Las armas del hampa

 -Las cifras del propio Gobierno sugieren que los fusiles, las granadas y las pistolas usadas por las megabandas no provienen de robos ni hurtos

@javiermayorca

En las amenazas a sus rivales, el ex guardia nacional Erick Alberto Parra, mejor conocido como Yeico Masacre, muestra sin reparos una parte de su arsenal: una granada fragmentaria por acá, dos fusiles por allá, pistolas modificadas para tiros de repetición más allá.

Parra, de 27 años de edad, ha extendido su violencia desde el Zulia hasta Bogotá. Pero este militar retirado no es el único en exhibir su poder de fuego. Al otro lado del país, los piratas que asolan las rutas marítimas entre Sucre y Trinidad muestran sin pudor los fusiles de asalto que utilizan para someter y despojar a los pescadores de sus motores. Son en su mayoría viejos FAL, calibre 7.62 mm, como los que usaban en la Fuerza Armada, hasta que fueron desincorporados y reemplazados por los AK-103.

¿De dónde salen estas armas? Este tema ha sido motivo de discusión recurrente en foros académicos, pero hace tiempo que desapareció del mapa de interés del Gobierno. En la época en la que funcionó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, el profesor de Educación Integral Pablo Fernández (secretario técnico de la entidad) asomó un primer elemento para el análisis: “Venezuela no es propiamente un productor de armas, sino que las importa”. Esa premisa se mantiene hasta la actualidad, puesto que los proyectos para la fabricación de la pistola Zamorana y del fusil AK-103 tuvieron escaso o nulo impacto. En el caso del armamento ruso, cabe destacar, el dinero para la construcción de la ensambladora de fusiles en el país se lo tragó la corrupción militar de Caracas y Moscú.

Entonces, las armas que terminan en poder de los delincuentes en los cuatro costados del país entran generalmente por importaciones legales, llevadas a cabo por el propio Gobierno. Esto fue así por lo menos hasta 2018, de acuerdo con los datos en poder del sociólogo José Luis Fernández Shaw, ex integrante de la referida comisión.

Una muy pequeña porción podría llegar a Venezuela gracias al contrabando, tal y como se evidenció en un procedimiento dado a conocer el 1 de julio, tras la incautación de 21 fusiles AK-47 y 2 pistolas Glock, presumiblemente traídos en un buque desde EEUU. Pero este pequeño cargamento no se compagina con el número de armas que circularía en el país. Según Fernández Shaw, serían unas 700.000, sin tomar en cuenta las que utilizan en el sector militar.

“Lo que nos preocupaba no era tanto la magnitud sino el descontrol. De esas 700.000 armas, sabíamos dónde estaban unas 200.000”, reveló.

El “circuito” ilegal

Cuando fue disuelta, la Comisión para el Desarme apenas iniciaba la investigación sobre un punto que el secretario técnico calificaba entonces de “fundamental”, como era conocer los mecanismos que facilitaban o propiciaban el tránsito de las armas de fuego a la ilegalidad.

Una de las teorías más repetidas era que los antisociales obtenían (y obtienen) sus armas porque las robaban o las hurtaban a sus legítimos propietarios, en un proceso que podría calificarse de compulsivo.

Ese fue uno de los argumentos para justificar la prohibición en cuanto a la importación y la compra de armas por parte de empresas privadas o particulares, e igualmente las consecutivas resoluciones que prohíben los portes de armas.

Pero las cifras en poder del propio Gobierno sugieren que éste no puede ser el principal mecanismo para la obtención de tales instrumentos. Según estos datos, conocidos de manera extraoficial, en 2018 fueron robadas o hurtadas 1.360 armas, y otras 729 en el año siguiente, para un total de 2.089.

El arma más codiciada por los delincuentes en los últimos dos años ha sido la pistola (998), y luego la escopeta (770).

Paradójicamente, lo que más se reporta en redes es el uso de los fusiles y las granadas. Pero estos dos armamentos solo han sido robados o hurtados en 16 casos desde 2018.

Los fusiles y las granadas son por definición instrumentos de uso privativo de la Fuerza Armada Nacional. Por lo tanto, las sospechas se encaminan naturalmente hacia los cuarteles.

“La presencia creciente de armas más vinculadas a lo militar, como los fusiles hace pensar que el control de las armas de la República es muy laxo”, explicó Fernández Shaw.

