Venezuela 2021: una revisión en seguridad (I/II)

En profundidad

@javiermayorca

Durante 2021, en Venezuela se registraron diversos cambios en el entorno de seguridad ciudadana. Algunos de ellos fueron apenas perceptibles para la ciudadanía, aunque definitivamente impactaron de forma negativa sobre la calidad de vida. Otras alteraciones comienzan a hacerse evidentes, en la medida en que captan la atención de los medios periodísticos independientes.
Esta será la primera de dos entregas. Se centrará en lo ocurrido durante los últimos doce meses. En la siguiente edición, la primera del año entrante, se intentará una prospectiva para 2022. En todo caso, no serán listas exhaustivas sino explicaciones de lo que se considera más relevante.

*El hampa rompió la dinámica de la cuarentena

A partir de agosto de 2020, las estadísticas de criminalidad que se conocían extraoficialmente revelaban altas y bajas en cuanto al número de delitos reportados, que iban en función de la mayor o menor circulación de personas en las calles del país. En algunas temporadas, como las de navidad y fin de año, este patrón se rompió, en vista de que la ciudadanía permaneció más tiempo en los espacios públicos, incluso en lapsos de “cuarentena radical”.
Estos vaivenes se mantuvieron con pocos cambios hasta mediados de 2021. Desde junio, sin embargo, comenzó a observarse cómo se borraban las diferencias entre los totales de delitos conocidos durante las semanas de confinamiento y las de flexibilización.
Además, poco a poco fueron incrementándose los totales de delitos denunciados. La curva comenzó a ascender, y continúa así. Desde luego, esto no es solo el producto de un ejercicio estadístico. En las calles se siente el recrudecimiento de la delincuencia. Asaltan bares, cafés y transportes públicos, a plena luz del día, y sin que se pueda apreciar una respuesta efectiva de los cuerpos preventivos.
Esto guarda relación con un problema que aqueja a toda la administración pública, y del que no escapan los cuerpos uniformados.

*Merma el pie de fuerza policial

La presencia policial es por definición uno de los principales disuasivos para la actividad antisocial. La sola presencia de los agentes en las calles opera como una barrera entre los delincuentes y sus potenciales víctimas. Si los agentes se muestran dinámicos y proactivos, si gozan de los medios necesarios para el desempeño de sus labores, podrán disminuir los delitos, o en todo caso, ocasionar desplazamientos de la actividad ilegal hacia otras zonas que sean consideradas por ellos como menos riesgosas.
Desde 2018, el número de uniformados de las policías preventivas ha ido en franca disminución. Carmen Meléndez lo sabía. Por eso, a finales de 2020, en una de sus apariciones como ministra de Relaciones Interiores ofreció la incorporación de 30 mil nuevos efectivos.
Pero esta promesa no se concretó. Cuando hicieron un arqueo con miras en la operación República, se dieron cuenta de que la desbandada continuaba en los cuerpos policiales. A pesar de las incorporaciones de sangre nueva, el total del contingente había bajado en 12% con respecto a 2020.
Las policías regionales y municipales cada vez tienen menos funcionarios. Un profesional de este ramo con 30 años de experiencia no ganará en Venezuela más de 60 dólares, si se suma el salario regular y todos los bonos que el Gobierno entrega, y que representan más del 75% de los ingresos mensuales. Esta situación, además, no ofrece un panorama promisorio para un policía honesto que esté meditando en una jubilación digna.

