Actos de fe

Crímenes sin castigo | 29 de diciembre de 2013

Criminalidad

Twitter @javiermayorca

El 27 de diciembre, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres afirmó en una rueda de prensa que la tasa de homicidios en Venezuela para 2013 terminará en 37 casos por cada 100.000 habitantes. Con esto pretendía desmentir la proyección divulgada el día anterior por el representante del Observatorio Venezolano de la Violencia, sociólogo Roberto Briceño León, quien calculó que 2013 finalizará con una tasa de homicidios de 79 casos por cada 100.000 personas, equivalentes a 24.763 muertes violentas.

La brecha entre las cifras del Ejecutivo y las de la ONG especializada en investigación de la violencia en el país nunca había sido tan amplia. ¡Más del doble! Pareciera que con cada año que pasa el interés de uno es disminuir a como dé lugar la magnitud del problema de la criminalidad, mientras que el otro parece intentar decirnos todo lo contrario. En México ocurre algo similar. Pero allá las ONGs nutren sus evaluaciones con data oficial, aportada a través de mecanismos institucionales de acceso a la información. Y no son atacadas y cuestionadas como sucede en Venezuela.

En el país y en el exterior la gente siempre pregunta sobre las razones de tanta diferencia entre las estadísticas oficiales de criminalidad y lo que señalan los estudios independientes. Intervienen numerosos factores. Veamos.

El principal termómetro de la violencia criminal son los homicidios. Son delitos conocidos generalmente de oficio, difíciles de ocultar desde el punto de vista estadístico. O por lo menos eso creíamos.

La manipulación con respecto a las cifras de homicidios comenzó hace una década, cuando el Ejecutivo dejó de suministrar las estadísticas oficiales a las organizaciones como el Centro para la Paz de la UCV, Provea y otras, que tradicionalmente evaluaban este problema. Pero eso no fue suficiente. Los números se filtraban extraoficialmente debido a la existencia de largos nexos institucionales.

Entonces, el Ejecutivo cambió el criterio para dictaminar qué es homicidio y cómo se cuenta. Por ejemplo, anteriormente, las muertes durante enfrentamientos entre policías y delincuentes entraban en la estadística de homicidios, pues de hecho lo son, sólo que el funcionario actuante es eximido de responsabilidad por actuar en legítima defensa, ya sea de sí mismo o de terceros. Ahora, estos casos son desagregados, aunque han ido en aumento. Según el OVV, en 2013 se incrementaron por lo menos 20% debido a la aplicación del plan Patria Segura.

Pero esto no bastaba. Luego, durante la gestión del capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín en el MRI nos enteramos de que la estadística oficial de homicidios solo toma en cuenta el número de expedientes, no el número de víctimas. Y cada vez hay más víctimas por caso, debido al uso de armas de fuego con alto poder.

Cifras sobre criminalidad manipuladas

Entonces, si tomamos en cuenta todos estos elementos, cualquier persona con un poco de sentido crítico levantaría la ceja cuando el titular de Relaciones Interiores asegura que disminuyó el número de homicidios en el país. Pero hay más. Cada vez es más frecuente encontrar casos que quedan catalogados como «averiguación-muerte», debido a que la Medicatura Forense no ha podido dictaminar si hubo o no un homicidio. Esto simplemente ocurre por la enorme carga de trabajo que tienen en ese despacho, en condiciones cada vez más precarias.

Aún así, es probable que muchas personas deseen creer a pies juntillas a los voceros gubernamentales. Entonces, uno debe preguntarse si tomaron en cuenta las cifras de homicidios en instalaciones penitenciarias. Esto tampoco lo hacen. De manera que con un solo plumazo le bajan aproximadamente 500 cadáveres al cálculo oficial.

La incertidumbre y desconfianza generadas por este intenso y prolongado maquillaje hizo que uno de los académicos cercanos al Ejecutivo, Reynaldo Hidalgo, admitiera durante una intervención pública en 2011 que en el país los homicidios tienen “cifra negra”. Algo insólito, si se toma en cuenta que esta apreciación vino del Secretario Técnico de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.

Veamos ahora lo que sucede con delitos denominados de alto impacto, pero que a diferencia del homicidio son conocidos gracias a las denuncias de las personas afectadas. Hablamos de robo genérico, robo y hurto de vehículos, violaciones y secuestros. Lo primero que se hizo desde el Ejecutivo fue disminuir la “denunciabilidad” de estos delitos. De esto hay amplias evidencias anecdóticas. En agosto de 2010, por ejemplo, la opinión pública se conmocionó al saber del asalto a los recreadores e infantes que iban en un autobús a Barlovento. Algo que no se supo de manera tan extendida fue que cuando los afectados fueron a consignar sus denuncias, en la policía judicial les dijeron que no podían aceptarlas hasta que mostraran las facturas de compra de lo que ellos decían les habían robado.

Desde luego, con este requisito formal el número de víctimas bajará de 52 que iban en ese colectivo a 2 ó 3 que puedan probar la propiedad de lo que les robaron.

