Apretando la mordaza

En profundidad

@javiermayorca

El 13 de noviembre, la policía judicial informó sobre la detención de dos hombres, señalados de divulgar en sus redes sociales “comentarios que van en desprestigio del presidente actual del Instituto Nacional de Hipismo de Venezuela”.
La presunta víctima de los “comentarios” de Denys Jesús Custodio y Robert José Yánez era, nada más y nada menos, que Eduardo Álvarez, conocido como el Potro desde sus tiempos de beisbolista.
Según la información publicada por El Nacional, estas detenciones estarían ligadas a la difusión por Twitter de los abucheos de los que fue objeto el presidente del INH durante un concierto celebrado en el Poliedro, el 3 de septiembre.
La nota policial indica que las detenciones fueron llevadas a cabo por agentes de la División contra Delitos Informáticos, como parte de las acciones para proteger a los “sectores más vulnerables”.
Álvarez, sin embargo, está lejos de formar parte de los grupos carentes de protección. Por el contrario, lo ampara una norma que, justo en noviembre, llega a su quinto año de vigencia en el país. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente.
El propósito de la ley, según lo indicado en su primer artículo, es “promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación”.
Pero el director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, tiene otra perspectiva sobre el propósito de esta norma.
La Ley contra el Odio, indicó, forma parte de una “política de censura, para que la gente tenga miedo y se inhiba de decir cosas”.
El texto legal, entonces, tendría el objetivo fundamental de evitar el desprestigio de los máximos representantes de los poderes públicos, a través de la autocensura.
“Algunos funcionarios se molestan, e intentan acallar las críticas con esta ley”, afirmó.

La OTIC vigila

Desde noviembre de 2017, cuando entró en vigencia el texto legal, hasta mayo de 2021, Espacio Público recopiló cuarenta y cinco casos de personas investigadas o detenidas por el presunto delito de “incitación al odio”.
Según Correa, la gran mayoría de las sesenta víctimas documentadas en esos expedientes eran funcionarios públicos.
Esta organización basó su trabajo en casos conocidos públicamente. Por lo que la cifra real de expedientes penales con seguridad fue mayor. Sin embargo, de acuerdo con informaciones conocidas extraoficialmente, durante los primeros diez meses de este año han sido iniciados 54 expedientes como consecuencia de mensajes considerados como incitación al odio. Este número rebasaría el total correspondiente a los cuatro años anteriores.
En algunos casos, los emisores de estos mensajes están plenamente identificados. En agosto, por ejemplo, se abrió una averiguación por declaraciones del presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dadas a través del canal NTN 24 de Colombia, y reiteradas a través de su cuenta Twitter. La minuta indica en términos escuetos que los señalamientos en ese medio “promueven el odio hacia las autoridades del Estado venezolano”. Lo mismo se afirmó en julio para iniciar un caso contra Tamara Sujú, la directora del Instituto Casla, que con frecuencia publica informaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos, y del medio castrense venezolano.
Pero no todos los investigados divulgan críticas o denuncias. En julio, por ejemplo, la fiscalía 94 nacional abrió un expediente contra el humorista Wilmer Ramírez, por considerar que utiliza sus cuentas Twitter e Instagram para generar animadversión contra miembros del régimen, a través de sus chistes.
Para detectar los mensajes incómodos, el ministerio de Relaciones Interiores montó una estructura de vigilancia. Se llama Oficina de Tecnología de Información y la Comunicación (Otic). Figura como órgano actuante en dieciséis casos conocidos entre enero y octubre. La revisión periódica a las redes sociales y páginas web la denominan “patrullaje cibernético”. Una expresión que también fue asumida por despachos de la policía judicial.
Twitter, la red social recientemente adquirida por el empresario Elon Musk, pareciera ser la plataforma más monitoreada. De allí surgió el 60% de los casos por incitación al odio de este año. Le sigue Instagram (9%) y TikTok (5%). También hubo casos de uso de varias redes (14%), así como denuncias sobre presuntas campañas a través de correos electrónicos, Kwan y WhatsApp, lo que implica un alcance inusitado, que llega hasta las comunicaciones interpersonales.
La utilización de la Ley Constitucional contra el Odio ha sido denunciada en foros internacionales de distinta índole. En febrero de 2021, un panel de la Organización de Naciones Unidas advirtió que esta norma forma parte de “un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela”.
Según el director de Espacio Público, en regímenes autoritarios como los de Cuba y Nicaragua aplican normas penales para reprimir a los sectores que critican a estos gobiernos. Esto también sucede en Bolivia. Pero ninguno de estos países tiene una ley como la implantada en Venezuela a partir de 2017.