Recordó que la ausencia de controles llega hasta otro elemento vital para que un arma sea eficaz, como es la munición. Durante los últimos ocho años, la promesa de instaurar un sistema de marcaje de los cartuchos se ha estrellado contra un muro erigido en la propia administración pública. Cuatro veces lo han ofrecido, y todavía el sistema no arranca. De manera que disminuye la trazabilidad de lo que se dispara.

Las bandas y las megabandas cada día que pasa exhiben un mayor poder de fuego. Los robos y los hurtos contribuyen muy poco en esto, como se pudo apreciar por las cifras manejadas en el Ejecutivo. Entonces queda la otra posibilidad, conocida con el eufemismo de “transferencia ilícita”, en la que el funcionario cede el arma, ya sea porque la vendió, la alquiló o la entregó voluntariamente. El 30 de noviembre, por ejemplo, la policía judicial informó que había detenido a un detective junto a un oficial del cuerpo de seguridad regional, señalados de comercializar armas, municiones y explosivos con el grupo de Yeico Masacre. En ese mismo caso, quedaron solicitados cinco efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas).

Es difícil saber cuántas de estas armas robadas, hurtadas o cedidas son usadas inmediatamente para cometer delitos. Sin embargo, los números del propio régimen indican que el plan Desarme no ha rendido los frutos esperados, pues luego de ocho años las armas de fuego son usadas en 85 de cada 100 homicidios.

¿QUIÉN ESCOGIÓ LA ESCENA?

El 1 de diciembre compareció el mayor general (GN) Richard López Vargas ante el tribunal primero de juicio en materia de terrorismo, donde se ventila el debate oral por el estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante los actos de celebración del aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. López era el comandante general de este componente para la fecha. Por este caso, también conocido como “magnicidio frustrado”, fueron acusados el general de división Alejandro Pérez Gámez, el general de brigada Héctor Hernández da Costa, además del diputado Juan Requesens y otras 13 personas. Uno de los señalamientos contra Pérez Gámez indica que él de alguna forma fue determinante en la escogencia de la avenida Bolívar para la celebración del evento. No obstante, de acuerdo con lo afirmado por López Vargas durante su comparecencia, las propuestas con las distintas locaciones fueron elevadas por la máxima jefatura del componente al ministerio de la Defensa, cuyo titular Vladimir Padrino hizo la selección junto al Presidente, luego de consultar el criterio del jefe de la Casa Militar, el mayor general Iván Hernández Dala, quien entonces -como ahora- también era jefe de Contrainteligencia Militar, y tuvo a su cargo la conducción de las pesquisas correspondientes al supuesto atentado contra Maduro. Luego de la intervención de López Vargas en este juicio, Pérez Gámez tomó la palabra: “Yo no escogí la avenida Bolívar para la celebración del acto. No era de mi competencia”. Luego solicitó a la juez Enit Carolina López el otorgamiento de una “medida humanitaria” que le permita continuar su tratamiento médico para cáncer de próstata fuera de prisión.

EL SECUESTRO DEL CONTRATISTA

Las investigaciones sobre la desaparición y muerte del contratista gubernamental Edward Gregory Velásquez están muy avanzadas, y apuntan a un grupo numeroso de agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, adscritos a La Quebradita y Parque Central. Las informaciones disponibles hasta el momento indican que el comerciante, de 40 años de edad, fue visto con vida por última vez el jueves 12 de noviembre aproximadamente a las 10 pm en la calle La Escuela de Campo Alegre, cerca de la quinta Esmeralda, cuando fue interceptado por vehículos de apariencia policial. Uno de ellos era un Chery Orinoco blanco con coctelera. Luego, los funcionarios simularon un procedimiento en la vivienda de la víctima, de donde supuestamente sustrajeron una importante suma de dólares en efectivo. De acuerdo con el ex presidente de la Conacuid Carlos Tablante, esta fortuna fue cobrada como un anticipo por un contrato de suministro para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Inicialmente, las pesquisas fueron asumidas por agentes de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial. Según fuentes internas, las presiones para sacar el caso fueron numerosas desde el comienzo, pues Velásquez tenía muy buenas relaciones con operadores del alto gobierno. Cinco agentes de la Policía Nacional fueron detenidos, basados en los vehículos utilizados, el lugar de la intercepción y el indicio arrojado por una consulta no autorizada en el Sistema de Información Policial (Siipol), en la que corrieron el nombre de la víctima durante los días previos a su desaparición. El fin de semana de las elecciones parlamentarias, las investigaciones dieron un nuevo avance al constatarse que unos restos óseos hallados en el Cementerio General del Sur pertenecían al contratista. Ya para ese momento, estaba claro que lo de Velásquez no fue un secuestro propiamente dicho -puesto que nunca hubo solicitud de rescate ante algún tercero- sino una suerte de desaparición forzada con propósito de robo. Los restos hallados en el camposanto, posiblemente un trozo de peroné, supuestamente fueron llevados allí por algunos de los coautores del crimen, que deseaban “limpiar” las culpas con un rito palero. Los agentes de la FAES que participaron en este crimen están en fuga. Fuentes policiales indican que los detalles de este caso son conocidos por la titular del MRI Carmen Meléndez.

