Un Estado para la rapiña

Crímenes sin castigo | 28 de julio de 2019

En profundidad

-En Venezuela no solo hay un asalto permanente a las arcas del Estado. Todos los días, los bienes del patrimonio público desaparecen, sin que se manifieste el más mínimo interés por recuperarlos

@javiermayorca

El 10 de mayo, personas aún sin identificar ingresaron de forma subrepticia al depósito de la División de Formación de Servidores Públicos Penitenciarios, y sustrajeron un cuadro del pintor venezolano Armando Reverón.

La denuncia correspondiente fue formulada ante la policía judicial cinco días después, por intermedio del funcionario Jorge Luis Durán, quien estaba a cargo de la referida dependencia del Ministerio para Servicio Penitenciario.

Han pasado más de dos meses de este hecho, y hasta el momento la directiva de Cicpc no ha dado señales sobre si determinaron el paradero de la obra artística. Debido a la forma como fue ejecutado el hurto, se sospecha la complicidad de algún empleado del despacho de prisiones.
Este, sin embargo, no es un hecho aislado. Tanto la casuística como las estadísticas sugieren, en cambio, que el patrimonio del Estado es sometido a un saqueo permanente, del cual solo nos percatamos cuando desaparece la obra de algún artista de renombre.
El 15 de julio, en el Ministerio de Educación se dieron cuenta del hurto continuado de tabletas tipo Canaimita, que fueron asignadas a la Fundación Samuel Róbinson. Para el momento en que formularon la denuncia correspondiente, los delincuentes se habían apoderado de 43 dispositivos.

Dos días después, una representante de la Fundación Museo de los Niños acudía a la sede policial para notificar la sustracción de cuatro transformadores eléctricos y 300 metros de cable de alta tensión. En estos mismos días, en la fundación musical Simón Bolívar recibieron un camión de materiales para la limpieza y el funcionamiento de las oficinas, y dos días después advirtieron que se habían llevado hasta las cintas para embalar, todo por un valor de 850 mil bolívares.
Todo esto hace recordar las deliciosas crónicas del corresponsal de la extinta revista Cambio 16 en Moscú, Carlos Enrique Bayo, compiladas en su obra Así no se puede vivir (Barcelona, 1992). Según el periodista, durante los últimos años del “disparate soviético” el hurto de los bienes oficiales era tan colosal que se acuñó un término: niesun, lo que podría traducirse como “el llevador”, para designar a toda una clase de empleados que vivían de sustraer objetos de sus lugares de trabajo.
Las analogías entre aquellos tiempos de desmoronamiento del polo comunista y las que se viven en la Venezuela actual son demasiadas, desde luego, tomando debida cuenta de las distancias. Pero, ¿hasta qué punto tendremos en el país una casta de “llevadores”?

Las estadísticas policiales arrojan algunas pistas. Aunque los hurtos por regla general no son denunciados, cuando se trata del patrimonio público existe una obligación legal de hacer la debida notificación a la policía judicial. Incumplir con este deber sería incurrir en otro delito. Entonces, es de suponerse que el porcentaje de casos no conocidos es menor que cuando se ve afectado el patrimonio de particulares.

Empleados de Corpoelec-Falcón, presos

En 2017, según se pudo conocer extraoficialmente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició 15.400 averiguaciones relacionadas con la sustracción de bienes del Estado, mediante la aplicación de habilidades y destrezas. Ese mismo año, hubo 3.107 robos, es decir, hechos de violencia asociados con la apropiación de objetos del patrimonio público.

En 2018, fueron recibidas y procesadas 10.812 denuncias sobre hurtos de bienes oficiales y otros 1.024 robos. Y durante el primer semestre de este año, según la misma fuente, hubo 4.267 hurtos y otros 329 robos.
Estos números no toman en cuenta los casos de robos o hurtos que ocurren en instalaciones gubernamentales o de cualquier otro poder, en los que el patrimonio afectado es de individuos, y no del sector oficial. En este grupo entran, por ejemplo, las denuncias sobre el hurto de teléfonos celulares o tabletas en las escuelas de la Policía Nacional, cuando tales dispositivos pertenecen a los alumnos, lo que también sucede con bastante frecuencia.

Aun así, las cifras son espeluznantes. Indican, por ejemplo, que todos los días ocurren en promedio por lo menos 38 hurtos o robos de bienes o materiales pertenecientes a alguna entidad estatal. Esto ha sido así durante los últimos dos años y medio.

Algún lector acucioso se dará cuenta de que los números netos de casos han ido en descenso. Sin embargo, la importancia relativa en cuanto a la afectación del patrimonio estatal ha crecido levemente con respecto al total de expedientes iniciados en los respectivos años. En 2017, era de 23%, y en lo que va de año llega a 24%.

