¿Es Venezuela más segura?

-Con el ánimo de justificar las deportaciones masivas de venezolanos, los gobiernos de naciones desarrolladas dan un giro en su posición con respecto a los riesgos que se corren en el territorio gobernado por Maduro

Crímenes sin castigo | 17 de diciembre de 2023

En profundidad

@javiermayorca

El 5 de octubre, el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, emitió una declaración desconcertante.
Según este funcionario, no existiría mayor problema en repatriar a las oleadas de venezolanos que entran a ese país por la frontera sur, luego de sortear los peligros de la selva del Darién, puesto que Venezuela es ahora un territorio “seguro”.
Esta afirmación echa por tierra los enormes esfuerzos desplegados desde la sociedad civil venezolana para que fuese comprendida en toda su magnitud la emergencia humanitaria compleja (EHC) que se padece en este territorio desde hace más de siete años. En algún momento, incluso, el propio Departamento de Estado norteamericano dio una explicación sobre el significado de la EHC, al señalar que se trata de una situación originada por las acciones y omisiones del régimen de Nicolás Maduro, y no por otras situaciones como las catástrofes naturales o los conflictos armados.
En esos días de octubre, Washington había llegado a un entendimiento con Miraflores para retomar los vuelos de repatriación. Una información divulgada por la Cancillería estadounidense el 8 de diciembre precisó que durante los últimos siete meses han sido devueltas a Caracas 13 mil personas.
“Este número seguirá creciendo en los próximos meses”, indicó la nota.
EEUU no ha sido el único país desarrollado en cambiar su posición con respecto a la crisis venezolana. Incluso desde antes que lo hiciera la administración Biden, el Reino de los Países Bajos ya negaba de forma consistente las solicitudes de asilo formuladas por las personas que huyen de la conflictividad política y la delincuencia desbordada. Este giro intenta desestimular a los posibles emigrantes a ese país europeo, o a alguna de sus antiguas colonias en el Caribe.
Otra nación europea que ha puesto un cerco a los migrantes venezolanos es Islandia. En noviembre, llegó a Maiquetía un primer grupo de deportados desde esa latitud. De nada valieron las protestas por una medida que consideraron compulsiva.
En el caso estadounidense, el giro anunciado por Mayorkas con respecto a Venezuela pareciera que no es compartido por otras dependencias gubernamentales. Basta con asomarse a las “alertas de viajeros” elaboradas por el Departamento de Estado. La última versión, actualizada en julio de este año, advierte que bajo el gobierno de Nicolás Maduro “los crímenes violentos, como el homicidio, los robos armados, el secuestro y el apoderamiento de vehículos, son comunes”. De allí que la recomendación para sus conciudadanos sea no acercarse a este territorio. Lo mismo se afirma en las páginas de los gobiernos de Canadá y el Reino Unido, por citar algunas.
Aun así, conviene preguntarse: ¿ha cambiado algo en Venezuela para que ahora sea calificada como un territorio “seguro” por ciertos voceros de gobiernos extranjeros?
Según el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, una de las razones es que en el país han disminuido los homicidios y otros delitos violentos.
Pero este cambio tiene muy poco que ver con alguna política consistente en materia de seguridad ciudadana, y mucho con lo que Briceño describió como “las transformaciones generales del país”, ocasionadas precisamente por la emergencia humanitaria compleja.
“Tenemos una población muchísimo menor y un empobrecimiento general de la sociedad”, afirmó. En consecuencia, han disminuido tanto las oportunidades como el atractivo para el delito violento y callejero.
Briceño aclaró que estas situaciones no se presentan de manera uniforme en toda Venezuela. Hay sectores donde reina una aparente calma, mientras que en otros los delitos se mantienen o se hacen más frecuentes.
Aún así, reconoció que las encuestas de opinión reflejan que el tema de la inseguridad producida por el hampa ya no preocupa tanto como antes.
“La sensación de seguridad de las personas ha mejorado, porque ha cambiado la composición del delito. La letalidad ha disminuido”, explicó.
Al prevalecer los delitos ejecutados sin violencia, como los hurtos, el riesgo de que no sean denunciados o conocidos por las autoridades se incrementa. Según el ex director de la Comisión de Seguridad de Fedecámaras, Alberto Ray, la disminución de las estadísticas de criminalidad se explica en parte por un fenómeno conocido como “cifra negra”, es decir, un creciente porcentaje de los delitos que no es denunciado ante los órganos de investigación penal. Indicó que eso guarda relación con el grado de confianza en los cuerpos de seguridad.
“En estos momentos, muy pocas personas confían en las policías”, sentenció.
Ray y Briceño coincidieron al afirmar que la merma en los delitos violentos también es consecuencia de la supremacía ejercida por grupos armados no estatales en vastas porciones del territorio nacional.
Ray, quien actualmente dirige el Risk Awareness Council, un tanque de pensamiento dedicado a evaluar riesgos emergentes, el 61% del territorio venezolano está bajo la influencia de alguna estructura armada no estatal.
“En la medida en que el delito se organiza gracias a estos grupos, se hace menos violento”, explicó Ray.
Pero eso no permite concluir que el delito en general ha disminuido. Probablemente, ha asumido formas menos compulsivas en su proceder.
Este es apenas un elemento a tomar en cuenta para evaluar la seguridad de un país como Venezuela.
Del lado de los cuerpos de aplicación de la ley, por ejemplo, prevalece todavía una tendencia al ejercicio de la fuerza letal. Las operaciones ya no llevan la marca OLP, como era en 2015. Pero es claro que los cuerpos uniformados continúan matando. Una evaluación basada en data extraoficial indica que, hasta el mes de septiembre, los uniformados fueron responsables del 25% de los homicidios reportados en todo el país. Un porcentaje similar al de años anteriores. A estos procedimientos ahora los denominan “intervenciones legales”, aunque sean poco ajustados a las normas. La mayoría de estos casos queda impune.
Estos factores indican que en el país todavía prevalece la fragilidad institucional, aunque una parte de la comunidad internacional esté dispuesta a voltear la mirada, para darle preponderancia a las quejas de sus electorados.
Por otra parte, el argumento aportado desde el poder estadounidense para justificar la repatriación de venezolanos le hace un favor a la causa de Nicolás Maduro. El 10 de diciembre, por ejemplo, el director nacional de la policía judicial Douglas Rico afirmó que ahora Venezuela es “el país más seguro de América Latina”. En la narrativa de este comisario no figuran los términos de emergencia humanitaria, diáspora o cifra negra. Basta la mención del dato en torno a la reducción del número de homicidios. Y saque Ud sus conclusiones.
Este es un punto que, muy probablemente, se convertirá en tema de la campaña electoral del año entrante.

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