Criminalidad en Venezuela 2022 (y II): El retorno de las megabandas

En profundidad

@javiermayorca

En la madrugada del 10 de enero, seis hombres que portaban armas largas y cortas sometieron a dos funcionarios policiales y a uno de la Guardia Nacional, que custodiaban un comedor del sector Las Rosas, en Las Tejerías.
Los asaltantes no se llevaron nada de la comida almacenada en el lugar. En cambio, cargaron con las pistolas reglamentarias de los funcionarios policiales (Beretta PX 4 Storm, calibre 9 milímetros), los chalecos antibalas, las gorras y las botas.
Aunque la minuta correspondiente al caso no identifica a los perpetradores, es bien conocido que Tejerías es un territorio dominado por la banda liderada por Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias Conejo. Este grupo no solo es conocido por haber ejecutado varios ataques a puestos policiales en ese sector. En febrero de 2022, fue uno de los objetivos de la operación Gran Cacique Guaicaipuro II, toda vez que el hombre más buscado del momento, Carlos Luis Revette, alias Koki, presumiblemente se ocultaba en su feudo.
Koki murió en esa oportunidad. Pero Conejo salió ileso. Luego de un tiempo en bajo perfil, estaría nuevamente en sus andanzas.
El caso de la banda de Gómez Rodríguez sirve para explicar una tendencia general, que ya se vio de forma incipiente en 2021, y que con toda probabilidad marcará una pauta en el año que comienza.
Las megabandas están reagrupándose.
Esto no solo sucede en Caracas, donde los líderes de estas estructuras, Carlos Calderón y Garbis Ochoa (Cota 905) así como Wilexys Acevedo (José Félix Ribas) han sido señalados por diversos delitos, incluido terrorismo. Desde Zulia a Sucre, pasando por Bolívar, Guárico, Apure, Táchira y Aragua, la presencia de las megabandas se hace sentir cada vez con mayor fuerza.
En Zulia, los esfuerzos de Cicpc y el Conas de la Guardia Nacional han sido insuficientes para detener la ola de extorsiones. Uno de cada tres casos reportados en todo el país ocurre en ese estado. Yeico Masacre ahora dice tener un grupo armado. El Caracas es otro. Y los informes policiales indican que hay, por lo menos, otras seis grandes organizaciones.
En Sucre operan avanzadas de bandas de otros lugares como el Tren del Llano y el grupo de alias Zacarías, cuya base está en Tumeremo, que buscan una salida hacia el Caribe oriental. También hay otras cuatro bandas locales que se posicionan hacia Rio Caribe y el Golfo de Paria. En esos lugares, opera una organización señalada de robos con privación de libertad, en los que las víctimas han sido atraídas mediante ofertas divulgadas por Facebook Marketplace, tal y como sucede en el centro del país.
En estos procesos de reagrupamiento participan elementos desplazados de otros estados, así como de naciones suramericanas. En esta nueva etapa, entonces, las megabandas nutrirán sus filas con individuos que han regresado de la diáspora, y traerán conocimientos y conexiones con organizaciones similares en los lugares donde permanecieron los últimos años.
En Chile y Perú han optado por expulsar a los venezolanos que sean detectados cometiendo alguna infracción o delito menor. En un caso reciente de secuestro, ocurrido en Zulia, los familiares de la víctima recibían llamadas desde una línea registrada en Colombia. Pero la víctima siempre estuvo en ese estado fronterizo.

Marcola y Niño Guerrero

Estos procesos de reagrupamientos y alianzas criminales no son exclusivos de Venezuela. Tampoco se dan de la noche a la mañana. Las pandillas centroamericanas, denominadas maras, engrosaron sus filas con individuos que emigraron a la costa oeste de Estados Unidos, huyendo del conflicto armado de los años ochentas del siglo pasado. Luego de pagar condenas en California, Nuevo México y otros estados, regresaron a sus lugares de origen, y establecieron verdaderas estructuras de delito organizado transnacional. Eventualmente, las maras fueron declaradas amenaza a la seguridad nacional estadounidense.
Algo similar comenzaremos a ver en el país. La prensa brasileña, por ejemplo, ya ha señalado la existencia de una alianza entre una de las principales mafias, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Tren de Aragua. Ambas organizaciones tienen un importante factor en común: que sus liderazgos están en prisión. Lo que no les impide continuar fortaleciéndose. Allá, Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, y de este lado Héctor Guerrero Flores, Niño Guerrero.

¿Adiós a la selectividad?

En 2022 hubo un interés en el Ejecutivo por mantener cierta selectividad en cuanto al uso de la fuerza letal.
Las cifras conocidas extraoficialmente revelan una disminución de los muertos por “intervención legal” a lo largo de todo el año, con respecto a los años anteriores. Fueron en total 1113 fallecidos. Sin embargo, este número sigue siendo muy elevado si se compara con los de otros países. En EEUU, donde hay 335 millones de habitantes, hubo 1061 muertes por policías.
El régimen ha mitigado la mortandad al sentirse objeto de vigilancia internacional. Las cifras de fallecidos en casos de resistencia a la autoridad comenzaron a bajar luego del primer informe de la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU, lo que llegó en forma casi simultánea al anuncio de la Corte Penal Internacional sobre la continuación de las averiguaciones en el caso Venezuela 1.
Pero este efecto podría diluirse. Al aproximarse el período electoral, la preocupación por los embates de la delincuencia vuelve a subir en la población. Un sondeo de Consultores 21 presentado en noviembre indicaba que cuatro de cada diez personas fueron victimizadas por delincuentes. Un porcentaje extremadamente elevado, que podría transformarse en un motivo adicional de rechazo a la gestión de Maduro.
Frente a esto, es poco lo que el Ejecutivo puede ofrecer, más allá de las soluciones ya vistas, que podríamos resumir con a frase “matar primero, averiguar después”. Y estas muertes serán presentadas como logros por la policía, en especial si se trata de casos de resonancia. Como sucedió a principios de año con el asalto y agresión a la cantante Rummy Olivo.