Llegaron para quedarse

Crímenes sin castigo | 29 de mayo de 2013

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Twitter: @javiermayorca

El lunes de la semana pasada Venezuela presenció la activación del vigésimo primer plan de seguridad implantado por el Gobierno desde 1999, cuando asumió el teniente coronel retirado Hugo Chávez.

Patria Segura, en esta fase, implica el despliegue de 3000 militares del Ejército, la Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana en cinco parroquias del Distrito Capital. Otros 30.000 han sido movilizados a 6 regiones. Eso para comenzar, pues ya los propios uniformados saben que poco a poco la FAN será incorporada de lleno en labores de seguridad ciudadana. Pasarán los seis meses anunciados por el mandatario como límite del plan,y ellos seguirán allí, plantando alcabalas y verificando que los ciudadanos comunes tengan sus documentos en regla.

Ejército en la calle ¿6 meses?

La puesta en marcha de este plan implica sin embargo la aceptación tácita de la tremenda crisis de criminalidad que vive el país. Esto tiene consecuencias directas en la inseguridad de la población. Venezuela, indica una encuesta realizada recientemente por la firma Gallup, es el país del mundo donde la gente tiene más miedo de salir a la calle (74%).

Maduro, desde luego, trató de justificar su decisión con un matiz político: dos de las cinco parroquias donde fueron emplazados los soldados están en el estado Miranda, gobernadas respectivamente por el líder opositor Henrique Capriles y el director de su última campaña, el alcalde de Sucre Carlos Ocariz.

De las otras tres parroquias, que de hecho ocupan la mayor porción de soldados, nada se habla. Pero no se crea que Antímano, El Valle y El Recreo estás desprovistas de policías. En todas hay amplios contingentes de la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Libertador. El efecto que tienen allí los militares del plan Patria Segura es permitir la concentración de las otras policías en áreas más pequeñas y fáciles de controlar.

En la práctica, este plan representa una continuación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad, instaurado por Chávez en 2011. A pesar de todas las prédicas sobre la existencia de una Constitución garantista, no se observa uno de los principios establecidos en ella, como es la asignación de los asuntos de seguridad ciudadana exclusivamente al poder civil.

Un argumento similar manejaron en el México de Felipe Calderón para sacar a las fuerzas militares a luchar contra las organizaciones criminales: hay una situación de emergencia que llega incluso a desestabilizar el sistema político. A partir de allí ambas situaciones se diferencian. En aquél país, por ejemplo, los mecanismos de verificación y control ciudadanos están mucho más consolidados. Los consejos de Derechos Humanos llevan el pulso a la situación, y han logrado denunciar los excesos de los militares en su accionar. En Venezuela, los militares no se sienten obligados a informar sobre sus ejecutorias, y esto abre un margen de actuación muy peligroso.

Venezuela ya tiene larga en cuanto a la actuación de los militares en cuestiones de seguridad ciudadana. La conclusión es que poco o nada han logrado con la finalidad de disminuir la violencia. Esta, por el contrario, se ha mostrado refractaria a cualquier emplazamiento o táctica de saturación, como la que se plantea en este momento. Cuando Chávez llegó al poder, en 1999, la cifra de homicicios estuvo en aproximadamente 6500 para todo el país. En 2012 fueron 16000. Ahí están los resultados, y sin embargo insisten en las mismas fórmulas, destacando pequeños éxitos sin visualizar el gran cuadro del país que señala un profundo deterioro de la seguridad ciudadana.

Finalmente, mucho se ha dicho en cuanto a lo que este plan representa como mecanismo de control social y político. ¿Realmente, los militares reprimirán al pueblo si éste sale a las calles en una reproducción del Caracazo de 1989? Creo que no. Por el contrario, en una situación como esa quizá afloren los resentimientos hacia el estamento político cubanizado durante los últimos tres lustros.

Breves

*Al cierre de esta edición Ligia Bolívar, representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, llamó la atención sobre el asesinato el miércoles 15 de mayo de Roni Barrios, de 17 años de edad, miembro de una familia diezmada en el estado Aragua. Este, de hecho, ha sido el décimo homicidio sufrido por los integrantes de ese grupo. En la mayoría de los casos se ha comprobado la participación de miembros de las fuerzas policiales de esa región. El caso de la familia Barrios fue objeto de consideración por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre de 2011 declaró la responsabilidad del Estado Venezolano por la ejecución extrajudicial de dos familiares de Roni Barrios, así como también por la falta de aplicación de las medidas cautelares decretadas por esa instancia al resto de los miembros de la familia.

*Miembros de la etnia wayú y empleados de la alcaldía de Paguaipoa bloquearon recientemente la troncal del Caribe para protestar por el robo de vehículos oficiales y su traslado al otro lado de la frontera, en Cúcuta, donde supuestamente son usados con total impunidad. Una situación similar a ésta origió un escándalo durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, gracias al informe emitido por el comisario de la extinta Disip Ramón Iglesias, quien concluyó que los vehículos robados en Venezuela eran legalizados por autoridades corruptas de la Guajira, con la complicidad del cartel de drogas de esa región.