Aportes al debate sobre el crimen organizado (II/II)

En profundidad

@javiermayorca

Uno de los aspectos a ser debatidos en la IX Cumbre de las Américas, iniciada este lunes en Los Ángeles, es el impacto del delito organizado en la gobernabilidad democrática.
En la entrega anterior se hicieron algunas consideraciones sobre el particular, con especial referencia al caso venezolano. El gobernante Nicolás Maduro no fue invitado para la cita en California. Tampoco algún representante de su tren ministerial. Pero eso no implica que las discusiones de la cumbre serán ajenas a la situación del país. Por el contrario, la información disponible indica que la crisis venezolana será punto de análisis en casi todas las mesas. Y lo más probable es que se tomen algunas decisiones, aunque no vayan más allá de lo meramente declarativo.
En esta edición, se profundizará sobre otros aspectos clave relativos al delito organizado. El hecho de que sean tocados aquí, y no en la primera parte, no implica una valoración sobre su importancia.

*Las armas, una discusión en calle ciega. Si los países latinoamericanos y de la cuenca del Caribe son los más violentos, tal y como se indicó en la primera parte, esto es parcialmente consecuencia de la disponibilidad de las armas de fuego y de sus municiones. En las américas, EEUU es el principal fabricante de armas, aunque no es el único. Brasil y Argentina tienen industrias en este ramo. Pero no sería descabellado afirmar que buena parte de la violencia homicida que afecta a los países centroamericanos, del Caribe, Colombia y Venezuela es ejecutada con armas de fabricación norteamericana. El periodista Ioan Grillo describe con detalle cómo opera el trasiego de armas desde estados de la unión americana hacia el sur en su obra Blood, Gun, Money (2021). Es básicamente un goteo, en el que participan grupos de delito organizado transnacional y pequeños contrabandistas, hasta generar lo que el autor llama un “río de hierro”, que tarde o temprano inunda las tierras venezolanas. Aquí esas armas se mezclan con otras robadas o hurtadas a sus legítimos propietarios, y con transferencias ilegales que cuentan con la participación de policías y militares. Esto sucede claramente en los casos de las granadas.
Visto así, la disponibilidad de armas de fuego (pistolas, fusiles, revólveres y granadas) en Venezuela es en buena medida el resultado de la actividad del delito organizado, tanto el transnacional como el local. En la época de Hugo Chávez se inició un proceso que pretendía sustraer las armas en posesión de sectores civiles, altamente contradictorio si se toma en cuenta la selectividad en la aplicación de las normas implantadas en ese momento. Mientras algunos ciudadanos afrontaron serios problemas para tener sus armas con arreglo a la normativa, otros las recibían fácilmente del propio Gobierno, con el pretexto de que la revolución era “pacífica, pero armada”. Esas contradicciones se mantienen hasta el presente.
¿Cuál es el resultado? Las armas de fuego continúan impactando negativamente los indicadores de seguridad. Según cifras conocidas extraoficialmente, en el 78,3% de los homicidios reportados en 2021 utilizaron armas de fuego de algún tipo. Esto incluye a las muertes por supuestos enfrentamientos con policías y militares, ahora denominadas “intervenciones legales”.
Si se amplía este análisis a otros delitos violentos, como son los robos genéricos y de vehículos, los secuestros y las lesiones personales, el uso reportado de armas de fuego se sitúa en 57,8%. Hablamos de más de 15.800 víctimas, en un contexto en el que todavía la pandemia por el Covid-19 tenía cierto efecto mitigador de la criminalidad. Lo que se ve este año sugiere un impacto mucho más intenso.
Las armas de fuego, además, son instrumentos de sometimiento a través del miedo. Es lo que llamamos violencia 2.0. Las muertes por armas de fuego adquieren nuevas dimensiones cuando las bandas y megabandas divulgan las grabaciones de tales crímenes en las redes sociales. A veces, solo les basta con una amenaza, en la que muestran los fusiles, las pistolas y granadas que han utilizado en otras oportunidades. En esto, los grupos del Zulia son especialistas.
La discusión que se desarrolla en Estados Unidos a propósito de la masacre en la escuela Primaria Robb de Uvalde no es únicamente de interés para los norteamericanos. Lo ocurrido en el centro educativo de Texas, y la ola de sucesivos tiroteos con múltiples víctimas (13, según CNN) del fin de semana pasado en ese país es apenas una pequeña fracción de la violencia generada por las armas fabricadas en territorio estadounidense. Por ende, las decisiones tomadas en el futuro cercano para restringir las posibilidades de adquisición de armas en ese país podrían tener consecuencias sobre la actividad de las organizaciones criminales al sur del Rio Grande. Sin embargo, no hay que llamarse a engaños. La probabilidad de que se logre algún avance en esta materia es muy baja. Desde Columbine hasta acá, los avances han sido casi nulos, aunque se debe admitir que la opinión pública norteamericana se encuentra sensibilizada sobre este tema.

*Repensar la soberanía. Cuando era director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Louis Freeh sostenía que era imposible afrontar desde una perspectiva netamente local el desafío planteado para las democracias por las organizaciones transnacionales del crimen. Estas son estructuras que, cuando llegan a la fase simbiótica de su desarrollo, invierten enormes recursos en la identificación de los llamados “hoyos legales”, con el propósito de expandir sus operaciones a diversos países. Un ejemplo de ello fue el cartel de Cali, que contrató a contadores como Guillermo Palomari y abogados de prestigiosos bufetes con esta finalidad.
En la actualidad, el régimen venezolano intenta proyectar hacia la comunidad internacional una imagen de “hoyo legal”. Tal es el mensaje implícito en la Ley Constitucional contra el Bloqueo, donde se establece claramente la disposición de “desaplicar” la normativa vigente, siempre y cuando eso reporte el ingreso de nuevos recursos para el régimen. Y esa desaplicación puede derribar, por ejemplo, las barreras implantadas por el propio Estado para prevenir el lavado de dinero.
Detrás de esto opera un discurso que reivindica una soberanía mal entendida, que se invoca para rechazar las exigencias de la comunidad internacional en cuanto al cumplimiento de los acuerdos establecidos en convenciones que ya son leyes de la República, pero que es omitido cuando queda en evidencia la instalación en el país de estructuras de delito organizado, con las cuales existe cierta afinidad. ¿Alguien en su sano juicio pensará que esos capitales oscuros atraídos por la ley Antibloqueo no vendrán acompañados por otras formas de delito? En la era de López Michelsen, Colombia estableció un sistema que la prensa del momento bautizó como la “ventanilla siniestra”, pues permitía al Banco de la República captar fondos en divisas sin preguntar por su origen. Ese país pagó muy caro el experimento.