Un preso, varios Saab

En profundidad

@javiermayorca

El 15 de marzo, se llevó a cabo una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Florida (EEUU) para debatir el carácter de “fugitivo” que ya para entonces era endilgado al empresario colombiano Alex Naín Saab.
La sesión, vía zoom, fue presidida por el juez Robert Scola. Participaron también un representante del Departamento de Justicia estadounidense, el abogado Alexander Kramer, así como el fiscal asistente Kurt Lunkenheimer. Como apoderado de Saab actuó desde Washington el litigante David Rivkin, del bufete Baker & Hostetler.
Lo discutido durante esa audiencia quedó transcrito. Cuando iban unos diez minutos de intercambio, el abogado Rivkin soltó esta perla: Saab, afirmó, no ha escogido libremente permanecer en calidad de prófugo de las autoridades estadounidenses, porque su gobierno -en este caso el venezolano- “le ha ordenado no entregarse”.
En ese momento, el juez Scola dijo no entender bien lo que se estaba afirmando. Tal parece que las comunicaciones fallaron. En todo caso, continuó explicando Rivkin, los privilegios de inmunidad diplomática no pueden ser anulados por el depositario sino por el gobierno que los otorga, en este caso el de Nicolás Maduro.
Este argumento no dejaba de tener ciertas inconsistencias. El abogado comparecía ante la Corte de Florida, precisamente, porque Saab quería participar directamente en las sesiones, hacerse parte del juicio en su contra, aunque escudado en el supuesto privilegio como “enviado” del régimen.
Sin querer, pero queriendo, Saab empezó este año a abonar el terreno para una eventual comparecencia ante la justicia estadounidense, afirmando que su carácter contumaz le fue impuesto por sus empleadores venezolanos.
Desde junio de 2020, Alex Naín Saab permanece detenido en Cabo Verde, mientras se dirime un juicio de extradición en su contra. Estados Unidos lo solicita por conspiración para lavar dinero y por el presunto pago de sobornos a funcionarios venezolanos para beneficiarse de las contrataciones como proveedor de alimentos y constructor de viviendas populares. Según el Departamento de Justicia, se comprobó un flujo irregular de fondos a través de la banca estadounidense que supera los 350 millones de dólares.
Todas las decisiones del gobierno y de los tribunales del archipiélago africano apuntan a que la extradición será ejecutada muy pronto. Luego de los dos últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional, en menos de tres semanas, solo faltaría que el Tribunal Supremo ordene el traslado del empresario. A partir de ese momento, el país requirente (EEUU) contaría con veinte días continuos para llevar a Saab hasta Florida, según lo dispuesto por la normativa de cooperación internacional en materia penal de Cabo Verde.
En los quince meses que lleva ya este proceso, el régimen ha intentado imponer una narrativa que presenta a Saab como un hombre de familia, víctima de una persecución injusta, orientada por razones políticas y no legales, lo que supuestamente ha inspirado indignación en sectores populares, tanto de Venezuela como de países africanos, que han tomado las calles para manifestar su rechazo, con pancartas y grafitis, así como en eventos deportivos y culturales. En realidad, es un empresario nacido en Barranquilla, que amasó una gran fortuna gracias a sus negociados con Chávez, y mayoritariamente con Maduro. En Venezuela, nunca lo vieron recorriendo las calles de Petare o Antímano, cuyas paredes están inundadas con pintas de molde, exigiendo la inmediata liberación de un diplomático y “patriota”. Sí lo vieron, ida y vuelta, desde el Meliá Caracas a Miraflores.
Incluso, desde su defensa han llegado a decir que se trata de un ciudadano venezolano, omitiendo el detalle de que tal “venezolanidad” solo fue invocada por el propio Saab cuando le informaron en el aeropuerto de Cabo Verde que era solicitado por Estados Unidos. Antes de eso, se cuidaba de mostrar siempre el pasaporte de su país natal, Colombia.

Un agente tras las rejas

El tema de la inmunidad de Saab ha sido objeto de debates. La Corte de África Occidental (Cedeao) asumió como válido el argumento invocado por el grupo de abogados encabezado por Baltazar Garzón y José Manuel Pinto para exigir a Cabo Verde la inmediata liberación del comerciante. Pero EEUU y las autoridades judiciales del archipiélago tienen otra óptica. En la sesión de marzo, el abogado del Departamento de Justicia, Alexander Kramer, sostuvo que “el estatus diplomático es concebido para proteger a una persona mientras está en una misión en el país anfitrión”, que en este caso sería Irán.
“No es y no puede ser algo que provea inmunidad globalmente para todas las conductas, aún si no tienen nada que ver con el rol diplomático, particularmente en un caso como este, donde la conducta en cuestión ocurrió entre 2011 y 2015, mucho antes de que supuestamente lo hicieron enviado especial”, añadió.
Por otra parte, la acreditación de Saab como “enviado” no constaba en ninguna de las cartas que llevaba en un pequeño maletín negro, dirigidas a figuras del alto gobierno iraní. Saab aparecía allí simplemente como el portador de un mensaje, un emisario, cuyo nombre ni siquiera aparece en las correspondencias. Las notificaciones de rigor comenzaron a llegar al escritorio del presidente de Cabo Verde, José Carlos Fonseca, y a su canciller Luis Lopes Tavares al día siguiente de conocida la detención. Primero fue el canciller venezolano del momento Jorge Arreaza, quien afirmó que Saab era “representante” del gobierno venezolano. Un día después, el 14 de junio, el embajador en Senegal Alejandro Correa afirmó que era un “agente”. En septiembre de 2020, Arreaza escribió a Fonseca, para decir finalmente que el barranquillero era un “enviado especial”. Y esa nomenclatura la ratificó el gobierno iraní.
En la medida en que transcurren los días sin que se concrete la extradición, el gobierno venezolano eleva su apuesta por el extraditable. Ahora, sin estar de cuerpo presente, Saab es un “delegado” sobrevenido por el grupo de Maduro en la mesa de negociaciones de México. Aunque la última sesión no registró avance alguno en la resolución de la crisis política del país, sí sirvió para divulgar una carta en la que Saab ratifica su decisión de no cooperar con las autoridades estadounidenses.
“¿Realmente creen que voy a llegar allá a contar según ustedes “secretos” para derrocar a mi gobierno? Si eso piensan, déjenme decirles que despierten porque eso no pasará, y segundo están mostrando que los que quieren acabar el diálogo y seguir buscando salidas fantasiosas son ustedes”, dice la misiva.
Estas líneas tienen varios destinatarios. Entre ellos, los operadores del propio gobierno de Maduro, que en septiembre de 2020 indicaron al ministro de Relaciones Exteriores de Cabo Verde Luis Filipe Lopes, que Saab supuestamente está sujeto a una orden judicial “bajo la cual es requerido que lleve a cabo su misión bajo los principios de confianza institucional (sic), privacidad y lealtad, el incumplimiento de la cual está sujeta a penas bajo las leyes nacionales relativas a la revelación de secretos y el crimen de traición”.
Lógicamente, si Saab llegase a asomar una pizca de interés en colaborar con EEUU, esa carta no hubiese sido divulgada en las redes de Jorge Rodríguez.
A estas alturas, Saab no puede decir otra cosa, aunque ya, como se vio en la sesión de marzo, haya comenzado a sentar las bases para una eventual defensa en la corte de Florida.