Otra historia que supe de primera mano. A principios de este mes una pareja de armados despojó a un conocido de una moto 150cc recién comprada, así como también de su Iphone 5, cuyo valor superaba el del vehículo. Esto ocurrió en Los Chaguaramos. En la subdelegación Santa Mónica de CICPC se negaron a tomarle la denuncia con el argumento de que “no había material”. En la de El Valle le dijeron que “no había sistema”. Otro ciudadano habría desistido. Total, la moto no estaba asegurada. Pero él temía que lo incriminaran si con ese vehículo cometían algún delito. Así que insistió hasta que pudo consignar su denuncia en la subdelegación Simón Rodríguez.

Según el subcomisario jubilado de CICPC Francisco Javier Gorriño, uno de los delitos con mayor “cifra negra” en el país es el asalto a los pasajeros del transporte público. Estos casos se conocen solo cuando entre los afectados está algún funcionario público, o cuando ocurren circunstancias que generan muertes. En julio, por ejemplo, fueron robados en forma simultánea los pasajeros de dos buses que cubrían la ruta Aeropuerto de Maiquetía-Nuevo Circo. Más de cien personas afectadas, pero sólo hubo dos denuncias.

Una encuesta de victimización llevada a cabo este año por un equipo encabezado por el criminólogo Freddy Crespo reveló que la cifra negra llega a 85% de los delitos en algunas partes del interior del país. En Caracas, es de aproximadamente 70%. En otras palabras, 7 de cada 10 delitos no son conocidos, y por lo tanto no entran en las estadísticas oficiales, ya maltrechas.

Ahora, veamos el tema de los secuestros. Aquí la disposición a denunciar por parte de las víctimas o sus familiares es cada vez menor. Por lo tanto la cifra negra se eleva a términos que sobrepasan el 90% (Encuesta Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana 2009). En septiembre, la Guardia Nacional hizo un arqueo de casos en Barinas y encontró a diez víctimas. Pero los partes oficiales sólo consignaban cinco. La ausencia de denuncias, por lo tanto, no es indicador de que la situación mejora. Esto sucede además por la percepción (a veces ajustada a la realidad) de que las bandas de secuestradores cuentan con el concurso de funcionarios policiales o militares. Algo que por cierto declaró el actual Presidente cuando apenas comenzaba su gestión, en abril.

Aún así, hay que reconocer el esfuerzo desplegado para disminuir este delito. Los grupos Antiextorsión y Secuestros de la GN se han diseminado por todo el país, con escasos recursos tecnológicos pero con un pie de fuerza que les permite complementar la tarea de CICPC, igualmente requerida de tecnología pero con menor número de funcionarios. 2013 finalizará posiblemente con 35% menos denuncias de este delito que el año precedente.

En cuanto al robo y hurto de vehículos no hay razones para pensar en una disminución. Por el contrario, el recrudecimiento es evidente. El mercado hamponil florece aquí hasta niveles de unas 32000 unidades anuales, debido a la ausencia de repuestos en el mercado legal, producto de las limitaciones impuestas por el control de cambio. La denunciabilidad de estos delitos es afectada por dos factores: indisposición de los funcionarios para recibir las denuncias, y la expectativa de una negociación con el antisocial que se apoderó del auto, la moto o el camión. Esta especie de secuestro vehicular es cada vez más frecuente.

Ocultar los cadáveres es una tarea difícil. Pero las estadísticas sobre la forma como mueren definitivamente pueden ser maquilladas en Venezuela. De allí para adelante, todo lo demás puede ser manipulado por unas autoridades con nulos controles externos.

En Venezuela, por lo tanto, creer en las estadísticas oficiales requiere de actos de fe.

Breves

*Al cierre de esta columna damos cuenta del aviso necrológico publicado en El Universal de hoy (29/12/13) relativo al fallecimiento trágico del venezolano Sergio Andrés Schael Medina en Ciudad de Panamá. El hombre de 33 años de edad fue asesinado en la capital panameña el miércoles 11 de diciembre en circunstancias que no han sido del todo aclaradas. (Ver http://www.elsiglo.com/mensual/2013/12/14/contenido/729146.asp) Su cadáver estaba indocumentado, y según la prensa de ese país inicialmente creyeron que se trataba de un colombiano. Sus restos fueron hallados en un parque cerca de una zona de intensa actividad financiera, lo que hace presumir que iba a concretar una operación de las muchas que realizan los venezolanos, agobiados por el control de cambio.

*Al conocerse los resultados de las elecciones de alcaldes y concejales, una unidad de la Guardia Nacional en Mérida elaboró un inusual informe prospectivo, en el que se reconoce sin decirlo directamente la connivencia de los anteriores gobernantes oficialistas hacia grupos armados y delictivos que hacen vida en esa región. El documento sugiere que al romperse los entendimientos existentes entre los gobiernos municipales y tales factores podrían dispararse los delitos violentos. Se confirma, una vez más, la existencia de la selectividad represiva como patrón de actuación de las autoridades.