuando apenas iniciaba la jornada, cuatro hombres armados con fusiles y pistolas irrumpieron en una finca del sector Caña Brava de Mérida.
“Nos maniataron y despojaron de nuestros teléfonos y de las llaves de portón. Posteriormente nos encierran y dejan bajo custodia”, recordó Carlos Romero, un funcionario jubilado de la extinta Policía Metropolitana.
Los individuos se identificaron como integrantes de una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla nacida en Colombia. Según la asociación civil Fundaredes, esta organización ha extendido su presencia desde los estados fronterizos hasta el centro y el oriente del país.
Luego de media hora de encierro, Romero se percató de la llegada de su hijo homónimo, un sargento de la Guardia Nacional. Para ese momento, no vestía su uniforme. Estaba acompañado por sus dos hijos, ambos menores de edad.
“El se identifica como militar, creyendo que (los asaltantes) eran policías de civil. Lo amordazan y se lo llevan a 300 metros en la parcela. Allí lo asesinan de varios tiros”, recordó el ex policía.
Según Romero, hasta ahora este crimen permanece impune. Los elenos presuntamente querían vengar la muerte de dos compañeros, en el curso de un enfrentamiento con agentes de la Policía del Zulia, en un área limítrofe con Mérida. Indicó que la acción fue impulsada por una denuncia formulada por su grupo familiar en noviembre de 2022.
A estos individuos los señalaron de extorsionar a los productores de la zona.
Seis meses después de este homicidio, un comerciante de camionetas de San Juan de los Morros recibió un video a través de su cuenta Whatsapp.
Las imágenes aparentemente fueron tomadas por un teléfono desde un vehículo en marcha, en horas de la noche. Desde la cabina, un hombre disparaba con pistola hacia un estacionamiento.
“Papá, para que te reportes. Si no quieres el daño más grave”, advirtió, mientras accionaba el arma en nueve oportunidades.
Un hecho similar ocurrió en una licorería de la misma población del estado Guárico. En ese caso, los perpetradores dispararon contra la fachada del comercio y un inmueble residencial al otro lado de la misma calle, donde presumiblemente vive en propietario de la empresa.
Todo esto sucedía mientras el gobierno cantaba victoria por una disminución de los homicidios reportados hasta diciembre.
Pero esta merma en las muertes violentas pareciera estar asociada a factores como la fuerte recesión económica y la diáspora que ha restado casi un tercio de la población del país, y no a las consecuencias de alguna política de seguridad ciudadana.
En el informe presentado a finales del año, el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) indicó que hubo una disminución en el accionar de la delincuencia rapaz y callejera (“desorganizada”), al tiempo que se produjo una “concentración y monopolización de la violencia vinculada a las organizaciones criminales poderosas, y su focalización en algunos nichos de oportunidades”.
De allí que el homicidio, aunque siempre es importante por tratarse del delito que atenta contra el principal valor, como es la vida humana, no arroja un cuadro completo de la criminalidad en el país.
Para entender mejor lo que sucede conviene asomarse a otras actividades ilegales, como la extorsión.
En el mismo informe, el OVV refiere los resultados de una encuesta según la cual el 23% de los entrevistados reconoció que había sido extorsionado en el año previo, predominantemente por funcionarios de aplicación de las leyes.
“El sentimiento de la población es tener que enfrentarse a una doble extorsión, la de los delincuentes y la de los policías, provocando una destrucción mayor en la institucionalidad del país”, indica el reporte.
La extorsión se nutre del miedo de las víctimas. De allí que rara vez sea denunciada. Se sabe de su gravedad cuando ocurren hechos de sangre, como el del sargento Romero en Mérida. En su historia sobre la mafia, John Dickie señala que la extorsión además es la principal fuente de recursos para el manejo diario de las estructuras del crimen organizado.
Las cifras manejadas por los cuerpos de seguridad indican que la extorsión ha tenido un importante repunte, en especial durante la segunda mitad de 2023.
Durante el año recién finalizado fueron iniciadas 418 averiguaciones por este delito, según se pudo conocer de manera extraoficial. De ellas, el 57% corresponde al lapso julio-diciembre.
Paradójicamente, la mayor ola de amenazas comenzó a partir de septiembre, cuando el ministerio de Relaciones Interiores emprendió la operación Gran Cacique Guaicaipuro, e intervino siete cárceles, señaladas por ese despacho como importantes puntos de origen de las extorsiones.
Las retomas de las cárceles parecieran no haber mitigado el accionar de las redes extorsivas. De hecho, un tercio de todos los casos reportados en el año recién finalizado ocurrió en Zulia, donde no hubo intervenciones carcelarias.
El repunte de las extorsiones siembra enormes dudas sobre la sustentabilidad del control a la criminalidad, pregonado desde el Ejecutivo. No obstante, se debe reconocer que ha ocurrido un notable despliegue de fuerzas para dar la impresión de cierto control, en especial en las grandes urbes del centro del país.
En un año electoral, lo más probable es que Maduro intente preservar esta situación a sangre y fuego. Lo previsible, entonces, es el incremento en los reportes sobre muertes por presuntos enfrentamientos, ahora llamadas “intervenciones legales”.