De manera que, con mucha probabilidad, hay personas que permanecen en las nóminas oficiales puesto que pueden sacar provecho de estos hurtos o robos. Otra vez, surge la analogía con la experiencia soviética: los empleados públicos que incurrían en esta práctica eran suplidores de un mercado na lieva, es decir, por la izquierda, en las sombras. ¿Qué caminos recorren los cables del tendido eléctrico y las municiones de los polvorines de la FAN? Na lieva.

Otro aspecto interesante es que 20% de esta rapiña a los bienes del Estado ocurre en instalaciones ubicadas en Distrito Capital y Miranda. La cifra es importante, pero sugiere una gran dispersión en los casos, puesto que el otro 80% sucede en territorios donde los perpetradores aprovechan, precisamente, una ausencia de vigilancia y represión, lo que les confiere mayor impunidad.

Breves

-Una de las recomendaciones más terminantes del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es la inmediata disolución de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, mejor conocida como FAES. El Gobierno, sin embargo, ha emprendido un camino en contrario. La exclamación de Maduro en apoyo a este cuerpo (“¡Viva las FAES!”) ha sido acompañada con decisiones internas: 1) se avanza en la conformación de una FAES en cada estado del país; 2) cada FAES debe tener una “brigada territorial de inteligencia”, o BTI, lo que coloca a estas estructuras más allá de lo meramente táctico, con un grado de autonomía que les posibilite buscar, procesar y difundir su propia información; 3) en función de este plan de crecimiento, han comenzado a recibir contingentes de otros cuerpos policiales, el último es de cuarenta oficiales de la Policía de Caracas. Mientras tanto, el comandante nacional de la FAES, comisionado Miguel Hernández (Miguelito) ordenó a todos los comandantes de unidades de esa fuerza que estén pendientes de los dictados del presidente de la ANC Diosdado Cabello, que son divulgados a diario a través de su programa televisivo.

-Hay dos versiones sobre el incidente con la aeronave EP-3E de la Marina estadounidense, detectada el 19 de julio poco antes de las 10 am mientras sobrevolaba por la llamada “región de información de vuelo” de Venezuela. La primera, como lo sugiere el comunicado del Comando Estratégico Operacional de la FAN, que desde ese aparato se llevaban a cabo labores de “inteligencia y exploración radioeléctrica” en favor de intereses distintos a los del régimen de Nicolás Maduro, lo que según este comunicado justificaría la intercepción mediante cazas Suhkoi 30. La otra versión indica que, si bien es cierto que los EP-3E emplazados en la base de operaciones de avanzada de Curazao poseen equipos de última generación para inteligencia de comunicaciones, también son utilizables para labores de salvamento. Venezuela sabía que en esa zona del Caribe se desarrollaba desde el 15 de julio la búsqueda de una embarcación tipo peñero, de nombre Pa Sa Touche, que había zarpado el 7 de ese mes del puerto Dennery de Santa Lucía con dos personas a bordo y que, al no haber llegado a su destino en Martinica, podía estar a la deriva, precisamente, en el área que sobrevolaba el avión estadounidense. La agresividad con la que reaccionó el gobierno venezolano hace suponer que EEUU no informó con suficiente antelación que se incorporaría a esta operación de rastreo. Washington, además, no ha emitido un comunicado para explicar oficialmente el propósito de la misión de esta aeronave.

-Hay diferencias entre el régimen que aplicaría actualmente el oficialismo en áreas como la Cota 905 y José Félix Ribas de Petare, y lo que se vio a partir de septiembre de 2013, a propósito de la puesta en marcha del programa de Zonas de Paz. La principal es que el experimento iniciado hace seis años establecía un área de exclusión para la actuación de policías y militares, pero en lo interno podían existir uno o más factores involucrados en el control de los espacios. Esto eventualmente ocasionaba conflictos entre los distintos grupos que intentaban imponer su yugo. Así sucedió por ejemplo en los municipios Andrés Bello y Acevedo del estado Miranda, donde las propias autoridades llegaron a identificar a seis u ocho organizaciones en pugna simultánea, y las tasas de homicidios se dispararon. Lo de ahora es personalizado. Ciertamente hay una delimitación de espacios, pero todo indica que en el interior de estas fronteras difusas hay liderazgos encargado de garantizar un control. En la Cota 905 es Coqui, y en J. F. Ribas, Wilexis. Testimonios de residentes en esas comunidades y de operadores de organizaciones que realizan trabajo social en esas áreas así lo reconocen. Otro aspecto diferenciador es que en 2013 el programa Zonas de Paz era desarrollado a través de una dependencia del ministerio de Relaciones Interiores, entonces a cargo del viceministro José Vicente Rangel Avalos. Ahora, todo indica que los jefes de bandas llegaron a acuerdos con determinados líderes del oficialismo, sin que exista una estructura institucional en común para garantizar su cumplimiento.