ORDEN CON EL UNIFORME

El 1 de diciembre, el ministerio de la Defensa emitió una directiva con las normas sobre el uso del uniforme patriota Tiuna. El propósito de esta decisión era “unificar” los criterios para la utilización del atuendo militar. Dicho de otra forma, eliminar el desorden que se podía apreciar en cuanto a las indumentarias que portaban los profesionales de armas, tanto en los cuarteles como durante las salidas en comisión. Esto además facilitará la detección de aquellas personas que han utilizado este ropaje con la finalidad de obtener ciertas prebendas, como por ejemplo el acceso preferencial a las estaciones de servicio, e igualmente de aquellos individuos que se hacen pasar por personal de la FAN para instalar falsos puntos de control y cometer delitos tales como robos o secuestros. Un aspecto no especificado en esta directiva tiene que ver con el uso de los uniformes una vez finalizada la jornada laboral. En vista del sentimiento negativo que predomina hacia la FAN y el auge de la criminalidad, en varias oportunidades se ha ordenado a los profesionales de armas que vistan de civil al salir de los cuarteles.

En el coloquio popular de los países, tiene múltiples denominaciones. Le llaman pizzo, derecho de piso, matraca, raqueteering… y así se podría llenar el resto de esta página con sinónimos de la extorsión. En el derecho tradicional, se trata de un delito contra la propiedad, puesto que quienes la ejercen al final intentan obtener una ganancia económica. Pero los estudios llevados a cabo en este siglo en Colombia (fundación Nuevo Arcoiris) y en España (Mikel Buesa), a propósito de los grupos de distinto signo ideológico que nutrían sus arcas gracias a la capitalización del miedo, nos indican que la extorsión no puede ser analizada como la conducta ocasional de algún individuo que actúa fuera de la ley. La extorsión, nos advierte John Dickey, está en la base financiera de las organizaciones criminales. Ahora, Luis de la Calle hace un interesante aporte para el análisis de este delito. En su obra La economía de la extorsión El lastre que despoja a México (México, 2020), este economista y consultor revisa al detalle el impacto que tiene la sistematización de las amenazas como medio para la obtención de ganancias ilícitas. La extorsión, nos indica el autor, ocasiona daños de diversa índole: genera y profundiza las inequidades, derivadas de la incapacidad de los más pequeños para sobreponerse a los embates de los criminales; aleja las inversiones, tanto locales como foráneas, hacia lugares percibidos como más “seguros”; despoja al Estado de vitales impuestos para su funcionamiento, al promover la informalidad de los negocios y obligar a encaminar recursos hacia los sistemas represivos. En fin, la extorsión comporta una progresiva sustitución del Estado en su función primordial, que es ofrecer “seguridad” a sus ciudadanos. El efecto pernicioso de este delito, nos sugiere de la Calle, no se puede medir solamente a través de las cifras duras de pagos periódicos u ocasionales a las bandas criminales o a los policías corruptos. Hay un intangible, un impacto que ocurre en las sombras, en el silencio, pero que puede y debe ser medido y sumado al primero. Aunque esta investigación se centró en la realidad mexicana, aporta interesantes y novedosos elementos para el análisis de lo que ocurre en otras latitudes como la nuestra, donde se intenta obligar a los comerciantes a entregar sus ganancias a punta de granadas y disparos de fusil. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.