*Desplazamientos y reagrupamientos de bandas

En la entrega anterior, referíamos que el Gobierno alteró su forma de relacionarse con las bandas y megabandas en 2021. En especial, aquellas que se veían incapaces de controlar el ejercicio de la violencia, o que cruzaban una fina línea, una frontera que había sido trazada por los interlocutores en el Ejecutivo.
Las masivas operaciones policiales en la Cota 905 y zonas aledañas, en Barlovento y en el estado Sucre impactaron negativamente en sectores de la criminalidad, y favorecieron a otros que supieron mantener un perfil más bajo y selectivo en cuanto a sus acciones.
En Sucre, por ejemplo, la importante plaza para los traslados de drogas y emigrantes que es San Juan de las Galdonas ha quedado momentáneamente como “territorio abierto”, codiciado por dos organizaciones foráneas: el Tren de Aragua y el grupo de alias Zacarías, que opera en el Arco Minero del estado Bolívar.
El Tren de Aragua continuó su expansión durante 2021, y de acuerdo con documentos elaborados por cuerpos de seguridad, transitaría un cambio en su estructura: de ser un grupo jerarquizado habría pasado a ser una especie de confederación, con bandas aliadas en lugares de interés como Sucre, Táchira y Bolívar. También, en otros países como Brasil y Colombia.
El tratamiento selectivo del régimen hacia estos grupos, que se podría considerar netamente delictivos, se reproduce con algunos matices en la relación con otras estructuras armadas, como son las disidencias de las FARC, el ELN y los colectivos. En el caso de las FARC, hay una clara proximidad con los elementos de la llamada Nueva Marquetalia, en detrimento de los seguidores de Gentil Duarte, que intentaron conservar el remoquete de Ejército Popular. Este nexo quedó plasmado claramente en la última decisión del Departamento del Tesoro con respecto a los guerrilleros. Según este despacho del gobierno estadounidense, el máximo líder de la Nueva Marquetalia, Luciano Marín Arango (Iván Márquez) tiene su residencia en el estado Apure.

*Bancos y transportes de valores en riesgo

El asalto al Banco Provincial de Barinas, el martes 14 de diciembre, no debería causar sorpresas. En foros de seguridad ya se advertía sobre el creciente riesgo de incursiones del hampa en entidades bancarias. Esto a la luz de lo que ya venía sucediendo con los transportes de remesas, que sirven precisamente al sector financiero. Además, ya los antisociales habían dado una primera campanada en mayo, con el robo a una agencia del Banco Nacional de Crédito en Valencia.
En la primera década del siglo, los bancos y vehículos blindados eran pasto de los asaltantes. Pero en los años siguientes la moneda nacional perdió valor, y con ello los delincuentes cambiaron sus preferencias.
Este año, el panorama cambió. La reconversión monetaria implantada en octubre fue precedida por un proceso en el que los propios bancos comenzaron a manejar divisas extranjeras en sus operaciones diarias en taquilla.
Junto a los bancos, los delincuentes pusieron atención en los traslados de valores. El robo perpetrado en la avenida Boyacá por una organización en la que participan escoltas, agentes de la Policía Nacional y delincuentes comunes no ha sido el único de 2021, aunque sí el más espectacular. De hecho, los antisociales se apoderaron de remesas en Vargas y, más recientemente, en Margarita.

*Estafas mantienen su atractivo

En 2020, con la cuarentena en pleno desarrollo, se produjo un explosivo incremento de las estafas y delitos asociados. En 2021, ese nivel de actividad delictiva se mantuvo. Todos los días, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas recibe y procesa un promedio de 26 denuncias sobre engaños en los que los delincuentes intentan obtener una ganancia económica.
Las estafas y sus sucedáneos continuaron transformándose para aprovechar la vulnerabilidad de una ciudadanía que intenta retomar la actividad económica de los tiempos de la prepandemia, aunque con el deterioro propio de un país con un creciente aislamiento, y que hace imposible o ineficaz, por ejemplo, cualquier reclamo por timos a través de sistemas de pago frecuentemente usados, como Zelle y PayPal.

Al cierre de 2021, las autoridades probablemente ofrecerán sus respectivos “balances”, destacando las disminuciones en las cifras de delitos conocidos. Ciertamente, es probable que en los últimos doce meses se hayan cometido menos homicidios, y que el número de lesionados también sea inferior al del año pasado. Pero este puede ser un dato engañoso. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), la población del país no ha crecido en los últimos tres años. Lo ideal, entonces, sería calcular las tasas de criminalidad con la proyección de población ofrecida por el censo para 2018. Así se trazaría un cuadro más realista. Además, la actividad económica apenas comienza a dar señales de vida. Este punto también será un factor fundamental para comprender lo que vendrá en 2022.