Acusación en EEUU revive el expediente contra Maikel Moreno

Criminalidad

Los cuatro delitos por los que acusaron en EEUU al ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia (actual miembro de la sala de Casación Penal) Maikel José Moreno Pérez, surgieron de una pesquisa que abarcó seis años (2012-2018), y que tuvo como punto central la corrupción en Petróleos de Venezuela. En los dos últimos, Moreno ocupó la máxima posición del Poder Judicial. Este expediente penal se inició con una “denuncia criminal”, formulada en marzo de 2020 por la agente especial del Servicio de Seguridad Interior de ese país (Homeland Security) Shauna Willard. De manera que la acusación conocida el 26 de enero es, en buena medida, una reiteración de los hechos conocidos desde hace dos años. Moreno fue señalado de lavado de dinero, conspiración para lavar dinero y participación en transacciones con propiedades producto del delito. Buena parte de los hechos atribuidos a este abogado fueron informados a las autoridades estadounidenses por un co-conspirador, descrito por Willard como un abogado penalista “que actualmente controla una compañía de medios en Venezuela”. Este empresario manejaba a través de terceros una empresa de Panamá, Western Cape Holding, y otra de Belice, Eaton Global Services, que presumiblemente eran usadas para el pago de los sobornos por sus sentencias en el país. Igualmente, los acusadores afirmaron contar con un “testigo confidencial”, descrito como un “socio” que tuvo prolongada interacción con Moreno, quien señaló supuestos pagos por “acciones judiciales” en por lo menos veinte casos diferentes. Otro informante confidencial, descrito como un ex fiscal, afirmó que el magistrado supuestamente recibió pagos en tres casos de su conocimiento directo. Esto abarcaba tanto decisiones en materia penal como en la civil y mercantil. Una de ellas consistió en el embargo de la planta de General Motors en Valencia. En este caso, aclaró la agente especial, aunque la instalación fue embargada, para 2020 no la habían logrado revender, por lo que la operación no había rendido ningún beneficio. Las autoridades estadounidenses se involucraron en la pesquisa pues una parte de los sobornos pasó por la banca estadounidense. Se refiere el caso de la adquisición de un inmueble en Las Mercedes, por un millón de dólares. De ellos, $700 mil fueron transferidos en noviembre de 2017 desde una cuenta en Miami a otra en Puerto Rico, controlada por el constructor de la edificación en la urbanización caraqueña. El remanente ($300 mil) fue pagado mediante otra transferencia desde Panamá a una cuenta en Portugal. De igual forma, la acusación refiere otras dos transacciones que suman poco más de 62 mil dólares, efectuadas en agosto de 2018 desde entidades bancarias de Dominica a una cuenta en Miami, presuntamente para beneficio de Moreno. Los fiscales de Florida Markenzy Lapointe y Michael Berger solicitaron las confiscaciones de inmuebles ubicados en la exclusiva urbanización Casa de Campo de República Dominicana y de la Vía San Gennaro de Capannori, Italia.