-La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro a diez operadores del oficialismo ligados al programa Clap es el resultado de una prolongada investigación en la que participaron distintas agencias del gobierno estadounidense. Desde un principio, los nombres de Alex Saab y su socio Alvaro Pulido estaban en la mira de las autoridades, debido a su presunta participación en esquemas de sobornos para la importación de bienes relacionados con la construcción de viviendas, tal y como lo refleja la acusación penal que se ventila desde el 25 de julio en la corte del Distrito Sur de Florida. En ese negocio presuntamente participaban funcionarios ligados al Seniat y la Comisión para la Administración de Divisas (Cadivi), así como familiares de los empresarios colombianos. Entre marzo de 2012 y diciembre de 2014, las cuentas de Saab y Pulido manejaron unos 350 millones de dólares destinados a tales actividades. En 2016 llegaron los Clap, y ya la estructura de corrupción estaba montada. Para 2018, los funcionarios del Tesoro habían establecido que el traslado de los alimentos desde los puntos de compra hasta la entrega en Venezuela tenía cinco etapas, y que cada una implicaba sobornos y sobreprecios. Lo más novedoso, sin embargo, fue el señalamiento formulado por el secretario del Tesoro Steven Mnuchin al momento de incorporar a los empresarios colombianos, sus hijos, el ex superintendente del Seniat José Vielma Mora, los hijos de la primera dama Cilia Flores (Walter, Yosser y Yoswal), así como el ex Tesorero y primo de ellos, Erick Malpica Flores: que a partir de 2018 Saab supuestamente participó en la creación de una estructura para vender oro a Turquía, y depositar el producto de estas operaciones en cuentas del Banco Central de Venezuela en la banca de ese país. A cambio de esto, la empresa de Saab (Mulberry) compraría los alimentos para el Clap en ese país y lo entregaría a los distribuidores nacionales, en una operación de intermediación que también le proporcionaría enormes ganancias.

Fusiles AR-15 incautados a los ex FARC

-Antes de cerrar esta entrega llega información sobre las cuatro personas que murieron como consecuencia de un supuesto enfrentamiento con unidades del Ejército, en el marco del ejercicio de acción conjunta Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019. El tiroteo ocurrió el sábado a la 1 pm en el sector Las Palmeras del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia. De acuerdo con el parte preliminar, los irregulares se desplazaban en dos camiones, y los que iban en la retaguardia se rezagaron para enfrentar a los militares. Entre los cuatro fallecidos fue identificada la venezolana Mauredy de Jesús Azuaje Urdaneta, quien figura en una resolución del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República colombiana, fechada el 29 de mayo de 2018 como una integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) que supuestamente se había acogido al programa de desmovilización. En virtud de esta decisión, desde octubre de 2017 Azuaje tenía un salvoconducto número 703009, pero con un nombre mal escrito, que luego fue rectificado. El otro fallecido en el enfrentamiento con la Fuerza Armada fue identificado como Jorge Luis Montero, mientras que los otros dos no poseían ninguna documentación.

Libros

Mientras esta columna estaba en el proceso de redacción, se dio a conocer en una corte de Nueva York la primera de lo que presumiblemente será una larga serie de condenas perpetuas contra el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, el líder del cartel de Sinaloa quien llegó a ser el delincuente más buscado del mundo y, al mismo tiempo, uno de los seres con mayor riqueza acumulada, según el ránking de la revista Forbes. En ediciones anteriores hemos recomendado la lectura de diversas obras relacionadas con las peripecias de este traficante, debido a que sin duda tuvo una importante influencia en el auge del transporte de drogas a través de Venezuela. Ahora, el equipo de la reconocida revista Proceso de México lanza Esplendor y caída de El Chapo (México, DF. 2019) una recopilación de trabajos coordinada por el periodista del semanario Rafael Rodríguez Castañeda, que analiza cómo Guzmán surgió desde La Tuna, un pueblito de la serranía del noroeste mexicano cuyos habitantes se mantenían gracias al cultivo de marihuana, hasta convertirse en el Señor del gran poder, gracias en parte a las alianzas que pudo entablar simultáneamente con paramilitares colombianos y guatemaltecos, así como también con elementos de la guerrilla colombiana, dedicados a la industria de las drogas ilegales. Como era de esperarse, en las páginas de este libro también hay diversas e interesantes referencias al rol de Venezuela y otros países latinoamericanos en la expansión de las actividades del cartel de Sinaloa. Una de ellas se relaciona con la presunta disputa que se desarrollaba en septiembre de 2012 por el control de la ruta venezolana entre el líder de Sinaloa y el jefe de una de las células del cartel del Norte del Valle que habían emigrado al país: Daniel Barrera, alias el Loco. Las páginas de esta obra sugieren que el colombiano fue detenido en Venezuela como parte de una jugada del Chapopara eliminar adversarios. Una teoría que se explica a sí misma por el efecto posterior de la acción policial. Esta obra puede ser adquirida en formato electrónico.