Venezuela: la adaptación del hampa

Dentro de todo lo decepcionante que pudo ser el año recién finalizado, hay un dato que quizá contribuya a generar alguna esperanza: para el 31 de diciembre, el país contabilizaba 9050 homicidios.
Esta cifra, conocida extraoficialmente, incluye a las muertes ocasionadas por funcionarios policiales o militares, en episodios conocidos como “resistencia a la autoridad”. En países como Japón o Noruega, podría ser escandalosa. Aquí, representa una vuelta a los niveles que existían en 2002.
Ya el Observatorio Venezolano de la Violencia había notado el impacto que tuvo la prolongada cuarentena, implantada incluso antes de que se admitiese la llegada del primer caso de Covid-19 en el país. Tomemos en cuenta, por ejemplo, la cifra de muertes reportada en 2015 (27.875), y nos percataremos de que, a la vuelta de cinco años, hubo una reducción de aproximadamente 60%.
Es tiempo de buscar algunas explicaciones. Desde luego que la matanza sistemática de individuos con antecedentes ha tenido algún impacto. No solo los han eliminado físicamente, sino que muchos de los sobrevivientes buscaron refugio en otras latitudes, en lo que alguna vez fue denominado “efecto cucaracha”. También el éxodo masivo de venezolanos ha influido. Si atendemos a las cifras de Acnur, para 2021 habrá salido de Venezuela aproximadamente el 20% de la población reconocida en 2015.
La matanza sistemática y la diáspora son algunos factores a tomar en consideración para explicar la reducción de las muertes violentas. Pero no son los únicos.
Dice Emile Durkheim que el delito es una característica normal de la sociedad, algo “ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social”. Por lo tanto, no podrá ser eliminado totalmente. Como sucede con la energía, solo se transforma, adquiere nuevos matices ante determinadas circunstancias. El problema está en disponer de las herramientas para conocer hacia dónde se orienta.

En el caso de la Venezuela de 2020, un factor crucial fue el confinamiento. La obligatoriedad de permanecer en las viviendas o en sus alrededores aminoró la frecuencia de los homicidios hasta llegar, en septiembre, a la cifra más baja, que fue de 355 víctimas. Simultáneamente, los cuerpos policiales y militares pudieron hacer más efectivo el control y la localización de sus objetivos. En el segundo trimestre del año, mataron a un promedio de 490 personas al mes, erigiéndose de esta forma en el actor violento más importante.
En el tercer trimestre del año pasado, el promedio de homicidios ocasionados por bandas, delincuentes solitarios, gente celosa y en fin actores civiles subió un poco y se equiparó con el de los cuerpos uniformados. En ambos “bandos”, la cifra fue de 362 promedio mensual.
Nuevamente, las explicaciones deben ser encontradas en una conjunción de factores. En septiembre, las policías y los componentes militares tuvieron un dramático descenso en su actividad letal. Esto coincide con la divulgación del informe del grupo de Determinación de Hechos de la ONU, que reveló la existencia de un patrón de violencia estimulada desde las más altas esferas gubernamentales, en lo que describió como “luz verde para matar”. El cese de estas prácticas sería una especie de desmentido silente, pero también una admisión de lo hecho.
Mientras tanto, del otro lado, la delincuencia comenzaba a adaptarse a los lapsos de “flexibilización”, aprovechando la mayor oportunidad para el delito que venía con el incremento en la circulación de personas. Con ello también se elevó el promedio de homicidios, hasta 385 víctimas mensuales.
Se debe recordar que el Ejecutivo aflojó la orden de confinamiento puesto que la economía venezolana se encontraba -y aún permanece- postrada, pero era necesario incrementar la actividad callejera, dar la sensación de cierta recuperación, con miras en la elección parlamentaria.
Una vez logrado el objetivo, Maduro ordenó la vuelta al tono que predominó hasta noviembre, y probablemente intentará mantenerlo así hasta que le convenga. Ya The Economist explicó cómo la pandemia ha servido para el reforzamiento de los regímenes autoritarios en todo el mundo.
Los delincuentes, sin embargo, entendieron que la cuarentena no necesariamente implica pérdidas, siempre y cuando fuesen capaces de “reconvertirse” y aprovecharla. Las formas que ha adoptado el delito en el país quizá no puedan ser medidas con precisión basados exclusivamente en estadísticas oficiales, que siempre son fragmentadas y construidas a conveniencia. Pero es muy probable que en estas circunstancias los más astutos lograrían mantenerse. Esto explicaría por qué las denuncias de fraudes y delitos asociados se incrementaron en más de 60% con respecto a 2019.
Lo mismo ha ocurrido con las extorsiones. Para amedrentar a una persona, no es necesario salir de la casa, o de la cárcel. El “distanciamiento social” puede conservarse, y aun así la amenaza llega, ya sea en la forma de un mensaje de WhatsApp, el estallido de una granada en la fachada de la casa o del negocio, o tiros de fusil. Por eso, en un contexto de reducción general de los homicidios, la extorsión (y su delito primo hermano, la concusión) aumentó en 90%. Sobre este punto, se profundizará en una entrega posterior.
En condiciones de normalidad, las estafas y las extorsiones raras veces son denunciados. En pandemia, las víctimas cuentan con el pretexto ideal para no acudir a las autoridades. Mucho menos las venezolanas, que inspiran la menor confianza en toda Latinoamérica, según la encuesta Gallup sobre Ley y Orden. Por lo tanto, el enorme crecimiento en las denuncias sobre estas actividades resulta altamente significativo.
Quizá es muy temprano para trazar una conclusión definitiva sobre este tema. No obstante, los datos puestos sobre la mesa sugieren que el delito en general no disminuyó su frecuencia. Algunas manifestaciones particulares, como el homicidio y cierto tipo de lesiones, tuvieron mermas momentáneas. Mientras tanto, otras actividades ilegales han ido en pleno crecimiento, en las sombras y ajenas a todo escrutinio oficial.

Tres preguntas a… Gonzalo Himiob, director del Foro Penal

El viaje de Toby Muse comienza en las tierras del Catatumbo colombiano, donde una tropa de venezolanos acude por lo menos tres veces por año para la cosecha de la coca. Algunos de ellos no piensan volver en el futuro inmediato. Son parte de la “diáspora”, que se quedó a sobrevivir a pocos kilómetros de la frontera. Otros regresarán. Todos enviarán algo de sus ganancias a las familias que han dejado en el país.