País al revés

Crímenes sin castigo | 1 de agosto de 2013

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Venezuela es un país al revés. Aquí sí es posible que los ratones persigan a los gatos y que la carreta esté adelante del burro.

La semana pasada, asistimos a un episodio que corrobora esta convicción. Comenzó con un procedimiento de rutina por parte de dos oficiales rasos de la Policía Nacionalen la Cortadade Catia. Los agentes sospecharon de un sujeto al verlo pasar en un automóvil frente al punto de control donde hacían guardia. Uno de ellos le preguntó si estaba armado y dijo que no. Luego de una inspección hallaron una pistola Beretta FS92 calibre 9 mm, serial P533703Z, solicitada por robo de vehículos en los Valles del Tuy.

Al verse descubierto, Jonathan Alexander Giménez Vaamonde, de 27 años de edad, advirtió que formaba parte del colectivo José Leonardo Chirinos, que opera en la Zona F del 23 de Enero. Es uno de los ocho principales grupos armados que hacen vida en esa parroquia.

Los oficiales detuvieron a Giménez para iniciar un expediente por porte ilícito de arma de fuego. Esto ocasionó una reacción no sólo de los miembros de su grupo sino también de otro que opera en Lídice, Waraira Repano.

Más de 200 personas, algunas de ellas armadas, encapuchadas, con motos o a pie, bloquearon los accesos de la estación Sucre de la Policía Nacional, exigiendo la liberación del detenido. No hablamos de una zona rural y alejada de la civilización, sino de la instalación donde nació el cuerpo policial.

Esta situación se prolongó por horas en una de las principales arterias viales del oeste caraqueño. El asedio fue claro, mucho más que los esgrimidos por la Fiscalía para elaborar los expedientes sobre la supuesta violencia contra centros de salud integral luego de las elecciones del 14 de abril, por cierto desmentidos gracias a inspecciones in situ de la organización no gubernamental Provea.

Sin embargo, se perdió una preciosa oportunidad para enviar un mensaje a estos grupos, en el sentido de que no se permitirán sus actividades violentas. Las autoridades, por el contrario, negociaron temerosas una paz que le permitió a Giménez salir en libertad luego de su presentación ante los tribunales. Una diligente medida cautelar, entre medianoche y gallos nos indica además que el Poder Judicial sigue alineado al Ejecutivo.

Polinacional bajo asedio

También el Poder Moral. La Fiscalía, tan diligente cuando se trata de perseguir a la oposición, ha guardado un silencio cómplice en torno a este caso, confirmando así que guía sus decisiones según el principio de la selectividad represiva.

El impacto simbólico de este episodio va más allá. Vacía de autoridad al gobierno de Nicolás Maduro y confirma que el supuesto plan para el desarme de la población no es más que propaganda.

Breves

*El asedio a Polinacional también forma parte de un proceso continuado de pérdida de autoridad por parte de las instituciones formales del Estado. En este caso, no solo se trata de colectivos armados. Funcionarios, patrullas o instalaciones de ese cuerpo han sido atacados por lo menos cuatro veces desde junio. Los incidentes han sido reportados en Ciudad Caribia, el bulevar de Sabana Grande e incluso en la estación Agua Salud del Metro, donde intentaron quitarle el arma a un uniformado y caerle a batazos.

*En su último informe anual, Provea señaló que la FANrebasó a CICPC como la institución más denunciada por torturas durante los últimos años. En diciembre de 2012 sus efectivos casi matan a un civil en Puerto Ayacucho, mientras trataban de extraerle una confesión incriminatoria en una pesquisa sobre el supuesto hurto de 2 fusiles AK-103. El Ejército al parecer ha seguido su ejemplo con el asesinato de un hombre señalado por tráfico de combustible en Táchira, el 10 de julio. Las señales están ahí. El problema es que pocos quieren verlas.

*El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz inició la intervención de la Policía de Amazonas. Para justificar la medida se argumentó que esa institución omitió reiteradamente las recomendaciones impartidas desde 2011 por el grupo de asistencia técnica. También se ha señalado que hay más de 140 denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos. En la práctica, uno de los tres gobernadores opositores del país pierde el control de su policía. Es otra prueba más de la selectividad represiva del Estado. Sin entrar a analizar lo pertinente de la decisión, otros cuerpos de seguridad han sido objeto de graves denuncias. Desde mayo, la Policaracas de Jorge Rodríguez ha sido señalada por albergar a grupos de asaltantes y secuestradores. Desde el robo grosero a turistas en Capitolio hasta la extorsión a supuestos traficantes de drogas. Pero esa no se toca.

*Al cierre el ministro de Turismo Andrés Izarra anunció que iniciarán una campaña para informar a los visitantes cuáles son las áreas de riesgo del país en cuanto a la incidencia criminal. Mejor sería indicarles con precisión en qué parte de la geografía estarán a salvo de asaltantes, secuestradores y militares matraqueros como los que protagonizaron el relato del deportista español Isra García. Por lo demás, Venezuela figura como territorio de alto riesgo en el mapa mundial de los destinos turísticos para los ciudadanos de los países desarrollados, que son precisamente los que interesaría atraer.